Economía

miércoles 3 jun 2020 | Actualizado a 18:53

Empresarios proponen retiro del 10% de aportes a las AFP o un crédito garantizado con ese fondo

La CEPB presentó el domingo un conjunto de planteamientos para afrontar la difícil situación económica que vive el país por el coronavirus.

/ 8 de abril de 2020 / 15:50

Una de las oficinas de Futuro Bolivia, una de las administradoras de fondos de pensiones.

Los empresarios plantearon al Gobierno devolver a quienes lo necesiten el 10% de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o en su caso activar un crédito en el sistema financiero con la garantía de ese fondo, todo con el fin de afrontar la cuarentena.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó el domingo un conjunto de planteamientos para afrontar la difícil situación económica que vive el país tras el estado de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

Para el caso del retiro de los aportes, los privados plantean que el Banco Central de Bolivia (BCB) o el sistema financiero inyecten liquidez en las AFP para que se proceda a la devolución de los fondos, explicó en la red Unitel el presidente de la CEPB, Luis Barbery.

“Las AFP tiene alrededor de 19.000 millones de dólares en depósitos y que están aplicados a través del sistema financiero dentro de la economía, entonces un 10% de esos recursos, 1.900 millones dólares, es una cifra muy importante para inyectar recursos a la economía”, destacó.

No obstante, admitió que esta opción afectará en el largo plazo el fondo que el trabajador tiene para su jubilación.

“Seguramente va afectar su saldo y a largo plazo va a producir en una pequeña medida, en un 10%, los ingresos que tendrán cuando se jubilen”, dijo.

En el caso de los créditos, la CEPB plantea que una vez devuelto el dinero el aportante recupere la totalidad del fondo.

“La propuesta abarca a que ciertos sectores de los aportantes puedan por ejemplo recibir un financiamiento de hasta 5.000 bolivianos y no más del 10% de sus aportes a través de los bancos para poder financiar sus necesidades”, argumentó Barbery.

El directivo dijo que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, se comprometió a instalar este miércoles una mesa para analizar cada una de las propuestas.

“Esperemos para hoy tener algún contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas y empezar los análisis de las distintas propuestas”, señaló el empresario. (08/04/2020)

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Diputados determina interpelar a Ministro de Economía por incumplir diferimiento de créditos

La diputada Otilia Choque recordó que el Órgano Ejecutivo solo tiene que hacer cumplir la Ley 1294 y no interpretar a su “antojo” la norma para beneficiar a ciertos sectores como la banca.

/ 3 de junio de 2020 / 18:44

El ministro de Economía José Luis Parada. crédito: comunica.org.bo

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados determinó el martes interpelar al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, por no cumplir la Ley 1294, “Ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos”, y por no responder a la Petición de Informe Escrito (PIE) enviada el 7 de mayo.

“Al ver que no nos han respondido, incumpliendo funciones a lo que establece la Ley 1294, además que no han respondido la conminatoria, la comisión en pleno por unanimidad ha decidido la interpelación al Ministro de Economía”, informó a La Razón la diputada y presidenta de la Comisión de Planificación, Otilia Choque.

Explicó que tras la aprobación para la interpelación de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Economía, esa determinación se remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados para que establezca la fecha en la cual deberá ser aprobada por la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Recordó que el Órgano Ejecutivo solo tiene que hacer cumplir la ley y no interpretar a su “antojo” para beneficiar a ciertos sectores como la banca. Ante esa situación, Choque dijo que como comisión legisladora se trabaja en una normativa para “interpretar la ley” y establecer “cuál  es el sentido y la visión de la norma porque están desinformando a la población”. “Claramente la ley dice (que los prestatarios deben pagar sus créditos) seis meses después de levantada la emergencia sanitaria y si se cuenta desde fines de mayo se empezaría a pagar desde diciembre”.

El artículo 1 de la Ley 1294 establece que las entidades financieras deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus y otorgando un lapso máximo de hasta seis meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia.

Ayer, el ministro Parada ratificó que el Gobierno en el marco del cumplimiento de la Ley 1294 estableció seis meses de diferimiento a partir de marzo por lo que a partir de junio aquellos prestatarios que son asalariados del sector público como privado deben iniciar sus pagos y a partir de septiembre aquellos que no sean asalariados y tengan deudas igual o menor al millón de bolivianos.

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En mayo se registra una inflación negativa de 0,02% y la acumulada en cinco meses llega a 0,42%

Los productos que registraron la mayor incidencia porcentual negativa en mayo son tomate, carne de pollo, plátano, zanahoria, papa y detergente para lavar ropa.

/ 3 de junio de 2020 / 18:37

Venta de productos de la canasta familiar.

Por Miguel Lazcano

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el quinto mes del año ha experimentado una variación negativa de 0,02% respecto a abril, mientras que la inflación acumulada entre enero y mayo se sitúa en 0,42%, según el último reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su sitio de internet.

La variación negativa de 0,02% se explica especialmente por el decremento de los precios en las divisiones: Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 0,94%, Recreación y Cultura 0,04% y, Alimentos y Bebidas Consumidos Fuera del Hogar 0,01%.

Los productos que registraron la mayor incidencia porcentual negativa en mayo son tomate, carne de pollo, plátano, zanahoria, papa y detergente para lavar ropa. El descenso señalado da cuenta de un ajuste parcial respecto a sus niveles históricos.

En el caso de la carne de pollo, por ejemplo, cada kilogramo era comercializado en los centros de abasto de las ciudades de La Paz y El Alto entre Bs 7 y Bs 8, muy por debajo de su costo de producción. Es previsible que, en junio, el precio de este alimento incida en la tasa de inflación ya que en los primeros días de junio su costo ha subido y se sitúa en torno a los Bs 14 y Bs 14,50 por kilogramo al consumidor final.

Por otra parte, los productos que presentaron mayor incidencia positiva son huevos, haba verde, cemento gris portland, lavandina, arveja verde y medicamentos para la presión arterial (antihipertensivos).

Las ciudades y conurbaciones que registraron un decremento de precios son Conurbación La Paz, Potosí, Región Metropolitana Kanata y Tarija. Los centros urbanos donde hubo una incidencia positiva en el IPC son Conurbación Santa Cruz, Oruro, Sucre, Trinidad y Cobija, en ese orden.

El IPC  es un indicador que mide la variación mensual de los precios de un conjunto de bienes y servicios, representativos del gasto que realizan los hogares.

El IPC con base 2016 sustenta su estructura en una canasta representativa del conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares, y su alcance comprende a seis ciudades capitales del país (Sucre, Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija) y tres conurbaciones: Conurbación La Paz (Nuestra Señora de La Paz, El Alto, Viacha y Achocalla), Región Metropolitana Kanata (Cercado, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe y Vinto) y Conurbación Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Cotoca y Warnes).

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Fernández dice que las regiones tienen dinero y Amdecruz la fustiga y califica como ‘ministra masista’

“Es clarísimo, hay dinero”, dijo la ministra Isabel Fernández tras cuestionar la baja ejecución en las alcaldías. El presidente de Amdecruz dice que sus afiliados necesitan efectivo y no un presupuesto consignado en papeles.

/ 3 de junio de 2020 / 18:35

El alcalde Salces y la ministra Fernández.

l Gobierno ha salido nuevamente al frente de las protestas con las cuales los municipios reclaman presupuesto para la lucha contra el COVID-19. La ministra de Comunicación, Isabel  Fernández, criticó la baja ejecución presupuestaria y dijo que las gobernaciones y los municipios tienen el suficiente dinero para afrontar la crisis sanitaria tras vincular las movilizaciones con el MAS.

Munida de cuadros estadísticos, detalló que las gobernaciones tienen Bs 8.317 millones y su ejecución, al 22 de mayo, es del 21%. Mientras que los municipios, según la autoridad, disponen de Bs 18.237 millones y su ejecución en el mismo periodo “no llega al 18%”.

“Es clarísimo, hay dinero, si alguien quiere plantear una demanda penal estará en manos del Ministerio Público el determinar qué camino se sigue, pero el dinero lo tienen”, sostuvo.

Remarcó que por efecto de decretos gubernamentales pueden reestructurar sus presupuestos de cara a la pandemia.

En medio de críticas del Gobierno planteadas desde el martes, la Asociación de Municipalidades de Santa Cruz (Amdecruz) cumple este miércoles su segundo día de bloqueos de caminos en demanda de recursos al nivel central de gobierno para afrontar la pandemia y cumplir con sus obligaciones.

Réplica

El alcalde de San Ignacio de Velasco y presidente de Amdecruz, Moisés Salces, con risas de por medio, replicó a Fernández y dijo: “Parece que escuché a una ministra de Evo Morales, se copiaron el discurso de los masistas”.

“Presupuesto, pues, tenemos harto porque es en papeles, en números; nos mandan a que juguemos con presupuestos si lo que no tenemos es efectivo. El Ministro de Finanzas tiene que pasarle unas clases de economía a la ministra para mandarla a mentir al país”, dijo en una entrevista en la red Uno.

Justificó su molestia en el hecho de que el Viceministerio de Autonomías, según contó, envió a Amdecruz una carta para el diálogo y, en contrasentido, Fernández salió en conferencia para “molestar a los alcaldes en lugar de buscar una solución”.

Fin político

Pero también la ministra deslizó que las movilizaciones en contra del Órgano Ejecutivo tiene un carácter político.

En ese marco y exponiendo fotografías, Fernández vinculó al presidente de la Federación de Asociaciones Municipales Bolivia (FAM Bolivia), Álvaro Ruiz, con el gobierno de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Como ustedes ven, es el señor de la FAM, muy relacionado con el MAS, con el expresidente Evo Morales, que es quien ha estado propiciando todas estas protestas, bloqueos, amenazas de huelgas de hambre en Cochabamba, otras protestas en Tarija, están las fotografías”, dijo.

Diálogo

No obstante, Fernández aseguró que “el Gobierno nacional está siempre dispuesto a dialogar con todas las personas que así lo soliciten y de convocar a dialogar sobre todos estos problemas o sobre cualquier otro conflicto”.

Dijo que la prioridad de la presidenta Jeanine Áñez y de su gabinete es la salud de todos los bolivianos.

Ruiz descartó más temprano en una entrevista en la red Unitel que la movilización tenga un carácter político.

Para sustentar su postura argumentó que el alcalde Salces alienta los reclamos pese a que en su momento respaldó la candidatura de Áñez para las elecciones presidenciales.

Opositor

Salces, a su turno, recordó que siempre fue opositor a Morales, por tanto, en su juicio, el supuesto fin político que tienen las movilizaciones no tiene sustento.

En ese escenario desafió a las autoridades gubernamentales a un debate sobre la gestión de los recursos de los gobiernos subnacionales.

¿Cuál es el derrotero del conflicto? Salces anticipó que harán una evaluación con sus afiliados, pero prevé que se abrirá un periodo para el reabastecimiento para luego instalar un bloqueo indefinido. (03/06/2020)

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Diputados aprueba proyecto de ley que recupera el 12% del IDH para entidades territoriales y universidades

Ahora, esos recursos económicos se dispondrán, de manera temporal hasta la finalización de la declaratoria de emergencia, para infraestructura, pruebas rápidas y equipamiento para combatir el coronavirus COVID-19.

/ 3 de junio de 2020 / 18:28

La Cámara de Diputados durante la aprobación

Por ABI

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en grande y en detalle, el proyecto de Ley 179/2019 de recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para entidades territoriales autónomas y universidades, un porcentaje que antes se destinaba a la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos.

Ahora, esos recursos económicos se dispondrán, de manera temporal hasta la finalización de la declaratoria de emergencia, para infraestructura, pruebas rápidas y equipamiento para combatir el coronavirus COVID-19.

El Proyecto de Ley 179/2019 establece que el destino de los recursos recuperados temporalmente será en un 50% a actividades de prevención, atención y contención del COVID-19, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas; el 25% se destinará a la provisión de alimentos para la población; y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local.

Las universidades públicas deberán contribuir directamente con las actividades de prevención, atención y contención del coronavirus, equipamiento de hospitales universitarios y la compra de pruebas rápidas.

El 1 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley 767 de promoción para la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos y se creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, con el 12% de los recursos provenientes del IDH, percibidos a partir de enero de 2016; esa disposición se suspende de manera temporal hasta la finalización de la declaratoria de emergencia.

A la fecha, existe un acumulado de $us 500 millones de esos recursos, pero estos seguirán siendo para la exploración y explotación de hidrocarburos y lo que se pretende ahora es dejar de confiscar temporalmente el 12% a las entidades territoriales autónomas y universidades para que ese dinero lo destinen a combatir la COVID-19 con tareas de prevención, atención y contención, de acuerdo a un comunicado de la Cámara de Diputados.

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Con gran afluencia de gente se activan vuelos hacia siete departamentos

Martin Gutiérrez, jefe de Aeropuerto del Servicio de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), informó que desde esa terminal estaban previstas “seis operaciones de salida”.

/ 3 de junio de 2020 / 10:57

Varias personas aguardan en el Aeropuerto Internacional de El Alto

Desde este miércoles se activaron los vuelos de carácter nacional a siete departamentos del país. Ese tipo de viajes aún está interrumpido hacia y desde Santa Cruz y Beni, donde permanecen vigentes las restricciones debido al incremento de los casos del nuevo coronavirus.

En el Aeropuerto Internacional de El Alto las operaciones se reanudaron con gran afluencia de personas.

Martin Gutiérrez, jefe de Aeropuerto del Servicio de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), informó que desde esa terminal estaban previstas “seis operaciones de salida”.

“Para ello se está cumpliendo con todas las normas de seguridad en cuanto a los controles sanitarios, la distancia y básicamente asegura que la operación sea lo más segura posible para los pasajeros y para el personal”, contó a la red Unitel, que reportó desde el lugar.

Similar panorama se observó en la terminal aérea Jorge Wilstermann.

El funcionario dio cuenta que la inspección realizada el martes por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, y otras autoridades sirvió para ajustar precisamente los mecanismos de bioseguridad en esa terminal aérea.

“La línea aérea también cuenta con un procedimiento de descontaminación de la aeronave, un procedimiento para poder monitorizar a los pacientes y contamos con la asistencia técnica del Sedes para poder detectar cualquier situación de riesgo”, detalló Gutiérrez.

Los controles se refuerzan con un sistema de “cámaras de termovigilancia” instaladas en el aeropuerto para detectar pasajeros con temperatura fuera de los parámetros normales, uno de los síntomas del COVID-19.

Precisamente Arias había anticipado durante la inspección del martes que los vuelos no llegarán a Santa Cruz y Beni, que mantienen la cuarentena rígida con el fin de detener el avance del virus

“Está de hecho que no vamos a hacer vuelos a Trinidad ni a Santa Cruz porque (en Santa Cruz) están en cuarentena y (en Trinidad) están encapsulados”, aseguró Arias.

Su despacho alista los protocolos de seguridad para habilitar el transporte interdepartamental terrestre. (03/06/2020)

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