Economía

jueves 28 may 2020 | Actualizado a 22:39

Gobierno dice que no hay pretexto para despidos laborales y garantiza la estabilidad salarial

"Existen condiciones económicas que ha dado la presidenta Jeanine Áñez para que no hayan despidos ni abusos", dijo el ministro Óscar Mercado.

/ 16 de abril de 2020 / 11:20

El minstro de Trabajo, Óscar Mercado.

Por Rubén Ariñez

Tras la activación de un nuevo paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis generada por el coronavirus, el Gobierno afirmó que no existe ningún pretexto para generar despidos labores en las empresas. Es más, ha llegado a garantizar la estabilidad salarial.

La presidenta Jeanine Áñez anunció el martes 14 de abril dos programas para apoyar al sector empresarial privado que se vio afectado por la cuarentena que fue ampliada hasta el 30 de abril.

Éstos están referidos a créditos blandos para el pago de dos meses de salario y para el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, las más afectadas.

Antes, activó la reprogramación de créditos y pagos de tributos, que el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, recordó este jueves para argumentar la postura gubernamental.

“Por todas estas razones, no hay motivo, no hay pretexto para generar despidos en el país, la estabilidad laboral está garantizada junto con la estabilidad salarial”, dijo en una entrevista en BTv.

“Existen condiciones económicas, un abanico de posibilidades que ha dado la presidenta Jeanine Áñez y nuestro Gobierno para que no hayan despidos ni abusos en el país contra el sector laboral”, remarcó.

Sin embargo, se han conocido denuncias sobre amenazas de despidos. Es más, varios sectores de los privados anunciaron ese tipo de medidas.

Al respecto, Mercado dijo que su despacho elabora un “registro de las vulneraciones y atropellos” laborales que se generan durante la cuarentena.

Asimismo, trabajan en un plan para, tras ese periodo, activar inmediatamente los mecanismos de control, verificación y fiscalización de ese tipo de prácticas. (16/04/2020)

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Gobierno difiere a septiembre inicio del pago de créditos para montos menores a Bs 1 MM

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó de la decisión tomada. La ley de diferimiento de pago de créditos establece que la cancelación se reanude seis meses después de la emergencia por el coronavirus

/ 28 de mayo de 2020 / 18:03

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz.

Los que tengan un crédito bancario menor al millón de bolivianos podrán empezar a pagarlo a partir de septiembre, de acuerdo al decreto reglamentario de la ley que fija que deben ser cancelados seis meses después de la cuarentena. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que esos prestatarios son la mayoría.

A pesar de los plazos fijados por ley, un anterior decreto reglamentario establecía que debía reactivarse los pagos desde junio, lo que desató una serie de reacciones contrarias y acciones. Los microempresarios llevaron a la Justicia esa disposición -operativizada por la entidad reguladora Asfi- que determinó que las próximas disposiciones se emnarquen en la ley.

Ortiz informó este jueves que ahora se deberá empezar a pagar desde septiembre, con lo cual –dijo- se tendrán los seis meses de diferimiento en el pago de los créditos.

“Todos quienes deben menos de Bs 1.000.000, que son la casi totalidad de los prestatarios, van a tener un nuevo diferimiento de tres meses adicional a los tres meses que ya habían recibido, con lo cual tendrán los seis meses de diferimiento. Entonces, los créditos se volverán a pagar en septiembre, y obviamente negociarán con los bancos, una de las opciones es que estas cuotas sean reprogramadas para el final del periodo”, explicó Ortiz.

El Gobierno dispuso la cuarentena en marzo y concluye este fin de mes para evitar la propagación del coronavirus; implicó la suspensión de las diferentes actividades productivas y de servicio, lo que a su vez activó la exigencia de diferentes prestatarios de diferir el pago de sus créditos por falta de ingresos.

El Legislativo, controlado por el MAS, aprobó una ley que dispone el pago de crédito después de seis meses de concluida la emergencia por el coronavirus.

Ortiz explicó que los meses que no se están pagando deben diferirse para el final del pago de créditos.

“Es decir, si tenían un crédito que vencía de acá a un año, bueno ahora este venderá en un año y medio, eso se irá reprogramando en los próximos meses con cada entidad financiera”, explicó.

Los banqueros hicieron conocer en las últimas horas que aplazar por más tiempo el pago de créditos pone en riesgo la estabilidad del sector.

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Represalias, resoluciones alteradas y reuniones privadas, en la prescripción de deudas en el SIN

La Fiscalía de La Paz investiga casos irregulares de cobros por la anulación de deudas tributarias. Tres funcionarios son investigados por incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles a la Constitución.

/ 28 de mayo de 2020 / 15:48

Instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales

Por Rubén Atahuichi

El caso de presuntos cobros en Impuestos Internos a cambio de la prescripción de la deuda tributaria de algunos contribuyentes devela reuniones privadas, represalias e incluso “acoso institucional”, a decir de una de las funcionarias denunciantes de la oficina distrital de La Paz.

Según una carta enviada al gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Rubén Tabata, publicada en las redes sociales por el programa de televisión “Detrás de la verdad”, Tereza Paredes Flores involucra a varios funcionarios en un caso particular, aunque insinúa que hay otros 103.

La funcionaria decidió denunciar las irregularidades al conocer el caso de un contribuyente, Jhonny Emilio B. von A., quien supuestamente fue favorecido con las prescripción de su deuda tributaria aún fuera del tiempo. Cuenta que el abogado de éste, Federico V., presuntamente miembro de un bufete externo de juristas, mantenía “reuniones reservadas permanentes” con funcionarios del Departamento Jurídico y la Gerencia General de la oficina distrital del SIN La Paz 1.

Al resolver la situación del contribuyente, otra funcionaria, Carmen M. C., recibió la “instrucción” de que la solicitud de Jhonny Emilio B. von A. “debe declararse prescrita en la resolución a dictarse”. “En eso, Carmen M. C. respondió a la Jefa de Departamento que no estaba de acuerdo, porque, como Gerencia Operativa, debía agotarse todas las instancias con el fin de velar los intereses del Estado”, escribe Paredes Flores a Tabata.

Al final, contó la funcionaria, la resolución salió a favor del contribuyente y Carmen M. C. no fue convocada más para las reuniones. Dijo que incluso, el 21 de febrero, por instrucción de la Jefatura de Recursos Humanos, fue obligada a tomar vacaciones.

“No le quedó más que aceptar, se puso a llorar”, informó.

Sobre su caso, Paredes Flores denunció que fue víctima de maltratos por parte de uno de los supervisores del Departamento Jurídico ahora investigados y dijo que presentó denuncia contra el funcionario por “acoso institucional”. Constantemente, este señor me maltrataba de forma verbal y escrita, “de manera constante me presionaba para firmar resoluciones, facilidades de pagos incumplidos o modificación de notificaciones”.

Incluso, denunció que en la segunda semana se le asignó un caso de solicitud de prescripción que finalmente fue derivado a otra profesional. “Siendo 103 casos”, dijo.

Extraoficialmente se supo que los involucrados en la trama son Jorge Ledezma Salomón, el gerente distrital; María Yolanda Vargas, la jefa del Departamento Jurídico; y Roy Mancilla, supervisor técnico jurídico.

En conversación con La Razón este jueves, el presidente del SIN, Marco Nava-Morales, anunció la destitución de tres funcionarios de esas oficinas, aunque se no animó a mencionarlos debido al “principio de presunción de inocencia”.

“La denuncia versa en el sentido de que algunos funcionarios del Departamento Jurídico hubiesen tenido algún nexo con personeros o un abogado de jun bufete externo para solucionar o favorecer a algún contribuyente sobre casos de prescripción”.

Al respecto, este miércoles, el fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, confirmó la intervención de las dos oficinas del SIN La Paz, el lunes. La denuncia se basa “en sentido de que estas personas estarían negociando con bufetes de abogados la prescripción de deudas tributarias cuando aún no estaban vencidas”. Por lo tanto, el Estado estaría dejando de percibir sumas de dinero importantes”.

Consideró que se va a conformar una comisión de fiscales y el caso será ampliado a otras personas que pudieran estar involucradas.

Por el momento, los tres funcionarios son solo investigados y no fueron aprehendidos, y pesan sobre ellos sospechas de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la Constitución Política del Estado.

(28/05/2020)

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Presidente del SIN: Funcionarios tenían nexo con un bufete para favorecer la prescripción de deudas tributarias

En entrevista con La Razón, Mario Nava-Morales explicó los detalles de un presunto caso de corrupción en Impuestos denunciado ahora ante la Fiscalía de Distrito de La Paz.

/ 28 de mayo de 2020 / 12:11

Mario Nava-Morales, presidente del SIN.

Por Rubén Atahuichi

Un presunto caso de corrupción ocupa al Servicio Impuestos Nacionales (SIN): tres funcionarios gestionaban con un abogado de un bufete externo la prescripción de deudas tributarias de algunos contribuyentes.

El martes 26, la Unidad de Transparencia del SIN, coordinación con la Fiscalía de Distrito de La Paz, intervinieron en el caso y precintaron las oficinas de la Gerencia Distrital de La Paz 1 y el Departamento Jurídico.

El presidente del SIN, Mario Nava-Morales, atendió a La Razón para explicar este caso que, si bien tiene identificados a los supuestos involucrados, no develó aún la cantidad de dinero defraudado ni los favorecidos.

—Hay una supuesta intervención de una oficina del SIN para investigar un caso de supuestas irregularidades

— Sí, correcto. El martes 26 se presentó a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del SIN una denuncia de una funcionaria de la Gerencia Distrital La Paz 1. La denuncia establece algunos actos irregulares y la comisión de supuestos ilícitos penales de funcionarios del Departamento Jurídico y de la Gerencia Distrital La Paz.

En consecuencia, como tal cual establece la Ley 974, de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Unidad de Transparencia del SIN conjuntamente con la Fiscalía de Distrito y el fiscal anticorrupción asignado precintaron las instalaciones de la Jefatura Jurídica y la Gerencia Distrital La Paz 1 a efectos de que la Fiscalía pueda realizar la persecución penal que establece la ley y, por sobre todas las cosas, encontrar la verdad histórica de los hechos.

— ¿De qué se trata el supuesto caso de corrupción?

La denuncia versa en el sentido de que algunos funcionarios del Departamento Jurídico hubiesen tenido algún nexo con personeros o un abogado de jun bufete externo para solucionar o favorecer a algún contribuyente sobre casos de prescripción.

— Prescripción de deudas tributarias…

Prescripción de deudas tributarias.

— ¿Se sabe a cuánto alcanza la prescripción y el monto?

No tenemos todavía la cantidad, toda vez que, como Unidad de Transparencia del SIN, se ha realizado la intervención y el precintado, todas las actividades investigativas. Sin embargo, el Ministerio Público es la institución llamada por ley para determinar la situación jurídica de los supuestos implicados y, más que todo, determinar la verdad histórica de los hechos.

— ¿Quiénes fueron destituidos de sus funciones?

El Gerente Distrital, el jefe del Departamento Jurídico y un supervisor del Departamento Jurídico.

— ¿Nombres?

Nosotros preservamos y respetamos el principio de presunción de inocencia, que es constitucional. Por tanto, a efectos de no entorpecer los actos investigativos de la Fiscalía nos reservamos el derecho de guardar los nombres.

— Precintados los despachos señalados…

Solo los del Departamento Jurídico y la Gerencia. Sin embargo, los de atención al contribuyente y demás unidades funcionales se encuentran plenamente desarrollando normalmente sus actividades.

— ¿Qué acciones más va a encarar su oficina respecto del caso?

Nosotros, como presidencial del SIN, ya realizamos una acción directa, que es remitir la denuncia a la Unidad de Transparencia. En consecuencia, la Unidad de Transparencia y al Fiscalía son las instituciones llamadas por ley para realizar la persecución penal.

Estamos esperando que los actos investigativos para llegar a la verdad histórica de los hechos. (28/05/2020)

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Precintan una oficina del SIN por presuntos cobros para la anulación de deudas tributarias

Tres funcionarios coordinaban con un bufete de abogados un “perdón” tributario a terceros a cambio de montos de dinero indeterminados.

/ 28 de mayo de 2020 / 10:57

Instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales

Por Rubén Atahuichi

Tres funcionarios de la oficina distrital de La Paz de Impuestos Internos fueron separados de sus cargos debido a supuestos cobros a terceros por la prescripción de deudas tributarias. Su oficina fue precintada por la Fiscalía Anticorrupción.

La información fue confirmada a La Razón por el director ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Renato Nava Morales.

Una abogada denunció que un bufete de profesionales gestionaba junto con ejecutivos de esa oficina la prescripción de deudas tributarias a cambio de millonarios montos de dinero.

Por ese presunto caso de corrupción, un ejecutivo y dos directores jurídicos fueron destituidos, con el objetivo de investigar el caso.

Las oficinas del Departamento Jurídico del SIN, ubicadas en la calle Ballivián de La Paz, fueron precintadas el martes con fines investigativos a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

Noticia en proceso.

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Durán: Para evitar una recesión se debe aplicar una política fiscal expansiva e impulsar la ejecución de la inversión pública

La agencia de calificación de riesgo Moody’s anunció ayer que la crisis por la pandemia del coronavirus repercutirá en el déficit fiscal, el cual se duplicará de 6% en 2019 a casi 13% con relación al Producto Interno Bruto (PIB) de este año

/ 27 de mayo de 2020 / 21:11

El exviceministro Jaime Durán.

El exviceminsitro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, consideró que para evitar una recesión económica aguda en el país como pronostica la agencia de calificación de riesgo Moody’s, el actual gobierno, o el que sea elegido en las próximas elecciones, debe aplicar una “política fiscal expansiva” y dar prioridad a la ejecución de la inversión pública para generar movimiento económico y no llegar a asumir medidas que afecten el empleo.

“Lo que tiene que hacer el próximo gobierno es generar una inversión pública que priorice a la empresas ligadas a la exportación con el fin de generar un amplio volumen de divisas, en ese sentido, por ejemplo, con una negociación adecuada se podría retomar los proyectos ligados al litio, todo lo referente a la electricidad, todo lo referente a la producción orgánica de alimentos”, dijo la exautoridad a La Razón.

Estimó que este programa de inversión pública podría generar más de $us 6.000 millones permitiendo dinamizar la economía, esto evitaría que la pobreza crezca y mediante ese mecanismo generar mayores ingresos para reducir el déficit fiscal, que según Moody’s se duplicará de 6% en 2019 a casi 13% con relación al Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

Además de impulsar a las unidades productivas, como ser el de los microempresarios, los cuales, por ejemplo, en esta coyuntura del coronavirus, pueden ser contratados por los gobiernos departamentales y municipales para elaborar implementos de bioseguridad (overoles, barbijos, entre otros) de esa manera se crearían fuentes de empleos y no se elevaría la tasa de desempleo del país debido a una recesión económica.

Para concentrar el gasto, Durán también planteó que el gobierno debe aplicar políticas para los sectores más empobrecidos para evitar la tasa de pobreza. Para ello, el Gobierno que asuma tendría que crear “un amplio programa de subsidios y bonos”.

La Razón público que “Moody’s estima que la debilitada actividad económica, junto con un entorno externo desfavorable, provocará una contracción del PIB real de aproximadamente 3,5% este año, una caída respecto al crecimiento de 2,2% en 2019 y al crecimiento promedio de 4,6% durante el período 2014-2018”.

Asimismo, la agencia de calificación prevé que el crecimiento boliviano se recuperará levemente, ubicándose en aproximadamente 2,9% el siguiente año y manteniéndose en ese porcentaje en el mediano plazo a medida que el sector de hidrocarburos se ajusta a un menor suministro doméstico y una menor demanda externa.

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