Economía

domingo 28 feb 2021 | Actualizado a 02:36

La industria deja de percibir diariamente $us 10 MM en ventas por la cuarentena

En 45 días sus ingresos han caído en $us 450 millones. La CNI pide una cumbre para salvar el aparato productivo. La asfixia financiera es una de las consecuencias por la crisis de la COVID-19.

Una imagen de archivo de la planta estatal de fibra de camelidos de Laja.

/ 6 de mayo de 2020 / 18:26

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reveló este miércoles que las empresas afiliadas a este sector dejan de percibir en conjunto $us 10 millones en ventas por día debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para combatir la pandemia del nuevo coronavirus o COVID-19, que ha paralizado prácticamente el aparato productivo.

Así, la CNI, conjuntamente las ocho Cámaras Departamentales de Industrias de Bolivia, señalan que en 45 días de crisis del COVID-19, los ingresos por concepto de facturación de las unidades productivas han caído en $us 450 millones, por lo que demandan con extrema urgencia al Gobierno la realización de una “cumbre” para salvar el aparato productivo.

Con profunda decepción manifiestan que el aparato productivo no recibió apoyo real de parte del Gobierno y el 80% de la industria paralizó sus actividades económicas, lo cual genera un estado de severa iliquidez y asfixia económica. “La industria pierde $us 10 millones en ventas por día de paralización”, señaló Ibo Blazicevic, presidente de la CNI.

“Demandamos al Gobierno medidas urgentes para salvar el aparato productivo”, indicó el ejecutivo y agregó que, después del 10 de mayo y aún en el marco de la Cuarentena Dinámica, continuará la paralización del aparato productivo, puesto que varios de los municipios de mayor envergadura vienen anunciando que seguirán dentro de la categoría de riesgo alto.

Afirman que si la industria se paraliza se pone en riesgo a más de 600.000 fuentes de empleos formales y dignos y 35.000 industrias nacionales.

La CNI y sus cámaras afiliadas señalan que en el periodo de crisis de la pandemia del COVID-19, “la industria nacional no le ha fallado a Bolivia produciendo y abasteciendo a las familias bolivianas”.

“El primer conjunto de medidas económicas gubernamentales (Bonos, Planes de Crédito y programas de diferimiento de obligaciones) se orientaron a preservar el bienestar de las familias y los trabajadores y no así a las empresas”, manifiestan.

Añaden que el sector industrial aguardó con esperanza que el Gobierno apruebe un segundo conjunto de medidas económicas con estímulos fiscales para aliviar la recesión del aparato productivo. “Sin embargo, con profunda decepción se ha visto que no ha sucedido aquello y, más bien, se anunció la creación de 600.000 fuentes de empleo nuevas y de carácter temporal, en lugar de salvar a los empleos existentes”.

Demandan al Gobierno generar un conjunto de medidas económicas orientadas a preservar la vida de las empresas, las cuales deben contemplar los siguientes aspectos:  a) Definir y normar el retorno al trabajo de forma gradual, sectorializada, regionalizada y con medidas de bioseguridad. b) Constituir un fondo de garantías estatales (Fondo de Estabilización Productivo e Industrial). c) Implementar un subsidio estatal al salario durante el período de duración de la pandemia. Se plantea un subsidio estatal de 50% a quienes perciban un salario mínimo nacional (SMN), 25% a quienes perciban entre 2 a 3 SMN y progresivamente. 

d) Flexibilizar la normativa laboral para adecuar la oferta productiva con la demanda de trabajadores.  e) Plantear que el 20% de los sueldos y salarios se destinen a la compra de productos “Hecho en Bolivia”, lo cual significaría un impacto de $us 200 millones.  f) Proceder al pago de sus deudas pendientes con las empresas proveedoras de bienes y servicios. g) Reorientar las medidas implementadas (bonos) para las familias hacia la entrega de productos con sello “Hecho en Bolivia”. h) Eliminar el cargo por potencia en la facturación mensual de energía eléctrica industrial al igual que en el consumo de gas. i) Congelar el incremento salarial 2020.

Por ello, la CNI reitera al Gobierno la necesidad de convocar con extrema urgencia a una “cumbre nacional” para salvar el aparato productivo.

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Levantan bloqueos en Santa Cruz, el jueves se retoma diálogo sobre banda de precios de la soya

El ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, aseguró que garantizará la seguridad alimentaria y calificó de falta de consistencia técnica la alternativa propuesta por Anapo

Foto: MDPEP

/ 27 de febrero de 2021 / 17:25

Los bloqueos en Santa Cruz fueron levantados. El Gobierno y los industriales soyeros acordaron  formar mesas técnicas para analizar desde el jueves la propuesta del sector agroindustrial sobre la banda de precios para la venta de harina de soya en el mercado interno. El ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, adelantó que la alternativa no tiene consistencia técnica.

Desde Santa Cruz reportaron que persistían puntos de bloqueo en carreteras como a Trinidad hasta el mediodía, pero en horas de la tarde se confirmó que fueron levantadas. Los afiliados a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) iniciaron el 22 de febrero un bloqueo en rechazo a la banda de precios fijada por el Gobierno.

La madrugada de este sábado concluyó una reunión entre Huanca y los representantes de los productores de soya sin llegar a una solución, pero acordaron formar mesas de trabajo técnicas.

“Anapo en este proceso de diálogo siempre mostró una posición intransigente, la misma que mostró la existencia de móviles políticos detrás de las movilizaciones, incitando a continuar con el bloqueo, incluso generando mensajes de audio donde indican que el financiamiento para tal objetivo estaba garantizado”, denunció Huanca.

Los industriales de la soya plantean que la banda de precios se mantenga por este año solo para los pequeños productores pecuarios, beneficiando con eso al 80% de estos productores, según un comunicado del sector.

Huanca anticipó que la propuesta carece de consistencia técnica.

“Se ha escuchado la propuesta de Anapo y no tiene consistencia técnica como manifestaron los mismos actores del complejo oleaginoso”, sostuvo.

La banda de precios  determina que la industria oleaginosa pueda vender a precio justo en el mercado interno los subproductos de soya como harina de soya solvente (HSS), harina de soya integral (HSI) y cascarilla de soya que son fuente de proteínas para el sector pecuario.

Los sectores productivos denunciaron que se les vende a precios alto los derivados de la soya, por lo que respaldaron la banda de precios fijada por el gobierno de Luis Arce que restableció las restricciones a la exportación.

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Persiste conflicto por banda de precios, Gobierno ve falta de consistencia en alternativa de Anapo

El ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, aseguró que garantizará la seguridad alimentaria y anunció que el jueves se retomará el diálogo con los industriales. Anapo se comprometió a levantar los bloqueos

Un punto de bloqueo de los soyeros en la ruta Santa Cruz-Beni. Foto archivo: El Chaco informa

/ 27 de febrero de 2021 / 15:21

Este sábado persistían bloqueos esporádicos en Santa Cruz, pese a un principio de acuerdo con el Gobierno para levantar el bloqueo y formar mesas técnicas para analizar desde el jueves la propuesta de los soyeros sobre la banda de precios para la venta de harina de soya en el mercado interno. El ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, adelantó que la propuesta no tiene consistencia técnica.

Desde Santa Cruz reportaron que persistían puntos de bloqueo en carreteras como a Trinidad, por lo que era irregular el trabajo en la terminal de buses. Los afiliados a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) iniciaron el 22 de febrero un bloqueo en rechazo a la banda de precios fijada por el Gobierno.

“La ANAPO comunicó que a partir de la fecha se levantan todos los puntos de bloqueo, a raíz del acuerdo firmado ayer con la participación de los sectores agropecuarios que exigieron que no se perjudique al sector y se levanten las medidas de presión innecesarias”, señaló Huanca.

La madrugada de este sábado concluyó una reunión entre Huanca y los representantes de los productores de soya sin llegar a una solución, pero acordaron formar mesas de trabajo técnicas.

“Anapo en este proceso de diálogo siempre mostró una posición intransigente, la misma que mostró la existencia de móviles políticos detrás de las movilizaciones, incitando a continuar con el bloqueo, incluso generando mensajes de audio donde indican que el financiamiento para tal objetivo estaba garantizado”, denunció Huanca.

Los industriales de la soya plantean que la banda de precios se mantenga por este año solo para los pequeños productores pecuarios, beneficiando con eso al 80% de estos productores, según un comunicado del sector.

Huanca anticipó que la propuesta carece de consistencia técnica.

“Se ha escuchado la propuesta de Anapo y no tiene consistencia técnica como manifestaron los mismos actores del complejo oleaginoso”, sostuvo.

La banda de precios  determina que la industria oleaginosa pueda vender a precio justo en el mercado interno los subproductos de soya como harina de soya solvente (HSS), harina de soya integral (HSI) y cascarilla de soya que son fuente de proteínas para el sector pecuario.

Los sectores productivos denunciaron que se les vende a precios alto los derivados de la soya, por lo que respaldaron la banda de precios fijada por el gobierno de Luis Arce que restableció las restricciones a la exportación.

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UNIVida espera normativa para iniciar con la comercialización del SOAT 2021

La aseguradora aclar que no se propuso descuentos a ningún sector del transporte público.

Por Yuri Flores

/ 26 de febrero de 2021 / 10:15

Mediante un comunicado, la aseguradora UNIVida SA anunció que está a la espera de la normativa que emita el Ejecutivo para iniciar con la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para la presente gestión.

El 7 de septiembre, durante el gobierno de transición, se aprobó el Decreto Supremo 4330, norma que amplió la vigencia del SOAT hasta el 30 de abril de 2021.

UNIVida “se encuentra a la espera de las directrices que emana de las autoridades del sector respecto a la operativa y otros aspectos necesarios para dar inicio a la comercialización del SOAT 2021”, señala el comunicado.

Además, aclaró que la compañía no se reunió con ningún sector del transporte público y mucho menos acordó una reducción en las tarifas como anunciaron algunos dirigentes de los choferes.

El miércoles, el secretario general de la Federación del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, informó que, tras una reunión sostenida con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, UNIVida y nueve federaciones de ese sector, se planteó al sector del transporte público descontar el 38% del SOAT para la gestión 2021.

UNIVida recordó a los usuarios que el SOAT tiene un contenido social que garantiza la atención médica de conductores, pasajeros y peatones, con el propósito de beneficiar a las familias bolivianas. (26/02/2021)

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Ministerio de Trabajo registró al menos 5.000 despidos de trabajadores del sector privado

En el sector público también hubo una vulneración de normativas laborales vigentes.

Por Edwin Condori

/ 26 de febrero de 2021 / 09:56

La ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, informó este viernes que esta cartera de Estado registró al menos 5.000 despidos de trabajadores del sector privado, que alegaron motivos de “fuerza mayor”.

“El sector privado es donde hubo más los despidos injustificados arguyendo fuerza mayor. La Ley General del Trabajo tiene causales de despido y uno de ellos podría ser considerado como de fuerza mayor, pero tiene que ver con una descripción totalmente diferente a lo que se utilizó, (…) es así que se despidieron en el sector privado aproximadamente a 5.000 empleados”, dijo la autoridad.

Aseguró que se usó el motivo de “fuerza mayor” de manera irregular e ilegal arguyendo “solamente una presunta crisis económica, que en realidad no hubo tal” en los casos denunciados.

“Además, en el sector público también hubo una total vulneración de normativas (durante el gobierno de Jeanine Áñez), porque se ha despedido incluso personal de la institución pública que tenía inamovilidad”, señaló Navia en entrevista en Bolivia TV.

Recordó que en el gobierno de Evo Morales se aprobaron normativas de inamovilidad laboral por muchas causales y una de ellas es, por ejemplo, la discapacidad.

Es decir, “si una persona o familiar con discapacidad moderada o grave estuviera ejerciendo la función pública, no puede ser despedida de su trabajo previo proceso administrativo; además no se puede despedir a un padre o madre progenitor (de un menor con discapacidad) ni con proceso administrativo porque ahí el derecho protegido es del niño o la niña, no el trabajador”, subrayó.

Pero, según la titular de Trabajo, “en el golpismo” han despedido a todos sin distinción de estas características cometiendo incluso hasta actos “inhumanos”. (26/02/2021)

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Huanca: El gobierno de transición de Jeanine Áñez destrozó y paralizó a las empresas estatales

El Ministro de Desarrollo Productivo dice que hubo una mala administración que arrojó pérdidas para el Estado boliviano.

La empresa estatal Cartones de Bolivia (Cartonbol).

/ 26 de febrero de 2021 / 09:40

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca Chura, denunció que el “gobierno de facto” de Jeanine Áñez realizó una mala administración de las empresas estatales, lo que dejó resultados negativos y provocó pérdidas económicas para el país.

«Quiero informar que, lamentablemente, cuando asumimos el Gobierno encontramos en el Ministerio de Desarrollo Productivo nuestras plantas industriales en una situación pésima, con mala administración, con pérdidas, con resultados negativos, con maquinarias industriales que fueron instaladas con mucho sacrificio por el pueblo boliviano. El gobierno de facto ha ido destrozando y paralizando estas plantas industriales, de tal manera que no generen recursos», dijo en la Rendición Pública de Cuentas Final 2020.

También informó que entre 2005 y 2019 la industria manufacturera y de alimentos tuvieron un crecimiento positivo, sin embargo, el año pasado reportó una caída de 23% y de 6,48%, respectivamente, que generó un escenario “altamente complicado” para el nuevo Gobierno elegido democráticamente.

“En el periodo 2005-2019 todos los sectores productivos han mostrado un crecimiento, lo cual fue revertido drásticamente en la pasada gestión, siendo los más afectados los sectores de construcción, minería, industria, hostelería, relacionada también esta situación al sector turismo; es decir los sectores productivos y generadores de empleo», agregó.

Indicó que en 2020 las exportaciones de manufacturas también sufrieron una descenso del 16,4%, que representó una disminución de más de $us 500 millones, mientras que la inversión pública en el sector de desarrollo productivo cayó 76%, tomando en cuenta que en 2019 la inversión representó 20% de la ejecución presupuestaria y el gasto corriente 80%. Sin embargo, añadió que el año pasado la inversión representó 6% de la ejecución presupuestaria y el gasto corriente el 94%.

“Es importante mencionar que realmente el gobierno de transición no tuvo ningún tipo de interés de garantizar la inversión pública, sobre todo en el sector de desarrollo productivo y mucho menos en la implementación de nuestras plantas para promocionar al aparato productivo”, cuestionó.

No obstante, el Ministro de Desarrollo Productivo informó que desde noviembre y diciembre del año pasado el Gobierno trabajó en políticas públicas para subsanar la “afectación a la economía y corregir las malas acciones” del gobierno transitorio.

“Se abrogó el Decreto Supremo 4139 que estipulaba la libre exportación, hemos emitido el Decreto Supremo 4417 que prácticamente sustituye los certificados de abastecimiento y también pone nuevamente en vigencia las bandas de precios y cupos de abastecimiento del sector pecuario y así garantizar la harina de soya solvente, con su producto del grano de soya al sector pecuario, para que puedan abastecer de alimentos al pueblo boliviano a precio justo», subrayó.

Además, destacó la implementación del Fidecomiso de Bs 911,1 millones para reactivar la economía del país, del Decreto Supremo 4400 para reactivar el turismo interno que fue afectado por la pandemia, del Decreto 4407 que abroga la norma de ampliación del registro de comercio a Fundempresa, y del Decreto 4423 del Fondo Proleche para destinar recursos para la inversión de infraestructura productiva para el sector lechero.

“Hoy estamos en ese trabajo, hemos recuperado, hemos iniciado varias actividades para empezar a poner en funcionamiento las plantas industriales por la reactivación del aparato productivo”, remarcó. (26/02/2021)

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