Economía

martes 7 jul 2020 | Actualizado a 02:03

Asosur y las cámaras de Comercio e Industria piden anular la disposición que califica al COVID-19 como accidente de trabajo

La Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Industrias también solicitaron la prórroga para el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y un fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa

/ 23 de mayo de 2020 / 22:08

Por Miguel Vargas

La Cámara Nacional de Comercio (CNC -Bolivia) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), así como la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur Nacional) solicitaron este sábado, a través de comunicados, que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad a Corto Plazo (ASUSS), deje sin efecto el Instructivo INS/ASUSS/DGE/DJ N° 0003/2020 que ordena a los Entes Gestores de Salud emitir el certificado de incapacidad temporal por trabajo a los asegurados que se contagien del COVID-19 “con ocasión o como consecuencia del trabajo”, considerando que se trata de una medida que no tiene fundamento técnico ni médico.

Ambas cámaras sostienen que “a la fecha, no es posible determinar el lugar ni el momento del contagio, por lo que no es razonable que dicha enfermedad sea considerada responsabilidad de los establecimientos laborales, más aún cuando estos están aplicando los protocolos de bioseguridad exigidos y el contagio podría ocurrir en la vida privada de los trabajadores”.

Por ello,  piden que, “con carácter de urgencia”, la ASUSS deje sin efecto ese instructivo y que ordene a los Entes Gestores de Salud la emisión del certificado de incapacidad temporal por enfermedad común a favor de los asegurados que se contagien con el COVID-19.

De igual forma, Asosur afirma que “resulta un despropósito calificar esta situación como un accidente de trabajo, toda vez que cualquier determinación sobre el tema se torna subjetiva y discrecional, generando además inseguridad jurídica en nuestro sector”.

La norma vigente ordena que en caso de que la enfermedad derive en el fallecimiento o incapacidad permanente del trabajador, los empleadores indemnicen a los herederos con el pago de 24 salarios.

Pago de impuestos

La CNC-Bolivia y la CNI también solicitaron al Gobierno Nacional  que la prórroga otorgada por el Decreto Supremo 4198 para el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) para las empresas con cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2019, se amplíe hasta el 20 de octubre de 2020 o bien 60 días después de que se levante la actual cuarentena, aplicando la misma lógica de ampliación de plazo para el sector industrial cuyo cierre se registra, anualmente, el 31 de marzo.

El pedido se ha hecho debido a que las empresas no pudieron poder generar ingresos suficientes para hacer frente a la acumulación de sus obligaciones, no tuvieron la posibilidad de terminar sus cierres administrativos contables  ni con las auditorías con cierre de la gestión 2019.

Micro, pequeña y mediana empresa

Finalmente, ambas cámaras reiteraron la solicitud al Gobierno Nacional para que este constituya un fondo de garantías estatales para el financiamiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME´s) de la reposición de los fondos de capital de trabajo a las entidades que tienen pendientes pagos y obligaciones de corto plazo. “Este financiamiento, que está dirigido a restablecer la cadena de pagos de las empresas que ha sido interrumpida de manera abrupta por el estado de emergencia sanitaria, debe ser otorgado de forma ágil, en condiciones concesionales de plazo y tasa de interés y bajo garantía quirografaria”, señala el comunicado.

(23/05/2020)

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El empresariado insta al Legislativo a aprobar créditos para plan de empleo

La Comisión de Política Económica aclaró en su oportunidad que la Asamblea aprobó varios créditos enviados por el Ejecutivo y que solo se rechazó el del FMI porque no tenía toda la documentación solicitada.

/ 6 de julio de 2020 / 10:36

La Asamblea Legislativa tiene el dominio de escaños del MAS. Foto: APG

La Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) instó a la Asamblea Legislativa a viabilizar la aprobación de los créditos gestionados por el Órgano Ejecutivo y que están destinados al Programa Nacional de Reactivación del Empleo con el objetivo de dar “certidumbre sobre la sostenibilidad de sus fuentes laborales a los bolivianos”.

“Instamos a la Asamblea Legislativa a actuar de manera responsable, oportuna y en bien de la población en general, brindando certidumbre sobre la sostenibilidad de sus fuentes laborales a los bolivianos, y viabilicen la aprobación de los créditos en curso y bajo su jurisdicción, mismos que entendemos serán utilizados en la implementación del Programa Nacional de Reactivación del Empleo y otras medidas de la lucha contra el coronavirus”.

Según el comunicado de la CNC, los fondos que ha gestionado el Órgano Ejecutivo tienen un fin social y económico para toda la población en materia de salud, además están destinados a atender a las empresas productivas que apoyarán la reactivación económica del país.

“Se trata de inyectar recursos para reactivar el aparato productivo y de ésta forma, darle sostenibilidad a las actividades económicas de todas las regiones del país, lo cual se traducirá en mayores contribuciones al Estado a través de tributos y fuentes laborales para los bolivianos, que hoy viven con mucha incertidumbre sobre el futuro debido a la  emergencia sanitaria”.

Préstamos

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó el 16 de junio el proyecto de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones porque —en su criterio— el Gobierno no complementó la documentación en el cual debería de justificar las condiciones del préstamo de dicho organismo internacional.

“No hay esa documentación que nos diga para dónde, cuánto van a destinar para la adquisición de equipamiento, por ejemplo, de bioseguridad; qué porcentajes van a destinar a los municipios, gobernaciones. No nos explica absolutamente nada y nos estaban obligando a aprobar un proyecto de ley que solo tiene unas hojas, que no nos da las condiciones; si el Estado tiene la capacidad de adquirir y pagar ese crédito o no”, declaró en esa oportunidad la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la comisión legislativa Otilia Choque.

Choque informó que en este último tiempo fueron aprobados otros créditos de manera unánime porque se justificaba el destino de los recursos, además que establecían los años de plazo para el pago, que en algunos casos “son de largo plazo de hasta 40 años” y con intereses por debajo del 1%.

La diputada lamentó que esos datos de los años de pago y de gracia, además del porcentaje de interés, no estén en el proyecto de ley que elaboró el Órgano Ejecutivo para que sea aprobado por el Legislativo.

Recordó que el Gobierno debió entregar esos datos de manera escrita, como se comprometió el 2 de junio el ministro del área, José Luis Parada, cuando se lo convocó para justificar el préstamo del FMI.

Emergencia

La CNC señala en su comunicado que la emergencia sanitaria por el COVID-19 que vive todo el mundo, es una externalidad que se presentó de manera intempestiva y no se puede responsabilizar a ningún boliviano por su aparición y las consecuencias que está causando a nuestra población.

Sin embargo, añade, “sí es responsabilidad de todos los actores relevantes en el país, el hacer todo lo que está en nuestras manos, para aportar con medidas oportunas y efectivas que vayan a coadyuvar en atenuar el impacto negativo de la emergencia sanitaria y la recesión económica mundial en nuestro país. Todos los bolivianos, merecen tener certidumbre sobre la situación de salud y sobre la sostenibilidad de la economía, que les permita, a los más de 11 millones de bolivianos, vivir y trabajar con dignidad y esperanza de un futuro mejor”.

(06/07/2020)

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El BCB inyectará Bs 4.000 millones a la economía para créditos a bajo costo

Las entidades financieras no podrán otorgar préstamos con una tasa mayor al 3%. El dinero solo estará destinado para la compra de productos nacionales y el pago de servicios. Los créditos colocados en moneda nacional son a plazos de al menos 11 meses.

/ 6 de julio de 2020 / 09:59

Fachada del Banco Central de Bolivia (BCB). Foto: BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) confirmó este lunes la disminución de la tasa de encaje legal que estaba vigente, tanto en moneda nacional como extranjera, para inyectar aproximadamente Bs 4.000 millones al sistema financiero con el objetivo de que se otorguen créditos a una tasa máximo de 3% para la compra de productos nacionales.

En una nota de prensa, el ente emisor señala que esta medida está enmarcada en la línea del Decreto Supremo 4272 dictado recientemente por el Órgano Ejecutivo, “que busca la recuperación de las empresas afectadas por la pandemia” del coronavirus 2019 (COVID-19).

Asimismo, se informó que el BCB se encuentra trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo para reglamentar el decreto supremo correspondiente, y se espera terminar esta tarea hasta el 15 de julio.

El BCB anunció el 24 de junio la reducción de la tasa de encaje legal para incrementar la liquidez de las entidades de intermediación financiera, recursos que deben ser destinados a líneas de crédito concesionales para “incentivar el consumo de bienes y servicios de producción nacional”.

Mediante esta disposición, que está en el marco del Capítulo VII del Programa Nacional de Reactivación del Empleo, los bancos tendrán más recursos disponibles para otorgar créditos al sector productivo con el fin de apoyar su reactivación, que se ha visto afectada por la cuarentena decretada por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

Fondos

En el comunicado del BCB, se indica que “los miembros del Directorio del BCB, luego de analizar la situación y evaluar las acciones correspondientes tomaron la determinación de inyectar, aproximadamente, Bs 4.000 millones mediante el mecanismo de flexibilizar la tasa de encaje legal y el incremento de los fondos en custodia, lo que permitirá a la población disponer de liquidez a bajo costo a través del sistema financiero que no podrá cobrar más del 3% de interés anual”.

Añade que los créditos colocados en moneda nacional con plazos de al menos 11 meses, deben estar destinados a la compra de productos nacionales y el pago de los servicios de origen boliviano.

La tasa de encaje legal para depósitos en efectivo en moneda nacional bajo del 6% a 5,5 %, mientras que en moneda extranjera esta tasa se redujo de 13,5% a 10%.

Respecto a los depósitos en títulos valores y DPF en moneda nacional, el encaje se redujo de 5% a 4,5%. Entre tanto, en moneda extranjera se mantienen el 10% para DPF mayores a 720 días y baja de 18% a 11% para el resto de pasivos.

“Esta política del BCB se constituye en una medida histórica, pues hasta ahora no se había realizado una operación que permita un interés tan bajo en el sistema financiero nacional, que en la coyuntura de la pandemia es un aporte para que las familias bolivianas puedan solventar los diversos problemas emergentes de las decisiones asumidas para combatir el coronavirus, a través de la cuarentena en sus diversas modalidades que conllevó la paralización de nuestra economía; como sucede en todos los países”, puntualiza el ente emisor.

El BCB señala que se tiene la certeza de que con esto se apoya a la recuperación de la actividad económica que se encuentra en un entorno adverso, con una tendencia inflacionaria a la baja. “Esto mitigará los efectos desfavorables en las actividades productivas, en el empleo, a causa de la debilidad en los ingresos de las diferentes unidades económicas y de las familias”.

Concepto

El encaje legal se refiere a las reservas que las entidades financieras están obligadas a guardar en caja o en el BCB de los depósitos recibidos del público y por los fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo.

Esta es la cuarta vez en cuatro años que el ente emisor rebaja la tasa de encaje legal. Las anteriores reducciones datan de abril de 2017, abril de 2018, abril de 2019 y ahora junio de 2020.

(06/07/2020)

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La inflación en junio sube 0,36% por alza de precios en alimentos y transporte

También incidieron el incremento de precios de los teléfonos celulares y el corte de cabello. La variación acumulada al primer semestre de este año es de 0,78% y a 12 meses alcanzó a 1,44%.

/ 3 de julio de 2020 / 18:07

Los números de la economía boliviana están en caída. Gráfico: ABI

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la tasa de inflación, registró una variación porcentual positiva de 0,36% en junio respecto a mayo. La variación acumulada al primer semestre fue positiva en 0,78% y a 12 meses alcanzó 1,44%.

Según el reporte publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su sitio web, los productos y servicios que registraron la mayor incidencia porcentual positiva en junio son carne de pollo, transporte en minibús, aparato telefónico móvil/celular, cebolla, papa y corte de cabello.

En mayo, la carne de pollo era comercializada por debajo de los costos debido a una sobreproducción del alimento. En los mercados y centros de abasto de las ciudades de La Paz y El Alto el kilogramo de esta carne se expendía entre Bs 7 y Bs 8. Para junio, el costo de este alimento había subido de golpe y se comercializaba entre Bs 14 y Bs 15 al consumidor final.

La cebolla y la papa también subieron de precio. Al estar cerradas las fronteras, los mercados paceños ya no pueden abastecerse de la papa y la cebolla peruana, cuyos precios son más bajos y funcionan en el mercado interno como un regulador entre la oferta y la demanda. Al haber menor oferta de estos productos, los precios subieron.

En cuanto a los teléfonos celulares, sus costos prácticamente se han duplicado. ¿Pero cuál es el motivo? La mercancía que viene de Chile no está entrando por el cierre de fronteras y, al no tener existencias que vender, los comerciantes hicieron subir los precios de los móviles, sobretodo de los que llegan de China.

Los productos que registraron una mayor incidencia porcentual negativa en junio son el tomate, el plátano, la zanahoria, el detergente para lavar ropa, el cemento y la mandarina.

Asimismo, las ciudades capitales y conurbaciones que presentaron mayor variación porcentual positiva son Oruro 0,76%, Conurbación La Paz 0,63%; Región Metropolitana Kanata 0,34%; Potosí 0,28%; Sucre 0,27%; Cobija 0,16% y Conurbación Santa Cruz 0,14%.

(03/07/2020)

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El Gobierno refuerza plan para ‘insertar’ 11.000 empleos con salario subvencionado

El plan es generar "inserciones laborales" en el sector formal de la economía a través del Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)

/ 1 de julio de 2020 / 15:18

Autoridades del Ministerio de Trabajo, entre ellos, el ministro Óscar Mercado, presentan el nuevo plan de empleo.

Por Rubén Ariñez

De cara a la crisis, el Gobierno reforzó los programas estatales para preservar y generar al menos 11.000 empleos formales a escala nacional con la subvención de salarios de hasta Bs 3.000 durante el segundo semestre de este año.

Así lo anunció este miércoles el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, en el marco del plan gubernamental de reactivación económica.

“Queremos anunciar que se tiene alrededor de 11 millones de dólares disponibles para que podamos generar inserciones laborales en el sector formal de la economía a partir de inserciones que las va a realizar a realizar el Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)”, dijo.

Mediador

El Gobierno asumirá el papel de un intermediador entre el futuro empleado y el empleador.

Para ese fin, se reforzaron los servicios de atención denominados “puntos de empleo” para que los interesados, entre ellos profesionales, se afilien “sin burocracia” a una nómina que luego será evaluada en función a los requerimientos de la firmas.

Mercado explicó que su despacho hizo gestiones para que los recursos programados a largo plazo en el SPE y el PAE sean canalizados en esta gestión para afrontar premisamente la crisis generada por el nuevo coronavirus.

Objetivo

“El objetivo que nos hemos trazado como ministerio es generar al menos 11.000 inserciones laborales entre los próximos tres a seis meses”, dijo. El Gobierno espera alcanzar el 45% de esa cifra en los primeros dos meses.

De manera inicial se beneficiará a las medianas, pequeñas y micro empresas, pero no se descartan otros sectores como el agropecuario y el de la tecnología.

“Vamos a asumir los primeros meses de sueldo, entre tres a seis meses, dependiendo de las circunstancias, va a ser el Ministerio de Trabajo a través del PAE que ha de subvencionar estos salarios que han de ser promedios entre un salario básico establecido hasta 3.000 bolivianos”, dijo.

El fin —dijo Mercado— es frenar la ola de despidos que se han denunciado en varios puntos del país. (01/07/2020)

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El Gobierno pide a empresas públicas planes que no contemplen ‘inversiones’ estatales

El expresidente Evo Morales advirtió que la decisión de la administración de Añez implicará que no haya recursos económicos para el pago de bonos. El Estado paga bonos como el Juancito Pinto

/ 30 de junio de 2020 / 20:26

Largas filas en instituciones financieras de La Paz para el cobro del Bono Universal.

Por Carlos Corz

Como parte del plan de reactivación del empleo, el Gobierno decidió pedir a las empresas estatales, en las que el Estado tiene el 100% de su patrimonio, presentar planes de factibilidad de corto plazo para determinar su sostenibilidad sin inversiones estatales. El expresidente Evo Morales advirtió que no habrá recursos para pagar bonos y rentas.

“El Plan de Factibilidad de Corto Plazo, deberá evitar considerar como supuestos la erogación de nuevos recursos por parte del Estado”, establece el parágrafo tercero del artículo 84 del decreto 4227, aprobado por el gobierno de Jeanine Áñez para la reactivación del empleo.

Ese mismo artículo dispone la presentación de los planes para ver la sostenibilidad de las firmas con una proyección a marzo de 2021.

Morales aseguró que la decisión implicará poner en riesgo el pago de los bonos y rentas para sectores vulnerables. En su gobierno se pagó bonos como el Juancito Pinto.

“El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas, lo que significa que ya no habrá recursos para bonos ni rentas; el gobierno de facto inició la privatización mientras favorece intereses empresariales de sus socios”, denunció en un post en su muro de Facebook.

Esta política sobre las firmas estatales está inscrita en el compromiso asumido por el Gobierno de Añez con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Compensaremos algunas de estas necesidades adelantando un recorte planificado de la inversión de nuestras empresas públicas equivalente a alrededor de un 0,8% del PIB”, refiere el documento.

Aunque aclara que “será necesario poner en práctica medidas sociales focalizadas tales como la complementación de los ingresos de los sectores más vulnerables, sin perjuicio de otros programas sociales prioritarios”.

Un crédito de $us 327 millones concedió el organismo internacional para la lucha contra el COVID-19 en Bolivia, sin embargo el Legislativo no lo viabilizó aún debido a que no fue presentado el contrato de crédito.

Parte del artículo 85 del decreto 4272 también establece que los ministerios cabeza de sector de cada firma “deberá adoptar medidas necesarias para optimizar la gestión empresarial pública enmarcándose en la política de reducción de gasto corriente del sector público y la optimización de recursos”.

(30/06/2020)

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