Economía

jueves 9 jul 2020 | Actualizado a 07:35

Asoban advierte con iliquidez y quiebra de bancos si se difiere por otros seis meses pago de créditos

La institución solicitó una reunión a la presidenta Jeanine Añez para exponer su preocupación sobre la emisión de más decretos o normas que afecten a la estabilidad del sistema financiero.

/ 27 de mayo de 2020 / 17:58

Producción fotográfica sobre préstamos y créditos bancarios. Foto: Archivo

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) advirtió, en una nota enviada a la presidenta transitoria Jeanine Añez, que el diferimiento en el pago de créditos por otros seis meses, una vez sea levantada la emergencia sanitaria y cuarentena como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pueda ocasionar iliquidez en el sistema financiero y derivar, como en el pasado, en la quiebra de muchos bancos.

La institución, que agrupa a 11 entidades financieras, entre bancos múltiples y bancos pymes, envió el 15 de este mes una carta a la presidenta Añez en la que le hace conocer la “enorme preocupación” del sector con relación a la Ley 1294 (Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Personal de Pagos de Servicios Básicos), que en uno de sus apartados aplaza por seis meses el pago de créditos una vez sea levantada la cuarentena en el país.

“El diferir cuotas de pago de manera irrestricta y automática conlleva efectos devastadores en el sistema financiero, en la cadena de pagos de la economía, en la moral de pago de los consumidores financieros, en la confianza de los ahorristas, aspectos alcanzados con esfuerzo a lo largo de muchos años, y que hoy se ponen en riesgo”, se lee en la misiva firmada por el presidente de Asoban, Marcelo Trigo, documento al que tuvo acceso La Razón.

La Ley 1294 especifica que las entidades de intermediación financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, por el tiempo que dure la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) y otorgando un lapso máximo de hasta seis  meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia.

A pesar de lo estipulado en la norma, impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS), el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 4206 que reglamenta la Ley 1294 y en la que se establece que “las entidades de intermediación financiera quedan autorizadas a realizar el diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, por los meses de marzo, abril y mayo”.C

Confusión

Ante la evidente confusión desatada por lo que señala la ley y lo que indica el decreto reglamentario, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, anunció el 12 de mayo que se emitirá un nuevo decreto ampliando el diferimiento en el pago de créditos, pero para aquellos sectores de menores ingresos. Dijo que la norma estaría lista en un par de días.

Añadió que la medida se da luego de que, junto al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se reuniera con la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, además de otros legisladores, a quienes se les explicó el cumplimiento y aplicación de la norma 1294 sobre el pago de créditos.

“Por lo tanto, garantizamos el cumplimiento de la Ley (1294 de Diferimiento de Créditos), no hay por qué seguir distorsionando algo que el Gobierno viene cumpliendo desde que tomó posesión este gobierno”, afirmó entonces.

Antes de esta declaración, el 2 de mayo pasado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) recordó a los consumidores financieros que a partir de junio se deben pagar las deudas a las entidades financieras, “conforme al cronograma original de la operación crediticia”, disposición que iba en contra de la Ley 1294 pero que estaba acorde a los estipulado en el Decreto Supremo 4206.

Anoticiados por esta conminatoria, la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype) planteó un recurso legal contra el ente regulador. La justicia falló a favor de la Conamype y obligó a la ASFI a cumplir la Ley 1294 que establece la postergación del pago de las cuotas de los créditos.

Sostenibilidad

Para Asoban, por la forma en la que está siendo interpretada la Ley 1294, “no se está dimensionando de manera precisa la magnitud real de sus efectos”.

“La situación por la que atraviesa el sector, a raíz de la ralentización general de la economía, la crisis política y social vividas a fines del pasado año; agravada por la crisis sanitaria actual, amerita con urgencia un análisis profundo, sereno y absolutamente focalizado en la economía real y, fundamentalmente, en la sostenibilidad del sistema financiero; consecuentemente, en la viabilidad económica de nuestro país y el bienestar de su población”, afirma la institución.

Añade que la actual coyuntura exige decisiones responsables que deben trascender las posiciones políticas “que hoy, por la coyuntura electoral, están siendo afectadas sin considerar las consecuencias que en el corto y mediano plazos pueden acarrear para el conjunto de la economía y, en particular para la banca”.

Hasta hoy el sistema financiero ha demostrado ser solvente, pero fácilmente esa solidez puede ser “erosionada por problemas de liquidez asociados al diferimiento irrestricto y extendido del pago de créditos”, sostiene Asoban.

Iliquidez

“Los bancos se deben a sus ahorristas y su rol es intermediar los recursos que le son confiados con responsabilidad, precautelando su recuperación. Los intereses generados por la cartera de créditos, permiten a las entidades bancarias honrar los intereses sobre los depósitos y afrontar los gastos operacionales y administrativos”.

Según Asoban, el que la banca no cuente con el flujo necesario para afrontar las obligaciones financieras y operativas, sumirá al sector en iliquidez, “riesgo que en la historia del país derivó en que muchas entidades financieras quiebren”.

Para concluir, el presidente de Asoban solicita a la presidenta Añez una reunión “con carácter de extrema urgencia”, antes de que se emitan más decretos supremos o normas que afecten al sistema financiero.

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Fiscalía ordena la aprehensión de 7 funcionarios de YPFB por presunta corrupción

En las próximas horas se presentará la imputación formal contra los sospechosos por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes.

/ 8 de julio de 2020 / 20:52

Efectivos policiales secuestraron cajas con documentación de YPFB. Foto: APG

La Fiscalía Departamental de La Paz emitió este miércoles la orden de aprehensión en contra de siete funcionarios de la Gerencia Legal Corporativa de YPFB por presuntamente haber elaborado una resolución administrativa que autoriza, de manera irregular, adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los funcionarios aprehendidos por efectivos policiales son Gilmar J.P.LL., José A. G. D., Marisol K. J. S., Cristián V. F., Daniel H. P. E., July M. O. C. y Dimelsa V. G. L.

“Estas siete personas trabajan en el área jurídico legal de la estatal petrolera y el día de hoy se presentaron a prestar sus declaraciones informativas dentro del caso YPFB; sin embargo, se encontraron suficientes indicios que hacen presumir su participación en el hecho, por ello hemos emitido la correspondiente orden de aprehensión que fue ejecutada por efectivos policiales”, informó el fiscal Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de La Paz, Alexis Vilela.

“Se presume —dijo— que los aprehendidos, mediante un grupo de WhatsApp y reuniones de trabajo, habrían elaborado la Resolución Administrativa N° 78/2020 para posteriormente ser emitida por el expresidente de YPFB, Herland Soliz”.

La Resolución Administrativa 078/2020 autorizó contrataciones directas durante la cuarentena, hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la estatal petrolera.

El 4 de junio, el presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Richard Botello, dejó sin efecto la Resolución Administrativa 078 que aprobaba el procedimiento para las contrataciones por emergencia debido a la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total por el coronavirus.

Vilela adelantó que en las próximas horas se presentará la imputación formal en contra de los siete sospechosos por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, uno de los contratos observados por la Unidad de Transparencia de YPFB es la contratación directa sin licitación y en plena cuarentena del servicio de “seguros generales” para casos de incendio, preservación de maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros para el periodo 2020-2021, por un valor aproximado de Bs 49 millones.

(08/07/2020)

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Soliz: Zamora tenía dos gerentes ‘inamovibles’ en YPFB con el aval de la Presidenta

El expresidente de la petrolera estatal dice que Áñez presuntamente pidió “flexibilidad” para que no remueva a las dos funcionarias porque había un acuerdo político de por medio con la agrupación política del Ministro de Hidrocarburos.

/ 8 de julio de 2020 / 19:35

Herland Soliz Montenegro es investigado por presunta corrupción en YPFB.

En un memorial enviado el 14 de junio al fiscal de materia Alexis Vilela Dorado, el expresidente de YPFB Herland Soliz señala que tras su posesión, el 17 de diciembre de 2019, encontró que en la petrolera estatal había dos gerentes inamovibles que eran personal de confianza del actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. También revela que la presidenta Jeanine Áñez tenía conocimiento de esta situación, pero no la objetaba.

Según el exejecutivo de la petrolera estatal, Áñez presuntamente pidió “flexibilidad” para que no se remuevan estas dos gerencias porque de por medio había un acuerdo político con la agrupación ciudadana Unidos para Renovar (Unir) de Tarija, de la que Zamora es su presidente. Unir apoyó en las elecciones generales del 20 de octubre a la alianza opositora Bolivia Dice No (21F), cuyo candidato a la presidencia era Óscar Ortiz Antelo.

Soliz señala en el memorial que una de sus primeras medidas fue el de coordinar las designaciones con el ministro Zamora, quien, sin embargo, le había indicado que la decisión de que la Gerencia de Contrataciones Corporativa y la General Legal Corporativa “estén bajo su responsabilidad” era de la presidenta Áñez.

Este hecho —según Soliz— provocó un impasse con el Ministro de Hidrocarburos, por lo que sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno con la Presidenta.

“Como es de rigor, es una función tan alta; como primera medida, intenté coordinar con el Sr. Ministro Zamora, sin embargo, él manifestó que era decisión de la presidenta que tales gerencias estén bajo su responsabilidad; las desinteligencias sobre éste y otros aspectos merecieron una reunión en el Palacio con la Sra. Presidente y efectivamente ella apoyó la postura del Sr. Ministro y me pidió flexibilidad para comprender que se requería un acuerdo político de esa naturaleza para garantizar la gestión que estaba en curso (Sic)”, se lee en el memorial presentado a la Fiscalía por el expresidente de YPFB y a la que tuvo acceso la página digital “Detrás de la Verdad”.

Investigación

Una comisión de fiscales investiga un presunto caso de corrupción en la contratación de servicios de seguros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La investigación también se ha ampliado a todos los contratos que se han celebrado durante la etapa de la cuarentena y que se hicieron al amparo de la Resolución Administrativa 078/2020.

Soliz indica que Zamora no solo conocía el contenido de la polémica resolución sino que participó directamente en su redacción a través de la gerente de Contrataciones Corporativa, A.J.F.I., y de la gerente Legal Corporativa, E.G.C. Ambas funcionarias se encuentran actualmente con detención preventiva por la contratación de un seguro para YPFB.

“La emergencia dispuesta mediante decreto supremo 4199 y la cuarentena dispuesta mediante DS 4200 me encontraron en la ciudad de Santa Cruz y el retorno se ha tornado difícil, pese a ello, mantenía comunicación con las gerencias diariamente desde las oficinas de YPFB de Santa Cruz y en ninguna de esas comunicaciones y reuniones virtuales fui informado que tales funcionarias, y otros que no vienen al caso a esta denuncia, visitaban diariamente al Sr. Ministro, aunque sí supe que había algún grado de coordinación sobre todo con sus asesores técnicos y para la emisión de la resolución 078/2020. Las reuniones virtuales deberían estar grabadas porque YPFB cuenta con ese sistema”, se lee en el memorial.

Confianza

“Como se puede ver, soy víctima de las circunstancias y manipulación que hace el Sr. Ministro Zamora y las gerentes hoy detenidas, para traspasarme una responsabilidad que no tengo y únicamente para no perjudicar políticamente al Ministro Zamora quien goza de la confianza y recibe todo el apoyo de la Sra. Presidenta, pretendiendo con ello deshacerse de mi persona y tener bajo su control un cargo que por acuerdo político podría encontrarse a cargo de una persona de sus aliados políticos. No duda para ello en utilizar a otra dependencia como es la Unidad de Transparencia de YPFB que también responden de forma directa a él, para operativizar informes, denuncias, querellas, etc”, indica en el memorial.

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Sorpresivo cambio en el gabinete: Óscar Ortiz es el nuevo ministro de Economía

Como nuevo responsable del Ministerio de Desarrollo Productivo asume Abel Martínez. La presidenta Jeanine Áñez les tomó juramento este martes.

/ 7 de julio de 2020 / 13:55

Jeanine Áñez saluda a los ministros Abel Martínez y Óscar Ortiz. Foto: ABI

El exsenador de Unidad Demócrata (UD) y hasta hace horas ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, fue posesionado como el nuevo titular de Economía y Finanzas Públicas, en reemplazo de José Luis Parada. En lugar de Ortiz fue posesionado José Abel Martínez.

Parada estuvo en el cargo casi ocho meses, desde el 13 de noviembre de 2019. Al despedirlo, la presidenta Jeanine Añez le agradeció haber  mantenido la estabilidad económica el país y haber promovido los bonos Familia, Canasta y Universal que, dijo, ya llegaron a 9 millones de personas.

En su discurso de posesión, Ortiz señaló que asume el cargo con dos instrucciones de Añez: “la primera, mantener la estabilidad económica y de la moneda; la segunda, dedicarme a crear empleo”.

Recordó el plan de cinco puntos presentado las semanas pasadas: el apoyo crediticio a productores y empresas, la creación de empleos a través de obras públicas, el incentivo fiscal a los emprendedores, el incentivo a la compra de productos bolivianos; y, el evitar y reducir el gasto público innecesario.

Todo se resume, dijo, en crear empleo. “Cada uno de estos cinco puntos  tienen un solo nombre: crear empleo para los bolivianos y las bolivianas”, más en el contexto del coronavirus.

En el discurso de circunstancia, Añez reiteró que la tarea central del nuevo ministro de Economía es aplicar el plan de empleo. “En su nuevo cargo como ministro de Economía, trabaje usted pensando en los hogares y en sus necesidades económicas, ponga en marcha ese plan de empleo que usted mismo ayudó a diseñar”. 

A Martínez, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, la mandataria le recomendó prestar atención a las empresas. “Yo a usted le pido que escuche a las microempresas, a las pequeñas, medianas, y agrandes también”, afirmó.

Ortiz es administrador de empresas; ha sido senador por el departamento de Santa Cruz en dos gestiones, de 2006 a 2010, y de 2015 a 2020. Fue Secretario de Coordinación de la Gobernación cruceña; desde el 8 de mayo a la fecha fue ministro de Desarrollo Productivo.

(07/07/2020)

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El empresariado insta al Legislativo a aprobar créditos para plan de empleo

La Comisión de Política Económica aclaró en su oportunidad que la Asamblea aprobó varios créditos enviados por el Ejecutivo y que solo se rechazó el del FMI porque no tenía toda la documentación solicitada.

/ 6 de julio de 2020 / 10:36

La Asamblea Legislativa tiene el dominio de escaños del MAS. Foto: APG

La Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) instó a la Asamblea Legislativa a viabilizar la aprobación de los créditos gestionados por el Órgano Ejecutivo y que están destinados al Programa Nacional de Reactivación del Empleo con el objetivo de dar “certidumbre sobre la sostenibilidad de sus fuentes laborales a los bolivianos”.

“Instamos a la Asamblea Legislativa a actuar de manera responsable, oportuna y en bien de la población en general, brindando certidumbre sobre la sostenibilidad de sus fuentes laborales a los bolivianos, y viabilicen la aprobación de los créditos en curso y bajo su jurisdicción, mismos que entendemos serán utilizados en la implementación del Programa Nacional de Reactivación del Empleo y otras medidas de la lucha contra el coronavirus”.

Según el comunicado de la CNC, los fondos que ha gestionado el Órgano Ejecutivo tienen un fin social y económico para toda la población en materia de salud, además están destinados a atender a las empresas productivas que apoyarán la reactivación económica del país.

“Se trata de inyectar recursos para reactivar el aparato productivo y de ésta forma, darle sostenibilidad a las actividades económicas de todas las regiones del país, lo cual se traducirá en mayores contribuciones al Estado a través de tributos y fuentes laborales para los bolivianos, que hoy viven con mucha incertidumbre sobre el futuro debido a la  emergencia sanitaria”.

Préstamos

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó el 16 de junio el proyecto de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones porque —en su criterio— el Gobierno no complementó la documentación en el cual debería de justificar las condiciones del préstamo de dicho organismo internacional.

“No hay esa documentación que nos diga para dónde, cuánto van a destinar para la adquisición de equipamiento, por ejemplo, de bioseguridad; qué porcentajes van a destinar a los municipios, gobernaciones. No nos explica absolutamente nada y nos estaban obligando a aprobar un proyecto de ley que solo tiene unas hojas, que no nos da las condiciones; si el Estado tiene la capacidad de adquirir y pagar ese crédito o no”, declaró en esa oportunidad la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la comisión legislativa Otilia Choque.

Choque informó que en este último tiempo fueron aprobados otros créditos de manera unánime porque se justificaba el destino de los recursos, además que establecían los años de plazo para el pago, que en algunos casos “son de largo plazo de hasta 40 años” y con intereses por debajo del 1%.

La diputada lamentó que esos datos de los años de pago y de gracia, además del porcentaje de interés, no estén en el proyecto de ley que elaboró el Órgano Ejecutivo para que sea aprobado por el Legislativo.

Recordó que el Gobierno debió entregar esos datos de manera escrita, como se comprometió el 2 de junio el ministro del área, José Luis Parada, cuando se lo convocó para justificar el préstamo del FMI.

Emergencia

La CNC señala en su comunicado que la emergencia sanitaria por el COVID-19 que vive todo el mundo, es una externalidad que se presentó de manera intempestiva y no se puede responsabilizar a ningún boliviano por su aparición y las consecuencias que está causando a nuestra población.

Sin embargo, añade, “sí es responsabilidad de todos los actores relevantes en el país, el hacer todo lo que está en nuestras manos, para aportar con medidas oportunas y efectivas que vayan a coadyuvar en atenuar el impacto negativo de la emergencia sanitaria y la recesión económica mundial en nuestro país. Todos los bolivianos, merecen tener certidumbre sobre la situación de salud y sobre la sostenibilidad de la economía, que les permita, a los más de 11 millones de bolivianos, vivir y trabajar con dignidad y esperanza de un futuro mejor”.

(06/07/2020)

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El BCB inyectará Bs 4.000 millones a la economía para créditos a bajo costo

Las entidades financieras no podrán otorgar préstamos con una tasa mayor al 3%. El dinero solo estará destinado para la compra de productos nacionales y el pago de servicios. Los créditos colocados en moneda nacional son a plazos de al menos 11 meses.

/ 6 de julio de 2020 / 09:59

Fachada del Banco Central de Bolivia (BCB). Foto: BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) confirmó este lunes la disminución de la tasa de encaje legal que estaba vigente, tanto en moneda nacional como extranjera, para inyectar aproximadamente Bs 4.000 millones al sistema financiero con el objetivo de que se otorguen créditos a una tasa máximo de 3% para la compra de productos nacionales.

En una nota de prensa, el ente emisor señala que esta medida está enmarcada en la línea del Decreto Supremo 4272 dictado recientemente por el Órgano Ejecutivo, “que busca la recuperación de las empresas afectadas por la pandemia” del coronavirus 2019 (COVID-19).

Asimismo, se informó que el BCB se encuentra trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo para reglamentar el decreto supremo correspondiente, y se espera terminar esta tarea hasta el 15 de julio.

El BCB anunció el 24 de junio la reducción de la tasa de encaje legal para incrementar la liquidez de las entidades de intermediación financiera, recursos que deben ser destinados a líneas de crédito concesionales para “incentivar el consumo de bienes y servicios de producción nacional”.

Mediante esta disposición, que está en el marco del Capítulo VII del Programa Nacional de Reactivación del Empleo, los bancos tendrán más recursos disponibles para otorgar créditos al sector productivo con el fin de apoyar su reactivación, que se ha visto afectada por la cuarentena decretada por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

Fondos

En el comunicado del BCB, se indica que “los miembros del Directorio del BCB, luego de analizar la situación y evaluar las acciones correspondientes tomaron la determinación de inyectar, aproximadamente, Bs 4.000 millones mediante el mecanismo de flexibilizar la tasa de encaje legal y el incremento de los fondos en custodia, lo que permitirá a la población disponer de liquidez a bajo costo a través del sistema financiero que no podrá cobrar más del 3% de interés anual”.

Añade que los créditos colocados en moneda nacional con plazos de al menos 11 meses, deben estar destinados a la compra de productos nacionales y el pago de los servicios de origen boliviano.

La tasa de encaje legal para depósitos en efectivo en moneda nacional bajo del 6% a 5,5 %, mientras que en moneda extranjera esta tasa se redujo de 13,5% a 10%.

Respecto a los depósitos en títulos valores y DPF en moneda nacional, el encaje se redujo de 5% a 4,5%. Entre tanto, en moneda extranjera se mantienen el 10% para DPF mayores a 720 días y baja de 18% a 11% para el resto de pasivos.

“Esta política del BCB se constituye en una medida histórica, pues hasta ahora no se había realizado una operación que permita un interés tan bajo en el sistema financiero nacional, que en la coyuntura de la pandemia es un aporte para que las familias bolivianas puedan solventar los diversos problemas emergentes de las decisiones asumidas para combatir el coronavirus, a través de la cuarentena en sus diversas modalidades que conllevó la paralización de nuestra economía; como sucede en todos los países”, puntualiza el ente emisor.

El BCB señala que se tiene la certeza de que con esto se apoya a la recuperación de la actividad económica que se encuentra en un entorno adverso, con una tendencia inflacionaria a la baja. “Esto mitigará los efectos desfavorables en las actividades productivas, en el empleo, a causa de la debilidad en los ingresos de las diferentes unidades económicas y de las familias”.

Concepto

El encaje legal se refiere a las reservas que las entidades financieras están obligadas a guardar en caja o en el BCB de los depósitos recibidos del público y por los fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo.

Esta es la cuarta vez en cuatro años que el ente emisor rebaja la tasa de encaje legal. Las anteriores reducciones datan de abril de 2017, abril de 2018, abril de 2019 y ahora junio de 2020.

(06/07/2020)

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