Economía

miércoles 28 oct 2020 | Actualizado a 01:49

Pese a vigencia de ley, el Gobierno aún frena pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000

El Ejecutivo insiste en que no hay recursos, la oposición señala que éstos se encuentran establecidos en la Ley 1330.

Adultos mayores hacen fila para el pago de un bono en una entidad financiera, durante la pandemia. Foto: APG

/ 21 de septiembre de 2020 / 08:23

El Órgano Ejecutivo insiste en que no cuenta con los recursos financieros para el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000, que fue promulgado mediante Ley 1330 por la Asamblea Legislativa (ALP) y que se encuentra en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial. 

El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, ratificó el domingo que no existen las condiciones para efectuar el pago de ese bono a la población, más aún porque el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en respuesta a una consulta efectuada a cada uno de los organismos por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo, señalaron que los recursos facilitados al Estado boliviano no pueden utilizarse para otros fines que no estén consignados en los contratos de préstamo.

“El día 14 de agosto hicimos una consulta al BID y Banco Mundial, ellos nos respondieron que en ningún momento las operaciones fueron contratadas para ese fin, para pagar un bono (contra el Hambre) con ese dinero”, explicó la autoridad en una entrevista en el canal estatal.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, aseguró que los fondos para el pago se encuentran establecidos en el artículo 3 de la Ley 1330, que indica que el bono será financiado con los recursos provenientes de la reposición a ser efectuada en el marco del contrato de crédito externo 9115-BO, suscrito con el Banco Mundial, y contrato de préstamo 5039/OC-BO, suscrito con el BID.

“En total son $us 704 millones, ésos son los recursos; considerando el pago de Bs 1.000 no se gastará la totalidad (…). Y si hay un saldo con una ley se dispondrá para otro gasto, así va a haber transparencia y disposición correcta de los recursos”.

Por su parte, el viceministro Quiroga reiteró que esta semana el Ejecutivo presentará un recurso abstracto al Tribunal Constitucional (TCP) y una demanda legal por “malversación de fondos” en contra de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, por la promulgación de la ley que crea el Bono contra el Hambre. debido a que el pago de ese beneficio depende de dos leyes que no fueron aprobadas.

De igual forma, esta autoridad afirmó que en “este tema se está trabajando desde un punto de vista político e incluso en un momento determinado ya tomó un rumbo electoral, pues es una promesa de un candidato (Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo- MAS) y no puede ser que una promesa de un candidato afecte a 11 millones de personas si no se tiene la forma de pagarlo”.

Copa promulgó el 16 de septiembre la ley que crea el Bono contra el Hambre, de Bs 1.000. Esta norma entró en vigencia, el sábado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, pese a los cuestionamientos y rechazo por parte del Órgano Ejecutivo.

 La ley establece que los beneficiarios del bono serán “las personas que no tengan ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años a la promulgación de la ley”. Serán contemplados en este grupo madres que reciban el bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y los beneficiarios del Bono Universal, unos 3,6 millones de bolivianos.

(21/09/2020)

Comparte y opina:

Mypes piden al nuevo Gobierno $us 1.500 millones para la reactivación del sector

Los micro y pequeños empresarios no pudieron acceder a las medidas de alivio del régimen transitorio, ahora piden al electo presidente un fondo exclusivo para el sector.

Pequeños productores de prendas de vestir en El Alto. Foto: La Razón-archivo

/ 27 de octubre de 2020 / 14:13

El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña (Conamype), Néstor Conde, demandó este martes al presidente electo Luis Arce una “inyección exclusiva” de $us 1.500 millones para reactivar la economía de ese sector.

Según evaluación del dirigente, el gremio que representa fue el más afectado por la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 y más aún por que las mypes no pudieron acceder a las medidas aplicadas por la administración de Jeanine Áñez, como el “Crédito 1, 2, 3”, debido a los requisitos.

“Las medidas que ha lanzado el gobierno de transición, ninguna de ellas se ha efectivizado; por ello creemos que es importante la inyección económica de por los menos $us 1.500 millones, lo cual realmente beneficiara a los micro y pequeños empresarios”, dijo Conde a La Razón.

Para ello propuso que se aplique un fondo de fideicomiso o créditos a través del sistema financiero nacional. “Necesitamos créditos por lo menos con un año de gracia y bajos intereses como dan a la gran empresa de 4% a 5% anual, con un plazo mínimo de cinco años. Creemos que una medida así será de mucha ayuda al sector”, sostuvo.

Agregó que la micro y pequeña empresas también requieren la gestión de mercados internacionales para la exportación de sus productos, para lo cual exhortó a las nuevas autoridades, que asumirán sus funciones el 8 de noviembre, la organización “urgente” de ruedas de negocios presenciales o virtuales con potenciales compradores o importadores de países vecinos como Perú y Chile, además de Estados Unidos, Canadá y Europa.

(27/10/2020)

Comparte y opina:

Hasta 2022, se busca incrementar el consumo per cápita de leche a 91 litros por año

Los lecheros aseguran que tienen la capacidad industrial y productiva para satisfacer el incremento de la demanda nacional.

La ciudadanía aglomerada para comprar leche. Foto: La Razón-archivo

/ 26 de octubre de 2020 / 18:17

Conmemorando el 26 de octubre, que se celebra el Día Nacional de la Leche, los productores del sector se propusieron incentivar e incrementar el consumo de ese producto alimenticio a 91 litros por persona, al año, hasta 2022.

Según el presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche de Santa Cruz (Fedeple), Klaus Frerking, en el país solo se consumen 63 litros de ese producto al año, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de 160 litros.

“La Organización Mundial nos dice que tenemos que llegar a los 160 litros por persona, y vemos que nuestros vecinos, como Brasil, están en 120 (litros), Argentina con 140 y Bolivia ¿por qué tiene que estar con 63?”, cuestionó el ejecutivo.

Frerking afirmó que impulsarán el mayor consumo de leche en el país porque es un alimento integral e indispensable para la salud, cuyos beneficios van más allá de la proteína y del calcio.

“Necesitamos llegar a completar un vaso de leche por día, por persona, lo que va a significar que el año 2022 podemos estar con 91 litros por persona, por año. Así estamos creando una demanda y nosotros, los productores, tenemos toda la capacidad industrial y productiva para satisfacer esa demanda”, aseguró en una entrevista para BTV.

En Bolivia se producen 1,9 millones de litros de leche por día, de los cuales, el 60% corresponde al sector lechero de Santa Cruz, es decir, 1,2 millones de litros.

(26/10/20)

Comparte y opina:

Laboratorios Vita reporta pérdidas de hasta el 60% de sus ingresos por conflicto sindical

La empresa farmacéutica ingresó en una etapa “crítica” debido a la paralización del 100% de su producción, tras 15 días del paro de brazos caídos que asumieron sus trabajadores.

La planta industrial de Laboratorios Vita en El Alto. Foto: La Razón-archivo

/ 26 de octubre de 2020 / 17:47

Laboratorios Vita ingresó en una etapa “crítica”. El 100% de su producción se encuentra paralizada y las pérdidas económicas ascienden al 60% de sus ingresos, tras 15 días del paro de brazos caídos que asumieron sus trabajadores y la toma de su planta principal.

Según la gerente general de Laboratorios Vita, Magna Cachi, la empresa paralizó su producción y el abastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID-19 como sueros, antigripales y otros, debido a un conflicto originado por dos exdirigentes que fueron desvinculados de la empresa tras haber ejercido la representación sindical, durante los últimos cuatro años, sin contar con la declaratoria en comisión del Ministerio de Trabajo y sin el reconocimiento de la Federación de Fabriles.

“Hablando en relación a nuestro presupuesto mensual, estamos en un 60% (de pérdidas) en octubre”, dijo la ejecutiva a La Razón. Precisó que en los próximos dos días su administración deberá encontrar una solución al conflicto porque la situación “crítica” de la empresa pone en riesgo las fuentes laborales de 340 trabajadores.

“Se está buscando entablar las mesas de negociación, pero lo que nos preocupa es la tozudez de estas dos personas que no quieren admitir que son extrabajadores, que no pertenecen a la empresa y se aferran a un cargo sindical que ya no existe”, afirmó.

Cachi indicó que la producción de la empresa se encuentra paralizada y que sus operaciones se han reducido al movimiento de los insumos enviados al interior del país. “Estamos agotando nuestras reservas y en lo que es la planta de La Paz, ya no se ha producido en estas semanas porque ellos (los trabajadores) han tomado la planta y no nos dejan ingresar”, sostuvo.

En septiembre pasado, la empresa farmacéutica desvinculó a Wilson M. y a Edwin A. por abandono de labores, al no presentar la Resolución Ministerial de Declaratoria en Comisión que exige el Artículo 97 del Decreto Supremo Nº 22407, del 11 de enero de 1990.

“Durante cuatro años esperamos pacientemente por ese documento que nunca llegó; sin embargo, de buena fe, continuamos con el pago de sus sueldos”, acotó.

(26/10/20)

Comparte y opina:

Ganaderos proyectan exportar 15.000 toneladas de carne para 2021

A septiembre, las exportaciones alcanzaron las 8.000 toneladas, por un valor de $us 41,9 millones. El sector ganadero estima cerrar el año con la venta de 13.000 toneladas.

Decenas de ganado vacuno que es criado en Santa Cruz. Foto: Senasag

/ 26 de octubre de 2020 / 17:17

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) proyectó la exportación de 15.000 toneladas de carne de res para 2021, siempre y cuando el Gobierno electo continúe apoyando a ese sector productivo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las exportaciones de la proteína animal, entre enero y septiembre de este año, alcanzaron los $us 41,9 millones, es decir 217% más de lo registrado en similar período de 2019, cuando se registró $us 13,2 millones.

Al respecto, el gerente general de Fegasacruz, Javier Landívar, en un contacto con La Razón señaló que el sector estima cerrar esta gestión con la venta internacional de 13.000 toneladas de carne, mientras que para 2021 proyecta alcanzar las 15.000 toneladas.

“Estimamos llegar a 13 mil toneladas este año (…), porque a este momento estamos con más de 8.000 toneladas que se ha exportado. Si es que todo va bien, estimamos entre 13.000 y 15.000 toneladas para 2021, obviamente viendo el flujo del tema cárnico hacia Rusia”, dijo.

Para cumplir con esa meta, los ganaderos consideran importante que el Gobierno electo brinde la seguridad jurídica al sector, que consolide los mercados internacionales y que sobre todo fortalezca al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

“Necesitamos el potenciamiento de Senasag a nivel de recursos y (que) se le dé la importancia debida, ya que esta entidad es la cara de todo lo que es la exportación agropecuaria”, sostuvo Landívar.

China es el principal mercado de la carne bovina nacional. Asimismo, a la fecha, Bolivia fue habilitada para exportar la proteína a Rusia y a países miembros de la Unión Económica Euroasiática como Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán.

(26/10/20)

Comparte y opina:

Constructores apoyarán las estrategias de desarrollo de infraestructura de Arce

El gremio espera que el Gobierno electo reactive la economía, velando por la unidad del país, el trabajo, la transparencia y la legalidad.

Profesionales del rubro de la construcción. Foto: La Razón-archivo

/ 26 de octubre de 2020 / 16:50

Los constructores del país anunciaron su plena “disposición” para apoyar las estrategias de desarrollo de infraestructura, así como las políticas públicas de reactivación económica que tiene previsto impulsar el Gobierno del presidente electo, Luis Arce.

El gremio, a través de su ente matriz, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), espera que la nueva administración gubernamental, al asumir sus funciones el 8 de noviembre, reestablezca y reactive el sector productivo “velando por los principios y valores de unidad y trabajo, con transparencia y legalidad, buscando la unidad y armonía, con la finalidad de salir de la crisis”.

“El sector de la construcción, como un pilar fundamental de la economía, expresa su plena disposición en apoyar en las estrategias de desarrollo de infraestructura y las políticas públicas de reactivación económica, logrando de este modo la gobernabilidad del sector, en beneficio de nuestro país”, manifestó la Caboco, a través de un comunicado difundido este lunes.

Los constructores celebraron la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, y les desearon el mayor de los éxitos en el trabajo que emprenderán en beneficio del país.

La Caboco, además, hizo conocer “su satisfacción porque el país vivió una fiesta democrática donde los bolivianos expresaron su decisión de elegir a las nuevas autoridades que dirigirán el rumbo de Bolivia en este nuevo quinquenio”.

Según datos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se estima que el sector de la construcción genera en el país aproximadamente 1,5 millones de fuentes de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

El rubro de las empresas constructoras sostiene el 8% del empleo total en Bolivia y cada año absorbe el 25% de los puestos nuevos que se crean. Estos tienen repercusión directa sobre una cadena de actividades económicas como la provisión de materiales industriales, los diseños de obra, el transporte y los servicios.

A la fecha, el sector de la construcción fue el más afectado por la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus y las cuarentenas aplicadas en el país. La Caboco estimó que el Órgano Ejecutivo, a través de sus diferentes niveles, adeuda a las empresas constructoras privadas más de Bs 2.000 millones por obras concluidas y en ejecución.

(26/10/20)

Comparte y opina: