El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este viernes que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) sancionó a 22 entidades financieras, casas de cambio y empresas de giros y remesas por incumplir con la banda de comisiones para transferencias al exterior.

“Algunos bancos no están cumpliendo con el acuerdo de las comisiones, tratando de utilizar otras monedas para lograr incrementar esa comisión por fuera y han sido sancionados por la Asfi”, dijo la autoridad, en DTV.

Asimismo, aseguró que el Gobierno ha sido amplio y abierto con el sector privado y los bancos; sin embargo, no permitirán que no se cumplan las normas acordadas. Aclaró que no son todos los bancos y que la Asfi identificó y sancionó a los que incumplieron.

Comisiones

Montenegro adelantó que la Asfi y Economía se reunirán con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para discutir este tema y acordar mecanismos de control para el cumplimiento de la banda de comisiones.

Al respecto, la Asfi mediante un comunicado confirmó que son 22 las entidades financieras sancionadas por incumplir la normativa vigente. Explica que, tras los reclamos presentados por cobro de comisiones en las transacciones por compras al exterior, compras por internet y pagos en el exterior con moneda extranjera, la entidad realizó inspecciones.

En febrero de este año y cumpliendo el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios privados, la Asfi fijó de 5% a 10% la banda de comisiones por transferencia y giro de dólares al exterior superiores a los $us 1.000. El acuerdo tiene por objetivo mejorar el flujo de dólares en el país.

La autoridad también lamentó que continúe la especulación por dólares en el país, garantizando que “no es que el producto no hay, sino que estratégicamente lo acomodan a un precio más alto”.

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Exportadores

El ministro de Economía objetó también que muchos exportadores no estén cumpliendo con el acuerdo de ingresar al sistema financiero los dólares que generan por la venta de sus productos. Anticipó que el sector será convocado para buscar mecanismos de control.

“Algunos exportadores no están trayendo todos los dólares o los están dejando afuera y no están siendo utilizados para el sistema financiero. (…) No estamos con intención de quedar bien con empresarios y banqueros, tienen que cumplir con lo que se ha establecido, dijimos en febrero que, si una de las partes no cumplía, esto no iba a funcionar”.

Montenegro hizo alusión al convenio que firmaron en febrero el sector privado y el Gobierno, con 10 puntos para mejorar el flujo de dólares en Bolivia.

“No son todos los exportadores, ni todos los bancos, son algunos que no están cumpliendo”.

Destacó que en el país existe dólares y puso como ejemplo la venta del “Bono BCB en dólares” que hasta el 7 de mayo alcanzó a casi $us 58 millones.

“Al mes de abril, el sistema financiero tenía $us 453 millones, cuando el año pasado había solo $us 312 millones, entonces queda claro que se ha generado una cantidad de recursos que tienen que ser canalizados y evaluar por qué no se están cumpliendo los acuerdos que se han hecho con el sector privado”.

El jueves, el presidente Luis Arce descartó que en el país exista una crisis por dólares y afirmó que muchos empresarios tienen el dinero en el “colchón bank” o en cuentas del exterior.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) precintó el jueves la estación de servicio Anita, ubicada en la carretera a Sacaba, en Cochabamba, reincidente en carguíos irregulares de combustible y alteración del sistema.

El director de la ANH, Germán Jiménez, advirtió que tres infracciones derivan en la clausura definitiva de la estación.

Asimismo, informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía; ya que no es la primera vez que la estación comete irregularidades, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de los usuarios.

Acompañado de agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía, Jiménez lideró el operativo. Los policías precintaron las bombas de Gas Natural Vehicular (GNV); y los ingresos al lugar para evitar que continúe comercializando carburantes.

“Es una reiterativa, cuando una estación tiene tres infracciones es la clausura definitiva. La operadora ha marcado una placa diferente en este vehículo que está bloqueado; estamos haciendo operativos para asegurar la integridad de nuestra población”.

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Combustible

Complementó que todos los vehículos que usan GNV deben pasar por inspecciones anuales y una recalificación que garantice su adecuado funcionamiento; y “en este caso, el operador vulnera el sistema de la ANH y coloca una placa diferente de un vehículo que sí estaba recalificado”.

Se presume que el motorizado que cargó combustible no estaba recalificado y se encontraba bloqueado en el sistema de la ANH.

El operador de la estación fue convocado a la Fiscalía, donde tendrá que explicar lo sucedido.

Jiménez reiteró que la ANH continúa realizando operativos de control.

Hace unos días, se informó que en dos semanas se incautaron más de 100.000 litros de carburantes que se pretendían comercializar de manera ilegal. Producto de los operativos, hubo 29 vehículos retenidos; y más de 38 aprehendidos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realiza pericias de auditoría forense a los documentos de los contratos efectuados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas para la construcción de 18 piscinas de evaporación para la provisión de materia prima para las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio.  

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que, dentro del proceso investigativo de la comisión de fiscales, se secuestraron varios documentos que son analizados por los forenses.

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“La comisión de fiscales ha adelantado varios trabajos, ha secuestrado documentación relativa a la contratación de estos proyectos y están siendo sometidos a la pericia de auditoría forense en el IDIF”, dijo el funcionario.

La presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó el 18 de abril una denuncia formal ante el Ministerio Público, en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato en las piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial, con un daño económico de más de Bs 425 millones.

En la denuncia se informó que una auditoria determinó que 18 piscinas quedaron inutilizadas debido, entre otras cosas, a que se utilizó una geomembrana PVC de 0,50 mm, por debajo de los estándares requeridos (0,75 mm de espesor).

Investigados

Por este caso hay 11 personas investigadas. Dos ya fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva y otros tres se beneficiaron con detención domiciliaria. Aún restan por ejecutar seis órdenes de aprehensión.

Lanchipa indicó que los exfuncionarios que participaron de esos contratos y licitaciones son investigados al igual de los que se beneficiaron con esas contrataciones.

La comisión de fiscales y la Policía allanaron el miércoles una empresa en Santa Cruz de la Sierra que realiza trabajo de impermeabilización y del lugar se secuestraron varios documentos. El negocio es investigado por supuestamente colocar material no adecuado para las piscinas.

Los empleadores tienen hasta el 31 de mayo para pagar el incremento salarial con retroactividad al 1 de enero de este año, así lo establece la Resolución 521/24 del 9 de mayo de 2024, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, indicó que la parte empleadora está obligada a presentar el formulario de declaración jurada del incremento salarial a través de la Oficina Virtual de Trámite (OVT) y las planillas de pago del retroactivo del incremento salarial hasta el 30 de junio.

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“Si bien la planilla debe ser presentada al 30 de junio, el pago debe efectuarse hasta el último día de mayo, el pago debe estar realizado a los trabajadores hasta el 31 de mayo, damos el mes siguiente para presentar los documentos que certifiquen ese pago”, explicó Navia en conferencia.

El 23 de abril, el presidente Luis Arce, luego de una reunión con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), hizo conocer el incremento salarial del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico para este año.

El director General de Trabajo, Yecid Mollinedo, indicó que, en caso de incumplimiento de algún empleador incumpla la disposición legal, será pasible sanciones pecuniarias. Los trabajadores que vean vulnerado el derecho del pago del alza salarial pueden apersonarse a las jefaturas departamentales o regionales de Trabajo para presentar la denuncia.

“No es necesario que (la denuncia) sea escrito, la denuncia puede ser presentada de forma verbal. El incumplimiento implica infracción a ley social que será sancionada”, manifestó Mollinedo.

Denuncias

No obstante, Navia pidió a los trabajadores que, antes de realizar la denuncia del incumplimiento del pago, verifiquen sus cuentas de depósito bancario, en caso no tener el monto, recién acudir a las oficinas del Ministerio de Trabajo.

Además, dijo que, aunque no está reconocido por las normas laborales, si existe un acuerdo consensuado entre la parte trabajadora con la empleadora para el pago del incremento salarial en especie, la parte patronal cumpla para que no haya reclamos y denuncias por incumplimiento.

“La ley general de trabajo prohíbe el pago en especies; sin embargo, nosotros mantenemos la apertura porque somos bolivianos y conocemos la realidad de muchas empresas, pero son principalmente los trabajadores, que algunos acceden a este pago. Recomendamos a la parte empleadora que cualquiera sea el acuerdo que se arribe con los trabajadores sea en consenso, todos los trabajadores tendrán que estar de acuerdo”, informó.

Recomendó a los empleadores a cumplir con la normativa toda vez que, en caso de no hacerlo, la multa podría ser mucho mayor al pago del retroactivo del incremento salarial.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la pericia grafotécnica, realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a la carta póstuma del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, era de su autoría.

Con ese resultado pericial, la investigación de la muerte del exfuncioario de la estatal YLB fue cerrada, afirmó Lanchipa.

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“El IDIF ha llevado adelante la pericia de grafotécnica sobre estas firmas y ha establecido que sí pertenecen a la persona fallecida, estas firmas estampadas en esos documentos póstumos. Ahí concluye el proceso de investigación en este caso del fallecimiento de este señor”, dijo a los periodistas.

El 24 de abril se conoció sobre la muerte de Montenegro quien, junto a otros exfuncionarios, era investigado por irregularidades en la construcción de 18 piscinas de evaporación de la Planta Industrial de Carbonato de Litio. Según una auditoría especializada, el daño económico al Estado es superior a los Bs 425 millones.

A raíz de ese hecho, el Ministerio Público activó una investigación. De acuerdo con el informe de la autopsia médico legal del cuerpo, se estableció que un infarto provocó su deceso.

“Las causas de la muerte (…), luego del resultado pericial, ha dado como resultado la ingesta de un medicamento que podría haber generado el infarto cardíaco que dio muerte al señor Montenegro”, reiteró Lanchipa.