Economía

domingo 22 may 2022 | Actualizado a 20:48

El Gobierno entregó créditos a mypes por Bs 653,7 millones en 2021

A través del fideicomiso SIBolivia más de 6.000 unidades productivas se beneficiaron

Foto: Mypes, pymes y emprendedores en Bolivia

/ 23 de enero de 2022 / 12:38

La administración de Luis Arce desembolsó un total de Bs 653,7 millones a 6.035 micros, pequeñas medianas y grandes empresas de diferentes regiones del país con el objetivo de reactivar el aparato productivo tras la crisis por la pandemia del COVID-19.

El anuncio lo realizó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca al precisar que esos recursos fueron canalizados a través de créditos que otorga el fideicomiso SIBolivia.

“A diciembre de 2021, hemos podido desembolsar 653,7 millones de bolivianos. Estos créditos han apoyado fundamentalmente a la gran empresa, pyme y microempresa, son 6.035 créditos”, detalló el funcionario.

Del monto desembolsado, el 82% se concentró en la micro y pequeña empresa y el resto a las medianas y grandes unidades productivas de los diferentes rubros como alimentos, madera, cuero, metalmecánica, entre otros.

Agregó que “este crédito ha sido uno de los fideicomisos que ha podido definitivamente apoyar en la reactivación del aparato productivo y desarrollo de la industria nacional (…) después de la pandemia, después de la mala gestión del gobierno golpista”, remarcó el ministro.

El citado fideicomiso de Bs 911 millones fue creado mediante el Decreto Supremo (DS) 4424 del 17 de diciembre de 2020, para reactivar la producción de las empresas bolivianas.

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La normativa no acompaña en la lucha contra el contrabando

Dificultades. La lucha contra esta actividad ilícita requiere acciones estratégicas, pero sobre todo una normativa más sancionatoria.

Control. Pese a estas acciones, el contrabando no tiene pausa en las fronterasdel país.

Por Rolando Flores

/ 22 de mayo de 2022 / 20:00

ECONOMÍA

La administración de Luis Arce se niega a reconocer que el contrabando rebasó los mecanismos de control e interdicción y apunta a la normativa, porque no acompaña en la lucha contra esta actividad ilícita.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando identificó tres formas ilegales de introducir productos al territorio nacional, entre éstas el contrabando hormiga, el masivo y el técnico, siendo esta última aplicada por la organización criminal para corromper funcionarios del Estado y utilizar gente humilde para trasladar productos en frontera.

Cada día, por los innumerables pasos fronterizos ilegales se transportan hacia Bolivia caravanas de camiones con mercadería ilegal así como vehículos indocumentados de origen desconocido, causando zozobra y afectando sobre todo a la economía nacional.

Es así que en las últimas semanas la fragilidad de los controles en las fronteras, sobre todo con Chile, quedó al descubierto tras conocerse que al país ingresaron —por la vía del contrabando— vehículos robados en la nación vecina y que fueron identificados en poder de altos jefes policiales.

Un hecho que obligó al Gobierno y empresarios a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando y además ajustar la normativa para que acompañe el combate a esa actividad ilícita, antes que rebase a los mecanismos del Estado.

Ilícito. Los productos de esta actividad ilegal ingresan al país desde Argentina, Brasil, Perú y sobre todo Chile. Foto. La Razón-Archivo

ACCIONES. Para el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, por ahora esta actividad ilícita no ha rebasado al Estado, pero reconoce que son “dificultosas” las tareas para enfrentar este flagelo en el país.

“En realidad no ha rebasado la presencia del Estado, todas las instituciones encargadas de la lucha contra el contrabando están en diferentes puntos fronterizos y el informe que da la Aduana Nacional es importante. Se han roto récords con relación a 2019 y en este año, hasta la fecha, van Bs 217 millones que ya se han incautado. Estamos llegando a más de 1.000 vehículos indocumentados que se han comisado, entonces la presencia del Estado está con todas sus instituciones”, dijo en una entrevista con LA RAZÓN.

El general de brigada también observó que este ilícito atrae a muchos ciudadanos bolivianos. “Lo digo con toda sinceridad, se están dedicando al contrabando y han encontrado la manera más fácil de hacer dinero, la manera más fácil de realizar el contrabando por diferentes puntos fronterizos que tiene nuestro país. Una de las desventajas que tenemos y la debilidad que tiene el Estado es tener cinco países que están a nuestro alrededor, una frontera de más de 7.000 kilómetros que hace imposible” un control total.

La extensa frontera entre Bolivia y Chile dificulta los operativos de lucha contra el contrabando, una situación que es aprovechada por aquellas personas dedicadas al ilícito, como es el caso de vehículos robados en Chile, transportados a territorio nacional.

“Nuestra frontera con Chile es muy amplia y en algunos casos hace dificultoso el poder combatir a esta gran cantidad de personas que están realizando (contrabando)”, insiste el viceministro Vargas.

La ‘zona roja’ del contrabando a Bolivia está ubicada en la frontera con Chile por donde ingresa una gran cantidad de vehículos indocumentados y también robados, según datos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, entidad que también ha identificado el ingreso de estos vehículos a través de las fronteras con Brasil y Paraguay.

NORMATIVA. Si bien entidades del Estado como la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando extreman esfuerzos para afrontar esta actividad ilícita, la normativa no acompaña con las sanciones necesarias.

“Ese es un tema de debate, que se está analizado en las diferentes instancias correspondientes. Nosotros hemos visto en la anterior gestión que la normativa no es la adecuada para sancionar”, dijo Vargas.

Agregó que existe una propuesta para reducir de 200.000 UFV a 10.000 UFV el valor de los tributos omitidos y que a partir de esa cuantía se inicien las acciones penales correspondientes ante el delito del contrabando.

“Es muy probable que en los próximos meses se llegue a determinar cómo serán estas sanciones”, anticipó a este medio el viceministro.

Se prevé que esta nueva normativa sea considerada por la Asamblea Legislativa, para ello se coordina con la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas. En principio, se busca modificar la Ley de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, así como la Ley General de Aduanas y otros decretos reglamentarios.

“Es un tema que han ido planteando diferentes instancias de los empresarios, que han ido viendo esta necesidad de articular esta normativa que está en la Ley 1053, que también está en pleno proceso de análisis para poder analizar si corresponde algunos cambios y de esta manera ser más efectivos en las sanciones que se vayan a dar a aquellas personas que están dedicadas al contrabando”, sostuvo.

Según información del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, esta actividad ilícita es cometida de forma masiva por grupos que operan y se desplazan por las fronteras en caravanas de 10 a 40 camiones, cuentan con telefonía satelital, comunicación de última generación y armamento de guerra. Estos pertrechos les sirven para proteger la mercadería ilegal y comunicarse con todos los que operan y colaboran en esta actividad ilícita a gran escala.

En tanto, el contrabando técnico se refiere al uso de documentos falsificados de Aduana, de seguros y de precintos aduaneros. Los contrabandistas introducen al país gran cantidad de vehículos con documentación legal, pero ésta es duplicada para camuflar el ingreso de otros, que se presume son resultado de robos cometidos en países vecinos como Chile, Brasil o Paraguay.

Finalmente el contrabando hormiga, es una activad donde se contrata a personas del otro lado de la frontera, quienes ingresan con la mercadería ilícita a Bolivia cargándola en hombros, balsas o carritos y que luego llenan con ella depósitos para su comercio ilegal.

Hormiga. Una a una, las personas transportan el contrabando en las fronteras. Foto. Rodwy Cazón

Combatir el ilícito requiere coordinación

Los empresarios privados ven con “mucha preocupación” el tema del contrabando, porque “en lugar de disminuir va tomando más fuerza”, aseguró a LA RAZÓN el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz.

Por ello, “el Gobierno tiene que tomar otro tipo de medidas, el tema no es sencillo, porque cada vez los contrabandistas tienen formas más técnicas —si vale el término— para hacer su actividad ilegal y el Gobierno debe pensar en acciones para contrarrestar esta actividad ilegal, que es perjudicial para la economía del país”, sostuvo.

Ante el incremento del contrabando en el país, es tiempo de hacer un análisis a profundidad sobre cuáles son las causas de esta actividad ilícita y qué normas se deben modificar.

“No creo que alguien tenga una fórmula en la mano para decir ‘con esta sugerencia va a desaparecer el contrabando’. Yo creo que debe haber un proceso que sea sostenible en el tiempo y concertado (sectores público y privado) y lógicamente las sanciones tendrán que ser muy duras para que la gente tenga miedo de continuar con esa actividad”, complementó el empresario paceño.

La fuerza del ilícito es tan grande que a veces llega a afectar a quienes deberían luchar contra el contrabando. “Esto, en nuestro criterio, merece que se haga un análisis profundo entre el sector privado y el sector público, para ver qué medidas son las más conducentes, sin dejar de lado ninguna; desde el análisis de la normativa legal hasta algunas ideas que desincentiven la actividad del contrabando y se vaya reduciendo”.

COMERCIO. Este criterio es compartido por el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, quien consideró además importante definir una “agenda de trabajo” de lucha contra el contrabando.

“También vimos que eran oportunas las acciones de contención que se realizan al contrabando, pero como Cámara Nacional de Comercio hemos ratificado una posición que se debe trabajar de manera coordinada, entre instancias públicas y privadas, para hacer una agenda de trabajo de lucha contra el contrabando que vaya más allá de la contención a un trabajo preventivo para evitar esta actividad ilícita”, remarcó.

Según datos de la CNC, antes del coronavirus (2019) se estimaba que el contrabando representaba alrededor de $us 3.000 millones anuales; no obstante, tras dos años de pandemia, la cifra se incrementó.

“Después de la pandemia, nosotros hicimos algunos estudios que determinaban que el contrabando había crecido al menos en 20%, lo cual significa que este ilícito estaría alrededor de los $us 3.600 millones anuales, que se mueven en esta actividad; esto significa que está en alrededor del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), es un índice muy alto”, apuntó el ejecutivo.

En el análisis de la CNC se han identificado tres grandes rubros de contrabando en Bolivia, el primero es el sector del automotor, los famosos autos “chutos”; el segundo gran rubro es el de los alimentos y bebidas; y el tercero es el de los medicamentos.

Operativos. Las acciones de los efectivos militares son continuas. Foto. APG

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El Gobierno asegura que verificó el ‘ocultamiento’ de maíz en Santa Cruz

El ministro Néstor Huanca insistió que la falta de maíz en el país “ha sido básicamente una especulación de algunos empresarios interesados en desestabilizar la economía”.

Maíz. Foto de archivo: Emapa.

/ 22 de mayo de 2022 / 18:10

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó este domingo que se logró verificar el “ocultamiento” de maíz en Santa Cruz durante los operativos ejecutados en la semana.

“Nosotros estábamos sospechando de que hay una especie de ocultamiento y agio de este producto, y es así que, a través del Viceministerio de Defensa del Consumidor y (otras) instancias legales, se han hecho los verificativos y hemos identificado evidentemente que hubo un ocultamiento (…) y ahora vamos a seguir los procesos judiciales”, dijo.

También puede leer: El Gobierno demandará penalmente a 4 empresas por agio y especulación de maíz.

La autoridad precisó que se encontraron tres almacenes de acopio en Santa Cruz y, según su versión, no se conoce “si tienen documentación legal o no y eso ya el proceso investigativo lo determinará”.

Pero, por ejemplo, “hemos encontrado alrededor de 5.000 quintales sin documentación, que estaban ocultando y ahora estamos pidiendo que eso tiene que ir a abastecer al sector pecuario”, señaló Huanca en una entrevista con medios estatales.

Asimismo, según el ministro, fue encontrado un silo privado con 36.000 quintales de maíz, entre los cuales estaban “alrededor de 10.000 quintales en bolsa”.

“También hemos encontrado en la granja avícola integral, que pertenece a la empresa Sofía, 12.000 toneladas de maíz, equivalentes a 261.000 quintales; entonces, esta empresa grande con eso ya tiene varios meses asegurado, (pero) han estado pidiendo (o diciendo que) quieren abastecerse, que quieren comprar, cuando (en realidad) ellos prácticamente ya tienen garantizado (el producto)”, enfatizó.

Sin embargo, indicó que, pese a esa situación, mediante la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), se continuará “trabajando en la compra del maíz a Bs 100 el quintal” con el fin de seguir acopiando para abastecer a los productores pecuarios pequeños y medianos.

“Hemos acopiado 40.246 toneladas hasta ahora y con eso estamos abasteciendo al sector pecuario oportunamente; nosotros vamos a continuar haciendo los esfuerzos de acopio y abastecimiento oportuno de maíz; por tanto, las amas de casa no deberían preocuparse (por ejemplo de la carne de pollo), es más, en Santa Cruz y La Paz hemos verificado una bajada en el precio del kilo de pollo en alrededor de Bs 1”, subrayó.

Además, con base a esos datos, insistió que la falta de maíz en el país “ha sido básicamente una especulación de algunos empresarios interesados en desestabilizar la economía, en este caso afectando los alimentos, pero el gobierno tomó las acciones necesarias”.

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Jueza rechaza demanda agraria contra de Petrobras Andina e Hidrocarburos celebra el fallo

La familia denunciante exigía un pago de $us 61 millones, pero no pudo demostrar la propiedad de ese espacio.

Campo San Alberto, en Tarija.

Por Mauricio Diaz

/ 21 de mayo de 2022 / 16:01

La jueza agroambiental Cindy Laura Arnez rechazó la demanda agraria interpuesta por la familia Baldivieso Vacaflor, que denunció al consorcio que opera en el bloque petrolero San Alberto, en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, por el uso supuestamente indebido de más de 500 hectáreas ubicadas en parte del bloque San Alberto.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, celebró esa decisión.

Dicha familia hizo la denuncia con el argumento de que el espacio en que opera la empresa Petrobras Bolivia SA, y que tiene como socios a YPFB- Andina y Total de Francia, le pertenece y exigía el pago de $us 61 millones por ese uso.

“La jueza Arnez indicó de manera expresa y categórica en la resolución de rechazo que el demandante no acreditó con documentación idónea su calidad de propietario sobre el terreno o predio objeto del litigio, toda vez que definitivamente no existe un derecho perfeccionado respecto a dicho terreno”, reseña parte de una nota institucional publicada este sábado.

El campo San Alberto comenzó actividades en el año 2000; desde entonces se dedica a la producción gas y petróleo.

“De acuerdo a la documentación que cursa en el expediente, (esa familia) nunca tuvo el derecho propietario y, por tanto, jamás estuvo en posesión de ese predio, sin embargo, quería cobrar esa cuantiosa suma de dinero”, complementa la nota.

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Arce: ‘Estamos volviendo a ser una economía envidiable’

En 2021, Bolivia se posicionó en quinto lugar en crecimiento de la región.

/ 21 de mayo de 2022 / 09:27

El presidente Luis Arce reafirmó ayer que la reactivación económica aplicada desde noviembre de 2020 ya se siente en los bolsillos de las familias bolivianas hasta tal punto que, en su criterio, el país está volviendo a ser una “economía envidiable”.

Durante un acto de entrega de viviendas en el municipio chuquisaqueño de San Lucas, el mandatario recordó que hace un año todavía “no se sentía tanto la reactivación” económica en el país porque —según su versión— se habían vaciado los ahorros del país hasta el extremo del endeudamiento para combatir la pandemia del COVID-19.

“A más de un año de nuestro gobierno, ya podemos decirles con absoluta claridad que (…) las medidas económicas, que hemos tomado desde noviembre de 2020, están dando resultados. La reactivación ya se siente en los bolsillos de las familias poco a poco, la reactivación de la inversión pública y de la economía poco a poco ya se siente, y ¿saben qué?, hasta tal punto, hermanos y hermanas, que estamos volviendo a ser una economía envidiable”, remarcó el Jefe de Estado.

El gobierno de Arce, cuando llegó a la presidencia, creó el Bono Contra el Hambre y se diseñaron políticas para sustituir las importaciones que dieron lugar a la reactivación económica y el crecimiento de la demanda interna.

Además de aplicar el Régimen de Reintegro del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), el Impuesto a la Grandes Fortunas (IGF), entre otras que permitieron la recuperación de la economía.

En 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia llegó a un 6,11%, siendo el quinto país en crecimiento de América del Sur. Para este año, el Gobierno proyectó una expansión del 5,1%.

En ese sentido citó, por ejemplo, una publicación de la BBC de Londres, que destaca el manejo macroeconómico de Bolivia e indica que “mientras la economía mundial vive conmocionada por la ola de inflación global, en Bolivia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha mantenido sorprendentemente estable”.

Entonces, “hermanos, de acuerdo a los estudios que hizo la BBC y que han hecho varios institutos extranjeros, Bolivia es el país con la menor inflación en toda la región y volvemos a mostrarnos como esa economía que nos caracterizó antes del golpe de Estado”, señaló Arce.

La inflación de Bolivia en 2021 llegó a 0,9% y a abril de este año el acumulado alcanzó 0,41%. Para 2022 se prevé una inflación de 3,3%.

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Suman 23 las empresas públicas autorizadas para contrataciones directas en el extranjero

Mediante decreto, el gobierno del presidente Luis Arce autorizó ahora que seis empresas y cuatro instituciones puedan hacer contrataciones directas en el extranjero

Se sumó a este tipo de contrataciones a la Agencia Boliviana Espacial (ABE)

/ 20 de mayo de 2022 / 17:47

Al menos seis empresas estatales y cuatro instituciones públicas fueron sumadas a la posibilidad de realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en el extranjero de bienes, obras y servicios especializados. Ya suman 23 las firmas estatales que tienen la autorización de realizar este tipo de contrataciones.

Mediante decreto 4720 se sumó a este tipo de contrataciones a las firmas Agencia Boliviana Espacial (ABE); Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL); Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC); Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria; Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM); y a la Empresa Metalúrgica Vinto.

También están contempladas el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para las actividades de la Unidad Ejecutora de Pozos – UE-Pozos; el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF); el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización para las actividades del Viceministerio de Interculturalidad; y la Aduana Nacional.

El artículo 1 establece que están autorizadas a “la contratación directa o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes, obras y servicios especializados, pudiendo adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”.

Ya contaban con esta posibilidad las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH); Servicio Nacional Textil (SENATEX); Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA); Empresa Estatal «YACANA»; la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y sus empresas filiales y subsidiarias; la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B); el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM); la Empresa Nacional de Electricidad Matriz (ENDE); la Empresa estatal de Televisión denominada «BOLIVIA TV»; la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN); la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB); la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA); y la Boliviana de Aviación (BOA).

Según la justificación, las entidades estatales “requieren la adquisición de equipamiento, insumos y servicios que, por sus características, no pueden ser contratados en el mercado boliviano”.

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