El ministro de Minería, Alejandro Santos, confirmó este lunes que la escasez de combustibles en el país redujo en un 50% la producción minera, tanto en empresas privadas como estatales.

«Hemos tenido percances en la producción de hidrocarburos. Es cierto que ha faltado este material tan importante; el diésel y la gasolina (por ello) al 50% ha rebajado el trabajo en las privadas y también en las públicas», informó la autoridad en conferencia de prensa este lunes.

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Minería

La crisis de abastecimiento de carburantes, que mantiene largas filas en estaciones de servicio y afecta a múltiples sectores económicos, también generó tensiones con el sector minero.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) lanzó el pasado viernes un ultimátum de 72 horas al presidente Luis Arce para resolver la problemática.

«Si no hay solución, evaluaremos medidas de presión», advirtió el gremio en un comunicado.

Ante el ultimátum, Santos convocó a los representantes de Fencomin a una reunión este martes a las 08.30 en La Paz.

«Es prioritario dialogar para mitigar el impacto en la producción», señaló el ministro, sin detallar acciones concretas.

La propuesta del Gobierno para el sector minero, uno de los principales generadores de divisas, es abrir la posibilidad de importar combustibles a precios internacionales, sin subvención, pero con la logística de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).

La falta de diésel, combustible clave para maquinaria pesada y transporte en zonas mineras, ha paralizado parcialmente operaciones en regiones como Potosí y Oruro.

Fencomin, que agrupa a cientos de cooperativistas, actores clave en la explotación de estaño, zinc y oro, exige al Gobierno garantizar el suministro para evitar pérdidas mayores. Algunos dirigentes aceptaron la propuesta de importar el diésel sin subvención.

Mientras el Órgano Ejecutivo atribuye la escasez a dificultades en la importación por falta de divisas, los sectores afectados reclaman respuestas inmediatas. Los mineros señalan la paradoja, pues a menor actividad del sector, menor ingreso de dólares y más dificultad para comprar carburantes en el mercado externo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió provisionalmente este lunes la aplicación de la polémica disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, denominada como la “norma confiscatoria», al admitir una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC).

La decisión judicial prohíbe la aplicación de los parágrafos I y II de la norma, que autorizaban a entidades estatales decomisar productos alimenticios ante sospechas de acaparamiento o especulación, hasta que se emita una sentencia definitiva.

El TCP ordenó notificar al vicepresidente David Choquehuanca, en su rol de presidente nato de la Asamblea Legislativa, para que el Órgano Ejecutivo presente sus argumentos en un plazo de 15 días.

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TCP

Además, prohibió tratar cualquier normativa vinculada a la disposición hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso.

La norma cuestionada facultaba al Estado a intervenir en la cadena productiva de alimentos esenciales, exigiendo a actores declarar información sobre producción y comercialización bajo reglamentación.

«Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos», indica la polémica disposición.

El Gobierno argumentó que esta norma permitirá luchar contra el agio y especulación, luego de que se identificara que algunos comerciantes y productores almacenan sus productos para venderlos a precios más elevados en época de escasez-

Sin embargo, surgió un fuerte rechazo a la norma, pues los sectores acusaban que las autoridades podían aplicarla de manera arbitraria, afectando al sector productor empresarial.

Denunciaron falta de seguridad jurídica y violación a la propiedad privada, por lo que conformaron el denominado Comité Multisectorial, compuesto por productores, exportadores, industriales, gremiales, transportistas y cívicos que se oponen a la medida.

Este bloque presentó proyectos de ley para que la disposición sea eliminada del PGE y anunciaron para este martes una marcha desde Patacamaya a La Paz, aunque otras medidas de presión anteriores no fueron efectivas.

El TCP ahora deberá decidir si la disposición transgrede principios constitucionales y no puede utilizarse bajo los aspectos legales vigentes.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que la medida es beneficiosa incluso para los sectores que se oponen a la norma, pues permitirá eliminar prácticas como el contrabando y la especulación que afectan a toda la población.

Este lunes, la Defensoría del Pueblo informó de los resultados de un operativo realizado el último fin de semana en estaciones de servicio de todo el país para verificar la distribución de combustibles y las condiciones de los usuarios en las filas en los surtidores.

De acuerdo con Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, se identificó filas de más de 24 horas en busca de carburantes.

“En el 30% de las estaciones de servicio verificadas se esperaba entre cuatro a 10 horas; en el 26%, entre 11 a 24 horas; y en el 17%, más de 24 horas de espera para conseguir diésel”, informó en conferencia de prensa.

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Filas

Además, de los surtidores en los que se realizó el control, el 66% no contaba con diésel, mientras que el 38% de los distribuidores no vendía gasolina “al momento de la verificación”.

De igual manera, en algunas estaciones de servicio, de acuerdo con Callisaya, se observó que había más de 100 vehículos en la fila, aunque no especificó en qué departamento.

El defensor también cuestionó las medidas que anunció el Gobierno junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pues la aplicación (app) ‘ANH Abastecimiento’ no estuvo habilitada durante el fin de semana, pese al discurso de las autoridades.

“Solicitamos que las instancias competentes realicen las acciones pertinentes con carácter de urgencia, para que la respuesta que se le dé a la población no sea débil, sino una respuesta fuerte que permita transitar esta coyuntura”, señaló Callisaya.

El Gobierno, por su parte, anunció que con la llegada de camiones cisternas a la planta de Senkata, en El Alto, los volúmenes de despacho se incrementarán hasta el 80% esta semana, lo que deberá reducir las filas, aunque éstas no desaparecerán por completo.

Se espera que 66,8 millones de litros, 46,4 de diésel y 20,4 de gasolina, ingresen al país tras el descargo de tres buques en la terminal de Sica Sica en Chile.

Callisaya anunció que esta semana la Defensoría del Pueblo realizará un operativo similar para verificar la provisión de alimentos y los precios de los productos básicos en los centros de abasto del país.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Alto Mando Policial sostuvieron este lunes una reunión de coordinación para garantizar un abastecimiento «controlado y continuo» de combustibles en el país, en el marco de las cinco acciones activadas el pasado viernes por la estatal.

Entre las medidas destacan el despliegue de efectivos en fronteras, la escolta militar a cisternas y el monitoreo de la venta en línea para detectar vehículos con tanques clonados o modificados.

La ANH informó que, tras la llegada de cisternas a la planta de Senkata, en El Alto, con una parte de los 47 millones de litros de gasolina descargados del buque Feliks en la terminal boliviana Sica Sica, en Arica (Chile), se espera que las colas en estaciones de servicio disminuyan progresivamente desde esta semana.

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ANH

«El centro de monitoreo de Senkata rastrea en tiempo real el transporte del combustible hacia todo el país», detalló la entidad en redes sociales.

Sin embargo, la supervisión de los efectivos policiales es clave para el abastecimiento, pues el domingo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que la semana pasada se secuestró un camión cisterna que desvió 20.000 litros de carburantes.

Además de esta medida, la ANH anunció el control fronterizo, con la vigilancia en puntos estratégicos para evitar contrabando con la colaboración de efectivos miliares que evitarán la salida ilegal de combustibles a países vecinos donde se venden a precios más elevados.

De igual manera, en las estaciones de servicio se verificará la repetitividad y el carguío irregular de diésel y gasolina.

Una vez que las primeras cisternas llegaron a Senkata en la madrugada del domingo, el Gobierno insiste en que la normalización dependerá de mantener el flujo sin interrupciones, que se logrará con el mayor control por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, en la reunión de este lunes, la ANH se comprometió a proveer los volúmenes necesarios de combustible para que los vehículos de la Policía continúen operando con regularidad.

La Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia se declaró en quiebra este lunes debido a la escasez de combustibles y al encarecimiento de los productos de la canasta familiar, por lo que decidió que a partir del martes no pagará peajes ni otros impuestos.

“El transporte pesado ha definido entrar en quiebra, nos declaramos en quiebra nacional, porque no tenemos la posibilidad de cubrir impuestos ni bancos, ni peajes. A partir de mañana (martes), se va a dejar de pagar peajes a nivel nacional”, afirmó Domingo Ramos, representante del sector, en conferencia de prensa.

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Transporte

La medida durará hasta el 31 de diciembre de esta gestión como una manera de tener un “alivio tributario” en la complicada coyuntura económica.

El dirigente también protestó por el estado de las carreteras de la Red Vial Fundamental que, según el sector, es intransitable por la época de lluvias, en desmedro de los motorizados y los conductores.

Asimismo, debido a la crisis económica, Ramos pidió al Gobierno reducir el gasto público, bajar los salarios de las autoridades y funcionarios.

“Deben reducir sus salarios en un 50%, empezando por el señor presidente (Luis Arce) hasta el último funcionario, ya sea gubernamental o departamental”, afirmó.

Sin embargo, Ramos indicó que se tomó esta medida para perjudicar directamente al Estado y no a la población, por lo que, al menos por el momento, se descarta una movilización o bloqueo.

Asimismo, el dirigente cuestionó la “falta de compromiso” del Gobierno con el transporte pesado, pues en 2024 hubo importantes acuerdos para la provisión de diésel y el mantenimiento de carreteras, pero, a su juicio, éstos no se cumplieron.

Desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) advirtieron que la decisión de no pagar peajes es perjudicial para el propio sector, pues es la principal fuente de ingresos para realizar el mantenimiento de las rutas y caminos en el país.