La reunión entre el Gobierno y la Federación de Gremiales del Sur de El Alto concluyó este jueves sin ningún acuerdo sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 sobre decomisos.

El sector se mantiene en emergencia y anuncia un nuevo encuentro la próxima semana.

“No hemos quedado en nada, no se ha firmado ningún documento, nosotros también vamos a llevar a las bases para hacer conocer esta situación en un ampliado; seguimos en estado de emergencia”, declaró el dirigente Luis Paco en una improvisada conferencia de prensa.

Asimismo, explicó que el sector pide que se elimine a los gremiales de esa disposición, pues “hay que separar las cosas entre la familia gremial y las otras personas que puedan estar metidos en el ilícito” por acopio o desvío de productos.

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Gremiales

Indicó que se determinó que volverán a reunirse el 23 de enero con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y otras autoridades. En el encuentro de este jueves participaron los ministros de Justicia y de Desarrollo Productivo.

Los gremiales, al igual que otros sectores, piden la eliminación de la disposición séptima del PGE 2025 pues consideran que les decomisarán sus productos.

“Seguimos en estado de emergencia tenemos que hacer conocer a nuestros secretarios generales, se ha quedado en cuarto intermedio. Ellos (las autoridades) ya conocían nuestro pliego; pero lo están dilatando”, añadió.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Esta semana, un ampliado nacional de los gremiales, realizado en los departamentos capitales del país, decidió otorgar un plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para derogar la disposición adicional séptima del PGE.

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, sugirió este jueves al Gobierno trabajar para trazar la ruta de la producción nacional para evitar la salida de productos de contrabando.

“El esfuerzo está más por el lado de generar un adecuado nivel de trazabilidad para ver cómo; quiénes compran volúmenes grandes y no los llevan al mercado local para su expendio; probablemente están desviando parte de estos productos al contrabando. Entonces es una alternativa”, sostuvo el ejecutivo en Unitel.

La sugerencia se da en medio de la polémica por la disposición séptima del Presupuesto General de la Nacional (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos.

Asimismo, Olguín dijo que las empresas productoras, exportadores y formales entregan información al Gobierno sobre sus ventas mediante un reporte de libro de ventas; y recién se realizó la trazabilidad para el abastecimiento de aceite, producto que incrementó su costo y “desapareció” de los mercados y se verificó que era sacado del país ilegalmente.

El ejecutivo dijo que ese procedimiento se puede extender a otros productos que salen ilegalmente por las fronteras.

“Ahora con el tema del tipo de cambio paralelo y con el debilitamiento del poder adquisitivo del boliviano, el producto boliviano se ha hecho mucho más barato para nuestros países vecinos”, agregó.

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Contrabando

Respecto a la disposición séptima, indicó que genera intranquilidad en el sector productivo por lo que exhortó al Gobierno a revisarla.

Varios sectores, gremiales, empresarios y productores, observan la disposición y argumentan que puede provocar la interrupción del aparato productivo.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Las exportaciones del sector cárnico boliviano alcanzaron un nuevo hito en 2024, consolidándose como uno de los motores clave del país. La carne boliviana y sus derivados lideraron las ventas al exterior de productos no tradicionales. Entre enero y noviembre de 2024 las cifras crecieron en un 10% respecto al valor alcanzado en todo el año anterior.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia generó casi $us 220 millones en exportaciones de carne bovina y derivados entre enero y noviembre de 2024. Este es un salto significativo respecto a los casi $us 200 millones alanzados en 2023. En un comunicado institucional, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) destacó que la suma equivale a una impresionante venta de siete dólares por segundo.

Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, subrayó que “se trata de un producto no tradicional. Bolivia superó ya los 200 millones de dólares de la pasada gestión en apenas once meses. Esto refleja un avance notable en nuestro comercio exterior».

China, el principal destino de las exportaciones

China lideró como principal comprador, con adquisiciones por $us 154 millones, consolidando su posición gracias al protocolo sanitario firmado en 2019. Rodríguez señaló que esta aceptación en mercados exigentes como el chino y otros como Hong Kong, Ecuador y Perú es testimonio de la calidad de la «bolivian natural beef».

«Esa carne boliviana que tanto es apetecida en el mundo no solo dinamiza las exportaciones, sino que también muestra el compromiso del sector ganadero con el abastecimiento interno», aseveró.

El IBCE enfatizó que este crecimiento no solo es un logro económico, sino también un reflejo del esfuerzo empresarial en un contexto global desafiante. «Este sector trabaja con altos estándares de calidad y desarrollo sostenible, lo que beneficia a todos los bolivianos», afirmó Rodríguez.

El despegue del sector cárnico consolida a Bolivia como un actor relevante en el comercio internacional, reafirmando el potencial del país para diversificar su economía.

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La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) llevará 10.000 toneladas de arroz, además de aceite, azúcar, fideo y otros productos de la canasta familiar a 86 municipios del departamento de La Paz, informó este jueves el gerente de la estatal, Franklin Flores.

Asimismo, la autoridad indicó que se visitará al menos 10 municipios por día, para lo cual la estatal alista un cronograma y logística.

“Desde la siguiente semana Emapa, por instrucción del presidente Luis Arce y coordinación con las organizaciones sociales, la Federación Única Departamental de La Paz Tupac Katari, se va a constituir en 86 municipios de La Paz. Nosotros vamos a visitar con los productos de la canasta familiar; el aceite, el azúcar, el arroz, el fideo y otros productos que van a demandar nuestros hermanos”, indicó a los medios de comunicación.

Además, Flores garantizó que se continuará atendiendo y distribuyendo alimentos en las ciudades capitales, pues el objetivo del Gobierno es abastecer a los “sectores más vulnerables y más lejanos de La Paz”.

“Nosotros tenemos ahorita hasta 10.000 toneladas de arroz que se están procesando y ese volumen vamos a distribuir en este momento a los diferentes municipios que tiene nuestro departamento”, dijo.

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Arroz

Hace unas semanas, el Gobierno dijo que semanalmente, las ferias Del Campo a la olla comercializarán 500 quintales de arroz en diferentes regiones del país.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, confirmó que esta medida es parte de los acuerdos del Gobierno y los ingenios arroceros del país.

Durante los últimos meses del año pasado, el precio del arroz se disparó y el quintal, de menor calidad, cuesta entre Bs 410 y Bs 500. Además, el producto desapareció de los mercados e incluso se terminó en las tiendas de la estatal Emapa.

Justamente este viernes, la quinta versión de la feria Del campo a la olla se instalará en la ciudad de Sucre, en Chuquisaca.

El evento se realizará desde las 8.30 en el Parque Multipropósito. Estarán presentes productores de los diferentes municipios de Chuquisaca; ofertando papa, choclo, hortalizas y otros; además de productos derivados, como dulces, yogures y licores tradicionales.

Los $us 2.000 millones de inversión que serán ejecutados a través de los contratos de litio serán invertidos de manera directa en el departamento de Potosí, una vez que sean aprobados en la Asamblea Legislativa, afirmó el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón.

“Aprobados estos contratos en la Asamblea, inmediatamente van a ingresar las inversiones; inmediatamente se van a realizar las construcciones y va a existir un movimiento económico fuerte e importante para la región y el país”, afirmó Alarcón; según una nota institucional.

La autoridad refirió que las inversiones generarán un importante movimiento económico en el departamento con la contratación de personal local, demanda de servicios de alimentación; logística, hotelería, además de un crecimiento en la infraestructura como caminos de acceso y energía eléctrica.

Entre otros beneficios, está la transferencia tecnológica desarrollada por las dos empresas; que explotarán el litio en el Salar de Uyuni al personal boliviano. 

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Litio

Asimismo, Alarcón dijo también que los contratos garantizan las regalías para el departamento potosino; e incluyen cláusulas que disponen su adecuación a la nueva normativa que dispongan otro porcentaje de regalías.

Entre septiembre de 2023, YLB firmó el contrato de sociedad accidental con la empresa Uranium One Group (Rusia); para la implementación de una planta de hasta 14.000 toneladas de carbonato de litio grado batería.

En noviembre del mismo año, se firmó el contrato de servicios con la empresa CBC investment Limited (China); para la instalación de dos plantas industriales; una con capacidad de 10.000 toneladas y otra de 25.000 toneladas, en Salar de Uyuni.

Ambos contratos se remitieron a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El 8 de enero, el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados dio luz verde a los dos contratos; y los remitió a la presidencia para que sean analizados por el pleno.