Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), más del 80% de tierras saneadas puede llegar a ser propiedad de comunidades y pequeños productores.
Las cifras de tierras agrarias muestran que hasta diciembre de 2022 las comunidades campesinas ya tenían tituladas al menos 28 millones de hectáreas, mientras que las poblaciones indígena originario campesinas, 27 millones.
A ellas se suma el Estado, que posee en tierras fiscales 26,8 millones de hectáreas que, por mandato de la Ley 3545, deben destinarse de forma exclusiva a pueblos y comunidades indígena originario campesinas (TIOC). Con la suma de estos datos se llegará a cubrir un 81,8% de la superficie del país.
Las cifras del INRA fueron presentadas en el conversatorio “Los desafíos para la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra”, realizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) a finales de mayo.
“Esto significa que esa porción de territorio nacional deja de tener un control estatal, puesto que, al titularse de forma colectiva, las tierras adquieren la condición de irreversibles e indivisibles. Por lo tanto, no pueden ser recuperadas, aunque no cumplan función social alguna. En contrapartida, solo el 16% (alrededor de 14,9 millones de hectáreas) están tituladas en favor de medianos productores y empresas agropecuarias. Estas últimas sí están obligadas a producir en toda su extensión”, concluyó el conversatorio.
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Ven falta de respaldo
Asimismo, se informó que, en las entregas gratuitas de tierra realizadas en el oriente del país, se observa que en Santa Cruz 1.468.597 de hectáreas fueron dotadas a 930 comunidades; en Pando 340.675 a 113 poblaciones y en Beni 315.527 a favor de 19 comunidades.
“En el caso de Santa Cruz, las hectáreas dotadas no se visualizan en el circuito productivo agrícola o ganadero. Y no se nota el aporte al trabajo que hacen los pequeños, medianos y grandes productores; quienes producen granos, carnes, lácteos y otros que benefician al desarrollo económico y social del país”, aseveró el abogado experto en derecho agrario Fernando Asturizaga.
“La dotación colectiva es una medida que no condice con el modelo productivo cruceño, que se basa en la propiedad individual de la tierra”.
De acuerdo con su investigación, las hectáreas a favor de comunidades son usadas para el desmonte, el alquiler informal de tierras y la explotación maderera. Sin embargo, no existe certeza de qué sucede al interior de ellas, ni cómo se eligió a sus beneficiarios.
Asturizaga indicó que “el país no valora el aparato productivo cruceño”, sujeto a avasallamientos, restricción de exportaciones y a un proceso infinito de reforma agraria que busca su reducción gradual.
Entre 2010 a 2019, el INRA revisó 209 dotaciones, de estas solo 17 cumplen el rol social, es decir, las tierras han sido destinadas a la residencia o a una producción de subsistencia de los miembros de las comunidades y pueblos indígenas.
Tierras
De estas dotaciones, según el propio INRA, 51 comunidades cumplen parcialmente el objetivo, 61 no cumplen y 80 no han completado su revisión.
Durante los últimos cuatro años, informaron en el conversatorio, no se ha verificado la función social de comunidades con autorización de asentamiento. Pero sí se iniciaron procesos de reversión de propiedades tituladas a medianos y grandes productores.
Por ello, Asturizaga considera que no existe seguridad jurídica plena para los productores, quienes, a pesar de contar con un título de propiedad, son vulnerables a sufrir atropellos y revisiones eternas de sus predios, lo cual frena las inversiones en el campo.
“Si no se concluye el proceso de reforma agraria, y se otorga un valor definitivo al título de propiedad, la incertidumbre sobre el productor continuará. Frenando las inversiones, el acceso a la tecnología y el incremento de la productividad”, manifestó el especialista.