A marzo de este año, la deuda pública externa de mediano y largo plazo que tiene Bolivia con acreedores multilaterales y bilaterales llega a $us 13.377 millones, 12,4% más que al cierre de 2020, un mes después de que Luis Arce asumiera el Gobierno.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), a diciembre de 2020, la deuda boliviana contraída con los organismos multilaterales y países amigos alcanzaba a $us 11.901 millones.

El saldo de la deuda pública externa “es un poco más de 13.500 millones de dólares, ese es el saldo de la deuda; entonces, depende del momento del corte del cual va a ser el valor que se va a tener”, informó el presidente del ente emisor, Edwin Rojas, en rueda de prensa.

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Deuda externa

Respecto a los acreedores, la deuda pública externa al 31 marzo de 2024 llega a $us 13.377 millones y refleja una participación del 86,2% de los préstamos multilaterales, bilaterales y privados, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el 32,1%, Banco de Desarrollo de América Latina – CAF con 20,7%, Banco Mundial con el 11,6%, la República Popular de China con el 9,8% y Francia 4,8%. (ver infografía)

Además de un 13,8% correspondiente a títulos de deuda, a través de la emisión de bonos soberanos, mostrando una óptima diversificación de las fuentes de financiamiento externo.

El reporte al primer trimestre de este año, “muestra que la economía boliviana ha mejorado su capacidad de endeudamiento y solvencia, cuyo indicador está por debajo de los umbrales de referencia establecidos por los organismos internacionales, demostrando que el país puede asumir mayores flujos de recursos externos que le permitan impulsar el crecimiento económico”, se lee en un comunicado del ente emisor.

Créditos

El Gobierno del presidente Arce reprocha desde 2022 el accionar de los legisladores de oposición y del ala evista del MAS que ponen trabas a la aprobación de los financiamientos externos.

El mes pasado, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, indicó que en la Asamblea Legislativa están parados nueve proyectos de ley por un monto de $us 970 millones, tres en Senadores y seis en Diputados.

De acuerdo con los datos del ente emisor, la deuda pública externa se incrementó en 2023 y llegó a $us 13.588,4 millones, 2,2% más respecto al cierre de 2022 que alcanzó $us 13.300,3 millones.

No obstante, comparando al primer trimestre de este año ($us 13.377 millones) con igual periodo de 2023 (13.588,4), se muestra una reducción de un 1,6%.

El carril de bajada en la avenida Mariscal Santa Cruz, a la altura de la calle Oruro y oficina de Correos, amaneció bloqueado este martes en la ciudad de La Paz por mineros de Mallku Khota. Exigen al ministro de Minería, Alejandro Santos, la viabilizarían del contrato minero productivo al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes).

La medida genera caos vehicular en el centro neurálgico de la urbe paceña. Los vehículos, tanto de transporte público como particulares, tuvieron que tomar vías alternas, provocando más congestión.

Para los motorizados que bajaban por ese sector, la Policía desvió la ruta por la calle Murillo para conectar con la Colombia y descender a la avenida 16 Julio, en El Prado, y así continuar hacia la plaza del Estudiante.

Los que iban de subida tomaron parte del carril opuesto rumbo a plaza San Francisco y la Pérez Velasco.

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Proyecto productivo

La principal demanda del sector es que exista inversión, que se reactive el distrito minero de Mallku khota, a más de 10 años de su nacionalización.

“El pedido es por el contrato productivo que el ministro tenía que exponer al Conapes y en cuatro oportunidades no lo ha hecho”, señaló el dirigente Eulogio Mendoza.

La inversión que se requiere para reactivar el proyecto minero de Mallku Khota asciende a los $us 600 millones.

En julio de 2012, el gobierno de Evo Morales determinó la nacionalización del yacimiento de Mallku Khota, que estaba a cargo de la minera canadiense South American Silver.

Esa determinación le costó un proceso arbitral internacional ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi) al Gobierno boliviano. Silver demandaba una compensación superior a $us 385 millones al revertir el Estado la concesión minera.

En noviembre de 2018, el tribunal internacional falló a favor de Bolivia y solo pagó a la empresa $us 18 millones. Correspondientes a los gastos que hizo antes de que se reviertan sus concesiones.

(14/05/2024)

Los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta “Agropecuaria” del Comando Estratégico de Lucha contra el Contrabando, incautaron un cargamento con 6.720 maples con 201.600 huevos que eran llevados ilegalmente al Perú.

El hecho ocurrió en la localidad de Chaguaya, en el departamento de La Paz; y la mercadería decomisada tiene un valor cercano a los $us 20.000 informó el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas.

“Se realizó la entrega del vehículo volvo verde con placa de control 2805-UER cargado de los huevos a Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag); en instalaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa); sector Santa Rosa de El Alto, para la comercialización en el país a un precio justo”, explicó Vargas.

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La autoridad indicó que esa cartera de Estado está trabajando en un proyecto de ley para la protección de la producción nacional; que regulará los precios en las diferentes zonas fronterizas del territorio nacional.

Es el segundo decomiso de este producto que se realiza en la frontera con Perú en las últimas semanas.

El 24 de abril, los militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando incautaron 6.500 maples con huevo que eran trasladados de contrabando a Perú. El producto fue hallado en la ruta entre Huarina y Batallas; en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz.

En el primer cuatrimestre del año, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) registró 42.872 pagos por concepto de trámites comerciales en sus tres modalidades.

Mediante un comunicado, la entidad destacó que cuenta con la opción de pagos mediante plataformas digitales; lo que ofrece mayor comodidad y accesibilidad a los usuarios que pueden realizar los pagos desde cualquier momento.

Los pagos mediante el código QR fueron usados por 29.090 usuarios a través de la aplicación móvil de su entidad bancaria de forma ágil y segura.

La segunda opción de pago que destaca es mediante la generación de un código CPT; que consiste en la generación de un código para pagar a través de la aplicación UNINET del Banco Unión de manera presencial o digital. Se registró a 7.888 usuarios que pagaron en cajas de la entidad bancaria y 3.616 con la aplicación.

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En la tercera modalidad, con uso de tarjetas de débito o crédito habilitadas para pagos por internet, 2.278 usuarios realizaron sus transacciones de manera rápida y segura.

“El Seprec cuenta con tecnología avanzada para realizar el pago de trámites más eficientes y seguros”, destaca la nota de la estatal.

La implementación de estas tecnologías permite agilizar los trámites; reduciendo tiempos de espera y simplificando los procedimientos burocráticos.

Hace unos días, la estatal informó que atendió a 98.972 usuarios mediante sus 14 plataformas en todo el país; durante el primer cuatrimestre de este año.

Tras un ampliado nacional, la Confederación de Gremiales de Bolivia le dio al Gobierno un plazo de 72 horas para atender sus demandas, caso contrario anuncian que se movilizarán a nivel nacional.

Entre sus principales demandas está abrogar el Decreto Supremo 5143 y una solución a la escasez de dólares en el país.

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana Maren, explicó que el plazo es hasta el jueves y en caso de no recibir una respuesta favorable del Gobierno; a partir del viernes iniciarán movilizaciones en todos los departamentos. La protesta se irá radicalizando; pues luego prevén bloqueo de caminos.

El ampliado nacional se realizó este lunes en Tarija y de acuerdo con las conclusiones, el sector exige la abrogación del decreto 5143 sobre Derechos Reales; y que actualmente está siendo analizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El sector argumenta que con esa norma pueden perder sus propiedades.

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Otra de las exigencias es una solución a la escasez de dólares, ya que los gremialistas se ven afectados pues no pueden pagar por el ingreso de mercaderías e insumos.

El tercer pedido es la eliminación del proyecto de ley 145, que según ellos atenta contra los comerciantes mayoristas, minoristas y feriantes pues la Aduana y las subalcaldías pueden ingresar a los centros de abastecimiento; para exigir la documentación de los productos que venden.

La cuarta demanda apunta a Impuestos Nacionales, pues demandan la actualización del Régimen Tributario Simplificado.