Un nuevo estudio Delphi, de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), revela que al 88% de los encuestados por esta institución le preocupa el aumento de precios de los alimentos y bienes básicos.

Los entrevistados tenían dos opciones para elegir de 10 problemas planteados. La pregunta era: De los siguientes problemas, ¿cuáles considera que afectan más a las familias en el país?

Después de mencionar el alza de precios, el otro problema que preocupa a los entrevistados es la reducción de sus ingresos, con el 27,1%. A esta le siguen el desempleo o empleo precario (27,1%), falta de dólares (20,3%) y escasez de combustibles (15,8%), entre los principales.

La FES hizo el estudio Delphi con base en 135 entrevistados de “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”.

La investigación se realizó vía online mediante la plataforma especializada SurveyMonkey, del 3 al 17 de febrero de 2025.

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INFLACIÓN GALOPANTE

Bolivia cerró 2024 con una inflación acumulada de 9,9%, la mayor en los últimos 16 años.

Los datos del año pasado superan la proyección que había hecho el gobierno del presidente Luis Arce de un 3,6% para toda la gestión.

Desde que a mediados de 2024 los índices del Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzaron a superar la expectativa anual, la administración de Arce argumentó que esto se debía a factores “internos y externos”.

El Ministerio de Economía, en una nota de evaluación de diciembre pasado, señaló a los bloqueos políticos de caminos que campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), exaliado de Arce, impulsaron por 40 días.

Los cortes de vías se registraron, primero entre enero y febrero, y luego entre octubre y noviembre.

Además, el Órgano Ejecutivo también identificó al contrabando de productos alimenticios hacia países vecinos y a factores climáticos.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Yamil Flores, denunció este martes que tiene datos de que hay empresas que no tienen nada que ver con el rubro soyero, pero se dedican a exportar soya, por lo que convocará al sector para hablar sobre el extremo.

Asimismo, dijo que se emitirán los certificados para habilitar la exportación cuando se garantice el abastecimiento en el mercado interno y el precio justo de subproductos y el aceite.

Flores aclaró que, antes de emitir el Certificado de Abastecimiento Interno, para habilitar las exportaciones, se debe entregar un certificado de avance de consumo interno; y están en ese proceso. Anunció que convocará a los soyeros para aclarar estos temas.

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Soya

“Todos los años antes de emitir los certificados se hace el certificado de avance de consumo interno, es definitivo para que los exportadores puedan sacar la soya; no tenemos problema que exporten el grano los productores, pero hay datos que lo hacen otras empresas que no tienen que ver en el rubro que se han dedicado a exportar grano de soya; hay que hablar con ellos, que lo hagan los productores no otras empresas”, dijo a los periodistas.

Además, aseguró que la siembra de granos en esta gestión superó a la del año pasado, por lo que existe “buena producción”; pero primero se debe garantizar el abastecimiento interno.

Se refirió, además, al precio del aceite y de subproductos de la soya, principalmente para alimentar al ganado, y aseguró que, si los productores garantizan que éstos tendrán precios justos, el Gobierno “no tiene ningún problema en autorizar la exportación”.

“Tenemos que tener compromiso de que van a garantizar el consumo interno de los derivados de la soya tanto para animales como para el aceite; que nos garanticen que se va cuidar el bolsillo del pueblo, que el aceite va a bajar, no hay problema; hay volúmenes que han superado. No podemos solamente exportar por exportar sin garantizar el consumo interno”.

El lunes, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que el Gobierno no entrega los certificados de abastecimiento para permitir las exportaciones del grano, lo que genera incertidumbre en el sector.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, anunció este martes que convocará a los soyeros y ganaderos para analizar el abastecimiento interno, la producción primaria y las exportaciones. Ambos sectores no tienen aval del Gobierno para exportar.

“Vamos a reunirnos por sectores con exportadores de soya, con Anapo (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo) y Cadex (Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz) para ver el tema de los certificados de abastecimiento interno del país”, explicó a los periodistas.

La Anapo denunció el lunes que el Gobierno no está entregando los certificados de abastecimiento que habilitan la exportación de soya. Flores dijo que el tema será analizado, pues existen normativas previas que cumplir.

Asimismo, la autoridad gubernamental anunció reuniones con representantes de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), para la siguiente semana.

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Exportaciones

Indicó que el Gobierno nacional todavía no autorizará las exportaciones mientras no se garantice el producto a un precio justo para el pueblo boliviano.

“Nos mantenemos firmes en el tema de productores ganaderos sigue el alza del kilo en pie, vamos a ver en qué medida podemos regular este precio, hemos tenido tres reuniones el año pasado, ellos han incumplido al elevar el precio de la carne, el Gobierno ha cumplido, tenemos que reunirnos, hemos demostrado que los insumos solo se incrementan en 2,6%”, explicó.

El 5 de febrero se dispuso no autorizar la exportación de carne de res en tanto no se normalice el precio y abastecimiento en el mercado interno. Según datos oficiales, esta decisión incrementó la oferta; sin embargo, el precio no bajó pese a los precios mínimos en los centros de remate.

Por otro lado, el ministro aclaró que el sector ganadero “está exportando en este momento los excedentes de carne bovina del año pasado y no hay una solicitud oficial para la exportación de este año”.

Este martes, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aseguró que el Gobierno mantiene de forma “indefinida” la exportación de carne hasta que el precio en el mercado interno baje de precio.

En la Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada este martes, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) ratificó a Jean Pierre Antelo como presidente para el período 2025-2026, marcando el inicio de una nueva etapa en medio de un panorama económico complejo.

Durante la sesión, que también incluyó la presentación del balance de gestión 2024, se destacó la solidez financiera y el compromiso de la institución con la competitividad y la proyección internacional.

“El Directorio me ha vuelto a dar un voto de confianza para acompañar como presidente en esta nueva gestión y tenemos nuevos directores que se incorporan con nuevos desafíos”, dijo Antelo.

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Cainco

El presidente de Cainco abrió el encuentro, en el que se resaltaron los principales logros a pesar de los desafíos provocados por la crisis económica.

“La crisis económica se intensificó, y aunque se promovieron espacios de diálogo, estos resultaron ser poco efectivos. Cainco reafirmó su postura de que el diálogo sin sinceridad es improductivo”, declaró.

El proceso electoral, supervisado por el Comité Electoral, culminó tras un cuarto intermedio de votación y escrutinio público, que contó con la presencia de una notaría de fe pública, garantizando la transparencia del acto.

El resultado mostró que la mayoría de los asociados reafirman su confianza en Antelo, quien asumirá nuevamente la presidencia, continuando la labor iniciada en 2023.

En sus primeras palabras tras la reelección, Antelo subrayó que el compromiso de Cainco seguirá centrado en impulsar el desarrollo económico de Santa Cruz y, por ende, de Bolivia, a pesar de la polarización que se prevé durante la campaña electoral y “la persistente crisis económica”.

El Gobierno, por su parte, acusa a Cainco de ser una institución política y acusa a varios de sus miembros de ser partícipes del “golpe de Estado” en noviembre de 2019.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, calificó este martes como una “guerra empresarial” las constantes críticas del sector privado a la gestión del Gobierno y al Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

“Es un ataque político (de los empresarios) que está restringiendo de productos básicos de la canasta familiar a la población y el efecto es la bronca, la protesta de la población no contra el empresario; sino contra el Gobierno. Es un efecto político que se logra con este tipo de estrategias; que están asumiendo algunos empresarios políticos”, dijo Silva en conferencia de prensa.

Según el viceministro, el alza en el precio de productos, como la carne de res, y el rechazo a la disposición séptima de la Ley Financial sobre decomisos e incautaciones son algunas de esas acciones que realizan los empresarios para atacar la gestión de Gobierno.

Asimismo, aseguró que, a seis meses de las elecciones generales, algunos empresarios “que ya son conocidos” actúan con discursos políticos.

Puso como ejemplo el alza en el precio de la carne de res y la negativa de los ganaderos de presentar su hoja de costos para verificar dónde se da ese incremento.

“Si no asisten al diálogo, algo están ocultando y deberíamos transparentar ante el pueblo por qué la carne está costando y esa información la tiene el sector ganadero. Les solicitaremos esa información; y de no hacerlo entenderíamos que esta es una guerra empresarial de empresarios políticos; que están afectando la economía de la población atacando al modelo y restringiendo a la población de dotar de alimentos a justo precio”.

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Modelo

Y añadió: “Es un discurso político, estamos en campaña electoral, a menos de siete meses (ndR: faltan seis meses) para las elecciones; es un ataque al modelo económico”.

Sin embargo, garantizó que el Gobierno tiene información documentada para demostrar que el modelo que tanto critican ha generado ganancias a banqueros; al sector industrial, empresaria y privado.

“Por lo tanto queremos que nos demuestran técnicamente por qué este modelo no sirve, ha fracasado o debe cerrar su ciclo; es un tema que seguro en debates posteriores podremos rebatir ese discurso político”.

Las afirmaciones de Silva coinciden con las del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien el 26 de enero reivindicó el modelo económico y aseguró que funciona; prueba de ello son los indicadores de utilidades de las empresas privadas que, a 2023, alcanzaron los Bs 25.600 millones y de la banca que superan los Bs 2.670 millones.

Sectores empresariales criticaron en varias oportunidades el modelo económico que implementa el Movimiento Al Socialismo (MAS) desde que llegó al Gobierno. Por ejemplo, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz dijo hace unas semanas que éste está acabado; y ha generado mayor inflación, escasez de combustibles y alimentos.

Las elecciones generales fueron fijadas para el domingo 17 de agosto próximo.