Luego de una mesa de trabajo en Santa Cruz, el Gobierno y el sector arrocero firmaron este lunes un acuerdo orientado a normalizar el abastecimiento y garantizar el precio justo del grano, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

La autoridad explicó que el Comité de Seguridad Alimentaría trabaja para detener la escalada de precios en varios productos de la canasta familiar. “Esta estabilización del precio consideramos que es un avance importante, a partir de esto debemos trabajar para que el precio vaya bajando paulatinamente”, manifestó.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Ingenios Arroceros de Montero y el Norte Integrado (Ingenor), Jimmy Prado, aseguró que el acuerdo permitirá combatir el agio, la especulación y el contrabando de este alimento.

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Precio

En el acta firmada en Montero, se establecen ocho puntos clave, entre ellos la estabilización del precio del arroz hasta fin de año; la venta exclusiva del producto a la cartera actual de clientes de Ingenor y la posible importación de arroz integral para garantizar el abastecimiento.

Además, se implementarán controles para evitar la especulación y el contrabando del producto; se sellarán las bolsas que salen de los ingenios para controlar su tránsito; se gestionarán recursos financieros para apoyar la producción arrocera, y garantizar la provisión de insumos agropecuarios y de diésel.

El arroz es uno de los productos que más subió su precio en las últimas semanas, producto de la especulación, el agio y el contrabando a la inversa. La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) vende el producto en sus tiendas y supermercados a Bs 50,50 la arroba; mientras que en los mercados se cotiza entre Bs 70 y Bs 90.

Más de 100 organizaciones sociales del Pacto de Unidad arcista participarán este martes de la marcha en “defensa de la democracia y la economía” convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).

La concentración será a las 8.00 en el Multifuncional de la Ceja de El Alto y desde allí se dirigirán hasta la Asamblea Legislativa, donde presionarán por la aprobación de los créditos “bloqueados”.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, adelantó que la movilización concluirá con una “toma” de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“La Marcha por la Democracia no va a parar, hoy más que nunca la marcha sigue, condenamos estas acciones de intentos de golpe sindical, condenamos los intentos de desestabilización al gobierno del hermano presidente Luis Arce”, aseguró Huarachi, en alusión a la toma de la sede sindical este lunes en La Paz.

La marcha fue asumida en un ampliado el 4 de septiembre. El ejecutivo de la COB anticipó que será una gran movilización y demandarán la aprobación de más $us 1.000 millones en créditos estancados en su tratamiento en el Legislativo.

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COB

“Aquí está la COB para hacer respetar la democracia basada en los principios de nuestra CPE, no vamos a parar. Hoy más que nunca la marcha va a terminar con la toma física de la ALP, y si no quieren legislar que asuman sus suplentes. Y si los suplentes no quieren, vamos a plantear que cierren el Parlamento”, advirtió el dirigente sindical.

Al respecto, el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Vidal Gómez, dijo que participarán para presionar al Legislativo que mantiene “bloqueados” 12 créditos. Además, dijo, será contra el asedio del evismo.

El domingo, el presidente Luis Arce atribuyó la falta de dólares en el país a varias causas, entre ellas los créditos por un valor de $us 1.076 millones “bloqueados” en la Asamblea.

Este lunes, un grupo liderado por el evista Humberto Claros tomó la sede de la COB en la ciudad de La Paz y destrozó muebles y equipos de computación, aprovechando la ausencia de los dirigentes.

La vocera de la Alcaldía de El Alto, Beatriz Zegarrundo, descartó este lunes que autoridades de esa urbe asistan a la mesa técnica convocada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para evaluar los resultados del Censo 2004. Indicó que aguardan primero que esa entidad responda ante la Asamblea de la Alteñidad el cuestionario que se le envió

“El señor Arandia se ha comprometido a subir a la ciudad de El Alto para absolver todas las dudas e inquietudes de las organizaciones sociales. No vamos a asistir a ninguna reunión como municipio de El Alto, primero que cumpla con su palabra y absuelva las dudas de las organizaciones sociales”, dijo la vocera en Unitel.

Y acotó: “O ¿qué se está ocultando?, ¿por qué no quieren subir?, ¿hay miedo?, ¿qué hay detrás de todo esto?”.

Zegarrundo recordó que la semana pasada, la Asamblea de la Alteñidad envió un cuestionario de 11 preguntas al director del INE, Humberto Arandia, sobre las dudas que tienen luego de conocer los resultados del Censo 2024.

La vocera aseguró que Arandia se comprometió a acudir a la Asamblea para responder las preguntas y explicar los resultados poblacionales.

INE

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“Nosotros queremos decirle al director del INE de que ha habido un compromiso que le ha hecho a la ciudad de El Alto. Nosotros vamos a esperar la reunión que tenemos pendiente con el Instituto Nacional de Estadística”, recalcó.

Asimismo, la funcionaria informó que paralelamente continuará reuniéndose con autoridades de otros municipios para evaluar los resultados y asumir medidas el conjunto. En ese marco, el sábado la alcaldesa Eva Copa se reunió con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, con quien acordaron conformar un comité intermunicipal para analizar las cifras presentadas por el INE.

Según la información presentada el 29 de agosto por el INE, El Alto se mantiene como la segunda ciudad más poblada del país. Los datos a marzo de 2024 reportan en ese municipio 885.035 habitantes.

Sin embargo, la alcaldesa de esa urbe dijo sentirse “decepcionada” pues considera que la ciudad creció y tiene más de un millón de habitantes.

El INE convocó este lunes a un encuentro nacional con el fin de realizar una revisión técnica de los resultados preliminares del Censo. La cita está programada para el 16 de septiembre.

Luego del informe que presentó el domingo el presidente Luis Arce, el titular de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, dijo que finalmente se reconoció que el país atraviesa por una crisis económica y rechazó que se responsabilice al sector privado por la falta de dólares y el déficit comercial en el país.

El domingo, en una extensa explicación, el presidente Arce atribuyó la escasez de dólares y de combustibles a la falta de inversiones en exploración de hidrocarburos, mayor importación de diésel y gasolina y los créditos externos “estancados” en la Asamblea Legislativa.

Asimismo, Arce dijo que el sector privado del país mantiene un déficit comercial histórico; es decir, gasta más en sus importaciones que lo que genera en exportaciones.

Camacho lamentó que, en su explicación, Arce se dedicó a buscar culpables en lugar de plantear soluciones más concretas y a corto plazo.

“El presidente ha reconocido que hay una crisis económica en Bolivia, algo que negaban; hoy Bolivia está en crisis, y también reconoció que no hay dólares en la economía, eso es otro tema crítico», dijo.

Además, rechazó que los empresarios privados e industriales sean responsables por la falta de dólares en el país y el déficit en la balanza comercial. Le recordó al Presidente que en el país no hay mayores inversiones privadas; porque no ofrecen seguridad jurídica.

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Arce

Camacho propuso como una solución a corto plazo trabajar en una ley de inversiones para promover la llegada de ingresos al país.

“En los últimos años el empresario privado ha sido cohibido, las normas han prohibido nuevas inversiones, no se nos puede hacer responsables, no tenemos una normativa, demandamos una ley de inversiones para traer capitales frescos. Hace cuántos años que no llegan empresas y no tenemos proyectos nuevos”, dijo a los medios de comunicación.

Según el industrial, Bolivia necesita normas adecuadas que apoyen la inversión privada, porque, “actualmente, no hay empresas que puedan sostenerse”.

“En el sector privado se hacen inversiones, fracasan y lo lógico y responsable es cerrar porque no hay forma de mantener una industria así, debe existir un sinceramiento”, puntualizó.

De acuerdo con los datos presentados el domingo por Arce, el sector privado mantiene históricamente un déficit comercial que llegó en 2023 a menos $us 2.349 millones, lo que implica que utiliza más dólares para sus importaciones de lo que genera en sus exportaciones.

La rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García, informó que la comisión de esa casa de estudios que trabajo en la red del Censo 2024, junto al Instituto Nacional de Estadística (INE), halló “pequeñas incoherencias” en los resultados del conteo poblacional, por lo que plantea un recálculo de los mismos.

“Nos hemos reunido con la comisión que trabajó en la red del Censo con más de 70 organizaciones, ellos tienen mucha experiencia pues trabajaron en más de tres censos; y en el cálculo inicial que hicieron hallaron pequeñas incoherencias. Desde la universidad podemos trabajarlas, hacer las correcciones necesarias; pero necesitamos los insumos, trabajar con los datos”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

García aseguró que, con esas correcciones y haciendo el recálculo de las cifras, el resultado poblacional final presentado por el INE variaría “un poco” y la cantidad de habitantes en Bolivia subiría por encima de los 12 millones.

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Censo

El 29 de agosto, el director del INE, Humberto Arandia, informó que, al 23 de marzo de este año; cuando se realizó el Censo de Población y Vivienda, Bolivia cuenta con 11.312.620 habitantes.

Asimismo, la rectora aseguró que la UMSA siempre está dispuesta a colaborar y trabajar con el INE; ofreciendo a expertos que pueden ayudar a hacer ese recálculo e identificar los “errores que probablemente se hayan cometido”.

“Con este recalculo previo, inicial, sin la recolección de datos que necesitaríamos; pasaríamos un poquito los 12 millones, pero hay que tener los insumos, trabajar con los datos y luego dar el informe”, complementó la rectora.

Aclaró que no están pidiendo una auditoria al INE, sino ofreciendo la colaboración de la universidad para hacer un recálculo de la información con expertos de las carreras de Estadística, Geografía y Ciencias Políticas; que trabajaron durante todo el proceso censal.

Tras conocer los resultados del conteo poblacional, presentados en agosto por el INE, varios actores políticos, principalmente de Santa Cruz, La Paz y El Alto, cuestionaron las cifras; y exigieron explicaciones pues consideran que los datos no reflejan la realidad de sus regiones.

Justamente para responder algunas de esas dudas; el INE convocó este lunes a un encuentro nacional con el fin de realizar una revisión técnica de los resultados preliminares del Censo.