La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este sábado que el Gobierno actuará conforme a la norma respecto al proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025; es decir que, si Asamblea Legislativa no sanciona el documento, éste entrará en vigencia por decreto supremo el 1 de enero.

La Asamblea tiene aún 17 días para analizar el proyecto y hacer sus observaciones; sin embargo, el documento ni siquiera fue analizado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Planificación ya lo aprobó.

“Nosotros hemos cumplido con enviar en su momento el presupuesto a la Asamblea Legislativa; hay una dinámica interna y la norma es clara, hay tiempos para llevar adelante su aprobación. Hay tratamiento y procedimientos para llevar adelante este proceso; nosotros vamos a actuar según corresponde la normativa”, dijo Alcón a los medios de comunicación.

La Constitución señala en su artículo 158, parágrafo 11, que la Asamblea Legislativa tiene la atribución de aprobar el PGE en un lapso de 60 días; pero “en caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.

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PGE

Asimismo, Alcón defendió el proyecto y aseguró que se trabajó en función de las principales necesidades de la población y que las críticas de algunos actores políticos son, principalmente, por desinformación.

En caso de que la Asamblea no apruebe el proyecto hasta el 31 de diciembre, se daría el mismo escenario del actual PGE vigente; ya que, en 2023, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el documento se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.

El jueves, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que la aprobación del PGE debe enmarcarse en debates políticos y técnicos; debido a todo lo que implica el proyecto de ley.

Promovió la aprobación de una minuta de comunicación que recomienda a la ministra de la Presidencia y al ministro de Economía ejecutar únicamente el gasto público del PGE 2025.

Para el martes se tiene prevista la sesión de la Asamblea Legislativa para confirmar la fecha del inicio del receso parlamentario. Legisladores de oposición aseguran que se trata de una “maniobra” del Gobierno para que el PGE no sea tratado y se apruebe por decreto.

De enero a noviembre, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) procesó 204.168 trámites en el país, informó el director de la entidad, Álvaro Sepúlveda.

“Como parte de su visión estratégica, Seprec trabaja continuamente en la digitalización y mejora de sus procesos para ofrecer una experiencia más eficiente y accesible a sus usuarios”, dijo el funcionario.

La Paz se consolidó como el departamento con la mayor cantidad de trámites procesados, alcanzó un total de 68.816. Santa Cruz se ubica en el segundo lugar con 41.135 trámites; mientras, que Cochabamba completó 15.439 requerimientos.

Asimismo, informó que en los 11 meses se registran 88.044 trámites de Renovación de Matrícula de Comercio a nivel nacional; lo que lo posiciona como el servicio más solicitado por empresarios y emprendedores.

Este trámite refleja la constante formalización y renovación de las actividades comerciales en el país.

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Seprec

Otro de los mayores requerimientos corresponde al registro de otorgamiento de poder y/o revocatoria con un total de 13.099 solicitudes procesadas.

En tanto, el trámite certificado de Registro de Documento alcanzó los 11.196 procesos completados, consolidándose como un documento esencial que certifica la inscripción de documentos en el Registro de Comercio.

En total se registraron 58 tipos de trámite, con lo que “la institución respalda una amplia gana de necesidades comerciales en Bolivia”.

El Seprec destacó la importancia de esta dinámica empresarial y su compromiso con la formalización y transparencia de las empresas en Bolivia.

El Seprec fue creado el 6 de octubre de 2021 en reemplazo a la Fundación Para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), que tuvo a cargo la administración del registro comercial del país hasta el 31 de marzo del 2022.

Es la entidad pública descentralizada encargada de administrar y ejercer funciones del registro de comercio en Bolivia. Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), Óscar Mario Justiniano, criticó el “castigo” que aplica el Gobierno al mercado formal que produce y entrega su producción al mercado interno y no se frena a los “malos comerciantes” que a diario sacan los productos de Bolivia para venderlos a precios más alto en otros países.

El empresario hizo alusión a la decisión del Gobierno de frenar temporalmente la exportación de aceite comestible hasta que se regularice el abastecimiento del mercado interno y baje el precio del producto.

“Vemos con tremenda preocupación estas decisiones que van en contra de la formalidad. Hablamos un sector que produce, que esa producción va a la industria y hacen inversiones para el mercado boliviano y para la exportación; y se toman medidas que afectan específicamente al sector primario e industrial y dejando en descontrol la cadena de comercialización informal”, dijo en DTV.

Recordó que el sector formal entrega facturas, está controlado por las instancias gubernamentales, se conoce quiénes son los dueños, cuánto producen, a quiénes venden; sin embargo, ellos son ahora los más afectados con el veto a las exportaciones.

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Formal

Dijo que en Bolivia el 80% del comercio es informal y el Gobierno debería apuntar a ellos para regular su actividad y frenar el contrabando a la inversa que se está llevando no solo la producción del país, sino las divisas.

“Nosotros siempre vamos a defender la actividad privada que garantiza el abastecimiento interno, no puede ser castigada. Y todos estamos informados de la cantidad de aceite que pasa todos los días al Perú sin ningún tipo de control”, complementó.

Asimismo, Justiniano dio que esos “malos comerciantes” también deberían ser controlados y castigados.

“Este tipo de acciones no son nuevas y siempre por el ministerio de Desarrollo Productivo, antes hubo un desbalance con azúcar cuando en Perú pagaban más alto y la producción terminó yendo de contrabando en manos de malos comerciantes y nuevamente fueron en desmedro del sector formal”, se quejó.

Desde la semana pasada, el Gobierno mantiene suspendida la exportación de aceite ante el desabastecimiento y el incremento en los precios de este producto. Anunció que este fin de semana se realizará una nueva evaluación en el mercado interno para determinar si se mantiene o se levanta la medida.

Luego de que la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) advirtiera que la cadena productiva está en riesgo por la suspensión de las exportaciones de aceite, el sector avicultor desacreditó estas declaraciones y garantizó el abastecimiento de carne de pollo en el país.

“Los avicultores siempre hemos garantizado que toda la población tenga la proteína animal. En ese sentido, llamo a la calma a la población nacional, porque pollo sí va a haber en la mesa de las familias”, aseguró Winston Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Avicultores.

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Pollo

La Caniob alertó que detener la venta al mercado exterior generará una reducción de su capacidad económica para la compra de grano de soya, insumo que se usa para alimentar aves, cerdos y ganado.

Sin embargo, Ortiz explicó que el país produce cosechó aproximadamente 3 millones de toneladas en la campaña de verano y se espera una cantidad similar para la campaña de invierno.

De esa cantidad, 500.000 toneladas se dedican a las actividades pecuarias, por lo que existe un excedente considerable de la legumbre. “Entonces, no debería haber nunca escasez de soya”, añadió el dirigente.

Por ello, calificó como apresuradas las declaraciones de la Caniob y otras instituciones que advirtieron que se avecinan tiempos en los que los productos ganaderos comenzarán a escasear.

“Cuando manifiestan que nos preparemos, que no va a haber alimentos, granos, harina, yo creo que es una afirmación un poco apresurada”, cuestionó.

Pese a que el Gobierno rechazó levantar la suspensión de las exportaciones de aceite refinado, afirmó que se realizará una evaluación constante para retomar la venta al mercado extranjero. La condición es que la producción, la distribución y los precios en el territorio nacional se normalicen antes de retomar la exportación.

La Feria del Arroz, organizada por los ingenios arroceros en Montero, en Santa Cruz, como muestra de que no incurren e agio y especulación como acusa el Gobierno, concluyó este viernes con éxito rotundo, según el presidente de Ingenor, Jimmy Guillermo Prado.

«Se vendió todo el arroz a precio justo», afirmó en contacto con Unitel.

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Arroz

Destacó la alta afluencia de compradores, no solo de Montero, sino de municipios vecinos, quienes adquirieron la totalidad del producto disponible.

El evento, que reunió a 120 ingenios, tuvo como objetivo demostrar que el sector no incurre en prácticas de agio ni especulación, acusaciones que provienen del Gobierno. Desde el oficialismo se denunció a los arroceros por ocultar su producto para sacarlos posteriormente a precios más elevados.

Durante la jornada, el quintal de arroz se vendió a Bs 400, un precio inferior al que se encuentra en los mercados, donde puede superar los Bs 500, según la calidad del grano.

Prado anunció que los ingenios se reunirán para consolidar las cifras de la feria y no descartó la posibilidad de organizar una nueva feria tras las fiestas de fin de año.

Sin embargo, advirtió que el sector se mantiene en emergencia y en vigilia ante posibles notificaciones legales que puedan recibir de las autoridades. El Gobierno, que acudió con el Ministerio Público a los ingenios, anunció que presentará una denuncia penal contra los arroceros.

No obstante, Prado informó que se retomó el contacto con viceministros, por lo que los ingenios esperan que las negociaciones puedan reanudarse, siempre y cuando el encuentro se realice en Santa Cruz y se levanten los procesos legales contra el sector.