En un comunicado conjunto, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y solicitan la eliminación total de ese texto.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Las cámaras manifiestan este miércoles “su firme y categórico rechazo” a esa disposición que “dispone la confiscación y decomiso de producto a las empresas”.

“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país; anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada disposición”, dice la nota.

Asimismo, le piden al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa no aprobar esa normativa; que “vulnera los derechos fundamentales como libertad de producción y comercialización”.

Alertan que, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, “ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras; en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”.

Lea más: CNC critica política de gasto público y déficit fiscal en el PGE 2025

Cámaras

Además, las cámaras advierten que la aplicación de esa disposición generará un entorno propenso a la arbitrariedad; y a la extorsión de funcionarios públicos e incentivará la informalidad. Advierten que también podría generar efectos negativos como el desabastecimiento de productos alimenticios.

El documento está firmado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industria; la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y del resto de los departamentos.

El Gobierno defiende la disposición y asegura que todos los niveles del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.

Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la propuesta y convocó a los sectores a sumarse al diseño de la reglamentación.

La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, señala que el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, es “una carta blanca para la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización”.

Mediante un comunicado, indica que la actual situación económica del país demanda ajustes que respondan de manera efectiva a las necesidades urgentes del país.

“El Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo a la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) refleja, una vez más, la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado; y que, además, atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país”.

La entidad cruceña considera que el Legislativo debería rechazar el proyecto y le plantea cinco argumentos:

El primero es que se trata de un atentado directo a la estabilidad macroeconómica, pues contempla un déficit fiscal de Bs 35.000 millones; lo que equivale al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que “solo puede financiarse por dos alternativas, ambas altamente nocivas”.

La primera-explica-es el financiamiento interno provisto por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Gestora Pública de Pensiones (GPP), «según el presupuesto, por Bs 60.000 millones bajo la línea de endeudamiento interno”.

“Esto implicaría tomar Bs 10.000 millones de los aportes de los trabajadores a las pensiones y otros Bs 50.000 millones como crédito del BCB. En términos sencillos, esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación”.

Lea más: CNC critica política de gasto público y déficit fiscal en el PGE 2025

Argumentos

El segundo argumento es la insostenibilidad. La Cainco explica que la segunda forma de financiar el déficit fiscal es mediante endeudamiento externo. “Según el proyecto del PGE, este será de Bs 14.000millones; equivalente a $us 2.000 millones, solo mediante títulos de deuda con el sector privado”.

La entidad reconoce que temporalmente y dentro de límites prudenciales, se puede usar el endeudamiento externo, principalmente para la importación de combustibles, dice que la estrategia del Estado no puede concentrarse “únicamente en el endeudamiento como única fuente de divisas”.

El tercer argumento es la transgresión a la institucionalidad y explica que en “los últimos años, el Ejecutivo ha seguido prácticas nocivas, incorporando artículos específicos en la Ley Financial para dejar sin efecto otras leyes. Un ejemplo de ello ha sido la constante vulneración de la Ley del Banco Central para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes”.

El argumento cuarto es la represión y distorsión del mercado. El documento dice que los controles de precios son medidas represivas, distorsionan el mercado e incentivan la creación de mercados negros. Además, dice “son vehículo para la imposición de multas y medidas arbitrarias a las empresas formales”.

Crisis

Según la Cainco si se quiere controlar la inflación las herramientas son las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. Además, justifica, el PGE excede sus atribuciones.

El quinto argumento es la desconexión de la realidad nacional y de la crisis y explica que el documento desconoce “la profunda crisis que enfrenta el país desde 2023. En esencia, es una paráfrasis del proyecto de 2024, casi una copia en términos de estructura y fundamentos”.

En los últimos días, varios sectores y actores políticos critican el PGE 2025, tildándolo de centralista y reclaman el gasto público, el déficit fiscal y una disposición sobre el decomiso de productos, la que califican como atentatoria contra las actividades comerciales y la economía.

El proyecto fue entregado a fines de octubre y está en tratamiento en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En caso de no ser analizado en 90 días por el Legislativo, será aprobado por decreto.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invierte aproximadamente $us 78,3 millones en la perforación del pozo Iñau-X3D (IÑA-X3D), en Chuquisaca, proyecto en el que se estima un potencial de 1,05 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural.

El monto total de inversión está asociado a la construcción del camino, planchada y la perforación del pozo exploratorio; según un comunicado institucional. El tiempo estimado de las operaciones de perforación es de 330 días.

“Las operaciones de perforación del pozo se iniciaron este martes, lo que permitirá explorar el potencial hidrocarburífero existente en los reservorios de las formaciones Huamampampa; Icla y Santa Rosa. Este proyecto se encuentra en la Cuenca del Subandino Sur y tiene un gran potencial gasífero”; indicó Fernando Arteaga Pinto, gerente nacional de Exploración y Explotación de YPFB.

Lea más: YPFB apunta a una mayor participación en la producción de gas y líquidos

La perforación del pozo tiene como meta alcanzar una profundidad de 5.750 metros y el objetivo de investigar el potencial hidrocarburífero de las areniscas devónicas en las formaciones mencionadas.

El pozo Iñau-X3D está ubicado en la provincia Luis Calvo, en el área Iñau, desplegada en la zona tradicional petrolera del país. El prospecto exploratorio está ubicado en el departamento de Chuquisaca; y forma parte del Plan de Reactivación del Upstream (PRU), estrategia de la estatal petrolera que apunta a reponer e incrementar reservas hidrocarburíferas.

El prospecto exploratorio es operado por la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB; pero YPFB Andina S.A., empresa subsidiaria de la estatal petrolera, realiza la perforación mediante un servicio integrado.

La devaluación del boliviano frente al dólar atrae a comerciantes, turistas y cuentapropistas de Argentina, que a diario cruzan a la localidad de Bermejo, en Tarija, para realizar compras y llevarse de todo.

Una publicación del diario El Tribuno de Salta da cuenta que solo por Aguas Blancas, ciudad argentina ubicada frente a Bermejo, al menos 2.000 ciudadanos argentinos cruzan a diario la frontera. Los fines de semana, el número sube a 3.000 visitantes.

El tipo de cambio hace que para los argentinos sea atractivo cruzar a Bermejo y Yacuiba para comprar desde comestibles hasta electrodomésticos, según la publicación. Comparando los precios, en Bolivia le sale entre un 40% a 50% más barato.

“La devaluación del peso boliviano en el mercado paralelo, respecto del dólar, incrementó el flujo de comerciantes, cuentapropistas y turistas hacia Bolivia, atraídos por precios favorables para la compra de mercadería”, dice la publicación.

Habla de un mercado del “dólar blue boliviano” que se cotiza en promedio en Bs 11, por lo que los argentinos traen sus dólares a Bolivia y los venden para luego comprar productos.

“Si un argentino paga 1.100 pesos (moneda argentina) para comprar un dólar y luego se cruza a Bolivia y lo vende obtiene 11 bolivianos. Con esa plata puede comprar un menú (almuerzo) con una bebida en cualquier bodegón bermejeño. En Argentina no puede comprar ni un súper pancho con los 1.100 pesos, pero en Bolivia se come un abundante almuerzo”, dice la publicación.

Lea más: Si bien el dólar ‘paralelo’ cuesta hasta Bs 12,50, también suben soles, reales y pesos mexicanos

Argentinos

Los medios de prensa de ese país recuerdan que hasta hace unos años la situación era a la inversa. Los bolivianos cruzaban la frontera en busca de productos de ese país para ingresarlos de contrabando. La situación cambió y está obligando a que la venta en muchos comercios del norte argentino esté cayendo.

Asimismo, se reporta que Bermejo tiene montada una línea de mayoristas que comercializa todo tipo de alimentos no perecederos. Desde aceitas, arroz, fideos y enlatados.

También tiene un gran sector dedicado a la venta de textiles, indumentarias y calzados. El otro fuerte es la venta de repuestos de vehículos y de cubiertas para todos vehículos.

Completan el panorama una gran oferta gastronómica y hotelera por lo que muchos prefieren quedarse unos días en Bermejo.

Entre Aguas Blancas y Bermejo, para transitar de un lado a otro, se emplean chalanas y gomones. Estas últimas son embarcaciones construidas a partir de cámaras de camión unidas entre sí.

Al respecto, la Cámara de Comercio de la localidad de Orán (norte de Argentina) reclamó por la inundación de electrodomésticos que llegan desde Bermejo, señalan que se ven perjudicados.

“Es imposible competir con Bolivia”, afirmó Ariel Zablouk, titular de la Cámara, quien indicó que sus ventas bajaron considerablemente.

“En Bolivia ofrecen productos a mitad de precio y, ahora, hasta lo hacen en cuotas sin interés”, añadió según Fides Bermejo.

Zablouk pide a las autoridades argentinas que refuercen el control para frenar el contrabando y así mismo exigen nuevas medidas impositivas para evitar que los productos argentinos paguen altos impuestos.

Este miércoles, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados debía iniciar el tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Sin embargo, la sesión entró en un cuarto intermedio hasta el viernes, debido a la ausencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“Dio inicio la primera sesión ordinaria para tratar el Proyecto de Ley N°003/2024-2025, del PGE 2025. La sesión entró en cuarto intermedio hasta el viernes a las 8.00 a.m.”, señala un comunicado de la Cámara de Diputados.

Puede leer: CNC critica política de gasto público y déficit fiscal en el PGE 2025

PGE

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), informó en sus redes sociales que los legisladores de oposición reclamaron la ausencia de Montenegro, por lo que se suspendió la sesión hasta el viernes.

En ese sentido, el asambleísta advirtió el tema de los plazos, pues la Asamblea Legislativa tiene hasta el 31 de diciembre para tratar el PGE.

El proyecto debe ser aprobado en Diputados para remitirse a la Cámara de Senadores, que deberá ratificar el visto bueno para que se promulgue por el Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, algunos legisladores de la Cámara Alta que el tiempo no les permitirá analizar a profundidad el PGE, por lo que anunciaron que podrían rechazarlo.

“Eso nos rebaja de siete a cinco días hábiles el plazo disponible para la Asamblea. ¿Decretazo a la vista?”, cuestionó Roca.

La Constitución Política del Estado señala en su artículo 158 que la Asamblea tiene la potestad de aprobar el PGE, pero de no hacerlo indica que “cumpliéndose los plazos establecidos” de 60 días, el Presupuesto “se dará por aprobado”.

En ese caso, podría repetirse la misma figura legal del PGE de la presente gestión, pues en 2023, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el PGE 2024 se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.