La disputa en torno al tratamiento primero de los proyectos de ley 073 y 075, referidos a la prórroga de mandato de los magistrados, antes que otras leyes también frena la adhesión de Bolivia al Mercosur en el Legislativo.

En un quinto intento de instalar la sesión para tratar esa norma, la presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco, debió suspender el miércoles la reunión, al no alcanzar acuerdos para iniciar el tratamiento de esta norma.

“Prácticamente nos hemos traumado con el 073 y 075. En ese sentido creo que no hemos venido a trabajar y solo hacer berrinche o a gritar más fuerte y con eso queremos ganar”, advirtió Challco, antes de suspender la sesión y aplazar el tratamiento de esa norma. 

Las bancadas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista, insisten en modificar el orden del día y tratar primero los proyectos de ley 075 y 073 contra la prórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial.

No solo esta norma está en vilo, también leyes y programas que no alcanzan buen puerto, debido a la división que sufren las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Este roce en el legislativo también causó el estancamiento de 11 créditos que alcanzan a más de $us 920 millones, como el reinicio del proceso de preselección para las elecciones judiciales.

En diciembre del año pasado, en la sesión 63 del Mercosur en Río de Janeiro, Brasil, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, promulgó el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur como miembro pleno. De esta forma se completó el proceso de incorporación plena, toda vez que Argentina, Paraguay y Uruguay ya antes habían dado su visto bueno.

Tras esa promulgación, el 13 de diciembre de 2023, el presidente Luis Arce remitió al presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, el proyecto de ley que ratifica del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional al Mercosur para su consideración y tratamiento.

El mismo documento fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados un día después de ser recibida en la Presidencia de la Asamblea, de ese tiempo hasta la fecha, ya son cinco meses donde aún no se logra instalar la sesión para su tratamiento. 

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Una vez aprobado el proyecto de ley por Diputados, debe pasar a la Cámara de Senadores para su revisión y posterior sanción, y luego al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Cumplido el trámite, el Órgano Ejecutivo debe “formalizar el Depósito del Instrumento de Ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur” en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

A partir de ese momento, Bolivia tendrá un plazo de hasta cuatro años para adoptar todo el bagaje normativo del bloque y consolidar el libre comercio recíproco con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El artículo 13 del Protocolo de Adhesión, firmado en 2015, refiere que “el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará, gradualmente, el acervo normativo vigente del Mercosur, a más tardar en cuatro años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento”.

Durante este período, Bolivia deberá adoptar la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el Arancel Externo Común (TEC) y el Régimen de Origen del Mercosur.

Al mismo tiempo, se fijó que el Gobierno boliviano cancele acuerdos bilaterales, como el de complementación económica con Venezuela, que está suspendida de sus derechos y obligaciones como miembro del bloque desde 2017.

Además, el artículo 6 del documento establece que “las Partes acuerdan alcanzar el libre comercio recíproco a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente protocolo”.

Con el inicio de operaciones de la Planta de Almacenamiento y Transformación de Cereales, emplazada en el municipio de Viacha, en La Paz, la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ahorrará anualmente Bs 50 millones que eran destinados al alquiler de moliendas.

El gerente de Emapa, Franklin Flores, sostuvo que la Planta de Viacha cuenta con cuatro silos que acopiarán el trigo de los productores no solo del oriente, sino también del occidente del país para luego transformarlo en harina y proveer al sector panificador de La Paz y del país.

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“¿Cuánto de presupuesto va ahorrar Emapa con esta planta? Yo les puede decir, a cálculo, 50 millones de bolivianos que estaba proyectado anualmente para alquilar molinos privados; por tanto, haciendo un cálculo, ahorraremos esos 50 millones de bolivianos año al tener esta Planta”, manifestó el funcionario.

Esos Bs 50 millones, dijo Flores, serán invertidos en la producción de trigo, en mayores cantidades de harina para garantizar el pan de batalla a la población de La Paz y del país.

El presidente Luis Arce inauguró el miércoles la Planta de Almacenamiento y Transformación de Cereales más grande de Bolivia, emplazada en 70.000 metros cuadrados. La construcción demandó una inversión de Bs 182 millones.

Con la producción de trigo y siguiendo la cadena productiva de este cereal, la Planta embolsó harina e industrializó los primeros fideos en diferentes variedades como el “tallarín”, “corbatitas”, “caracoles”, entre otros.

Harina

Flores sostuvo que la factoría producirá harina de trigo en una cantidad de 7.000 quintales en dos turnos por día, con el objetivo de proveer al sector panificador y se garantice la producción del pan de batalla.

Además, elaborará harina para la producción de una tonelada de fideos y pastas como ser el tallarín y espagueti que ingresarán a los supermercados de Emapa a precio y peso justo y se distribuirá en las tiendas de las zonas del departamento de La Paz.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo que la factoría tiene una capacidad de almacenamiento estático de 41.000 toneladas métricas de trigo, 300 toneladas métricas de molienda de trigo por día, seis toneladas métricas de pastas y fideos por día.

La estatal Yacimientos de Litios Bolivianos (YLB) auditará el proceso de contratación de la empresa Carlos Caballero SA que emplazó la Planta de Tratamiento de Agua que entrega este líquido para la producción de carbonato de litio.

La presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, anunció que la auditoría se realizará tras la denuncia de supuestas irregularidades en la contratación de la empresa presentada por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigentes afines a Evo Morales.

“Sobre las supuestas irregularidades que se estuvieran observando (…) estamos informando que este proceso, lo estamos mandando justamente a auditoría para poder esclarecer de manera transparente cómo fue todo el proceso de contratación”, afirmó Calderón.

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La denuncia presentada el martes 28 de mayo ante la Fiscalía de La Paz es en contra de Calderón y el expresidente de YLB, Carlos Ramos, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado por el presunto daño económico de unos $us 600 millones.

Denuncia

Según la denuncia, se cometieron irregularidades en el proceso de contratación de la empresa, en el respaldo a las observaciones hechas por la Responsable del Proceso de Contratación (RPC), y las denuncias realizadas por empresas extranjeras sobre el direccionamiento para la contratación de cierta empresa.

Calderón afirmó que YLB respondió anteriormente a la Unidad de Transparencia y a requerimientos de informes orales de la Asamblea Legislativa sobre las mismas observaciones presentadas por los denunciantes.

Por ejemplo, en la petición de informe oral (PIO) de julio de 2023, YLB informó que en 2021 se había lanzado la convocatoria para el proceso de contratación “Construcción, Montaje y Puesta en Marcha del Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua para Uso Industrial”, pero fue declarado desierto debido a que ninguno de los proponentes cumplió con las especificaciones técnicas.  

En 2022 se desarrolló un nuevo proceso de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública, cuyo alcance fue ajustado a un proyecto llave en mano, conforme a sustento técnico y disponibilidad financiera.

Se modificó el precio referencial (Bs 346,6 millones) de acuerdo con el nuevo alcance para el nuevo proyecto “Ingeniería, Procura y Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua y Facilidades de Bombeo”, desarrollado conforme a sustento técnico y disponibilidad financiera de YLB. 

Informe

Para la evaluación se tomó en cuenta tres elementos: calidad, costo y propuesta técnica, de manera que la construcción de la planta sea en plazo, de alto estándar y que cumpla con la normativa ambiental vigente.

“La empresa Carlos Caballero cumplió con toda la documentación requerida dentro de la norma y la ley, por lo que se procedió a la evaluación y posterior firma del contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua”, señala el documento remitido por YLB a la petición de informe oral.

La Planta de Tratamiento de Agua está emplazada en el Complejo Industrial de YLB, al sur del Salar de Uyuni, se encuentra en pleno funcionamiento, y provee agua de proceso a la nueva Planta Industrial de Carbonato de Litio.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, denunció este jueves que la “nueva derecha” intenta generar un golpe de Estado, luego de que sectores sociales afines a Evo Morales ratificarán el bloqueo de caminos para la siguiente semana.

Lamentó que otros sectores como los transportistas de carga nacional e internacional también no quieran dialogar e insistan en ir al bloqueo de carreteras, ocasionando un perjuicio a la economía del país y de la población.

“Este señor (Domingo) Ramos, (Juan) Yucra, Héctor Mercado salen en la misma lógica de bloquear el país y yo he denunciado varias veces que hay un intento de golpe de Estado, entonces es la práctica que está utilizando, entre varios actores, la nueva derecha, ala evista y la derecha que le dio golpe al compañero Evo Morales”, denunció Montaño.

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La tarde del jueves, la dirigencia de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) se reunió con autoridades de Gobierno para abordar las demandas del sector, entre ellas la escasez de dólares y de diésel, además de pedidos referentes a temas aduaneros y del control policial. El encuentro entró en cuarto intermedio hasta este viernes a las 17.00.

Montaño pidió a los dirigentes del transporte de carga nacional e internacional acudir al encuentro para buscar soluciones a sus demandas y no bloquear la economía del país.

El dirigente de los transportistas de carga pesada, Domingo Ramos, dijo ayer que no asistirán a la reunión del ministro Montaño y ratificaron que solo dialogarán con el presidente Luis Arce.

El sábado, el ampliado del transporte pesado nacional e internacional determinó activar un bloqueo de carreteras el 3 y 4 de junio en demanda de la dotación de combustible y de dólares, la derogación de un decreto y contra los “abusos” de la Aduana e Impuestos.

En esa línea, el miércoles, el Pacto de Unidad afín a Morales instó a los sectores sociales a estar alertas para iniciar el bloqueo de carreteras porque el Gobierno no resuelve los temas estructurales del país como la demanda de dólares y combustible.

“Es un plan que se lo han guardado y están sacando y están develando ante la población y obviamente para desestabilizar nuestro Gobierno”, indicó Montaño.

Luego del anuncio del bloqueo de carreteras, el Gobierno y un sector de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional pidieron al sector movilizado frenar el anuncio de la medida de presión y dialogar, debido a que se llegó a avances importantes en sus demandas.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció que en las negociaciones con los dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional se alcanzó avances en cuanto a temas como la Aduana, combustibles, líquidos, el dólar y la Resolución Ministerial 090, esto con el fin de evitar el paro anunciado por Héctor Mercado, presidente de la Cámara Nacional de Trasporte.

El sábado, el ampliado del transporte pesado nacional e internacional determinó activar un bloqueo de carreteras el 3 y 4 de junio en demanda de la dotación de combustible y de dólares, la derogación de un decreto y contra los “abusos” de la Aduana e Impuestos.

“Queremos anunciar que con los 10 dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte hemos llegado a avances importantes. A través de la solicitud de los 10 dirigentes que han llegado aquí al Ministerio de las Públicas para evitar el paro anunciado por el señor Héctor Mercado es que nos han pedido realizar un cuarto intermedio. Todos estamos en desacuerdo que se bloquee el país”, señaló Montaño.

Anunció que este miércoles se determinó entrar en cuarto intermedio hasta el viernes a las 17.00 para que se puedan reencaminar y terminar los avances logrados con este sector, por lo que también realizó la invitación para que los dirigentes Mercado, Juan Yucra y su directiva puedan sentarse a dialogar nuevamente con los ministerios que tienen que ver el sector del transporte empresarial.

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Ramiro Sullcani, presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado Nacional e Internacional de La Paz, señaló que en este encuentro se hizo conocer la “queja formal” de todas las peticiones del ampliado del sábado de su sector.

“Se ha hecho avances, se hizo conocer a todas las autoridades presentes tanto el ministro Montaño, los representantes del viceministerio de Economía, del viceministerio de Gobierno, la presidenta de la Aduana y todos los miembros de ANH y Yacimientos”, dijo Sullcani.

Beatriz Patón, presidenta de la Cámara de Empresas de Transporte Internacional de Pasajeros de Bolivia, pidió a los dirigentes que no asistieron a la reunión con el ministro Montaño a asistir al encuentro del viernes, en razón que se alcanzó avances importantes en el diálogo.

“Hemos avanzado harto acá. Nosotros no queremos el bloqueo porque nos perjudica a todos. El transporte es el que mueve divisas, por favor, les ruego. Por ejemplo, represento al transporte de pasajeros internacional, traemos turistas y el turista ya no quiere venir porque todo es bloqueo”, dijo la dirigente.