En una reunión en Santa Cruz entre los ministros del área económica del Gobierno y representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), las autoridades justificaron la importancia de un artículo del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que establece la posibilidad de “control, fiscalización y decomiso” de los productos almacenados o retenidos.

“Tenemos que explicar que la función de ese artículo no es estigmatizar a los productores y a los buenos intermediarios, más bien es hacer un control contra aquellos que se dedican a la especulación y a generar zozobra”, explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

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Artículo

La disposición en cuestión señala: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Sin embargo, esto despertó malestar y rechazo en el sector agropecuario, industrial y gremial, debido a que consideran que permitía al Gobierno intervenciones indiscriminadas en la cadena productiva. Pidieron que la disposición se elimine del PGE y que no entre en ejercicio.

La CAO inclusive calificó a la medida como una “política restrictiva” que tendría como consecuencia la importación de alimentos.

Montenegro, por su parte, reiteró que el artículo únicamente se aplica en casos de agio y especulación, en donde la retención de los productos tenga el objetivo de sacarlos más adelante al mercado con un costo más elevado.

Además, el titular de Economía aclaró que en “ninguna parte” de la disposición se habla de “control social”.

Reglamentación

Respecto a la posibilidad de eliminar el artículo, Montenegro afirmó que esa decisión no depende del Gobierno, debido a que el proyecto ya fue remitido a la Asamblea Legislativa.

“Nosotros no podemos decir que lo vamos a sacar o vamos a mantenerlo (el artículo), lo que estamos diciendo es que hemos venido a explicar; porque ahora ya está en la instancia legislativa”, señaló.

Con las aclaraciones, pidió al sector agropecuario evitar susceptibilidades respecto a la nueva norma que pretende entrar en vigencia el próximo año. Asimismo, invitó a los interesados en participar de la reglamentación, con el fin de generar mayor confianza y transparencia.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Rolando Kempff, alertó este martes que, “con avasallamientos no hay inversión y sin inversiones no hay desarrollo”, por lo que urgió al Gobierno hacer cumplir las normas y brindar seguridad jurídica.

El empresario explicó que solo con seguridad jurídica y con la aplicación de las normas del Estado, los privados podrán tener “libertad de trabajo y de desarrollo para el bienestar de la población”.

Lamentó la toma ilegal de predios en último fin de semana en Santa Cruz; y dijo que es solo uno de los ejemplos de estos hechos ilegales que afectan a los inversores.

Los privados no son los únicos que reclaman al respecto. El gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, dijo que las tomas de Santa Rita y San Fernando no son hechos aislados; por lo que pidió mano dura contra los cabecillas y financiadoras de estos hechos.

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Avasallamientos

El sector productivo está alarmado por los avasallamientos, que ocurren justamente en plena época de siembra de verano para garantizar el abastecimiento de alimentos para el próximo año.

“Como sector productivo, pues, nosotros esperamos que también se pueda dar con quienes son los cabecillas y los financiadores; para que, de una vez, se los pueda detener y sancionar como corresponde”, dijo Hernández.

Según al gerente de Anapo, los avasalladores no respetan normas ni a la Policía; por lo que importante desbaratar estos grupos y dejar de generar zozobra y temor entre los productores.

El fin de semana, la Policía recuperó dos veces el predio Santa Rita en Santa Cruz, luego de que avasalladores tomaran el lugar. La estancia tiene más de 4.000 hectáreas; y está ubicada en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo que los cabecillas ya están identificados y serán aprehendidos y procesados. La Policía se mantiene en el lugar para evitar que los ilegales vuelan a tomar la hacienda.

Tras haber realizado la verificación en las plantas de aceite, el Gobierno confirmó que el producto se elabora con regularidad y se distribuye a los mayoristas para que se venda en los mercados nacionales. Por ello, el abastecimiento debería ser normal, por lo que se advirtió con acciones legales contra los “especuladores”.

“Hemos podido corroborar que su producción es normal, que los canales de distribución no se han suspendido (…), entonces alguien le está robando a la población boliviana (…), no les vamos a dejar, esta información la vamos a procesar para iniciar las acciones penales correspondientes”, advirtió el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

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Aceite

La autoridad se trasladó a Santa Cruz para verificar que el litro de aceite envasado se comercialice en Bs 11 y Bs 10 el aceite de granel.

Sin embargo, en departamentos como La Paz el costo del producto supera los Bs 17, cuando su costo, en el “peor de los casos” debería ser de Bs 13.

Por ello, el viceministro señaló que hay “una mano negra” que especula con la economía de los bolivianos y especula con el producto. Inclusive, Silva señaló que se oculta el producto para venderlo en precios más elevados.

No obstante, Silva reconoció que los productores de aceite y las industrias oleaginosas tuvieron dificultades por la falta de diésel, pero que su situación se regularizó y el incremento de precios del aceite es injustificable.

Una de las hipótesis del viceministro es que los mayoristas llevan el producto de contrabando a los países vecinos, principalmente a Perú y Brasil, para venderlo a mayores precios.

Explicó que el Gobierno tiene la “lista de los mayoristas”, contra quienes iniciará un proceso de investigación y fiscalización para evitar que continúen beneficiándose a costa de la economía de la población.

Este martes, el Gobierno sostendrá una reunión con el sector para evaluar la situación y garantizar el abastecimiento del aceite hasta final de año.

Durante una firma de convenio con tres empresas extranjeras para iniciar estudios para el aprovechamiento del litio, el presidente Luis Arce afirmó que se trata de uno de los primeros pasos para que el país diversifique su economía y se resuelvan los problemas estructurales que atraviesa.

“Nosotros no queremos hacer tareas de corto plazo que no resuelvan estructuralmente los problemas del país; nosotros apuntamos a resolver los problemas estructuralmente que tiene el país y es esta monoproducción y dependencia de un solo producto”, señaló en el evento.

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Problemas

El mandatario hizo referencia al gas, el cual por muchos años sirvió como la principal fuente de ingresos del país. Sin embargo, en los últimos años su producción disminuyó, lo que se reflejó en una menor ganancia para Bolivia.

Arce reiteró que esto se debió a una nula planificación en la exploración de nuevos pozos, pero también considera que refleja los peligros de depender de un solo recurso. Explicó que el país se vuelve vulnerable de los precios internacionales y de los cambios en el mercado internacional.

Por ello, indicó que el Gobierno pretende diversificar la economía, para que los recursos provengan de distintos recursos estratégicos.

“Cuando hablamos de una Bolivia de base ancha, estamos diciendo que no queremos solo depender del gas”, afirmó.

Con ese fin, Arce mencionó que la industrialización de recursos como el litio, el zinc y el hierro diversificarán los ingresos que percibe el país y se beneficiará a todos los bolivianos.

No obstante, el mandatario considera que estos cambios estructurales son los más complejos y más tiempo requieren; sin embargo, son los que permitirán salidas y soluciones reales a la situación del país.

“Es la tarea que nos va a llevar más tiempo, pero sin duda alguna es el camino correcto”, afirmó.

En un plazo de entre 90 a 120 días se sabrá si el país suscribe un nuevo contrato con otra empresa extranjera para la producción y explotación de litio.

En un evento que fue calificado como “histórico”, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó tres convenios con empresas internacionales para que puedan iniciar un periodo de pruebas en los salares del país para posteriormente poder acceder a un contrato oficial que permita la explotación del litio.

Las tres empresas son Eau Lithium Pty LTD, de Australia; Tecpetrol SA, de Argentina; y Geolith Actaris, de Francia.

De acuerdo con Omar Alarcón, presidente de YLB, las empresas iniciarán un periodo de prueba que durará hasta tres meses para mostrar que la tecnología que proyectan puede traducirse en una planta industrial de producción de carbonato de litio para formalizar un contrato.

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Litio

Explicó que se seleccionó a estas tres empresas luego de una convocatoria pública internacional que se lanzó a principios de año para demostrar que poseen los elementos “técnicos, económicos y de sostenibilidad ambiental” para realizar sus estudios en el país.

Los salares en los que las firmas internacionales realizarán las pruebas serán Coipasa, en Oruro, y Pastos Grandes y Empexa, en Potosí.

El presidente Luis Arce destacó al salar de Empexa, pues “entra al mapa por primera vez” y podría tener un gran potencial económico para la región y para el país.

“Estamos mostrando a Bolivia como un vitral hacia el mundo de lo que es la industrialización de litio”, destacó por su parte el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo.

La autoridad añadió que el contrato que se pueda firmar al concluirse el periodo de pruebas tomará en cuenta el “respeto a nuestro modelo económico, a nuestra soberanía, a la Madre Tierra, a la sostenibilidad, en busca del beneficio de Bolivia”.

Hasta la fecha, YLB firmó dos contratos para la explotación de litio en el país. El primero, con la empresa rusa Uranium One Group, para la construcción de una planta industrial en el salar de Uyuni, Potosí, capaz de producir 14.000 toneladas de litio al año, con una inversión de $us 970 millones.

El segundo contrato con Hong Kong CBC, de China, incluye la construcción de dos plantas industriales con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, gracias a un aporte de $us 1.030 millones.

Ambos se encuentran a la espera de aprobación en la Asamblea Legislativa para iniciar con la construcción de las factorías.

Diversificar la economía

El presidente Arce destacó que estas medidas servirán para “diversificar la economía boliviana” y que no sea dependiente de un solo recurso.

“Queremos diversificar la economía (…), formar una economía de base ancha, no queremos depender solamente del gas como un producto para la generación de ingresos (…), queremos el litio, el hierro, la industrialización del zinc”, afirmó.

Además, el mandatario resaltó que Bolivia es la reserva mundial de litio más grande del mundo. “Pensábamos que teníamos 21 millones de toneladas de reserva de litio, pero tenemos 23 millones. Somos de lejos la reserva más grande”, añadió.

De acuerdo con Arce, “hay mucho interés de empresas extranjeras” en venir al país y “ayudar en la industrialización del litio”.