S&P baja calificación a Bolivia por reservas líquidas limitadas y conflicto político en la ALP
La calificadora de riesgo internacional bajó el miércoles la puntuación al país de ‘B-/B’ a ‘CCC+/C’.
La calificadora de riesgo internacional Standard&Poor's.
Imagen: AFP
La calificadora de riesgo internacional Standard & Poor’s (S&P) bajó el miércoles la calificación a Bolivia de “B-/B” a “CCC+/C” por factores como reservas internacionales líquidas limitadas, los altos déficits fiscales y la escasa transparencia sobre los activos del Banco Central, lo que aumentan los riesgos para el servicio de la deuda.
Según los últimos datos del Banco Central de Bolivia (BCB), a abril de este año, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaban los $us 3.158 millones, una disminución de $us 380 millones respecto a febrero de 2023 cuando se situaban en $us 3.538 millones.
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Desde entonces, el ente emisor no publicó las cifras de las reservas internacionales líquidas que existen en el Banco Central. No obstante, la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales y su Reglamento, establece que el BCB debe contar con un mínimo de 22 toneladas de oro en reserva.
Además, en su informe resalta que los conflictos políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son otro factor que limita la capacidad del gobierno boliviano para acceder a créditos internacionales.
“El estancamiento político y un Congreso (Asamblea Legislativa) divido están limitando el margen de maniobra del gobierno, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para garantizar el acceso oportuno a la financiación externa”, señala parte del informe de S&P.
Durante los dos últimos meses, el Gobierno nacional denunció que algunos legisladores de oposición y del ala radical del MAS (evistas) “boicotean” en la ALP la aprobación de leyes de créditos externos.
También S&P considera que las perspectivas negativas indican los riesgos de una rebaja en los próximos 12 meses si un mayor debilitamiento de la liquidez externa perjudica la capacidad del gobierno para realizar pagos oportunos del servicio de la deuda.