La Comunidad Andina (CAN) designó este martes al exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina, como uno de los tres nuevos directores generales de la Secretaría General.

En un acto especial, el secretario general de la CAN, embajador Gonzalo Gutiérrez, presentó a los tres nuevos directores.

Según un reporte oficial, Molina será responsable de la Dirección General de Desarrollo Social, Cooperación y Propiedad Intelectual del organismo internacional.

“Esta dirección coordina los temas de migración, movilidad humana, seguridad social, participación social, ciudadanía andina; propiedad intelectual, cooperación técnica, estadísticas y prevención de desastres, entre otros”, indica el documento.

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CAN

Asimismo, designó a Diego Fernando Caicedo, de nacionalidad ecuatoriana, en la Dirección General de Comercio de la SGCAN; y a Alberto Lora Aguancha, de nacionalidad colombiana, en Dirección General de Transformación Productiva, Integración Física y Servicios.

Molina fue ministro de Hidrocarburos y Energías de 2020 a 2024. Es cruceño y consultor de la industria energética. Estudió Economía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz; realizó posgrados en Bolivia y Chile relativos a gestión pública, administración; gestión financiera y gestión de empresas. Ocupó, además, varios cargos públicos, siempre relaciones con hidrocarburos y energías.

El secretario general de la CAN y los directores generales del organismo reafirmaron su compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los más de 114 millones de ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

La Comunidad Andina es un mecanismo de integración que agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Trabaja para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos; y promueve la integración económica y social de los países miembros. Fue creada mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969.

Su agenda de trabajo se centra en las áreas de comercio, servicios, inversiones, transporte, interconexión eléctrica; identidad andina y movilidad de personas, principalmente. 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) identificó 22 puntos críticos en diversas vías del país debido a los daños que provocan las intensas lluvias, informó este martes el presidente de la estatal, Marcel Claure.

El funcionario explicó que las principales afectaciones que provocan las precipitaciones son mazamorras y caídas de piedras.

“Tenemos ubicados en toda la Red Vial Fundamental hay 22 sitios críticos, en Cochabamba, Tarija, La Paz, en varios departamentos”, indicó Claure en radio Fides.

Asimismo, indicó que la Red Vial Fundamental en el país alcanza a 16.700 kilómetros y es lógico que, en época de lluvias, algunos sectores sean afectados.

Claure explicó, por ejemplo, que hay afectación en el sector denominado 7 Curvas, carretera a Villa Tunari y en la ruta Bombeo-Confital, en Cochabamba. Similar panorama se reporta en otros departamentos.

Sin embargo, la autoridad garantizó que existe equipo técnico en cada sector para atender derrumbes, caídas de piedras y otras emergencias en las carreteras y “garantizar la transitabilidad”.

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Carreteras

Respecto a la Doble Vía El Sillar, Claure aseguró que existe un monitoreo constante; y hasta ahora no se ha producido ninguna emergencia, como ocurrió en años pasados.

“Está funcionando, lo bueno es que la empresa está monitoreando. Nosotros no hemos hecho la recepción definitiva y solo lo haremos cuando esté a nuestra completa satisfacción”, indicó Claure.

La carretera Doble Vía El Sillar se entregó provisionalmente en noviembre de 2023 y un mes más tarde se registró hundimientos en algunos tramos de la carpeta asfáltica. La empresa que ejecutó la obra, la china Sinohydro, realizó las refacciones. Se prevé que la entrega definitiva de la carretera será a mediados de este año.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, respaldó la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), argumentando que su propósito principal es proteger al sector productivo nacional, luchar contra el contrabando, que afecta gravemente a la economía del país, y la especulación que perjudica a la economía de la población.

“La medida busca brindar seguridad jurídica a los productores bolivianos y asegurar que la población acceda a productos nacionales a precios justos. También apunta a frenar a organizaciones criminales que almacenan grandes cantidades de productos para luego sacarlos del país de manera ilegal”, explicó Silva en entrevista con Unitel.

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Disposición

La disposición, cuestionada por sectores como los gremialistas, productores, industriales y transportistas autoriza a las entidades competentes a ejecutar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a comerciantes que almacenen, retengan productos con el objetivo de incrementar su costo.

Por ello, Silva aclaró que la norma no está dirigida a los comerciantes que realizan actividades legales, sino exclusivamente a quienes acaparan productos con fines de contrabando y especulación.

“Esta disposición no afecta a los comerciantes minoristas ni a quienes mantienen stock para abastecer el mercado interno. Está orientada a quienes almacenan productos para elevar precios o sacarlos ilegalmente del país”, enfatizó.

Gobierno

El viceministro reveló que durante operativos se detectaron viviendas en zonas fronterizas repletas de productos destinados al contrabando.

“Necesitamos un respaldo legal para realizar controles y ejecutar comisos contra estas organizaciones criminales que afectan el mercado interno”, sostuvo.

Los sectores que muestran su rechazo a la disposición consideran que la norma vulnera sus derechos y temen posibles abusos en los controles. Sin embargo, Silva insistió en que la norma busca proteger la economía nacional y el acceso de la población a productos esenciales.

Al no existir una normativa vigente para frenar la especulación, el Gobierno considera que la medida permitirá garantizar el abastecimiento de ciertos productos de primera necesidad a un precio justo.

Este martes, tras una reunión entre viceministros de Estado y representantes de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), el Gobierno se comprometió a no realizar más intervenciones al sector, siempre y cuando éstos mantengan la producción a precios justos y no especulen con el arroz.

“Ya no va a haber más intervenciones, siempre y cuando ellos se comprometan a hacer su trabajo de manera normal y regular y que se atienda la necesidad que es el arroz para nuestra población”, afirmó el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo.

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Arroceros

Al concluir la reunión, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, destacó que se demostró que puede existir un trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado.

Por su parte, Jimmy Prado, presidente de Ingenor, señaló que la principal demanda del sector era la seguridad jurídica, luego de que a fines del año pasado el Gobierno interviniera en algunos ingenios para decomisar arroz.

Desde entonces, los arroceros manifestaron su malestar, debido a que consideraban que las autoridades estatales controlaban en exceso su producto.

“La seguridad jurídica en el país está garantizada”, reiteró Siles y tranquilizó al sector.

Otro de los acuerdos de la reunión fue la realización de las ferias “del campo a la olla”, donde los productores podrán vender directamente su producto en las ciudades capitales, sin atravesar por los intermediarios que tienden a incrementar los precios.

Asimismo, el viceministro Siles señaló que el diálogo con los arroceros será constante y se prevé que la próxima semana se realice otra reunión para evaluar el tema de la producción de arroz prevista para 2025 y sus respectivos costos.  

Además, la autoridad reiteró que a partir de marzo de este año se implementarán las guías de movimiento, que, en su criterio, permitirán un mejor control sobre el arroz y evitar que se desvíe por medio del contrabando.

Este martes, un sector de gremiales y comerciantes de la ciudad de El Alto llegaron a La Paz para expresar su rechazo a la disposición ‘confiscatoria’ del Presupuesto General del Estado (PGE) y para exigir soluciones del Gobierno a la crisis económica que atraviesa el país.

“El Gobierno nacional debe atender con prontitud las peticiones del pueblo boliviano respecto al alza de la canasta familiar y otros productos, como material de construcción, material escolar, gasolina, diésel y escasez del dólar”, leyó el secretario de la Federación Única de Comerciantes del Sur de El Alto, Pedro Paco.

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Gobierno

Otros de los pedidos son la destitución del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, y que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) “congele las deudas de la familia gremial”.

Por parte del Gobierno, el ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, fue el encargado de recibir el pliego petitorio del sector.

“El hermano Paco está esperando que el pliego se responda en 24 horas, vamos a presentar al presidente Luis Arce para darnos el tiempo correspondiente porque hay algunos puntos que tal vez necesiten un poco más de tiempo”, afirmó la autoridad.

El ministro destacó que se debe buscar el diálogo y tratar de construir un mejor país, por lo que aseguró que las respuestas al sector se darán en su debido momento.

Gremiales

Los gremiales también exigieron al Gobierno aplicar una política de austeridad en este periodo de crisis económica, para reducir los sueldos de los funcionarios públicos y los gastos ministeriales.

En apenas dos días esta fue la segunda medida de presión del sector gremial, el cual también se movilizó el lunes en rechazo a la disposición ‘confiscatoria del PGE’.

Sin embargo, el Gobierno no retrocede en la medida y sostiene que les permitirá controlar mejor el contrabando y la especulación.