Racismo y discriminación
La persecución penal nunca ha sido la mejor manera de transformar una costumbre social.
Si hay hábitos que marcan de manera insoslayable la vida cotidiana de los países poscoloniales son el racismo y su hermana la discriminación. Bolivia no es la excepción, y si en 2010 el país se dotó de legislación específica para combatirlos, la falta de adecuada ejecución de la norma provocó que a fines de 2019 hubiese un desborde racista que hasta hoy no termina de manifestarse.
El racismo y las prácticas racistas son cotidianas a lo largo de la historia del país, literalmente, desde su creación como República independiente. Desde entonces, las familias criollas asociaron clase con color de piel e identidad étnica, provocando el racismo sistémico y la discriminación generalizada. Parte de este lacerante estado de cosas fue revertido luego de la Revolución Nacional de 1952, pero las diferentes traiciones también le pusieron freno al desarrollo de esas transformaciones.
Las elecciones de diciembre de 2005 y la posterior asunción de Evo Morales propiciaron una nueva oportunidad para reconstruir el tejido social, integrando de otra forma las diferentes identidades, mucho más en el marco de una Asamblea Constituyente llamada a transformar la historia del país; sin embargo, la reacción de las clases que todavía hoy se consideran criollas hicieron imposible tal propósito, hasta que se hizo evidente la necesidad de penalizar las expresiones racistas y discriminatorias que menudeaban en todos los ámbitos de la vida.
La Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada en octubre de 2010, estaba llamada a poner fin a las crecientes manifestaciones de odio y desprecio de unos contra otros, y las primeras en aplaudir su espíritu fueron las organizaciones de Derechos Humanos; sin embargo, afrontó tan activa resistencia de aquellos grupos y sectores privilegiados (y conscientes de su privilegio), incluyendo la de sus operadores mediáticos, que el impulso inicial pronto dio paso a la frustración.
Sin embargo, no todo se ha perdido, luego de más de una década de existencia de la ley, queda en la población una creciente cultura de la denuncia, síntoma asimismo de una conciencia ampliada de los derechos que deben cubrir a todas y todos y de los mecanismos para reclamarlos. La estadística de 2021 muestra que la mayoría de las denuncias se hicieron contra la Policía Boliviana y contra ministerios y entidades bajo tuición, recordatorio de que el Estado y sus servidores están lejos de deshacerse de estas lamentables prácticas.
La persecución penal nunca ha sido la mejor manera de transformar una costumbre social y sin embargo es necesaria como contención a los peores excesos; la amenaza implícita en las prohibiciones de la ley debe ser precedida con abundante educación en los ámbitos formal, informal y no-formal, donde todavía rige la pedagogía de la competencia, la exclusión y, muy a menudo, de la discriminación. En esas condiciones, sigue siendo difícil acabar con el racismo y sus manifestaciones.