En menos de una semana, el Gobierno promulgó un decreto supremo y lo abrogó debido a amenazas de movilizaciones y actividades de protesta contra la norma, que, como tantas otras, no había sido promocionada y mucho menos socializada, lo cual permitió que circule abundante desinformación que galvanizó las posiciones de rechazo. El Gobierno dio el paso atrás para evitar la “convulsión”.

Se trata del DS 5143, creado, según autoridades de gobierno, para transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de Derechos Reales y desburocratizar el procedimiento, que actualmente puede tardar hasta dos o tres años. Según el viceministro de Defensa del Consumidor, el decreto disponía la bancarización, para pagos en línea, y la interoperabilidad, para el cruce de información entre gobiernos municipales, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí); además, se trataba de la actualización de un decreto promulgado durante el gobierno de Carlos Mesa en 2004.

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Nada de esto es lo que se discutía en las calles y centros de reunión de opositores: se especuló que el decreto serviría para posibilitar la intromisión del Estado en la administración y la tenencia de la propiedad inmueble de privados o que exigiría una nueva certificación para trámites de compra-venta. De nada sirvieron las escasas y tardías explicaciones de algunas autoridades, el rumor había echado raíces y se multiplicaban las amenazas de movilizaciones.

Más tardó el Presidente en anunciar la abrogación de la norma que los líderes de las únicas dos fuerzas políticas con representación parlamentaria en salir al espacio público y celebrar la “derrota” del Gobierno. En tiempos de política de suma cero, poco o nada importa la relevancia o necesidad de políticas públicas: todo se reduce a imponer las ideas propias y evitar a cualquier costo las opuestas. Agréguese a ese estado de cosas una gestión gubernamental llena de contradicciones y se produce lo que tantas veces se ha lamentado en este mismo espacio: pérdida de confianza de la población en las instituciones gubernamentales.

La creciente conflictividad, las dirigencias opositoras claramente orientadas a la solución por el desastre y la incapacidad gubernamental para crear y sostener alianzas y consensos (excepto cuando se trata de apropiarse del partido político), son un buen caldo de cultivo para la convulsión, lo cual no significa que haya, en realidad, planes para provocarla y forzar la caída del Gobierno.

En tiempos cuando menudean los discursos desinformadores y polarizadores, además de la memoria reciente de hechos sediciosos, es tentador acusar a la oposición, o a agentes no identificados, de buscar la convulsión; sin embargo, también suele ser evidente que los conflictos pueden ser fabricados con el propósito de influir sobre el ánimo de la población. Identificar quién gana más con la polémica, el conflicto y la abrogación del mentado decreto serviría para señalar quién es el más interesado en que haya miedo por la amenaza de convulsión.

Para nadie debe ser desconocido que el Movimiento al Socialismo (MAS) es la fuerza política más importante de las últimas décadas y el único partido con estructura y potencia suficientes para intervenir en todas las esferas de la vida pública. Sin embargo, precisamente por estos atributos, la feroz lucha que han desatado sus dirigentes no solo afecta al partido, sino a todo el Estado.

Más tardó en terminar el X Congreso del partido, el domingo, en la ciudad de El Alto, convocado por el “ala arcista” del partido, que portavoces del “ala evista” en descalificar el encuentro de la peor forma posible y amenazar con todo tipo de recursos, legales y no, para impedir que las decisiones acordadas lleguen a materializarse.

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No es para menos: se ha elegido a un nuevo jefe nacional del partido, honor que recayó en Gróver García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín al presidente Arce, y se ha decidido revisar el estatuto del MAS para eliminar la disposición que concede la dirección vitalicia del partido al expresidente Evo Morales y para eliminar la restricción de antigüedad como militante para asumir cualquier candidatura.

Para que el congreso masista pudiese llevarse a cabo y que contase con la presencia de veedores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hizo falta que una Sala Constitucional de La Paz ordenase al Órgano Electoral cumplir con el artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos. Entre analistas y opinadores de todas las tendencias hubo consenso en que se trata de un nuevo “fallo a la carta”, de los que menudean desde que los magistrados del Órgano Judicial decidieran autoprorrogarse.

A esta evidente muestra de injerencia de un órgano sobre otro (primero el Ejecutivo sobre el Judicial y luego éste sobre el Electoral), se suma la cantidad de ocasiones en que delegados y portavoces del evismo han descalificado al TSE y sus resoluciones por ser contrarias a sus intereses y expectativas. La democracia, o las formas que la hacen legítima, importan cada día menos.

Súmese a este estado de cosas la previsible pugna que se desatará en la Sala Plena del TSE cuando algunos vocales intenten incidir en favor de uno u otro aspirante a candidato. Entonces, las acusaciones y descalificaciones que hoy se sugieren, serán amplificadas, dañando de manera feroz la credibilidad y reputación del órgano llamado constitucionalmente a administrar los procesos que dan sustento al sistema democrático boliviano y a dar legitimidad a las autoridades electas.

A estas alturas de la lucha es, pues, evidente que sin importar el tono y el contenido de los mensajes que una y otra facción del MAS publicitan, lo verdaderamente central para ambas partes es asegurar que el candidato propio llegue a la papeleta y/o que el contrincante no lo logre. Si para tal fin tienen que terminar de romper la institucionalidad del Estado, no dudarán en hacerlo, y eso son malas noticias.

Como se decía días atrás en este mismo espacio, hace mucho que actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha las elecciones judiciales. El más reciente fallo constitucional ordena no solo paralizar el proceso, sino devolverlo al inicio y comenzar con una nueva ley de convocatoria; el argumento es la defensa de derechos, pero la intención tal vez no.

El 18 de abril, Yeny Duri, dirigente indígena y abogada, candidata eliminada en el proceso de preselección, presentó una acción popular en la que denunció que las aspirantes indígenas de Pando no recibían un trato equitativo en comparación con las de otros departamentos, señalando la falta de oportunidades equitativas en el proceso de preselección. La Sala Constitucional Primera de Cobija emitió el lunes una medida cautelar que suspendió el proceso de preselección en curso y luego, el martes, dictaminó que el proceso de preselección debía dejarse sin efecto completamente, argumentando que la convocatoria inicial no había considerado adecuadamente la inclusión de mujeres e indígenas, e instruyó elaborar una nueva.

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La reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre, pues si bien hay voces, como la del expresidente Eduardo Rodríguez, quien argumentó que la Sala Constitucional de Cobija era incompetente para emitir tal fallo y que sus razonamientos eran improcedentes, sugiriendo que la Asamblea Legislativa debería continuar con el proceso de preselección, la Comisión Mixta de Constitución decidió entrar en cuarto intermedio hasta hoy, a la espera de la notificación oficial del fallo.

El Presidente de la Comisión, Miguel Rejas, del MAS, afirmó que la intervención de la Sala es una «aberración» y criticó duramente a los vocales que concedieron la tutela a la candidata Duri; dijo también que el fallo fue resultado de manipulaciones por parte de vocales y jueces, sugiriendo que algunos de ellos habían sido influenciados por quienes presentaron amparos.

A su vez, la senadora Andrea Barrientos indicó que el fallo de la Sala es «ilegal e inaplicable» y que ninguna sala constitucional tiene la competencia para declarar la inaplicabilidad de una ley, especialmente de la Ley 1549, que ha pasado por control constitucional y cuenta con amplio respaldo legislativo. El diputado por Creemos Leonardo Ayala argumentó que la decisión vulnera los derechos de los más de 400 postulantes habilitados para el proceso de preselección. El Presidente Nato de la Asamblea, como es habitual, no apareció.

La interminable sucesión de recursos judiciales y constitucionales, sumada a la incapacidad de las y los legisladores para acordar un plan de acción capaz de superar los obstáculos que unos y otros ponen en el camino, muestra todo, menos voluntad política, para cumplir con el mandato constitucional de realizar la elección de autoridades del Judicial. Mientras tanto, el sistema judicial boliviano se hunde irremediablemente.

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

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El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

Días atrás, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que había decidido reforzar la seguridad en la frontera con Bolivia debido a la supuesta presencia de cientos de militares iraníes en el país. La respuesta de la Cancillería boliviana fue tan rápida como mesurada, en evidente contraste con el tono que está adoptando el gobierno de Javier Milei.

Desde el inicio, la presidencia de Javier Milei ha sido notable no solo por sus políticas internas de shock, sino también por su manejo de las relaciones internacionales, especialmente con países latinoamericanos de gobiernos considerados izquierdistas. Sus controversiales interacciones con líderes regionales han generado un amplio debate sobre las estrategias diplomáticas y sus implicaciones tanto a nivel regional como doméstico.

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Primero, el intercambio de insultos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, provocó una rápida escalada de tensiones que afortunadamente no pasaron a más. Milei respondió a las críticas de López Obrador, quien había tildado a Milei de “facho conservador”, con términos igualmente duros, exacerbando las fricciones bilaterales. Este tipo de diplomacia de confrontación no solo socava las relaciones tradicionalmente cordiales entre Argentina y México, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad regional.

Por otra parte, las relaciones con Colombia se tensaron significativamente después de que Milei llamara al presidente Gustavo Petro «comunista asesino». Esta declaración provocó una pronta respuesta diplomática de Colombia, incluyendo el llamado de su embajador en Buenos Aires, lo cual subraya la seriedad del conflicto y el impacto en las relaciones diplomáticas; por ahora las relaciones entre ambos países están normalizándose y los respectivos embajadores han regresado a sus funciones.

Asimismo, la afirmación de la ministra Bullrich sobre la presunta presencia de militares iraníes en Bolivia añadió más leña al fuego, mostrando una tendencia hacia declaraciones provocativas que pueden tener serias repercusiones diplomáticas y de seguridad. Algo similar había ocurrido poco antes, cuando el presidente Milei afirmó que el gobierno de Chile iba a llevar a ese país a la pobreza por adoptar políticas socialistas. En ambos casos la respuesta fue pronta, mesurada y contundente.

En el frente interno, estas controversias internacionales parecen servir como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas económicos graves que enfrenta Argentina, como la inflación y el estancamiento económico. Al centrarse en conflictos externos, el gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo, mientras posterga o minimiza la discusión sobre la necesidad de reformas económicas internas profundas.

Es posible que las tácticas de confrontación de Milei tengan un atractivo político inmediato entre ciertos sectores en Argentina que le son afines, pero los riesgos asociados a alienar a países vecinos y potenciales socios comerciales son altos, especialmente en el mediano y largo plazos, cuando el polémico mandatario ya no esté en funciones.