Editorial

Tuesday 20 Feb 2024 | Actualizado a 08:21 AM

Informe presidencial

Fueron varios los temas que abordó el mandatario en su discurso, pronunciado ante el pleno de la Asamblea Legislativa

Por La Razón

/ 9 de noviembre de 2023 / 07:35

Al cabo de tres años de gobierno, el presidente del Estado, Luis Arce, brindó ayer informe a la nación. En rigor, no hubo novedad en las palabras del mandatario, que inicia su cuarto año de gestión en medio de creciente incertidumbre no solo debido a los ataques de una oposición articulada con el ala evista del MAS, sino también por los propios errores que alimentan el disenso.

Fueron varios los temas que abordó el mandatario en su discurso, pronunciado ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ayer inició la legislatura 2023-2024, destacando en todos los casos los logros o, en ausencia de estos, las promesas en camino de materializarse, pero hizo poca o ninguna mención de los errores y debilidades, atribuyéndolos, más bien, a los obstáculos que enfrenta su gobierno.

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En el ámbito económico, señaló como principales causas del bajo crecimiento y la falta de normalidad en las actividades económicas en el país a la “crisis multidimensional del capitalismo global”, los efectos de la pandemia, las guerras, y los problemas internos, entre ellos “el sabotaje económico”. El país vive en una época caracterizada por una crisis económica, alimentaria, climática, hídrica, energética, entre otras; así como por el reacomodo del orden global, concluyó el mandatario.

En el aspecto político, reconoció que la institucionalidad democrática es rebasada por una sociedad “más fuerte y participativa”, mientras surge la amenaza del fascismo, y deploró que haya grupos e individuos que despliegan ataques arteros y “mentiras de grueso calibre” contra el Gobierno, mientras sueñan con el acortamiento de su mandato; “estas personas no terminan de darse cuenta de que bloqueando la prosperidad de la Patria no perjudican al Gobierno, sino a todo el pueblo”, afirmó.

Respecto de la industrialización, argumento central en su política de gobierno, informó que, en los tres años de gestión cumplidos, Bolivia encara la construcción de más de 150 plantas industriales, además de un laboratorio para servicios industriales y control de calidad. Respecto del litio, afirmó que está en marcha la construcción de cuatro plantas industriales con una multimillonaria inversión que permitirá al país conservar la soberanía sobre estos recursos. De los problemas, obstáculos y denuncias en la materia no dijo nada.

Reconoció como “asunto pendiente y urgente de resolver” la situación del sistema de justicia en el país, pero se limitó a hacer votos porque “las elecciones judiciales lleguen a buen puerto, sin cuoteo y pensando en el interés colectivo” y a reconocer que la sola elección de nuevos magistrados no cambiará el estado de cosas. De planes, o siquiera intenciones, para hacer el tan esperado cambio, no dijo nada.

Ha sido, pues, un informe presidencial previsible y cuidadosamente confeccionado para evitar el conflicto y el riesgoso señalamiento de personas o grupos. Es previsible que las reacciones sean igual de tímidas, exceptuando, claro, las de aquellos líderes y dirigentes que en plan reaccionario levantan el dedo y hacen afirmaciones que a menudo los muestran como contradictorios y poco reflexivos.

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Difícil ruta crítica

El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa

Por La Razón

/ 15 de febrero de 2024 / 06:31

Lo que hasta la semana pasada parecía una salida al laberinto de la ley de convocatoria a elecciones judiciales se convirtió, en vísperas del Carnaval, en un nuevo reto para el espíritu democrático de algunos y más del mismo juego iniciado hace casi un año, para otros. Se espera que esta semana se implemente la ruta crítica y la convocatoria a elecciones sea publicada.

El escenario parecía haberse aclarado con el acuerdo “bicameral y multipartidario”, suscrito a instancias del Vicepresidente del Estado, y entonces se celebró “el triunfo de la política” por encima de las mezquinas actuaciones de algunas y algunos legisladores; sin embargo, la semana pasada, en vísperas del Carnaval, las cosas volvieron a complicarse cuando los jefes partidarios decidieron ignorar el contenido del acuerdo.

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A despecho de lo que pudieran creer y afirmar los dirigentes políticos interesados en impedir la pronta realización de las elecciones judiciales o en mantener en status quo la “autoprórroga” de las y los magistrados en ejercicio, el acuerdo sostiene que el debate legislativo sobre el mandato de los jueces, magistrados y tribunos debía producirse “en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley N° 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley” referidos a créditos externos. El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa.

Sin embargo, legisladores de las tres fuerzas representadas en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de publicar hasta el fin de semana la convocatoria al registro de postulantes, paso que dará inicio al calendario electoral, que debe desarrollarse en 80 días en el ámbito legislativo y luego en 150 días en manos del Tribunal Supremo Electoral.

Mientras tanto, la interminable pulseta, en la que es imposible identificar alguna parte que no hubiese mostrado signos de mala fe, se alimenta de amenazas de declarar “incompetente” al presidente de la Cámara de Diputados o de reactivar los bloqueos de caminos desde la próxima semana, habida cuenta que, según varios comentadores y analistas, el bloqueo sí produjo los resultados que su impulsor, el expresidente Evo Morales, buscaba.

Por su parte, el Gobierno sigue mostrándose débil y arrinconado, y sin darse cuenta de que los discursos en los que se muestra como víctima tienen poco o ningún efecto en la opinión, seguramente porque se espera que las autoridades electas con más de la mitad de los votos sean capaces de proponer iniciativas que muestren proactividad. Mientras tal cosa no suceda, es de esperar que los líderes de oposición sigan manejando la agenda política según sus caprichos y que, como dijo una senadora de CC, siga alargándose “la agonía de los ciudadanos”.

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Democracia amenazada

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global

Por La Razón

/ 8 de febrero de 2024 / 06:45

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global, caracterizado por la emergencia de líderes egocéntricos y autoritarios, obsesionados con alcanzar y luego retener el poder, pero también por la tendencia de los electorados a conceder el poder a tales líderes, habitualmente con una esperanza que luego se ve traicionada.

Ocurrió en Argentina hace pocos meses: Javier Milei, el candidato “ultraliberal”, cuya campaña estuvo plagada de insultos, descalificaciones, amenazas y cosas peores, se alzó con la victoria en segunda vuelta, y el día de su posesión mostró que, por una parte, iba en serio en su intención de impulsar una transformación neoliberal a cualquier costo, incluyendo su por ahora demorado proyecto de conceder[1]le al Presidente los poderes de los tres órganos del Estado; y, por otra, que gran parte de su discurso era mentira: las medidas adoptadas en poco afectan a “la casta”, que en los hechos es parte de su gobierno.

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Está ocurriendo en El Salvador, donde Nayib Bukele acaba de ganar su segundo mandato con un resultado electoral casi inverosímil: más del 80% de los votos fueron para el partido Nuevas Ideas, cuyo principal argumento de campaña fue el éxito en la reducción de la violencia atribuida a las mafias y las maras, lograda con el encarcelamiento masivo de presuntos delincuentes (se habla de más de 76.000 personas arrestadas) y la consiguiente reducción de libertades y derechos constitucionales.

Lo mismo, aunque con matices diferentes, puede decirse de Venezuela, donde el Presidente, en ejercicio desde 2013, ha anunciado que piensa ser reelecto a cualquier costo, lo que incluye ponerle cortapisas a cualquier oposición viable; o Nicaragua, donde desapareció por completo la competencia democrática y los opositores perdieron incluso su derecho a la ciudadanía.

Claramente no se trata de una tendencia atribuible a “la izquierda”. Para más evidencia está el último informe de Latinobarómetro, que demuestra el bajo apoyo que tiene la democracia: solo 48% de las personas en el continente la prefieren como modo de gobierno, mientras que 28% dice que le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario y el 17% prefiere “en algunas circunstancias” un gobierno autoritario.

Bolivia no es la excepción, y si en 2020 hubo evidencia del apoyo que puede galvanizar un gobierno como el de Jeanine Áñez, muchos de quienes hoy están en ejercicio del poder, en cualquiera de los niveles gubernativos, están demostrando que los valores y las formas democráticas les estor[1]ban, y cuentan con grupos organizados y movilizados para evitarlas en lo posible.

Difícil, pues, vislumbrar un futuro esperanzador cuando todo demuestra que líderes y dirigentes se han vuelto impacientes y no están dispuestos ni a esperar los plazos que impone el juego democrático ni a conceder la victoria al adversario. Así, es probable que la división no hará más que incrementar, lo mismo que las posibilidades de enfrentamientos fratricidas.

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Sombra del narcotráfico

Según las autoridades del área, 2023 fue un año intenso en la lucha contra el delito transnacional

Por La Razón

/ 1 de febrero de 2024 / 06:42

Ayer, el Ministro de Gobierno informó que en Locotal, uno de los puntos de bloqueo en el trópico de Cochabamba, se incautó Bs 1,2 millones en poder de una mujer que no pudo explicar el origen del dinero; es el tercer decomiso de dinero en menos de dos semanas. Las explicaciones gubernamentales hablan de vínculos con el narcotráfico, pero también de dinero para financiar las protestas.

Según las autoridades del área, 2023 fue un año intenso en la lucha contra el delito transnacional: la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó, en 10.470 operativos, 405 toneladas (t) de droga en el país, valuada en $us 198 millones y se aprehendió a 3.457 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico. También se confirmó que se trata de un delito transnacional y que las mafias operan simultáneamente en Bolivia, Perú, Chile y Colombia, sin mencionar los países destino de la sustancia controlada.

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En lo que va de 2024, según los reportes periodísticos, la actividad no fue menor: el 5 de enero se decomisaron 8,7 t de clorhidrato de cocaína en Oruro, cuyo destino era Países Bajos. Días después, se informó que en ocho operativos realizados entre el 8 y el 10 de enero, la FELCN secuestró 100 kilos de droga y aprehendió a 12 personas.

El 12 de enero, se supo que la Policía Boliviana había decomisado en Santa Cruz de la Sierra $us 1 millón, luego se informó que había sido retirado de un banco en el norte de Chile. El caso se hizo público al saberse que se trató de un volteo que intentaron hacer oficiales y suboficiales de la Policía. Días después, una mujer fue aprehendida en posesión de Bs 1,8 millones en la tranca de Achica Arriba, cerca de El Alto.

A mediados de mes, por primera vez en 16 años, la FELCN ingresó a la “zona roja” de la provincia Chapare de Cochabamba y destruyó 25 fábricas móviles de cocaína. En agosto del año pasado, el Ministro de Gobierno había informado que Villa Tunari es el área principal de producción de sustancias controladas. El 28 de enero, se informó de la destrucción de tres fábricas móviles de cocaína y 600 litros de cocaína líquida, en ese mismo municipio cochabambino. Casi al mismo tiempo, la FELCN incautó casi 200 kilos de cocaína, en la provincia Ichilo, del departamento de Santa Cruz.

Las autoridades de gobierno han estado señalando que parte del dinero incautado sirve para financiar los bloqueos; a su vez, el expresidente Evo Morales insiste en que el trabajo policial en el Trópico cochabambino sirve para tenerlo bajo vigilancia; de las incautaciones de drogas en sus dominios dice poco.

Las cifras de éxito en las tareas de interdicción muestran esfuerzo, compromiso y sorprendentes resultados, pero también sirven para disimular el hecho que, precisamente por ser números extraordinarios, son indicador de una cada vez más grande sombra del narcotráfico sobre la vida de las y los bolivianos.

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Regreso a los bloqueos

Se trata de un retroceso o, si se prefiere, de un retorno cíclico a los tiempos en que el Estado carecía de fuerza

Por La Razón

/ 25 de enero de 2024 / 06:35

El inicio de bloqueos camineros por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales, exigiendo la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial “autoprorrogados”, está llevando al país a una circunstancia no vista desde hace tres lustros. La pregunta, hoy como entonces, es ¿cuál es el verdadero efecto de las medidas de presión que se ejercen a costa de vulnerar derechos?

Al margen de los discursos de quienes organizan y ejecutan la movilización, fue el Defensor del Pueblo el primero en reconocer el derecho humano a la protesta, además de demandar al Gobierno que lo respete, instruyendo a las fuerzas del orden que observen la proporcionalidad al intervenir en los puntos de conflicto, y que actúe restituyendo el derecho de la población boliviana a elegir a sus autoridades del Judicial.

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Nada dice, sin embargo, el Defensor del Pueblo sobre los derechos del resto de la población que resultan vulnerados con los bloqueos de carreteras, comenzando por el más elemental de todos: el de libre tránsito. Vuelve, así, el país a los tiempos cuando se discutía qué derechos tienen prioridad por encima de otros, y qué grupos de la población tienen prioridad a la hora de gozarlos. Es una discusión retórica, por supuesto, como lo era en los mejores momentos del neoliberalismo.

Por lo pronto, el Gobierno ha respondido durante las tres primeras jornadas de bloqueo con aparente calma: sin intervención policial, para evitar denuncias de excesos y violencia estatal, y más bien señalando el enorme costo que la medida tiene para el país: $us 128 millones diarios. Los gremios de empresarios coinciden con el reclamo y manejan una cifra de pérdidas muy parecida. Nada nuevo hay en el uso de este tipo de argumentos para descalificar la protesta.

En el ámbito político tampoco hay nada nuevo. Representantes del oficialismo, en el Ejecutivo, en el Legislativo e incluso en los movimientos sociales afines al presidente Arce coinciden en culpar al expresidente Morales por el tenso momento, sobre todo porque todos los indicios señalan que el verdadero motivo detrás de la protesta es la presunta inhabilitación del exmandatario para postular nuevamente a la presidencia. En el lado de la oposición, las declaraciones parecen tomadas de un manual.

Se trata de un retroceso o, si se prefiere, de un retorno cíclico a los tiempos en que el Estado carecía de fuerza, pero sobre todo de razón, para contener la movilización popular y la política en las calles. Con una diferencia fundamental: entonces se buscaba una transformación estructural, mientras que hoy es un par de artículos de la Constitución Política lo que molesta a los impulsores de la protesta, que son los mismos que impulsaron el debate constituyente entre 2006 y 2008. Queda, pues, la sensación de que los bloqueos sirven para mostrar al Gobierno debilitado y al impulsor de las protestas como quien ha perdido por completo la noción del bien común. Del proceso de cambio, hoy no queda más que el slogan.

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Un país bloqueado

La mezquindad y falta de visión en quienes están a cargo de gestionar la política luce como una amenaza a la paz y el bien común

Por La Razón

/ 18 de enero de 2024 / 06:40

Aunque todavía son solo amenazas, relativizadas por las contradicciones que se producen en las declaraciones públicas que hacen los dirigentes de las organizaciones sociales, es evidente que en el futuro inmediato el país ingresará a un ciclo de conflictividad de impredecibles consecuencias. Son muchas las causas del actual estado de cosas, entre ellas puede nombrarse las siguientes.

Desinstitucionalización del Estado y pérdida de confianza en el imperio de la ley. Venimos advirtiendo en este mismo espacio, desde hace años, que es problemático haber permitido que las instituciones del Estado sean mal gestionadas, cuando no deliberadamente dañadas. Autoridades interinas, ausencia de visión institucional y, peor, deliberado desconocimiento de la función que deben cumplir, han provocado que casi ninguna institución sea creíble o confiable.

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Además, en muchos casos, los rasgos arriba nombrados han provocado que la población perciba que es posible saltarse la norma y quedar impune. Sucede no solo con quienes gracias a su cercanía con el poder de turno han podido salvarse de la acción de la justicia, incluso en casos de descarada corrupción, sino con quienes saben que muchos de quienes administran justicia y garantizan el orden interno tienen precio.

Otro aspecto a destacar es la falta de habilidad política sumada a pérdida de valores democráticos, común entre muchas y muchos de quienes hoy, electos o designados, oficialistas u opositores, tienen algo que ver con la gestión de la cosa pública. Buen ejemplo es la Asamblea Legislativa, donde, casi a diario, las y los representantes de la ciudadanía se ponen en ridículo, ora por su incapacidad, ora por sus declaraciones fuera de lugar o, lo que es peor, por su mala fe.

También se ha señalado varias veces en este espacio que la falta de valores democráticos es una amenaza para la vida social. Las dirigencias sindicales mueven más voluntad que cualquier líder partidista, y en el camino nos recuerdan que sus intereses son siempre parciales, lo cual es normal, y muy a menudo opuestos al interés común de la sociedad, fruto de haber permitido la fragmentación e instrumentalización de las demandas populares.

Por otra parte, abona al estado de incertidumbre y sensación de estar en un callejón sin salida la ausencia de mediadores imparciales. Hasta el final del ciclo neoliberal, la Iglesia Católica acercaba a las partes, pero desde 2006 es evidente que la anciana institución está alineada en la oposición. La Defensoría del Pueblo, que hasta 2010 gozaba de gran prestigio y positiva reputación, hoy no logra reconstruir su imagen, dañada por la intervención del poder gubernamental.

Se trata, pues, de una coyuntura tan compleja que no hay comentarista o analista que no se lamente del estado de cosas. Para algunos de ellos lo que sucede es fruto del fin de los ciclos políticos, que terminan por derribar líderes que hasta hace poco eran hegemónicos. En el camino, la mezquindad y falta de visión en quienes están a cargo de gestionar la política luce como una amenaza a la paz y el bien común.

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