Editorial

Wednesday 29 May 2024 | Actualizado a 18:21 PM

Liderazgos autoritarios

Es poco probable que la clase política vaya a recuperar su vocación por el debate y la competencia democrática

Por La Razón

/ 4 de abril de 2024 / 06:13

El tema no es nuevo ni se limita a Bolivia: los valores democráticos se depauperan con cada día que pasa y en la mayoría de los casos son los propios líderes políticos quienes propician este estado de cosas. Solo esta semana hubo dos ejemplos: un expresidente propuso cumplir la ley que él mismo promulgó y otro, también expresidente, pidió a sus diputados renunciar a su cargo.

En el primer caso, se trata de la aparentemente insalvable ruptura del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que ahora afronta un ultimátum del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para renovar su directiva en un congreso orgánico, que todavía no se sabe si podrá realizarse, pues hay dos convocatorias con fechas y sedes diferentes. Difícil saber cómo responderá el Órgano Electoral a la disyuntiva, que podría profundizar no solo la ruptura del partido gobernante, sino aumentar la polarización en la sociedad.

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En el afán de salvar la situación, el jefe del partido, el expresidente Evo Morales, retó al actual Presidente del Estado a competir por la candidatura en una elección primaria. Es un cambio en lo decidido en el frustrado congreso de Lauca Ñ, el año pasado, donde se dijo que el exmandatario es “el único” candidato del partido, desconociendo la Ley 1096, de partidos políticos, y su reglamento específico sobre elecciones primarias; pero también una muestra de una vocación de uso instrumental de la norma.

Si tal actitud no es suficiente muestra, las oficiosas declaraciones de los áulicos del expresidente, prometiendo baños de sangre u ofrendar sus vidas, por la “libertad”, la “democracia”, y “por supuesto, por nuestro líder”, como dijo un senador hábil para el victimismo y la desinformación, muestra el poco aprecio por el juego limpio.

En el segundo caso, se vio al también expresidente Carlos Mesa pidiendo a sus legisladores electos renunciar a su silla en la Asamblea Legislativa si no se avienen a seguir sus instrucciones. No hace falta ser un gran intelectual para saber que la democracia implica gestionar el disenso, tarea propia de un buen líder. Un mensaje que instruye obedecer ciegamente al jefe o largarse, habla mal del liderazgo.

Además, como ya se ha dicho, no son solo jefes políticos quienes muestran poco aprecio por los valores democráticos. Al anuncio hecho por el exalcalde Juan del Granado de “rearticular” al Movimiento Sin Miedo, la respuesta de una de las vocales del TSE no fue celebrar la diversidad de partidos o el retorno de una organización política que en algún momento gozó de gran relevancia, sino recordarle a la exautoridad que carece de personería jurídica, como si no fuese posible hacer el debido trámite para recuperarla.

Es poco probable que la clase política vaya a recuperar su vocación por el debate y la competencia democrática. Toca a la sociedad reflexionar profundamente sobre su futuro inmediato y decidir si quiere exaltados discursos ideológicos que enmascaran comportamientos autoritarios, o si prefiere líderes comprometidos con el bien común. Tarea nada fácil, por cierto.

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Amenazas y excesos

La incapacidad de poner freno a los excesos, verbales o no, es el mejor aliciente para que estos aumenten, con todo el costo que ello implica

Por La Razón

/ 23 de mayo de 2024 / 06:36

Probablemente a nadie sorprenda saber que un Estado débil poco a poco va perdiendo la capacidad de garantizar el Estado de derecho, con todo lo que ello implica para la seguridad interna o para los derechos humanos, ambas obligaciones estatales, y con ello también la voluntad de las personas de cumplir la ley. Poblaciones que amparan el narcotráfico o el contrabando son buena muestra.

Tómese, por ejemplo, la feroz resistencia de “la familia gremial”, como le gusta decir a sus líderes, a cualquier norma que endurezca la lucha contra el contrabando o, incluso, la identificación y sanción de las fortunas que son fruto de actividades delictivas, cuando no criminales. Cuesta entender por qué miles de personas que, literalmente, viven al día de vender baratijas y caramelos, se muestran tan preocupadas por protegerse de la vigilancia estatal; lo mismo puede decirse de su preocupación por acceder a más dólares.

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También están las constantes amenazas de varios sectores de los movimientos sociales (divididos, todos ellos, gracias a la acción del partido gobernante), de ejecutar movilizaciones, bloqueos de caminos y otras medidas de presión ante la sola posibilidad de que las instituciones estatales cumplan con lo que indica la norma. Es aún peor cuando el líder afirma que poner límites a la anomia que parece haberse apoderado del partido sería “un genocidio”.

Y si de declaraciones incomprensibles se trata, el mismo líder del partido se causa un daño gravísimo a sí mismo cuando hace afirmaciones más propias de un jefe de la mafia que de un expresidente al tratar de negar que en el Trópico cochabambino campea el narcotráfico: “cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo”, amenaza. Si las mafias del narcotráfico no dominan en la región, ¿por qué habría de temer por su vida la autoridad gubernamental? Si hay conocimiento de que el narco amenaza la vida de una autoridad, ¿por qué no se denuncia ante las instancias competentes?

Habrá quien afirme que se trata solamente de una guerra verbal, en la que es comprensible el exceso, pues se trata de “pegar” más duro que el adversario o de causar temor, pero en todos estos casos, y muchos otros, lo que queda es la evidencia de que autoridades, exautoridades y personas dotadas de notoriedad o poder dicen y hacen cuanto les place porque se ha perdido, de un lado, la necesaria mesura y el respeto por las normas y las personas, y, del otro, la capacidad institucional de poner límite a los comportamientos reñidos con la ley.

Las palabras se las lleva el viento, se dice coloquialmente, pero en los hechos, dependiendo de quien las pronuncia, pueden ser más bien el incentivo para profundizar, en todos los estratos sociales o económicos, el desprecio por los principios y valores, comenzando por los referidos a la democracia y sus instituciones, y terminando en aquellos que permiten la pacífica convivencia social. La incapacidad de poner freno a los excesos, verbales o no, es el mejor aliciente para que estos aumenten, con todo el costo que ello implica.

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Riesgo de convulsión

De nada sirvieron las escasas y tardías explicaciones de algunas autoridades, el rumor había echado raíces

Por La Razón

/ 16 de mayo de 2024 / 06:25

En menos de una semana, el Gobierno promulgó un decreto supremo y lo abrogó debido a amenazas de movilizaciones y actividades de protesta contra la norma, que, como tantas otras, no había sido promocionada y mucho menos socializada, lo cual permitió que circule abundante desinformación que galvanizó las posiciones de rechazo. El Gobierno dio el paso atrás para evitar la “convulsión”.

Se trata del DS 5143, creado, según autoridades de gobierno, para transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de Derechos Reales y desburocratizar el procedimiento, que actualmente puede tardar hasta dos o tres años. Según el viceministro de Defensa del Consumidor, el decreto disponía la bancarización, para pagos en línea, y la interoperabilidad, para el cruce de información entre gobiernos municipales, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí); además, se trataba de la actualización de un decreto promulgado durante el gobierno de Carlos Mesa en 2004.

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Nada de esto es lo que se discutía en las calles y centros de reunión de opositores: se especuló que el decreto serviría para posibilitar la intromisión del Estado en la administración y la tenencia de la propiedad inmueble de privados o que exigiría una nueva certificación para trámites de compra-venta. De nada sirvieron las escasas y tardías explicaciones de algunas autoridades, el rumor había echado raíces y se multiplicaban las amenazas de movilizaciones.

Más tardó el Presidente en anunciar la abrogación de la norma que los líderes de las únicas dos fuerzas políticas con representación parlamentaria en salir al espacio público y celebrar la “derrota” del Gobierno. En tiempos de política de suma cero, poco o nada importa la relevancia o necesidad de políticas públicas: todo se reduce a imponer las ideas propias y evitar a cualquier costo las opuestas. Agréguese a ese estado de cosas una gestión gubernamental llena de contradicciones y se produce lo que tantas veces se ha lamentado en este mismo espacio: pérdida de confianza de la población en las instituciones gubernamentales.

La creciente conflictividad, las dirigencias opositoras claramente orientadas a la solución por el desastre y la incapacidad gubernamental para crear y sostener alianzas y consensos (excepto cuando se trata de apropiarse del partido político), son un buen caldo de cultivo para la convulsión, lo cual no significa que haya, en realidad, planes para provocarla y forzar la caída del Gobierno.

En tiempos cuando menudean los discursos desinformadores y polarizadores, además de la memoria reciente de hechos sediciosos, es tentador acusar a la oposición, o a agentes no identificados, de buscar la convulsión; sin embargo, también suele ser evidente que los conflictos pueden ser fabricados con el propósito de influir sobre el ánimo de la población. Identificar quién gana más con la polémica, el conflicto y la abrogación del mentado decreto serviría para señalar quién es el más interesado en que haya miedo por la amenaza de convulsión.

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El MAS y la crisis

La democracia, o las formas que la hacen legítima, importan cada día menos

Por La Razón

/ 9 de mayo de 2024 / 06:39

Para nadie debe ser desconocido que el Movimiento al Socialismo (MAS) es la fuerza política más importante de las últimas décadas y el único partido con estructura y potencia suficientes para intervenir en todas las esferas de la vida pública. Sin embargo, precisamente por estos atributos, la feroz lucha que han desatado sus dirigentes no solo afecta al partido, sino a todo el Estado.

Más tardó en terminar el X Congreso del partido, el domingo, en la ciudad de El Alto, convocado por el “ala arcista” del partido, que portavoces del “ala evista” en descalificar el encuentro de la peor forma posible y amenazar con todo tipo de recursos, legales y no, para impedir que las decisiones acordadas lleguen a materializarse.

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No es para menos: se ha elegido a un nuevo jefe nacional del partido, honor que recayó en Gróver García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín al presidente Arce, y se ha decidido revisar el estatuto del MAS para eliminar la disposición que concede la dirección vitalicia del partido al expresidente Evo Morales y para eliminar la restricción de antigüedad como militante para asumir cualquier candidatura.

Para que el congreso masista pudiese llevarse a cabo y que contase con la presencia de veedores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hizo falta que una Sala Constitucional de La Paz ordenase al Órgano Electoral cumplir con el artículo 30 de la Ley de Partidos Políticos. Entre analistas y opinadores de todas las tendencias hubo consenso en que se trata de un nuevo “fallo a la carta”, de los que menudean desde que los magistrados del Órgano Judicial decidieran autoprorrogarse.

A esta evidente muestra de injerencia de un órgano sobre otro (primero el Ejecutivo sobre el Judicial y luego éste sobre el Electoral), se suma la cantidad de ocasiones en que delegados y portavoces del evismo han descalificado al TSE y sus resoluciones por ser contrarias a sus intereses y expectativas. La democracia, o las formas que la hacen legítima, importan cada día menos.

Súmese a este estado de cosas la previsible pugna que se desatará en la Sala Plena del TSE cuando algunos vocales intenten incidir en favor de uno u otro aspirante a candidato. Entonces, las acusaciones y descalificaciones que hoy se sugieren, serán amplificadas, dañando de manera feroz la credibilidad y reputación del órgano llamado constitucionalmente a administrar los procesos que dan sustento al sistema democrático boliviano y a dar legitimidad a las autoridades electas.

A estas alturas de la lucha es, pues, evidente que sin importar el tono y el contenido de los mensajes que una y otra facción del MAS publicitan, lo verdaderamente central para ambas partes es asegurar que el candidato propio llegue a la papeleta y/o que el contrincante no lo logre. Si para tal fin tienen que terminar de romper la institucionalidad del Estado, no dudarán en hacerlo, y eso son malas noticias.

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Elección en suspenso

Las reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre

Por La Razón

/ 2 de mayo de 2024 / 06:16

Como se decía días atrás en este mismo espacio, hace mucho que actores políticos y operadores judiciales están empeñados en frenar sin fecha las elecciones judiciales. El más reciente fallo constitucional ordena no solo paralizar el proceso, sino devolverlo al inicio y comenzar con una nueva ley de convocatoria; el argumento es la defensa de derechos, pero la intención tal vez no.

El 18 de abril, Yeny Duri, dirigente indígena y abogada, candidata eliminada en el proceso de preselección, presentó una acción popular en la que denunció que las aspirantes indígenas de Pando no recibían un trato equitativo en comparación con las de otros departamentos, señalando la falta de oportunidades equitativas en el proceso de preselección. La Sala Constitucional Primera de Cobija emitió el lunes una medida cautelar que suspendió el proceso de preselección en curso y luego, el martes, dictaminó que el proceso de preselección debía dejarse sin efecto completamente, argumentando que la convocatoria inicial no había considerado adecuadamente la inclusión de mujeres e indígenas, e instruyó elaborar una nueva.

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La reacciones luego de conocido el fallo revelaron, cómo no, una nueva fuente de incertidumbre, pues si bien hay voces, como la del expresidente Eduardo Rodríguez, quien argumentó que la Sala Constitucional de Cobija era incompetente para emitir tal fallo y que sus razonamientos eran improcedentes, sugiriendo que la Asamblea Legislativa debería continuar con el proceso de preselección, la Comisión Mixta de Constitución decidió entrar en cuarto intermedio hasta hoy, a la espera de la notificación oficial del fallo.

El Presidente de la Comisión, Miguel Rejas, del MAS, afirmó que la intervención de la Sala es una «aberración» y criticó duramente a los vocales que concedieron la tutela a la candidata Duri; dijo también que el fallo fue resultado de manipulaciones por parte de vocales y jueces, sugiriendo que algunos de ellos habían sido influenciados por quienes presentaron amparos.

A su vez, la senadora Andrea Barrientos indicó que el fallo de la Sala es «ilegal e inaplicable» y que ninguna sala constitucional tiene la competencia para declarar la inaplicabilidad de una ley, especialmente de la Ley 1549, que ha pasado por control constitucional y cuenta con amplio respaldo legislativo. El diputado por Creemos Leonardo Ayala argumentó que la decisión vulnera los derechos de los más de 400 postulantes habilitados para el proceso de preselección. El Presidente Nato de la Asamblea, como es habitual, no apareció.

La interminable sucesión de recursos judiciales y constitucionales, sumada a la incapacidad de las y los legisladores para acordar un plan de acción capaz de superar los obstáculos que unos y otros ponen en el camino, muestra todo, menos voluntad política, para cumplir con el mandato constitucional de realizar la elección de autoridades del Judicial. Mientras tanto, el sistema judicial boliviano se hunde irremediablemente.

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Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

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El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

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