Con la mira en la inversión extranjera
“La economía está pasando por un periodo de crecimiento muy bueno que destaca en la región, pero existen señales negativas. La principal, Bolivia está entre los países que manejan sus economías con un intervencionismo que el mundo ha comprobado es dañino en el largo plazo” (Armando Méndez)
La mejora en la calificación de riesgo por el buen desempeño macroeconómico y la futura Ley de Promoción de Inversiones son la vanguardia de Bolivia para presentarse ante los inversionistas del mundo como un país de oportunidades que deja atrás los fantasmas de la inseguridad jurídica y la nacionalización.
El 18 de mayo de 2012, la agencia internacional Standard & Poor’s (S&P) mejoró la nota de deuda de Bolivia a BB- desde B+. Tres semanas después, el 8 de junio, Moody’s subió la calificación de bonos a Ba3 desde B1 y el 2 de octubre Fitch Ratings la elevó de B+ a BB- con perspectiva estable. Esto, según el Gobierno, incrementó el apoyo a Bolivia de organismos internacionales como el BID, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y otros financiadores, con los que se comienza a negociar.
Moody’s subió la nota de Bolivia porque los indicadores de la deuda del Estado disminuyeron de manera notoria con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), de 75% (2005) a 31% (2011), y por el crecimiento sostenido del PIB real en un promedio de 4,8% en el periodo 2006-2012, impulsado por un aumento de la inversión pública. Fitch destaca el incremento de las reservas internacionales, las cuales cubren el 50% del PIB, la bolivianización del sistema financiero, un sistema bancario saludable y un régimen monetario estable.
Moody’s señala también que la posición de liquidez externa del país mejoró como resultado del superávit de cuenta corriente a lo largo de nueve años consecutivos y el aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED), que, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se incrementó en 23,4% el año pasado respecto a 2011. En dicho periodo, la inversión privada extranjera pasó de $us 859 millones a 1.060 millones; sin embargo, ese monto representa apenas el 0,7% del total de flujos de inversión recibidos en Sudamérica, hecho que se repite en 2011 y 2010, según el análisis del exgerente de la Bolsa Boliviana de Valores Armando Álvarez.
Datos del Banco Central de Bolivia (BCB) al primer semestre de 2012 señalan que el 63% de la IED recibida en el país se dirigió al sector de hidrocarburos; 12% a la industria; 7% a intermediación financiera; 7% a transporte, almacenamiento y comunicaciones; 6% a minería y el saldo a otros sectores. El informe destaca que la IED en el sector de la industria registra una caída superior al 40%. Además, el 98% de la IED recibida proviene de la reinversión de utilidades por parte de las empresas extranjeras que operan en el país y no así de nuevos flujos provenientes del exterior.
A decir de Álvarez, es “preocupante” que en 2012 se haya incrementado de manera significativa la inversión extranjera en los sectores de materias primas, “cuando los precios de las mismas vienen registrando una caída que podría afectar las utilidades de las empresas que son la principal fuente de la IED en el país”.
Para que Bolivia reciba una mayor inyección de capital y tecnología, “hay que generar reglas del juego que den plena garantía a la inversión extranjera, el pleno derecho a sus ganancias, a repatriar utilidades”, según el expresidente del BCB Armando Méndez, quien recuerda que el principal problema a superar para alcanzar este objetivo es la propia Constitución, que da pocos incentivos para la IED e incluye planteamientos en su “contra”.
El Gobierno boliviano insiste en que la seguridad jurídica quedaría consolidada con una nueva ley que, entre otras disposiciones, orienta las inversiones “hacia actividades económicas que contribuyan a la erradicación de la pobreza y a la reducción de desigualdades económicas, sociales y regionales”; también en la “industrialización”, y plantea la “seguridad jurídica… asegurando siempre la protección del interés colectivo sobre el interés individual”.
La demorada Ley de Inversiones pondría también un candado a la nacionalización, principal fuente de preocupación para inversionistas nacionales y extranjeros luego de la estatización, nacionalización o expropiación de al menos 20 empresas estratégicas de países como España, Reino Unido, Brasil, Suiza o Italia, lo que ha puesto bajo control del Estado el 34% de la economía, frente al 18% de 2005, un año antes de la llegada al poder del actual Gobierno.
El excanciller Armando Loaiza recordó que esta política de nacionalización ahuyenta la inversión extranjera “masiva”, muy necesaria en sectores estratégicos como los hidrocarburos, para reponer las reservas de gas, base económica del país.
Bajo este panorama, Bolivia lanzó en noviembre de 2012 su primera emisión de bonos soberanos por un valor de $us 500 millones con el fin de posicionarse en el ámbito mundial como una economía exitosa en sus políticas macroeconómicas con redistribución del ingreso, diversificar sus fuentes de financiamiento y convertirse en referencia para el acceso a los mercados internacionales en beneficio de empresas públicas y privadas locales.
El Gobierno asegura que su política de nacionalización no ahuyentó la inversión extranjera, indicando que la media anual de IED en los siete años de gestión (2006-2012) es de $us 593 millones, superior a los $us 444 millones del periodo 1999-2005. Sin embargo, en 2012, un nuevo año con niveles históricos de IED en Sudamérica ($us 143.800 millones), Bolivia aún no logró mejorar su participación en el total de ingresos de inversión extranjera recibidos en la región, según datos de la CEPAL.