Bruselas reclama poderes de control y sanción tras el fiasco de Volkswagen
También quiere poder retirar los coches afectados y llevar a cabo test aleatorios a vehículos ya en la carretera.
La Comisión Europea (CE) reclamó hoy más poderes de control del proceso de homologación de coches y de sanción en caso de que se detecten malas prácticas, después de que el caso Volkswagen evidenciara las graves carencias del sistema actual, en manos de los países.
«Ha quedado claro que la Comisión Europea tiene que tener un poder de supervisión», afirmó hoy la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, durante la presentación de la nueva legislación.
Este movimiento supondrá dar competencias al Ejecutivo comunitario en una cuestión que actualmente está controlada íntegramente por los Estados miembros: los procesos de control y homologación de los vehículos.
El hecho de que fuera en Estados Unidos y no en Europa donde se descubrió el trucaje introducido por el gigante automovilístico alemán ha sacado los colores a las autoridades competentes y ha planteado serias preguntas respecto a la eficacia del sistema europeo, sobre el que se cierne además la sombra de la sospecha de la complicidad.
La falta de una reacción contundente por parte de las autoridades, el descubrimiento de otros casos similares en marcas como Renault y la constatación de que VW se plantea compensar en mayor grado a los consumidores estadounidenses que a los europeos ha aumentado la sensación de impotencia en Bruselas, carente de instrumentos de reacción, pero objeto de críticas.
«La CE no tenía ningún poder para tomar la iniciativa» en el caso Volkswagen y «bajo la actual legislación no tenemos poderes ni para preguntar a los Estados miembros si algo va mal», se lamentó Bienkowska, quien defendió que el Ejecutivo comunitario necesita poderes para ejercer una vigilancia reforzada sobre el sector.
En caso de que surja un nuevo caso de fraude, si el país o los países afectados no reaccionan, Bruselas pide tener la capacidad de multar con hasta 30.000 euros por coche trucado a los fabricantes que incumplan las normas.
También quiere poder retirar los coches afectados y llevar a cabo test aleatorios a vehículos ya en la carretera.
La vigilancia europea se extendería también a los servicios técnicos que ejecutan las pruebas a los coches, a los que la Comisión podrá quitar su licencia o incluso multar si no ejercen sus controles de manera rigurosa.
Además, esos servicios técnicos no podrán seguir recibiendo financiación del sector automovilístico.
Bruselas va un paso más allá y apunta también a las autoridades nacionales de homologación.
Para evitar de antemano las quejas de intromisión comunitaria, la CE plantea que se sometan a revisiones periódicas entre ellas, es decir, «peer reviews».
La pregunta es, ahora, cuál va a ser la reacción de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, que tienen que dar su visto bueno a la propuesta para que ésta entre en vigor.
Los países son tradicionalmente reticentes a permitir que Bruselas entre en las áreas de su competencia, a lo que hay que sumar la importancia que tiene la industria automovilística en los mayores socios europeos, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España.
La ONG Transport & Environment apunta a estos cinco países por «hacer lobby» a favor del sector durante la tramitación de la otra propuesta puesta en marcha tras el escándalo de VW, la destinada a reforzar las pruebas que se hacen a los coches para controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) que liberan.
Buena parte de la Eurocámara, que amenaza con vetar la propuesta, y las organizaciones ecologistas criticaron en octubre a los Veintiocho y a la CE por introducir un margen que permitirá a los fabricantes superar los máximos de contaminantes durante un periodo de adaptación una vez entren en vigor los controles que miden las emisiones en condiciones de conducción real.
Las reacciones iniciales a la propuesta presentada hoy han sido positivas tanto por parte de las ONG como de las asociaciones de consumidores.
«Es crucial que la afable relación entre los fabricantes de coches, las autoridades nacionales y los servicios técnicos se rompa. Esperamos que el Consejo y el Parlamento se aseguren de que esto suceda», dijo la directora general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Monique Goyens.
