Héctor Hinojosa: ‘Existe la necesidad de mejorar la calidad del empleo’
El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social destaca que durante la actual administración pública el número de asalariados en el país se incrementó y que se desarrollaron y desarrollan políticas integrales para impulsar el empleo.
El titular de Trabajo, Empleo y Previsión Social accedió a una entrevista con La Razón para hacer conocer los alcances del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) II, que cubre por tres meses la remuneración salarial de personas que aspiran a ocupar un puesto en una empresa, tiempo en el cual son capacitadas por los propios empleadores. Héctor Hinojosa es una de las pocas autoridades, sino la primera del gabinete de ministros del presidente Evo Morales, que en un sentido autocrítico reconoció que desde el Gobierno “hay la necesidad de mejorar la calidad del empleo”. El informe Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló en julio que el 17,4% de los trabajadores de Bolivia aporta al sistema de pensiones un porcentaje que está muy por debajo del promedio regional (44,6%) y que pone al país como último de Latinoamérica y el Caribe en contribuciones a la seguridad social.
— ¿Cuál es la importancia del PAE II y cuáles sus beneficios?
— El Programa de Apoyo al Empleo (II) es parte del Plan de Generación de Empleo que se lanzó el año pasado y está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El PAE II tiene como objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad; esto significa que la persona recibe durante un tiempo capacitación in situ, en el propio trabajo y del empleador, para desarrollar sus competencias antes de ocupar un puesto laboral ofertado por alguna empresa con la cual se tenga un convenio. El Ministerio de Trabajo, por su parte, otorga (durante los tres meses de formación) un estipendio equivalente a Bs 2.060 cuando el buscador de empleo no tiene ninguna formación, pero si acaso tuviera alguna el salario puede elevarse hasta Bs 3.090.
Esta remuneración va acompañada de un seguro contra accidentes. De ese modo, no se reporta ningún costo para la empresa y a la culminación del periodo (de cualificación) la persona es incorporada a la fuente laboral de acuerdo con las normas de la Ley General del Trabajo.
— ¿Cuántos empleos se crearon durante la vigencia del programa en las empresas públicas y privadas?
— El PAE I funcionó con algunas interferencias desde 2012 hasta 2014, cuando se hizo un reajuste de la estrategia y se puso la meta de 17.000 inserciones laborales hasta 2016, año en el que culminó la primera parte del programa. En su primera fase, el programa logró capacitar a 19.500 personas, de las que el 60% logró una fuente de trabajo. El PAE II tiene como meta lograr 20.000 inserciones laborales en el lapso de cinco años (2017-2021), aunque la idea es acortar el tiempo hasta 2020. NdE. El Programa de Apoyo al Empleo II está a cargo del ministerio a cargo de Hinojosa.
— ¿Qué requisitos deben presentar los trabajadores que quieran ser parte del PAE II?
— Tienen que inscribirse en la Bolsa de Trabajo (el registro estatal de desempleados) y presentar su cédula de identidad, factura de luz o agua, croquis del domicilio, hoja de vida y título, si tiene.
— ¿Cuántos empleos para jóvenes se crearon desde la puesta en vigencia del PAE?
— Más del 50% del PAE I ha beneficiado a jóvenes y mujeres y el 60% de esas 19.500 (personas capacitadas) ha tenido su primera experiencia laboral a la edad de entre 18 y 35 años.
— ¿Qué tipo de empleo genera el PAE II? ¿Es estable, parcial?
— Todos estos empleos, junto con los 1.500 que desarrolló el Ministerio de Planificación a través de convenios con más de 700 empresas, son parte del Plan de Generación del Empleo, el cual tiene dos componentes: uno de inclusión y otro de capacitación.
— ¿Qué porcentaje de los trabajadores ocupados tiene un empleo digno?, es decir, con aportes a la seguridad social, seguro de salud y demás…
— Cuando se habla de informalidad se suele pensar que lo formal es solo tener una relación obrero-patronal. En nuestro país, el número de asalariados ha crecido de 500.000 en 2005 a 1,8 millones en la actualidad. Estamos hablando en términos de trabajo digno, que son personas que gozan del seguro a corto y largo plazo, de cierta estabilidad, y para eso tenemos los datos de la Caja Nacional de Salud (CNS). El número de asegurados se ha incrementado bastante, de un piso de 500.000 titulares hoy tenemos 4,5 millones, eso demuestra el grado de trabajo digno en el país. Por otro lado, no todas las personas que trabajan lo hacen en el sistema asalariado, ahí están —por ejemplo— microempresas, iniciativas familiares y otro tipo de actividades que no las podemos considerar informales, porque están inscritos con NIT (Número de Identificación Tributaria), que también generan fuentes de empleo. Es decir, no podemos decir que todas las personas van a ser asalariadas. Uno de los problemas que sí tenemos, y hay que reconocerlo, es la calidad del empleo.
Existe la necesidad de mejorar la calidad del empleo porque si vemos que el número de titulares en la CNS supera el millón, hay todavía un margen de miles de trabajadores que tienen que mejorar su calidad de empleo, y obviamente eso significa garantizar el desarrollo de cada una de las empresas y crear condiciones para que éstas puedan ser sostenibles. En ese sentido, nuestro Gobierno desarrolla políticas integrales para el empleo. NdE. La Fundación Inesad calculó en 2015 que solo uno de cada 10 trabajadores del país tiene un empleo digno, lo que según la Constitución implica contar con una fuente de trabajo estable, sobre todo para generar ingresos continuos y adecuados para el sustento familiar, con acceso a la protección social (sistema de pensiones y seguros de salud, riesgos laborales y desempleo), seguridad para la integridad física en el lugar de trabajo y libertad para crear sindicatos para mejorar las condiciones laborales.
— El Ministerio de Trabajo presentó además el Programa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. ¿Qué medidas se implementarán para que los sectores público y privado cumplan con lo establecido por la Ley 977?
— De acuerdo con la Ley 977 (de Inserción Laboral y Apoyo Económico para Personas con Discapacidad, de septiembre de 2017) se busca persuadir y convencer a las entidades públicas y privadas de que incorporen a las personas con discapacidad. Hemos hecho una evaluación de aproximadamente seis meses de aplicación de la norma y lo que tenemos como resultado es que en el sector del Ejecutivo se han incorporado cerca de 1.800 personas con discapacidad. Casi todos los ministerios cumplen con el 4% de sus planillas, aunque en algunos hemos tenido dificultades y no siempre se ha podido cubrir (esa cuota) por el grado de profesionalismo que exigen algunos puestos de trabajo. En el sector en el que sí tenemos dificultades es en el estatal, en universidades, gobernaciones, municipios y otras entidades descentralizadas que no se han abierto a la incorporación de personas con discapacidad. En el privado, hemos hecho un estudio e identificado cerca de 2.000 empresas que tienen más de 50 trabajadores y que deberían generar entre 5.500 y 6.000 puestos de trabajo para las personas con discapacidad. De ese número, son 835 personas las que se han insertado en el sector privado y en razón de ello se creó el Programa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, apoyándonos en el PAE II. Entonces, hay temor por parte de los empresarios de incorporar a personas de esta condición porque tienen que gozar de inamovilidad y el miedo está en que contraten un trabajador que no rinda laboralmente. En razón de ello, se abrió un periodo de capacitación de seis meses de las personas con discapacidad con el estipendio equivalente a un salario mínimo y en ese periodo la capacitación será in situ, en la fuente de trabajo. Así hay doble beneficio, porque hay un proceso de adaptación de la persona con discapacidad a la fuente de empleo con capacitación que irá acompañada de una asistencia integral por parte del Ministerio de Trabajo, de tal modo que a la culminación de los seis meses la empresa tenga la seguridad de que está incorporando un trabajador con competencias plenamente desarrolladas. Así ya no tendrá el temor de que estos trabajadores no rindan adecuadamente y por tanto no sean una carga laboral. Otro proceso es el desarrollo de cursos cortos para que se puedan estimular las potencialidades de las personas con discapacidad de manera general. Este septiembre, por ejemplo, se lanzarán los cursos de ofimática, contabilidad y de atención al cliente, que puede ser a petición de las propias empresas.
— ¿Qué incentivos se dará a las firmas que contraten más personas de esta condición?
— Estamos creando el Sello de Inclusión, que será entregado por nuestra Dirección de Servicio Civil a todas las personas (y empresas) que cumplan con el porcentaje de inclusión. El Sello va a significar que las empresas están cumpliendo con una norma y una ley que es bastante solidaria y humana, porque se trata de atender a un sector de la sociedad que fue el más abandonado de la historia de Bolivia.