Una ley que va contra cualquier derecho a la expresión es un peligro absoluto. Peor aún si ésta es ambigua y no especifica definiciones ni presenta un reglamento claro, como es el caso. Luego, meterse con los contenidos de las artes es entrar en un sistema de censura directa. 

No se dice qué se pretende censurar, por qué y a través de que procedimiento legal. ¿Esto llevará a encarcelamientos ilícitos sin proceso legal previo? Y aun si hubiera procesos y procedimientos que respeten los derechos humanos, ¿qué juez o jurado tiene el mecanismo y capacitación para analizar y entender lo que se quiso lograr con una obra o acción artística? Por ejemplo, venimos viendo al Ejército realizar acciones contra personajes coronavirus, o desfiles promoviendo y mostrando una lucha (armada), contra el COVID-19.

En esas acciones, que asumo bienintencionadas y pretendidamente educativas, hay tal nivel de distorsión de la situación que atravesamos, que se constituyen en instancias de desinformación que generan más incertidumbre que otra cosa. Entonces, bajo la ley y su nuevo alcance, ¿procesamos a todo el Ejército Boliviano y/o sus altos mandos por atentar contra la salud pública? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

(*) Diego Aramburo es teatrista

(11/05/2020)