El pozo Macondo de la empresa BP se declaró ayer extinguido oficialmente, tras cinco meses de un derrame que vertió cinco millones de barriles de crudo al Golfo de México y se convirtió en la peor catástrofe ecológica en Estados Unidos.

El pozo petrolero «está efectivamente muerto», indicó en un comunicado el comandante del Servicio de Guardacostas, Thad Allen, coordinador de la lucha contra el derrame.

Las pruebas de presión realizadas la noche del sábado para comprobar que el sellado es hermético y resiste han tenido éxito, explicó Allen. «Podemos declarar ya, de manera definitiva, que el pozo Macondo ha dejado de constituir una amenaza para el Golfo de México», agregó.

La Oficina de Regulación y Administración de la Energía Marina ha confirmado que el sellado «ha tenido éxito, que el pozo ha quedado cerrado de manera permanente con tapones de cemento y que las pruebas de presión confirman que los tapones son sólidos», se lee en un comunicado. «Aunque el pozo está extinguido, seguimos comprometidos con nuestros denodados esfuerzos para limpiar cualquier mancha de petróleo adicional que pueda quedar», explicó Allen, quien encabeza el Mando Nacional de Incidentes.

Tras la declaración de Allen, el presidente de EEUU, Barack Obama, en un comunicado distribuido por la Casa Blanca, expresó su satisfacción por el fin oficial del vertido y subrayó: «seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que la costa del Golfo se recupera por completo de este desastre».

«El camino no será fácil, pero seguiremos colaborando de cerca con la gente del Golfo para recuperar su modo de vida y restablecer el medio ambiente que les sustenta», declaró.

Aunque Macondo queda declarado oficialmente muerto, se cerrará tan sólo el primer capítulo del derrame de más de cuatro millones de barriles de crudo al mar y cuya limpieza tardará aún meses en completarse.

Las reclamaciones contra BP continúan amontonándose, hasta el punto de que esta semana un juez de Nueva Orleans instó a los demandantes a considerar acuerdos con la empresa fuera de los tribunales para evitar los retrasos en el pago de compensaciones que podría darse si se prolongaran los litigios.

Hasta el momento, BP asumió un coste de $us 32.000 millones en compensación a los afectados por el vertido, y dispuso de 20.000 millones en un fondo administrado independientemente para hacer frente a las demandas.

El vertido comenzó después de que el 20 de abril la plataforma «Deepwater Horizon» estallara por causas que aún se desconocen, en un incidente que causó la muerte de once personas.