Todo cabildo multitudinario o reunión de masas siempre es dirigido y al final aprueban lo que los líderes de esa convocatoria minutos antes lo plasman en un papel. La multitud grita a todo pulmón que está de acuerdo: “Hasta las últimas consecuencias”. En el cabildo del 4 de octubre de 2019 aprobaron hacer derogar las leyes incendiarias. Ni un solo artículo fue modificado.

El paro indefinido aprobado el 30 de septiembre fue inducido, provocado, no consensuado ni debatido en profundidad entre las dirigencias cívicas, sociales, políticas, vecinales, campesinas, empresariales, autoridades municipales y de la Gobernación del departamento de Santa Cruz.

A pocos días del paro, lo que más se escucha son las voces de ambos lados de los violentos y sedientos de sangre y de violencia, que vienen frotándose las manos para que corra sangre y lágrimas en las calles y en las rotondas. Para que todo paro sea “exitoso” debe haber bloqueos, ante ello, anunciaron desbloqueos y eso no se hará con rezos ni flores.

¿Por qué no el paro? Acá cinco razones importantes:

1) No existe una unidad férrea ni un discurso motivador y que refleje el sentimiento colectivo de las instituciones, organizaciones y autoridades de Santa Cruz, como ciudad y departamento. Hay voces y posiciones contradictorias, que a veces se elevan a los insultos entre las autoridades y dirigentes políticos regionales.

2) La institucionalidad cruceña está debilitada y fragmentada. Varios gobiernos municipales, entre ellos el de Santa Cruz de la Sierra, no están de acuerdo con el paro. Las diferentes instancias empresariales dijeron que no lo acatarán. La COD es la abierta opositora al paro. Los poderosos sectores como los gremiales y transportistas alertaron que saldrán a trabajar y pidieron garantías a la Policía.

3) La demanda central del paro indefinido: Censo en 2023, no es un tema que afecta al bolsillo y al bienestar del ciudadano común. Fue diferente el paro de octubre y noviembre de 2019, porque hubo un monumental engaño a la voluntad popular y la gente exigió respeto. El paro de octubre de 2021 contra la ley de ganancias ilícitas afectaba al bolsillo de la gente. Hubo apoyo masivo y contundente.

El Censo no llega a la gente, ni al bolsillo, ni a mejorar su situación de salud, alimentación, vivienda. El dinero no se les depositará en sus cuentas personales, sino que irá a las gobernaciones, municipios y universidades, que tendrán más recursos económicos, pero que eso, supuestamente, debe traducirse en obras sociales. ¿Cómo creer ello si se han robado más de Bs 400 millones con los ítems fantasma? ¿Más Bs 50 millones con las ambulancias fantasma?

4) El paro indefinido le favorece a los violentos y radicales del Gobierno y del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, quienes, en la sombra, vienen trabajando las estrategias para generar violencia y caos en las rotondas, calles, avenidas. Los cohetes deben estar almacenándose y las piedras en algún lugar. El lenguaje y la acción de los violentos —sean del color que sean— deben ser neutralizados, no por la Policía y los fiscales, ellos ya tienen el libreto escrito y saben a quiénes meterán preso, sino que deben ser paralizados por una decisión valiente de quienes están organizando la medida extrema: parar el paro indefinido, que en caso de concretarse, se perfilan jornadas de incertidumbre.

5) El Gobernador de Santa Cruz y su organización Creemos vienen apostando a radicalizar posiciones, polarizar más y dividir las aguas, lograron imponer su agenda del paro para demostrar quién es el que manda en Santa Cruz. El Gobierno lo sabe y también hace sus jugadas.

El mejor homenaje que pueden hacer a la democracia en sus 40 años, quienes han sido elegidos autoridades, por el voto democrático, es renunciar a las posiciones extremas y tomar decisiones democráticas, sin duda, gran parte de ello está en las manos del presidente Luis Arce.

Hernán Cabrera M. es periodista.

El Comité pro Santa Cruz se hace notar, destaca y quiere, otra vez, movilizar a todo un pueblo cuando se trata de temas lejanos a la gente. Ante la irresponsabilidad del Gobernador de no asistir a una importante reunión del Consejo Nacional de Autonomías, ahí los vimos juntos al dirigente cívico y al Gobernador, queriendo instalar una batalla mediática y pretendiendo que la gente los aplauda y condene al Gobierno.

Antes, cuando convocaron al dirigente cívico a declarar ante la Justicia y cuando el Gobernador tuvo que comparecer ante los fiscales, el comité cívico se movilizó y arengó la defensa de Santa Cruz. Apelan a la sensibilidad, al sentimiento de la cruceñidad y nos quieren conducir aún más a la polarización, a las batallas, a los bloqueos, a los paros.

Creemos y el gobernador Camacho saben eso y han encontrado en el Comité pro Santa Cruz su arma política o por lo menos para hacer agenda y “jochear a los petos”. A lo que se prestan ciertos medios de prensa, que en sus titulares, desarrollo de las noticias y en sus presentaciones llegan a decir: Santa Cruz se moviliza, Santa Cruz reacciona, Santa Cruz no permitirá…

Santa Cruz somos los casi tres millones de hombres y mujeres en el departamento, y con seguridad no han preguntado a esa cantidad de personas para que hablen, griten o titulen en nuestro nombre o representación. Conmigo no cuenten para sus intereses y sus paros.

Pero la cruceñidad, esa que dice representar el Comité pro Santa Cruz, se mantiene en un silencio cómplice frente a sus propias narices sobre hechos vergonzosos y atroces que se vienen y se han cometido, sin reaccionar, sin sonrojarse y sin que se les mueva un pelo y ni una sola marchita convocan.

Veamos esos hechos y usted evaluará si generan o no una movilización general por Santa Cruz, por su gente, por sus valores, por su presente y futuro.

1. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra fue saqueado por “notables” cruceños, por fraternos, familiares, amigos, comparseros de la anterior gestión municipal, en el caso de los ítems fantasma. Fueron muchos millones de dólares que fueron a parar a las alcancías personales, y de ese dinero ni un solo centavo ha sido devuelto o encontrado. El comité cívico y las fraternidades nunca se pronunciaron.

2. A plena luz del día, los ejecutivos de Cotas, donde están hace muchos años las logias, se robaron más de $us 15 millones de los socios, caso conocido como el Plan Cuotitas, dinero que sigue desaparecido, aunque sabemos que se encuentra en las cuentas personales y familiares de esos ejecutivos. La Justicia tiembla y el comité cívico encubre. Las comparsas siguen el baile.

3. Santa Cruz, al que lo llaman el modelo del desarrollo, tiene las cifras más altas de violencia hacia la mujer y de violencia sexual. Se lleva el campeonato a nivel nacional. Cada día entre 25 y 30 mujeres sufren algún tipo de agresión y entre cuatro y ocho niñas y niños son víctimas de abuso sexual. La institucionalidad y la sociedad cruceñas lucen amordazadas e indiferentes al dolor de las niñas y adolescentes abusadas.

4. Asesinan a tres policías frente a muchos ciudadanos en el Urubó y la sociedad bosteza y ni se inmuta, porque hay algo blanco que circula entre los asesinos. Es la cocaína. El comité cívico y las comparsas callan frente al narcotráfico. Hicieron una marca.

5. Fotos y videos denunciaron que el hijo concejal se farreó, se juntó y se abrazó con un conocido narcotraficante, sobre quien pesan varias denuncias y es procesado por la Justicia, pero ni la prensa, ni esa institucionalidad, ni la Iglesia, ni los ejecutivos municipales, ni las juntas vecinales aceptan esas pruebas y quieren tapar semejante escándalo. A ello hay que sumar los últimos hechos de corrupción en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que tiene un presupuesto anual de $us 345 millones y donde hace años el hoy Alcalde dio una orden expresa: “No digo que roben, pero saquen algo”.

Son temas irresueltos, reales, fuertes, vergonzosos y que golpean a los derechos humanos de la gente de Santa Cruz, departamento que no es solo el modelo de desarrollo y la locomotora de la economía, es también el modelo de la corrupción a gran escala y la locomotora de las injusticias, los abusos y el encubrimiento.

Hernán Cabrera M. es periodista.

Los paradigmas actuales en el desarrollo político y social de los estados —que en el caso de Bolivia es el llamado proceso de cambio con todas las contradicciones, vacíos y certezas, en esta etapa de transición de la república neoliberal y centralista a un Estado Plurinacional y con autonomías— se imponen a las premisas y a las preguntas del periodismo nacional y su rol actual.

Ese proceso tiene muchas miradas y posiciones, calificadas por unos de quiebre, de inflexión, de crisis, de rupturas, de incertidumbres y de irradiaciones. Otros consideran que es del pueblo y otros, para la élite. Pero presente, muy nuestro, complejo,    inevitable, abarcador y que requiere del concurso de todos.

Muchas dudas y pocas respuestas: ¿Es el periodismo un espacio de debate real y democrático en estos tiempos de cambio y de conflictos? ¿Los medios de comunicación se han convertido en instrumentos políticos de la oposición y del oficialismo? ¿La prensa es un interlocutor en esta dinámica histórica de la construcción del Estado Plurinacional y con autonomías? ¿El periodista ha asumido los retos y se ha preparado para los procesos electorales y de transformación del Estado y de sus regiones? ¿La verdad periodística es aquella que gritan los radicales y los falsos líderes de ambos extremos? ¿Cuál es  el rol del periodismo en este proceso de definiciones del modelo autonómico? ¿La ética periodística es asumida por los periodistas o se la echa al basurero? ¿Los medios de comunicación tienen derecho a ser los portavoces de Evo Morales, de Rubén Costas, de Percy Fernández, de Mario Cossío, de Condori, de Mamani? ¿Hasta dónde asumir y entender la libertad de expresión? ¿La libertad de expresión es sinónimo de impunidad, de luz verde para que aquél que se dice periodista pueda decir e insultar lo que quiera contra aquéllos que considera sus enemigos o que piensan diferente? ¿Los medios de información piensan en el ciudadano? ¿El periodista tiene poder y convive con el poder político? ¿La Constitución Política garantiza la labor de la prensa? ¿Las autonomías son garantes del derecho de la información y de la libertad de expresión? ¿Dónde se ubican los medios de comunicación y el periodismo que ejercen en este contexto de cambios, de contradicciones, de relaciones dialécticas con el Estado en todos sus niveles?

Precisamente, al ser el periodismo una de las columnas de este proceso de construcción de un nuevo Estado —el creador de la República, Simón Bolívar, consideró que la “prensa es la artillería del pensamiento”— debe exigirse a sí mismo su enorme responsabilidad que debe asumir. Pero esa artillería ha estado en la mayoría de las veces al lado de los poderosos, de los que manejaban la información y de los que decidían el destino de este país, azotado en siglos por la miseria, por la explotación de sus recursos naturales, por la discriminación, por la enajenación de las materias primas, hasta el punto de hacernos creer que nada mejor para Bolivia y para sus habitantes era aceptar, sin mayor oposición, la ola de privatizaciones, de capitalizaciones y del imperio de la lógica del mercado, y en ello  la libertad de expresión fue acuñada como un privilegio o un derecho exclusivo de los medios de comunicación. Sólo la prensa podía defender este derecho fundamental, de ahí que se construyeron los discursos homogéneos, únicos, que hablaban de defender la patria y su economía; lo contrario de ello era subversivo, negativo, terrorista y altamente inflacionario. En medio de eso, los ingentes recursos económicos para las campañas mediáticas de las bondades del neoliberalismo. Así se logró construir la figura que todo aquello que criticaba el modelo neoliberal era calificado como atentatorio a los intereses del Estado.

Éstas y muchas otras preguntas deben impulsarnos al debate y mucho más en estos momentos en los que se respira cambios, transformaciones, conflictos, y no sólo de maquillaje o en lo superficial, sino en lo profundo, en las estructuras del propio Estado, en las instituciones que sostienen al sistema democrático, vigente de forma ininterrumpida desde 1982 y alimentado por una serie de etapas que le han dado estabilidad política al país. Llámese democracia pactada, democracia representativa, democracia directa, democracia comunitaria-intercultural, al fin y al cabo, es el modelo que hemos escogido los bolivianos frente a la dictadura y al caos.

Miremos para adelante, proyectemos los desafíos y las responsabilidades que les aguardan a los periodistas en este nuevo contexto de país y Estado que se va rediseñando, en el cual la implementación de las autonomías, como un modelo que provoque rupturas al centralismo, a la concentración de poder económico y político, y genere mejores condiciones de vida, de participación social y de cercanía del poder hacia el ciudadano, se impondrá de forma inevitable el principio constitucional del derecho a la información y de la calidad de la información como pilar de la calidad de la democracia, y como fundamento axiológico de hacer un mejor periodismo para una mejor sociedad. No se hace periodismo para el poder ni para los poderosos.

Armando Mattelart, estudioso de la comunicación, hace la siguiente provocación: “El único demiurgo es  el pueblo; no un pueblo abstracto o una muchedumbre anónima, como lo quieren hacer entender los portavoces de la opinión burguesa, sino un pueblo organizado y movilizado en contra de la minoría privilegiada, que se arrogó el derecho de representar a las mayorías y hablar en su nombre”.

Es que este modelo de Estado que se va armando y construyendo ladrillo a ladrillo también repercute, y bastante, en la labor periodística, y por ello se está planteando y empezando a discutir una ley del derecho a la información, de prensa o, en todo caso, replantear y elaborar una nueva Ley de Imprenta, vigente desde enero de 1925, que, a pesar de los años, ha sido el instrumento que ha permitido al periodismo boliviano desempeñarse. En todo caso, la prensa boliviana tiene que desenvolverse en el marco del actual paraguas constitucional y no puede transgredir esos principios constitucionales, porque no está más allá del bien y del mal; los periodistas no son bestias ni dioses, no están en el olimpo griego ni en las salas del Vaticano, ni en las oficinas de la Casa Blanca ni en la sede oficial del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Fundamentalmente, el periodismo es una apuesta por los derechos humanos; toda información es un poderoso instrumento que debe generar cambios de toda situación de injusticia, de intolerancia, de abuso de poder, de explotación, y, sin duda, un régimen de autonomías debe constituirse en un garante para la vigencia de un sistema de derechos humanos.

El periodismo es una apuesta permanente por la democracia, por el respeto a las ideas, a los derechos humanos, a la vida, a la libertad, a la lucha de mejores condiciones de vida. El periodismo es una exigencia e interpelación de la sociedad y de sus gobernantes a que respeten la paz social, la tolerancia y el futuro que todos debemos construir. Los medios de comunicación no deben ser instrumentos de la confrontación, de la violencia y del racismo. Se impone por encima de todas las cosas y las opciones, que debemos ganarle a la violencia y a la intolerancia.

El periodista no es un instrumento al servicio de determinados intereses y proyectos políticos, que buscan privilegiarse y privilegiar. El periodista es un ser social que está al servicio de la verdad y del pueblo; por lo tanto, a la construcción de más democracia y de una mejor sociedad.