El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó este viernes que la investigación contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, radica ahora en Santa Cruz.

“Este proceso ha sido derivado a Santa Cruz a raíz de un incidente de declinatoria de competencia suscitado por una de las personas investigadas”, informó la autoridad judicial a los periodistas en Sucre.

Ese caso fue abierto por Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio. La presunta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

Israel Huaytari

En su defensa, el legislador del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) negó su vinculación con cualquier hecho de corrupción. También atribuyó la denuncia a una “guerra sucia” por parte de un miembro de la Asamblea Legislativa cuyo nombre no dio.

Incluso, dijo que está dispuesto a renunciar a su derecho al secreto bancario. “No hay miedo”, dijo el diputado potosino en conferencia de prensa.

“Esta presidencia jamás se metería en hechos de corrupción, peor todavía los potosinos, que somos trabajadores. Huaytari no es politiquero y no vive de la política; Huaytari recién asume en su carrera política primera vez como parlamentario”, añadió.

Respecto del patrimonio de Huaytari, y según consta en la Contraloría General del Estado, cuenta con 10 bienes declarados; un total de bienes activos por Bs 605.350, deudas por Bs 2,78 millones y rentas recibidas por Bs 294.215.

El diputado Andrés Romero, de la agrupación de oposición Creemos, fue sorprendido con un celular escondido en sus genitales cuando intentaba ingresar al penal de Chonchocoro a visitar al gobernador electo de Santa cruz, Luis Fernando Camacho.

El hecho, ocurrido el jueves, fue detectado por el scanner que utilizan efectivos policiales para el control de ingreso de visitas en el recinto carcelario. El reporte policial y la imagen que delató la infracción dan cuenta de que el dispositivo fue camuflado en la parte genital del legislador de la bancada de Santa Cruz.

Aún se espera un informe oficial ampliado sobre el hecho por parte de los custodios de ese centre penitenciario de máxima seguridad, en Viacha.

En una entrevista con la red DTV, el diputado Romero admitió el hecho y dijo que pasó por “tonto” al ser descubierto.

“Hoy cumplí mi decimoquinta visita y no pude entrar, hoy, por error mío, por un operío mío que lo tengo que asumir, quise hacerme el vivo y pasé por tonto y perdí la oportunidad de entrar (de visita al penal)”, dijo al periodista Junior Arias.

Aprovechó la ocasión para calificar de “secuestro” la privación de libertad del otrora presidente del Comité pro Santa Cruz que lideró las protestas contra el Gobierno del expresidente Evo Morales.

Camacho está detenido preventivamente en ese recinto desde el 30 de diciembre de 2022, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales, en noviembre de 2019.

Las protestas que reclamaban un supuesto “fraude monumental” en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año cobraron fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales dimita a su cargo, en medio de una fuerte convulsión social y política.

El vocero presidencial Jorge Richter dijo que la intención de Evo Morales de postular a las elecciones presidenciales de 2025 es “esquizofrénica” y que eso pone en riesgo al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Si no se deja de lado esa esquizofrénica búsqueda de las repostulaciones, entonces, entre otros factores, el final de ciclo es evidente”, dijo en una entrevista con la red DTV.

Richter se refirió a la primera amonestación que impuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el MAS, por el incumplimiento a la renovación de su directiva nacional. Esa decisión fue comunicada el pasado miércoles.

Jorge Richter

Según explicó el vocal electoral Tahuichi Tahuichi a La Razón, el MAS incumplió la resolución de la Sala Plena del 28 de marzo de este año, que dispuso un plazo de 25 días para que la dirección del MAS convoque a un nuevo congreso para la renovación de su directiva. Ese tiempo se cumplió el 22 de abril.

El principal escollo para cumplir con esa disposición del Órgano Electoral es el artículo 13 de estatuto del MAS, que establece que los congresos de ese partido deben ser convocados por la dirección nacional previo consenso con las organizaciones sociales “matrices” de esa fuerza política.

“Tiene que consensuar el congreso con las organizaciones fundacionales, y (Morales) debe tener la grandeza de sentarse en una misma mesa, porque eso dice el estatuto del MAS para determinar cómo llevar ese congreso”, consideró Richter.

Congreso

Por separado, las facciones arcista y evista del MAS presentaron al TSE convocatorias para su congreso. Por un lado, el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, convocó y celebró su encuentro nacional el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Ese encuentro eligió a Grover García presidente del MAS, en reemplazo de Evo Morales.

Sobre la validación de ésa y otras resoluciones, el TSE definirá su registro o no con base en un informe de la Secretaría de Cámara sobre el cumplimiento de requisitos.

Por otra parte, el evismo convocó a congreso para el 10 de julio en Villa Tunari, en Cochabamba. Al respecto, el TSE aún no se pronunció.

MAS

“Un MAS fraccionado, con toda la corporación social y popular otorgado por las organizaciones sociales matrices, va a perder la fuerza que lo hizo invencible en tiempos electorales”, advirtió Richter.

Conocida la amonestación, la facción evista anunció la impugnación de la decisión y la calificó de una “estrategia” del Gobierno y del TSE para proscribir al MAS e inhabilitar a Morales como candidato en 2025.

“Evo solo ve lo que le favorece (…). Cuando a Evo le conviene reconoce al TSE, cuando no, lo crítica”, remató el vocero.

La convocatoria al congreso nacional marcó aún más las diferencias entre ambas facciones del MAS, pues cada una reclama la legitimidad y la legalidad de su llamado.

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Gobierno nacional de desplegar una estrategia con el fin de “proscribir” a ese partido.

La denuncia fue planteada en conferencia de prensa por el delegado político del MAS ante el tribunal, Diego Jiménez, un día después de que el TSE resolviera emitir la primera amonestación grave contra ese partido, por incumplir la disposición relativa a la renovación de su dirección nacional.

La dirigencia nacional del MAS y su líder, Evo Morales, persiste en su idea de que el TSE recibe órdenes del Gobierno con el fin, primero, de proscribir a ese partido y luego eliminar la candidatura del exmandatario a las elecciones generales de 2025.

MAS

“¡Le temen! Y ése es un objetivo antidemocrático e inconstitucional”, apuntó Jiménez.

En criterio del delegado político, hay una contradicción en el TSE al emitir la amonestación y la resolución de una ampliación de plazos para que las organizaciones políticas presenten su renovación de directivas.

“El TSE ya no solo peca de ser contradictorio e irracional, sino que ha tomado una posición política, y parcial para proscribir al MAS (…). Estamos ante una institución que está trazando y aplicando una estrategia de proscripción al MAS-IPSP”, reclamó.

Asimismo, anunció que el MAS impugnará la amonestación, pues considera que se trata de una decisión “equivocada”.

TSE

Por su parte, el abogado del MAS Wilfredo Chávez señaló que no corresponde ese tipo de sanción para el partido, pues, según sus palabras, ese partido cumplió con todo lo requerido por el TSE para la realización de su congreso y la renovación de la directiva nacional.

“Estas resoluciones sancionan a una organización que ha cumplido con la ley, se sanciona al que cumple”, criticó.

La amonestación al MAS se conoció en medio de un fuerte debate por la legalidad o no del congreso del ala arcista del MAS, celebrado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, que eligió a Grover García como nuevo presidente de esa organización.

Entretanto, hay una convocatoria para del ala evista para un encuentro nacional el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba, aunque el TSE no se pronunció respecto de ese llamado.

El Gobierno presentó este jueves un anteproyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que incluye un nuevo tipo penal: apoderamiento flagrante de la cosa ajena, con una pena de siete años.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que el nuevo tipo penal propuesto incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional son dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

“Quienes tengan una situación migratoria irregular en el país y cometan ese tipo de delitos, van a tener una agravante”, indicó la autoridad en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

La propuesta, según explicó Del Castillo, surge en respuesta a los reclamos sobre inseguridad y las denuncias por robo que recibió la Policía Boliviana en 2023; los casos alcanzaron los 21.330.

Del total de esos casos, la Policía aprehendió a 2.931 personas que fueron sancionadas con detención preventiva; sin embargo, también en 2023, 2.400, o sea, el 82%, fueron liberadas por la Justicia.

«Lo ajeno no se toca»

“De nada está sirviendo el trabajo de la Policía Boliviana si meses más tarde los delincuentes nuevamente recobran su libertad. Eso significa que el ordenamiento jurídico nacional vigente ya no está funcionando y hay que adecuarlo a nuestra realidad”, lamentó Del Castillo.

Explicó que también el resto de privados de libertad se sometieron a procesos abreviados y obtuvieron una pena de dos o tres años.

“El que ilegalmente se apoderare, sustrajera o tomare, semoviente, joyas, dinero, valores, minerales o energía, objeto cosa mueble sujeto a no registro, mediante descuido, violencia, intimidación uso de armas u otros medios o de cualquier forma que se apropiare de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la policía boliviana o particular o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones imágenes por testigos y/o entrevista policial será sancionado con pena de prisión de siete años sin derecho indulto”, dice el texto principal del anteproyecto.

En el caso de extranjero irregulares, la pena será de ocho años de presidio.

Procedimiento

En cuanto al procedimiento y aplicación, la autoridad explicó que cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitirán una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, dijo Del castillo.

En el mismo acto, el presidente Luis Arce exhortó a diputados y senadores a aprobar ese proyecto para el beneficio de la población. “Todos juegan con las actuales leyes y la tipificación de este delito va permitir la sanción oportuna de estos delincuentes. Hay que sancionar drásticamente este tipo de robos”, señaló el mandatario.

Asimismo, dijo que la Policía Boliviana cuenta con elementos para implementar y desarrollar ese tipo de labores; citó a BOL-110, que, según anunció, se extenderá a todas las regiones del país.