El Gobierno chileno y la oposición intercambiaron críticas sobre su responsabilidad en la situación de las cárceles en el país a raíz del incendio en el que la madrugada del miércoles murieron 81 reclusos, de los que 40 han sido ya identificados.

Según informó el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, de los 40 cadáveres identificados, 31 han podido ser reconocidos por sus huellas dactilares y han sido entregados a sus familiares para que les puedan dar sepultura.

Además, el Servicio Médico Legal (SML) ha tomado más de 50 muestras de material genético para emplearlas en caso de que sean necesarias para identificar al resto de fallecidos en el incendio que se desató en la cárcel de San Miguel, en el sur de Santiago.

Cerca de 80 personas, entre peritos y trabajadores asociados, están colaborando en la identificación de los cuerpos, y a ellos se sumaron desde ayer profesionales de otras zonas del país, informó el director del SML, Patricio Bustos.

En tanto, el Gobierno y la oposición intercambiaron algunos reproches por la situación de las cárceles en el país, donde la sobrepoblación alcanza el 55 por ciento y 23 de las 101 prisiones acogen al doble de reos para las que fueron construidas.

Estas cifras las dio a conocer hoy el presidente Sebastián Piñera, durante la presentación del informe sobre la «Situación de los derechos humanos en Chile 2010», en la que coincidió con el ex mandatario socialista Ricardo Lagos, quien gobernó del 2000 al 2006.

Al finalizar el acto, Lagos se acercó a Piñera para quejarse por las declaraciones del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien el miércoles señaló que la situación en las cárceles del país era un problema heredado.

Lagos defendió que durante su mandato se duplicó la superficie carcelaria y, según explicó después a los periodistas, Piñera reconoció durante esa conversación la labor de su interlocutor en esta materia.

En tanto, parlamentarios de la Concertación de centroizquierda, que gobernó el país desde 1990 hasta marzo, propusieron ayer que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados investigue las causas y las responsabilidades en la tragedia.

«Queremos que se conozca la verdad de lo ocurrido y se aclaren las dudas existentes por respeto al país y a las familias. Las responsabilidades políticas y administrativas se verán una vez que se investigue, no antes», dijo el parlamentario Tucapel Jiménez.

Los diputados de la oficialista Unión Demócrata Independiente apoyaron la apertura de esa indagación, pero pidieron que ésta no se limite al incendio de ayer, sino que abarque la situación carcelaria en los últimos 20 años. Consideraron además que la pesquisa se debe realizar en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, y no en la de Derechos Humanos, como propone la oposición.

En tanto, el senador opositor Alejandro Navarro aseguró que ha invitado al relator de la OEA sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Rodrigo Escobar, para que pueda asesorar en esta materia.

Investigarán los hechos 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aclaró que en el penal había 23 gendarmes y no 5. Sin embargo, un fiscal investigará ésa y otras denuncias en sentido de que no se facilitó la salida de los reos para que salven sus vidas.