El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá que rendir cuentas al Congreso y quizás renegociar el acuerdo militar que permitía a Estados Unidos el uso de siete bases en territorio colombiano, que la justicia declaró inválido por no haber sido sometido al legislativo.

La Corte Constitucional determinó que el acuerdo, que hace un año levantó una polémica en la región, tiene en realidad las características de un tratado internacional, y por ello requiere de la aprobación parlamentaria, paso que el gobierno de Álvaro Uribe había eludido.

Santos, quien asumió el 7 de agosto, señaló que el Gobierno evalúa el paso a seguir, y agregó: «De pronto podemos acordar normas, inclusive más ambiciosas con Estados Unidos, lo cual podría ameritar la llevada al Congreso del acuerdo». Aseguró que pese a la decisión del tribunal garante de la Carta Magna, la ayuda que el país ha venido recibiendo de EEUU «va a continuar».

«Lo importante es que la cooperación va a continuar. La lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo no tiene tregua. Y esta decisión de la Corte en nada afecta lo que hemos venido recibiendo de los Estados Unidos», puntualizó en declaraciones en la isla de San Andrés, al norte, en el mar Caribe.

El Departamento de Estado de EEUU afirmó que mantendrá su «cercana cooperación» con Colombia y el portavoz Philip Crowley dijo que su gobierno espera que Bogotá «tome los pasos apropiados para asegurar que se pueda preservar el acuerdo bilateral».

El acuerdo —en cuya negociación participó el propio Santos como ministro de la Defensa de Uribe— permitía el uso por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra el terrorismo. Asimismo, autorizaba la presencia de un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles, amparados por inmunidad penal.

El texto fue suscrito en octubre del 2009 por el entonces canciller colombiano Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense en Bogotá William Brownfield, sin ser sometido a la ratificación del Congreso estadounidense ni del colombiano.

Pero la decisión de la Corte Constitucional abre el debate sobre la conveniencia de ese acuerdo e incluso  modificar  puntos polémicos.

El presidente de la Cámara de Representantes, el conservador Carlos Zuluaga, un aliado de Santos, consideró que el fallo constituye «una gran oportunidad para realizar un gran debate» y permitir que crezca «la controversia sobre el tema». Para el politólogo Fernando Giraldo, la decisión plantea a Santos una «situación muy difícil».

La decisión está en análisis

Lluvia de denuncias
El Jefe del Estado colombiano anunció que se estudiará «si amerita» llevar al Congreso el acuerdo como un tratado. El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, dijo que se debe decidir si acepta que dicho convenio tiene rango de tratado.