El proyecto de la nueva Ley Nacional del Deporte está en manos del presidente Evo Morales, solo falta que éste promulgue la nueva norma. Ocurrirá en cualquier momento. Las cámaras de Diputados y Senadores ya hicieron su trabajo aprobando en grande y en detalle, sin cambios de fondo, solo de forma.

“Corremos el riesgo de que nos caigan sanciones”, advierte el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando López. Como él, una parte de la dirigencia futbolera no está de acuerdo con lo que dice el proyecto, al considerar que da pie a una injerencia gubernamental, lo que la FIFA jamás acepta.

“No sé de dónde tienen la idea de que el fútbol profesional va a ser fiscalizado. En ninguna parte de la ley dice que el Ministerio de Deportes va a fiscalizar al fútbol. Va a hacer una supervisión de las actividades deportivas, porque el ministerio es el ente rector, entonces creo que hay una diferencia muy radical en lo que es fiscalización y supervisión de las actividades deportivas”, responde el ministro de Deportes, Tito Montaño.

La nueva ley habla de transparencia: “Es el acceso a toda información sobre la gestión y administración de las entidades deportivas para el seguimiento y control del manejo honesto de los recursos públicos y privados que son destinados para el desarrollo del deporte”.

En otras palabras, los dirigentes tienen que rendir cuentas de todo: no solo del apoyo gubernamental sino del privado. Si un empresario decide ponerle dinero a una disciplina, hay que informar cómo se lo ha invertido o gastado.

Las federaciones deben “cumplir las disposiciones de la autoridad competente del deporte referidas a la gestión financiera y administrativa transparente de todos los recursos, beneficios, subvenciones, donaciones y otros similares que perciban”, se lee en el proyecto.

“Lo más preocupante de las muchas observaciones que se le hacen al proyecto de la Ley del Deporte es que a las entidades como las federaciones deportivas, asociaciones municipales y departamentales, es decir a todas las que conforman el sistema deportivo, las convierte en entidades públicas o un mix de privados y públicos al mismo tiempo; obviándose su carácter privado, su autonomía de gestión, en la que manejan sus propios recursos, todo para que el Ministerio de Deportes tenga el control y supervisión total. Entonces en eso se ve una injerencia indirecta”, según Alfonso Palomeque, dirigente de amplia experiencia en el tiro deportivo y miembro de la Asamblea del Deporte Paceño.

Con esta ley, si se la promulga, todo tiene que pasar por el Ministerio de Deportes, por ejemplo para participaciones internacionales. No se puede dejar nada al azar.

Además, las federaciones “deberán presentar sus estados financieros auditados y toda la información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa que será requerida por la autoridad competente del deporte”, que no es otra que el Ministerio de Deportes.

De acuerdo con el proyecto, al Comité Olímpico Boliviano (COB) se le reconoce que sea una entidad de “derecho privado”, “con autonomía de gestión” y que esté regido “por los principios de los del Comité Olímpico Internacional, las normas contenidas en la Carta Olímpica, su normativa interna y el ordenamiento jurídico boliviano”, pero parte con que se trata de una entidad del “sistema deportivo plurinacional”.

“En el caso del COB hay una injerencia directa porque ya no podrá hacer su planificación con autonomía y se tendrá que consultar todo al Ministerio”, agrega Palomeque.

El fútbol pidió que quede escrito que se rige por la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sin embargo, las federaciones nacionales están metidas en la misma bolsa.

“Las Federaciones Deportivas Nacionales son entidades privadas, con personalidad jurídica ‘propia’, sin fines de lucro, constituyen entidades de interés público y social, cuyo ámbito de actuación comprende el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, reza el proyecto en cuanto a la definición y naturaleza de éstas.

Además, “al cumplir una función de interés público y social” las federaciones “deberán presentar anualmente sus estados financieros auditados y toda la información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa, que sea requerida por la autoridad competente de deporte; sin perjuicio de ello, deberán informar a dicha autoridad sobre el manejo de los recursos públicos y privados destinados al desarrollo del deporte nacional, así como de todos los beneficios obtenidos a sus asociados, miembros o integrantes”.

La ley “es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante dos años, nos va a permitir organizar el sistema deportivo nacional y, de esa manera, esperar que en el futuro podamos conseguir mejores resultados”, agrega el ministro Montaño, un exfutbolista.

Limita a los dirigentes a solo 8 años de gestión

Ramiro Siles

Ligueros. Dirigentes del fútbol profesional, de los clubes de la Liga, están en la mira. Foto: APG

Según el proyecto, un dirigente deportivo no puede ejercer más de ocho años de manera consecutiva: cuatro por primera vez y otros cuatro por segunda en caso de ser reelegido.

La norma es igual para todos: cada gestión debe durar cuatro años, ni más ni menos.

En las federaciones deportivas hay dirigentes que están mucho más tiempo, más de 10. En el caso del fútbol, Carlos Chávez fue reelecto por segundo mandato, o sea para extender a 12 años de manera consecutiva su gestión. El dirigente está detenido preventivamente en el penal de Palmasola (Santa Cruz) investigado por supuestos actos de corrupción.

De acuerdo con el proyecto y con respecto al periodo de funciones, “las y los dirigentes deportivos en el ámbito nacional ejercerán el cargo para el cual fueron electas y electos por un periodo no mayor a cuatro (4) años, pudiendo postularse consecutivamente por única vez por un periodo similar”.

Asimismo, “las y los dirigentes deportivos nacionales que habiendo concluido el periodo de sus funciones, no entregasen la información financiera, documentación, bienes y acciones institucionales a la respectiva entidad deportiva, o se prorroguen indebidamente en el cargo, quedarán inhabilitadas o inhabilitados para postularse nuevamente al cargo de dirigentes deportivos nacionales”.

Entre sus obligaciones, los dirigentes deberán informar “a la autoridad competente sobre la obtención de bienes y recursos destinados al deporte, así como el tratamiento y resultados” de su administración.

También están obligados a “presentar a la entidad que representan de manera anual, un registro de bienes de la institución y los estados financieros debidamente auditados”.

Sector profesional es obligado a registrarse

Ramiro Siles

El deporte profesional no podrá funcionar en el país si sus entidades no están debidamente registradas ante el Ministerio de Deportes, dice el proyecto.

En Bolivia, el profesionalismo está representado sobre todo por el fútbol, la Federación Boliviana (FBF), la Liga y sus clubes.

“El deporte profesional en el ámbito nacional comprende las actividades que son remuneradas e implican una relación laboral, y lo desarrollan solo aquellas organizaciones deportivas y clubes legalmente constituidos y registrados en el Ministerio de Deportes”, según el artículo referido.

Entre las varias obligaciones está la que “las ligas profesionales deberán contar con personalidad jurídica y registrarse en el Ministerio de Deportes”.

Actualmente, la Liga depende de la Federación, no son entidades por separado. A escala internacional, es la FBF la que representa al fútbol boliviano.

Lo mismo pasa con los clubes. Su relación es con la Liga. Para jugar un torneo internacional, la que inscribe es la FBF.

Ahora los clubes se verán obligados a “inscribirse en el Registro Único Nacional” que estará a cargo del Ministerio de Deportes, “a fin de habilitarse para el desarrollo de sus actividades”.

Además, “registrar ante la federación deportiva respectiva, los contratos celebrados con las y los deportistas inscritos”.

Si bien en esta parte el proyecto no dice que deben rendir cuentas ante “la autoridad”, ésta obliga a las federaciones a presentar toda la documentación requerida.

Hoy, los clubes en su mayoría tienen problemas para sostenerse. Para la nueva ley, “con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera, los clubes profesionales deberán establecer ante la instancia determinada por su reglamento, sus niveles de patrimonio líquido, de endeudamiento y su presupuesto anual de funcionamiento para la siguiente gestión fiscal, debiendo garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones legales”.

‘Atenta’ contra el interés privado

Rafael Sempértegui

El proyecto “atenta” contra el interés privado, según Alfonso Palomeque, del tiro deportivo y miembro de la Asamblea del Deporte Paceño.

“La Constitución Política del Estado garantiza una libre asociación lícita de los ciudadanos de acuerdo con sus intereses. Una ley no debe atentar el interés privado, como puede ser la de un club de cualquier deporte, que es cierto luego participa de una asociación municipal”.

Pone como ejemplo que “un club de básquetbol o fútbol son privados y se mueven con sus recursos. Hay dos actores, privados y públicos, ambos quieren trabajar por el deporte, necesitan regulaciones, pero no una sola porque los recursos que manejan son distintos”.

Palomeque agrega que “la Liga Boliviana del Básquetbol es una iniciativa privada, con esfuerzo de los dirigentes del baloncesto que organizan un torneo de esas características y hacen deporte de alto nivel, invirtiendo sus recursos; entonces, no puede ser absorbido por lo público, porque sus recursos son privados”.

En ese sentido, considera que la inversión privada “tiene que merecer otro trato, similar situación sería la de los clubes y entidades deportivas que hacen deportes”.

‘El fútbol no acepta injerencias’, dice la FBF

Jorge Asturizaga

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no está de acuerdo con que el rubro profesional esté contemplado en la ley, además pide que tome en cuenta que se rige por normas internacionales de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“En las normas de la FIFA dice que el fútbol no acepta injerencia de terceros y terceros son las entidades de los Estados (como en Bolivia el Ministerio de Deportes). Son 209 asociadas a la FIFA y de ellas 207 no tienen problemas con sus respectivos gobiernos. Nosotros no tendríamos por qué enfrentarnos con una estructura supra que es la FIFA”, sostiene Rolando López, presidente de la FBF.

En el estatuto de la FIFA y en el de la Conmebol “están las sanciones y el de la FBF también replica. Eso no quiere decir encubrimiento ni mucho menos. Las disposiciones de FIFA son muy fuertes en el tema económico. Hay una confusión cuando se habla de corrupción en la FIFA, tiene que ver por los sobornos en contratos, por lo demás todas las áreas remiten sus estados financieros sin esconder nada”.