Comisionado de DDHH de Nayib Bukele a favor del trato que se da a los pandilleros

El nuevo comisionado para los Derechos Humanos (DDHH) de El Salvador, el abogado colombiano Andrés Guzmán, defendió este viernes las «medidas extremas» que ha tomado el gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, que redujeron los homicidios pero están en la mira de organismos humanitarios.

Guzmán fue designado el miércoles por el mandatario salvadoreño. Quien lidera una cruzada para llevar a la cárcel a pandilleros en medio de un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.

«Hay un estado de excepción y los estados de excepción requieren medidas excepcionales», dijo Guzmán a la emisora colombiana Blu Radio.

Cuestionado sobre las imágenes de cientos de presos hacinados en prisión, agregó: «En todas las guerras normalmente en el mundo hay muertos de un lado y del otro. Esta es una guerra en donde se pudo controlar un fenómeno social con un estado de excepción».

«No hay un país en donde haya existido una guerra como la que existía en El Salvador (…); en un proceso como este se requieren medidas extremas», agregó.

Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos cuestionan el régimen excepcional vigente desde marzo de 2022 por pedido del ejecutivo.

Grises en torno a medidas y observaciones sobre DDHH a Nayib Bukele

La ONG Human Rights Watch ha advertido en múltiples ocasiones sobre graves violaciones como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.

Desde que comenzó la medida han sido arrestados al menos 68.000 presuntos pandilleros, según cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad.

«Hay muchas personas acá que no conocen el barrio de al lado porque tenían miedo de salir de su casa (…) todo eso pasó», señaló además Guzmán a RCN Radio.

Pese a las críticas internacionales y de la Iglesia Católica, nueve de cada diez salvadoreños apoyan las acciones del gobierno contra las pandillas, según encuestas.

El Salvador pasó de 106,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7,8 homicidios en 2022, de acuerdo con cifras oficiales.

Guzmán, especialista en tecnología y comunicación, también respondió a preguntas sobre presuntas persecuciones a medios como El Faro. Cuya estructura administrativa se trasladó el 13 de abril a Costa Rica por «ataques a la libertad de prensa» en El Salvador.

«Estoy analizando ese caso (…) No existe ninguna norma que impida la difusión de la información, no se ha suspendido ni se ha privado la libertad de ningún periodista», aseguró este viernes en W Radio.

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La fiscalía peruana reprogramó el viernes el interrogatorio a la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en la represión a las protestas que dejaron decenas de muertes tras la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Boluarte había sido convocada el 31 de mayo, pero ese día participará en una actividad oficial pactada semanas atrás. Por ello la fiscalía postergó una semana la cita y ahora será el 6 de junio. 

«Se ha reprogramado la audiencia del 31 de mayo por el simulacro de sismo, voy a acudir al Ministerio Público y no me voy a acoger al derecho al silencio», dijo Boluarte a la prensa.

La fiscalía la investiga por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Fue interrogada por primera vez en marzo.

El caso se abrió en enero por «las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023».  

La fiscalía intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

En caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.

El gobierno de Dina Boluarte tiene decenas de muertes

En las protestas murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión.

El organismo de la OEA señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en «múltiples» muertes de civiles. Y pidió a la justicia peruana «investigar, juzgar y sancionar» a los responsables.

Boluarte cumplirá el 7 de junio seis meses en el poder tras sustituir como vicepresidenta a Castillo; detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre por un fallido autogolpe de Estado.

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Uruguay debe cambiar la cultura que «normaliza» el abuso sexual de menores, dijo el viernes la Relatora Especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños, Mama Fatima Singhateh, al concluir una visita de 11 días al país.

Singhateh, invitada por el gobierno de Luis Lacalle Pou a examinar la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual, el matrimonio infantil, la trata de menores y la venta de niños a través de adopciones ilegales, destacó la «necesidad de educación» para crear «conciencia» sobre estos problemas.

«Hay una necesidad de cambiar la cultura en Uruguay que normaliza la explotación y el abuso sexual de menores», dijo en rueda de prensa en Montevideo esta abogada gambiana.

Singhateh enfatizó que jueces, fiscales y abogados defensores «necesitan reeducarse, deconstruir este concepto de que una chica de 17 años que sale con un tipo de 40 años es normal. !No es normal, es explotación sexual! Y tenemos que entender eso», subrayó.

Singhateh entregará su informe final sobre Uruguay al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en marzo de 2024.

Pero el viernes adelantó sus observaciones preliminares, tras reunirse con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; autoridades locales y municipales, agencias de la ONU, miembros de la sociedad civil y el sector privado, educadores, trabajadores sociales, y víctimas.

Abuso sexual de menores en Uruguay también se debe a trata y tráfico de personas

Desde el 16 de mayo, además de Montevideo, viajó a las ciudades de Paysandú. A unos 400 km al noroeste de la capital, y Chuy, a unos 330 km al este, limítrofe con Brasil.

«Uruguay sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trabajo forzoso y trata con fines de explotación sexual de mujeres y niños», dijo Singhateh.

La experta señaló las áreas fronterizas entre los países vecinos de Argentina y Brasil como «puntos de entrada para mujeres y niños que ofrecen temporalmente servicios sexuales».

Y destacó el «fenómeno del tráfico interno», «poco investigado» y «mucho menos llevado ante los tribunales». En Uruguay «hay fiestas clandestinas» adonde se traslada a mujeres jóvenes «y se las explota sexualmente», indicó.

Consultada sobre el caso del senador oficialista, y presidente del Parlamento del Mercosur, Gustavo Penadés, acusado por ocho presuntas víctimas de abuso sexual cuando eran menores de edad. Singhateh declinó pronunciarse por tratarse de una investigación «en curso».

«Pero lo que diré es que, durante mis conversaciones con los interlocutores. Ha habido la percepción por parte del público de que hay mucha impunidad en los casos, no solo en este caso, sino en general», afirmó.

Singhateh señaló que muchas veces las personas «dudan» en denunciar «porque sienten que no saldrá nada de eso. Especialmente si la persona (denunciada) está en una posición de poder».

«Si una víctima es lo suficientemente valiente como para denunciar, tómenla en serio. Si un asunto así ha llegado a los tribunales, trátenlo con prontitud», enfatizó.

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La campaña de las elecciones municipales y regionales del domingo en España concluye este viernes ensombrecida por las sospechas de compra de votos por correo en varias localidades que han emergido en los últimos días.

El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cerró la campaña en Barcelona arropando a Jaume Collboni, el candidato con el que los socialistas esperan cumplir uno de sus grandes objetivos de estas elecciones: recuperar la alcaldía de esta plaza fuerte que ostentaron entre 1979 y 2011.

Por su parte, el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), concluyó la campaña en Madrid junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz-Ayuso, que esperan renovar sus mandatos.

En distintos lugares aparecieron compra de votos en campañas electorales de España.

Pero el gran tema de estos últimos días han sido las detenciones e investigaciones por compra de votos por correo, que empezaron en Melilla.

Según confirmaron este viernes fuentes de la delegación del gobierno de esta ciudad española enclavada en el norte de África, 10 personas fueron detenidas el lunes y el martes.

En Mojácar (sur), en un asunto similar no conectado con el de Melilla, el miércoles se detuvo a siete personas por sospechas de compra de votos a cambio de dinero, informó la Guardia Civil. Entre el jueves y el viernes, todos fueron puestos en libertad con cargos, de acuerdo al diario El País.

Según la televisión pública TVE, los votos en Mojácar se compraban por 100 euros (107 dólares).

En Albudeite (sureste), fueron 13 los detenidos el jueves. También según la Guardia Civil, que fueron puestos en libertad con cargos, y hay dos personas más investigadas.

La oposición carga contra Sánchez por compra de votos en España

Los casos de Mojácar y Albudeite implican a miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez, por lo que la oposición exigió explicaciones.

«Llevamos desde el día de ayer perplejos, preocupados y sorprendidos por las denuncias que se están produciendo en muchos lugares de España», lamentó el jueves Núñez Feijóo.

«Exigimos la máxima responsabilidad del presidente, que la ejerza y aclare lo que está pasando», lanzó Feijóo a Sánchez.

Asimismo, según la prensa española, ha habido denuncias en otras cuatro localidades.

El analista Narciso Michavila, presidente de la empresa de sondeos GAD3; minimizó en la radio pública RNE el posible impacto de estos escándalos de última hora. «Muchísimas de las cosas que han pasado y que han producido cambios de voto ya se han producido» dijo.

Para votar por correo en España hay que seguir tres pasos: solicitar un certificado de inscripción en el censo, recibirlo en casa. Y proceder entonces a enviar la papeleta del partido al que se quiere votar.

Para los dos primeros es necesario presentar el documento nacional de identidad, pero no para el tercero, que es donde se están produciendo los fraudes.

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No es el único caso en campaña electoral de España

El escándalo de la compra de votos no ha sido el único de la campaña en que se renovarán los gobiernos de los más de 8.000 municipios y los parlamentos de 12 de las 17 comunidades autónomas (regiones).

La inclusión de ex miembros de la organización armada vasca ETA, responsable de más de 850 muertes, en las listas electorales de los independentistas vascos de EH Bildu. Protagonizó la primera gran controversia y suscitó el rechazo de las asociaciones de víctimas.

Asimismo, el jueves trascendió que la alcaldesa del pueblo de Maracena (sur), también del PSOE. Estaba siendo investigada al igual que su novio, el anterior alcalde, y un concejal, por el intento de secuestro en febrero de otra edil. La prensa española relaciona el secuestro con asuntos urbanísticos.

La Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, confirmó este viernes la exclusión temporal como candidato presidencial para las elecciones de junio de un empresario que lideraba varias encuestas de intención de voto.

En un comunicado, la CC anunció que declaró «sin lugar» las apelaciones del aspirante Carlos Pineda, que intentaba revertir un fallo judicial del viernes pasado que dejó en suspenso su candidatura por presuntas irregularidades en una asamblea de su partido.

«Ganó la corrupción, perdió Guatemala. No al fraude electoral», escribió en Twitter el candidato derechista tras conocer la resolución provisional de la CC. Solo falta que el fallo sea definitivo, lo cual podría darse en los próximos días.

Momentos después, Pineda, de 51 años, y que corría por el partido Prosperidad Ciudadana, se unió a una manifestación de decenas de sus simpatizantes frente a la sede de la Corte. La denuncia que lo mantiene fuera de la contienda la hizo la agrupación CAMBIO, a la que pertenecía.

Varios se quedaron en el camino antes de las elecciones en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral ya ha excluido a varios candidatos para los comicios generales del 25 de junio. Entre ellos la activista indígena Thelma Cabrera (izquierda) y Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), que tenían una alta intención de voto.

En el caso de Cabrera, la autoridad electoral alegó que su candidato a vicepresidente tenía una denuncia vigente y sobre Arzú determinó que había lanzado su campaña antes de lo permitido.

 En un comunicado difundido el sábado pasado la Unión Europea marcó su «preocupación» por «las reiteradas decisiones sobre la exclusión de candidaturas electorales».

Una encuesta del diario Prensa Libre a inicios de mayo colocó a Pineda en la cima de intención de voto con un 23,1%, seguido de la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres, con el 19,5%.

Le siguen, con 10,1%, el exfuncionario de la ONU Edmond Mulet (centro) y; con 9,2%, la conservadora Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Unos 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a votar para elegir al sucesor del presidente Alejandro Giammattei. Reprobado por el 75% de la población, de acuerdo con otra encuesta de Prensa Libre.

También serán elegidos 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.