La OEA llama a avanzar en la inclusión social en el cierre de asamblea
El foro planteó que la desigualdad se expresa también en la discriminación de clase, de raza, de género, de origen geográfico y de capacidad física.
Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometieron a crear y fortalecer políticas contra la desigualdad con la firma de la «Declaración de Asunción», al concluir el jueves su Asamblea General, con Ecuador cuestionando duramente al secretario general del foro.
Los cancilleres de 28 naciones, que se encontrarán en la próxima asamblea en Haití en junio de 2015, aprobaron un paquete de resoluciones, entre ellas dos de las más polémicas: una contra la discriminación por orientación sexual presentada por Brasil y otra impulsada por Ecuador para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No obstante sus versiones finales fueron matizadas a modo de evitar fracturas.
«Sabemos que es tímida, es tibia, pero es un paso adelante en camino a reformas integrales», dijo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, impulsor del proyecto que buscaba cambios drásticos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Para el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, «a veces los debates son muy encendidos, felizmente mucho más que en otras organizaciones, pero llegamos a acuerdos», dijo en rueda de prensa junto al canciller paraguayo, Eladio Loizaga.
En los tres días de debates los delegados recordaron que América Latina ha experimentado una década de gran crecimiento económico pero sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo con 167 millones pobres.
Como señal de esta exclusión, cientos de campesinos protestaron el jueves en la sede de la Conmebol donde se realizó la reunión de la OEA, algunos con pancartas que decían «somos los excluidos del país anfitrión». El PIB de Paraguay creció 14% en 2013, gracias al boom de la soja, pero se estima que el 35% de los casi 7 millones de habitantes son pobres.
Ecuador confronta a Insulza
El canciller ecuatoriano criticó en duros términos a Insulza tras discutir por las iniciativas que trajo a Asunción para reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y promover cambios, incluso de sede, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está en Washington.
«Este señor (Insulza) menos mal que le queda poco en la OEA, porque es un irrespetuoso que nos ha acusado de querer debilitar y destruir el sistema de derechos humanos», dijo Patiño en conferencia de prensa.
Patiño aseguró que Ecuador está comprometido con la CIDH para fortalecerla pero reclama coherencia al señalar que Estados Unidos (su país sede) no ha ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos.
El proyecto de resolución para reformar la CIDH que trajo Ecuador y que generó polémica en los pasillos, se aprobó en una versión muy matizada que considera realizar próximas sesiones en estados miembros de la comisión, entre ellos México, Uruguay, Paraguay, Chile y Haití.
Sin consenso sobre homosexuales
El foro planteó que la desigualdad se expresa también en la discriminación de clase, de raza, de género, de origen geográfico y de capacidad física.
Pero las diferencias quedaron también evidenciadas con una resolución presentada por Brasil sobre «los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género» que fue criticada y defendida con pasión durante el foro.
El documento no mencionó ni el aborto ni el matrimonio entre homosexuales, que es legal en Argentina y Uruguay, pero eso no impidió movilizaciones de ambos lados.
El primer opositor a este tema fue el país anfitrión de la asamblea, que se negó a firmar la resolución brasileña.
Sobre este tema Uruguay, Argentina, Canadá fueron las naciones que más defendieron el documento que condena la discriminación y violencia contra las personas, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGTBI), mientras la mayoría de las islas del Caribe se opuso.
La resolución fue aprobada pero con 10 notas a pie de página de países que como Ecuador y Guatemala, por ejemplo, condenaron la exclusión pero aclararon que «el no reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo no constituye una práctica discriminatoria».