El Gobierno de Argentina expresó hoy lunes su rechazo a las «llamativas e impulsivas amenazas» de la cancillería de España en el marco de un diferendo por declaraciones que el presidente del país sudamericano, Javier Milei, realizó el domingo en Madrid, la capital española.

«Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España (José Manuel Albares), aclararle que no entendemos el motivo de su resquemor», planteó este día el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Argentina

El funcionario argentino dijo que «llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada y confiamos en que superadas, por supuesto, las instancias electorales en Europa, que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones».

«El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei. Entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia», enfatizó Adorni.

Albares convocó hoy lunes al embajador de Argentina en España, Roberto Sebastián Bosch, para exigirle que el presidente Milei se disculpe públicamente por sus declaraciones del domingo.

En una intervención en Madrid durante un mitin del partido ultraderechista Vox, Milei se refirió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sin mencionarlo directamente, como «calaña» y acusó de «corrupta» a su esposa.

Ante esto, Adorni dijo que «si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, ‘al que le quepa el sayo (túnica), que se lo ponga'».

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En una entrevista hoy con la pública Radio Televisión Española (RTVE), Albares explicó que «de manera excepcional» va a ser él mismo quien reciba al embajador argentino en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Cancillería de España

El jefe de la diplomacia española consideró las palabras de Milei como un «ataque» y una «injerencia» en la política interna de España. Advirtió que espera las disculpas del presidente argentino.

«Las instituciones, los Gobiernos de los países, son indiscutibles, es la base de las relaciones internacionales y de la convivencia entre Estados. Un jefe de Estado extranjero no acude a otro país a insultar a sus instituciones», afirmó Albares.

El funcionario español, además, anunció la llamada a consultas de la embajadora de España ante Argentina, María Jesús Alonso.

Adorni dijo por su parte que «el presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. De hecho, esto nada tiene que ver con la relación diplomática (…) No vemos que lo ocurrido tenga absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas».

Añadió que «cuando el propio (presidente del Gobierno español) Pedro Sánchez nos definió como ultraderechistas y antidemocráticos, en ningún momento nosotros hicimos hincapié en las relaciones diplomáticas (…) nada tiene que ver eso con que pueda influir en la relación diplomática».

«La verdad es que no tenemos bien en claro cuál es el planteo desde lo diplomático (de las autoridades españolas), cuando es un tema que no tiene que afectar las relaciones entre los pueblos», planteó el funcionario argentino.

En igual sentido, dijo que «ante tantos insultos, agravios y descalificaciones por parte de funcionarios del Gobierno español jamás nosotros hemos involucrado las relaciones diplomáticas (…) Entendemos que nada tiene que ver la diplomacia con las opiniones o los intercambios que pueda haber entre dos personas, en este caso, ambos presidentes».

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha expresado este lunes sus dudas sobre la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) en cuanto a posibles delitos cometidos por dirigentes israelíes después de que la Fiscalía del TPI haya anunciado su intención de solicitar una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Berlín ha recordado que la solicitud de la Fiscalía deberá ahora analizarse por la Sala de Admisión, que decidirá si se emiten las órdenes de arresto. «La sala tendrá que responder a varias preguntas difíciles, como la cuestión de su jurisdicción y la de la complementariedad de las investigaciones entre estados constitucionales afectados, como Israel», ha apuntado Alemania.

El Gobierno alemán se refiere a que Israel no es Estado parte del Estatuto de Roma, constitutivo del TPI. Sin embargo, Palestina sí ha solicitado someterse a su jurisdicción y el propio tribunal confirmó en 2015 que tiene competencia en estos territorios.

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TPI

Además, Alemania ha criticado que se haya puesto al mismo nivel a Netanyahu y Gallant con los dirigentes de Hamás mencionados también en el escrito de la Fiscalía del TPI. «Da la falsa impresión de igualdad», ha reprochado.

«Los líderes de Hamás son responsables de una bárbara masacre en la que hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados, violados y secuestrados en Israel el 7 de octubre», ha recordado.

«Hamás sigue manteniendo secuestrados a rehenes israelíes en condiciones inenarrables; sigue atacando a Israel con cohetes; y sigue utilizando a la población civil palestina como escudos humanos», ha añadido. Por ello, «el Gobierno israelí tiene el derecho y el deber de protegerse y defender a su gente de esto», ha remachado.

En cualquier caso, Alemania ha destacado que el TPI «es un logro fundamental de la comunidad global» y que siempre lo ha apoyado. «Alemania respeta su independencia y sus procedimientos igual que los de los demás tribunales internacionales», ha subrayado.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha anunciado este lunes que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los «motivos razonables» para creer que «tienen responsabilidad penal» en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad «cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre».

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, ha advertido este lunes de que podrían aprobar sanciones contra el Tribunal Penal Internacional en represalia por una posible orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra.

«El Congreso está estudiando todas las opciones, incluidas las sanciones, para castigar al TPI y que su dirección asuma las consecuencias si sigue adelante», ha afirmado Johnson, según recoge la prensa estadounidense.

Johnson ha acusado a la Administración del presidente Joe Biden de ayudar al avance de esta investigación. El fin sería conseguir contener las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza.

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Tribunal Penal Internacional

Fuentes estadounidenses han indicado al portal Axios que la votación podría ser esta misma semana. Tendría importantes opciones de ser aprobada debido a que los republicanos apoyan mayoritariamente a Israel y los demócratas están divididos al respecto.

«Rechazo de plano el anuncio del fiscal del TPI», ha afirmado la congresista demócrata Kathy Manning. El también demócrata Ritchie Torres ha criticado la decisión, «más política que legal».

En cambio, otros representantes demócratas como Mark Pocan o Ilhan Omar han manifestado su apoyo a la iniciativa de la Fiscalía del TPI. «Hay que permitir trabajar con independencia (al TPI), sin interferencias», ha apuntado Omar.

Estados Unidos dijo el lunes que su rival Irán le pidió ayuda luego del accidente de helicóptero en el que murió el presidente Ebrahim Raisi, al tiempo que Washington ofreció sus condolencias a pesar de decir que el mandatario tenía «las manos manchadas con sangre».

El Departamento de Estado informó que Irán, que no ha tenido relaciones diplomáticas con Washington desde después de la revolución islámica de 1979, se acercó después de que el viejo helicóptero de Raisi se estrellara en medio de la niebla el domingo. 

«El gobierno de Irán nos pidió ayuda», dijo a la prensa el portavoz Matthew Miller. «Dijimos que estaríamos dispuestos a ayudar, algo que haríamos con respecto a cualquier gobierno en esta situación», agregó. «Al final, en gran parte por motivos logísticos, no pudimos brindar esa asistencia».

Se negó a entrar en detalles o describir cómo se comunicaban los dos países. Pero indicó que Irán buscó ayuda inmediatamente después para encontrar el helicóptero de Raisi, quien murió junto con su ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdolahian, y otras siete personas. 

El accidente se produjo después de que, según informes, Estados Unidos e Irán mantuvieran en Omán sus últimas conversaciones con el objetivo de aumentar la estabilidad tras los últimos enfrentamientos abiertos entre Irán e Israel. 

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Accidente en el que murió Raisi

El Departamento de Estado ofreció en un comunicado «condolencias oficiales» por las muertes. «Mientras Irán elige un nuevo presidente, reafirmamos nuestro apoyo al pueblo iraní y su lucha por los derechos humanos y las libertades fundamentales», dijo.

La administración del presidente Joe Biden calificó las condolencias de estándar y no como una muestra de apoyo a Raisi, que como juez presidió ejecuciones masivas de presos políticos y bajo cuya presidencia las autoridades reprimieron las protestas masivas lideradas por mujeres. 

«Era un hombre con las manos manchadas de sangre», declaró a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Afirmó que Raisi era responsable de abusos «atroces» a los derechos humanos en Irán y que apoyó a grupos en la región como Hamás.

Sin embargo, señaló que «como en cualquier otro caso, lamentamos en general la muerte y ofrecimos condolencias oficiales como corresponde».

En el pasado, Estados Unidos ha ofrecido a menudo, aunque no siempre, sus condolencias a líderes a los que se oponía, con mensajes de este tipo enviados sobre Joseph Stalin, Kim Il Sung y Fidel Castro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha destituido este lunes al comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina, y ha nombrado en su lugar a Emilio Cardozo Santamaría en medio del incremento de la violencia en el departamento de Cauca, que se ha saldado durante la jornada con la muerte de dos policías.

«El Gobierno nacional agradece profundamente al general Ospina Gutiérrez su destacado servicio y dedicación al país a lo largo de sus años en la institución», ha señalado el Ministerio de Defensa colombiano en un comunicado.

El sucesor de Ospina, oriundo del Valle del Cauca, tiene más de 35 años de experiencia en la institución. Ha sido comandante del Mando de División de Asalto Aéreo del Ejército; así como comandante de la Octava División y comandante del Mando de Ingenieros militares.

Esto se produce después de que al menos dos policías hayan muerto este lunes en un enfrentamiento con las disidencias de las FARC en el municipio caucano de Morales, oeste de Colombia, en paralelo a varios ataques más que se han registrado en otras localidades de Cauca y Valle del Cauca en donde no está vigente el alto el fuego bilateral.

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Incremento de la violencia

Los agentes Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego David López Rodríguez han fallecido durante el ataque a una estación de policial de esta localidad ubicada en Valle del Cauca, que ha dejado también otros tres heridos.

Asimismo, se han registrado en la localidad varias explosiones en la sede del Banco Agrario y un asalto a la Alcaldía, informan medios colombianos. En consecuencia, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha ordenado el despliegue de tropas y equipos adicionales a Cauca para intentar contener la situación.

El presidente colombiano ha subrayado en la red social X que «es inaceptable» la situación que vive el departamento de Cauca. «No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas», ha señalado en la citada red social.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se trasladará a Cauca junto a miembros de la alta cúpula militar y de la Policía a fin de mantener un consejo de seguridad extraordinario a petición de Petro para tratar la violencia en la zona.