El desempleo en Brasil en el primer trimestre de 2024 se situó en su menor nivel de los últimos 10 años, al alcanzar el 7,9 por ciento de la población activa, informó hoy viernes el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La entidad detalló en un informe que en los primeros tres meses del año el desempleo descendió en 21 estados y en el Distrito Federal, con lo que se redujo en 0,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2023 (8,8 por ciento).

«La tendencia anual a la baja, ya observada en otros trimestres, ha continuado», resaltó.

Entre enero y marzo de este año había 1,9 millones de personas que llevaban dos años o más buscando trabajo, cifra que descendió en 14,5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2023 (2,2 millones), reveló el IBGE.

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Desempleo en Brasil

Sin embargo, las tasas de desempleo siguen siendo más elevadas para las mujeres (9,8 por ciento) en comparación con los hombres (6,5 por ciento) y para los negros (9,7 por ciento) y los morenos (9,1 por ciento) en comparación con los blancos (6,2 por ciento).

En tanto, por nivel de estudios, el desempleo es mayor en las personas con estudios secundarios incompletos (13,9 por ciento) que para las personas con estudios superiores incompletos, (8,9 por ciento), que a su vez es más del doble que para las personas con estudios superiores completos (4,1 por ciento).

Un responsable de Unicef dijo este viernes que es imposible predecir lo que sucederá si Panamá cierra la selva del Darién a los migrantes, como lo prometió en la campaña electoral el presidente electo panameño, José Raúl Mulino.

«Es muy difícil de predecir lo que va a ocurrir, pero de la experiencia que existe en otros lugares donde se han impuesto barreras, [los migrantes] acostumbran a buscar caminos alternativos que a veces incluso ponen en mayor riesgo a aquellas personas que están atravesando la frontera», dijo a la AFP el representante adjunto de Unicef en Panamá, Vicente Terán.

El cierre de la selva fronteriza con Colombia fue una de las principales promesas de Mulino, quien asume el poder el 1 de julio. Tras las elecciones del 5 de mayo, dijo además que deportará a los migrantes que ingresen al país a través de esta jungla.

En 2023 más de 520.000 migrantes cruzaron la selva. Existen peligros naturales como animales salvajes y ríos caudalosos, y operan bandas criminales que asaltan, violan y matan. El gobierno panameño debe destinar recursos para asistir a los viajeros.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otros organismos internacionales mantienen personal en las aldeas del Darién para dar asistencia a los migrantes que llegan desde Colombia tras una riesgosa caminata de tres, cinco o más días a través de la selva.

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Unicef

Unicef había informado el miércoles que en los primeros cuatro meses de este año más de 30.000 niños cruzaron el Darién; 40% más que en el mismo lapso de 2023. También aumentó la cifra de niños migrantes que atraviesan la jungla sin sus padres.

«El año pasado cruzaron [el Darién] 3.300 niños no acompañados o separados [de sus padres]. En los registros que tenemos en los primeros cuatro meses ya son 2.000», indicó.

«Las necesidades de los niños y niñas adolescentes no acompañados […] son mucho mayores, porque están mucho más en riesgo de abuso, explotación o riesgo, incluso de trata» de personas, destacó el funcionario.

Terán señaló que «los aspectos que explican ese aumento de niños y niñas adolescentes que están cruzando son varios», entre ellos la «reunificación familiar», en alusión a padres que ya están en Estados Unidos y hacen viajar a sus hijos. 

Sin embargo, también la pobreza en sus países de origen, la inestabilidad política y «las emergencias climáticas […] hacen que muchos adolescentes vean [la migración] como un camino a salir de esas situaciones», agregó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este viernes en Caracas una marcha de estudiantes convocada por su partido, un día después de nombrar el equipo de campaña que buscará su reelección el próximo 28 de julio.

Miles caminaron en rechazo al recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra este país caribeño, en medio de cuestionamientos a las condiciones de las elecciones presidenciales.

Fuertemente custodiado, Maduro se unió a la manifestación en la sede de la Vicepresidencia y caminó unas dos cuadras hasta el palacio presidencial de Miraflores.

«Me gusta mucho marchar», dijo el mandatario en una alocución posterior televisada. «Las marchas son una fiesta de fulgor, de pasión y de patriotismo; por eso el pueblo bolivariano marcha, por eso la esperanza está en la calle».

Maduro aspira a un tercer mandato que lo proyecte a 18 años en el poder. El jueves nombró oficialmente a su equipo de campaña, encabezado por Jorge Rodríguez, el jefe del Parlamento que ya ejerció este papel hace seis años.

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Maduro marcha

La campaña no obstante comenzó hace meses, cuando Maduro comenzó a viajar por el país y hacer apariciones públicas que por años fueron la excepción.

«Estoy en contra del bloqueo que está sufriendo mi país, que es independiente y soberano», dijo a la AFP Rosa Hernández, de 29 años y empleada de la empresa estatal del ferrocarril de las cercanías, que participó en la movilización en el centro de Caracas.

Otras marchas antisanciones se realizaron en otros estados del país.

Washington flexibilizó el año pasado un embargo contra el crudo, gas y oro de Venezuela, después de que delegados del gobierno de Maduro y la oposición acordaran una ruta hacia las elecciones presidenciales.

Sin embargo, tras la ratificación de la sanción contra Machado, quien había arrasado en las primarias de la oposición mayoritaria, y el veto a su sustituta, Corina Yoris, el gobierno estadounidense decidió no extender una licencia que autorizaba operaciones con la estatal petrolera PDVSA, que vencía el 18 de abril.

La coalición Plataforma Unitaria, que descartó marginarse de la elección, se decantó por el diplomático Edmundo González Urrutia, que en principio fue postulado como candidato provisional, pero posteriormente ratificado por todos los partidos de la alianza opositora.

Los cadáveres de cuatro personas, entre ellas un candidato a edil y su esposa, fueron hallados desmembrados dentro de un vehículo que fue incendiado y abandonado en el balneario de Acapulco, en el sur de México, informaron este viernes fuentes locales.

La víctima identificada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Aníbal Zúñiga Cortés, aspiraba en las elecciones generales del próximo 2 de junio a un escaño de regidor por el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero.

El político y su esposa «fueron cobardemente asesinados», señaló en un comunicado la sección del PRI en Guerrero. Es una zona fuertemente golpeada por la violencia del crimen organizado.

En el vehículo calcinado se localizaron los otros dos cadáveres y material de propaganda del candidato.

La fiscalía estatal informó en un breve comunicado que inició una investigación por el asesinato de estas cuatro personas.

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Cadáveres

La campaña para los comicios del 2 de junio en México, en los que se elegirán más de 20.000 cargos federales y locales, resultó sacudida por una ola de violencia, sobre todo contra aspirantes a puestos municipales.

La noche del jueves, en el estado de Chiapas, también en el sur del país, asesinaron a Lucero López Maza; era candidata a alcaldesa de La Concordia, en un ataque a balazos luego de un mitin político. Otras cinco personas, incluida una menor de edad, también murieron.

Además, se han denunciado al menos dos ataques contra candidatos en menos de una semana.

Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, y hasta el 1 de mayo, se asesinaron a 26 aspirantes a algún cargo. Esta información la brinda un recuento sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

El gobierno peruano descartó este viernes derogar el decreto que cataloga la transexualidad como «trastorno mental», pese a la airada protesta de grupos que defienden la diversidad sexual por el uso oficial de una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).   

Colectivos LGBT convocaron a una protesta en la tarde del viernes en Lima para exigir la revocatoria de una norma que a su juicio incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.

«Es un decreto que nos retrocede más tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (…) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos», señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto. Alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. 

«El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención», dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio. 

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«Graves consecuencias»

Los colectivos de diversidad sexual están en contra de la norma que expidió el ministerio de Salud el 10 de mayo. Básicamente porque incorpora una antigua clasificación de enfermedades de la OMS.

Según el portavoz oficial, «ha habido una mala lectura y una interpretación errónea» del  decreto. 

La transexualidad «no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican», expresó Alvarado. 

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

Decreto

«La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible», sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a «graves consecuencias», como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas. 

«No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo», comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima. 

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de «este decreto sesgado y poco científico».

«Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (…) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género», advierte la organización.