El 53,7% de los diputados brasileños tiene procesos
Tendencia. El 55,6% de los senadores es enjuiciado.
Al veterano diputado brasileño Paulo Maluf, exalcalde de Sao Paulo y exgobernador de ese estado, se le atribuye esta frase: “Roba, pero haz”. Es decir, aprovéchate del cargo pero dedícate (también) a los que te han elegido.
Maluf, en la política desde los 60, asegura que él nunca dijo eso, que se lo inventaron interesadamente sus enemigos de la oposición. De quién fuera la frase es lo de menos: el diputado Maluf, condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero en Francia, perseguido por la Interpol por el mismo delito, sin poder salir del país por temor a acabar en una cárcel extranjera, fue uno de los parlamentarios que votó hace una semana a favor del proceso de destitución de Dilma Rousseff.
Más allá del sentido de su voto, Maluf, del Partido Progresista, de derecha, personifica el mal que corroe al Parlamento brasileño: la escasa estatura moral de sus integrantes. El 53,7% de los 513 diputados tiene o ha tenido cuentas pendientes con la justicia, según la organización Transparencia Brasil, que se encarga de llevar un informe pormenorizado y actualizado de este asunto. En concreto, 273 parlamentarios.
No a todos se les acusa de robar. O no solo. Al diputado Alberto Fraga, del partido Demócratas de Brasil, de centroderecha, entre otras denuncias, se le condenó hace años por llevar ilegalmente un arma de fuego.
El parlamentario Éder Mauro, del Partido Social Democrático, está acusado, por el Tribunal Supremo Federal, de extorsión y tortura en 2009, época en que ejercía de jefe policial en el estado de Pará. Según el tribunal, amenazó con ejecutar a tiro limpio a un padre y a sus dos hijos pequeños, causándoles, según reza la denuncia, “un violento sufrimiento, físico y mental”. Con todo, fue el diputado más votado del estado de Pará. El lunes, después de apoyar el proceso de destitución de Rousseff, fue recibido por 50 personas con pancartas y gritos a su favor en el aeropuerto de Belem.
El pastor evangélico Hidekazu Tamayama, diputado del Partido Social Cristiano, tiene abierto un proceso en el estado de Pará que incluye desvío de dinero, pagos ilegales en la Asamblea y la contratación de funcionarios fantasma.
El personaje político más detestado por los brasileños no es la presidenta Dilma Rousseff, es, precisamente, el presidente de este Congreso, el aparentemente piadoso y polémico Eduardo Cunha. El 94% de los partidarios de la Mandataria está en contra de él; el 84% de los que quieren que la Presidenta se vaya, también. Cunha, religioso evangélico, está acusado de regentar cuentas millonarias en Suiza engordadas a base de sobornos de Petrobras. En las redes sociales de Brasil vuela, con toda la carga de ironía y de amargura, la frase con la que Cunha dio inicio a la histórica sesión de la votación del impeachment del domingo: “Que Dios tenga misericordia de este país”.
El Senado brasileño, que, a juzgar por los votos que ya se airean en la prensa confirmará la apertura del proceso en mayo, mantiene la misma impactante tasa de políticos involucrados en casos judiciales: el 55,6%.
