El G7 se comprometerá a hacer frente al fuerte impacto ambiental y climático de los sectores de la moda y los textiles, anunció el lunes el ministro francés de Transición Ecológica.

El grupo de los siete países más industrializados, que abrió el lunes una reunión de dos días en Italia, tiene previsto declarar el martes que la intención de «enfrentar el problema que existe con la moda rápida», declaró a AFP el ministro francés Christophe Bechu.

Los ministros reunidos en Turín esperan poner límites al «desarrollo descontrolado de la industria textil, responsable de mucha contaminación con plástico y emisiones» de gases de efecto invernadero, expresó.

Las emisiones de esta industria son mayores que las de toda África, agregó.

Asimismo, estas emisiones de gases de efecto invernadero del sector textil son mayores que las de todos los vuelos y embarcaciones marítimas internacionales, reveló en diciembre la firma consultora McKinsey.

También son responsables del calentamiento global. Así, deben ser reducidas esta década a casi la mitad para mantener la meta de limitar el calentamiento a 1,5º centígrados; medida establecida en el Acuerdo de París de 2015.

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G7

El G7 incluye a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

La declaración de Turín señalará que «la moda debe volverse más circular, debe tener más reciclaje».

Planteará crear un foro internacional sobre eficiencia de recursos. Así podrán proponer acciones concretas que puedan adoptar los países, desde aumentar la responsabilidad de los productores hasta mayor transparencia en la cadena de suministros.

Ambientalistas han reclamado al sector reducir o eliminar la tendencia de producir masivamente ropa de bajo costo que se descarta rápidamente.

Señalan que la moda rápida utiliza cantidades ingentes de agua, genera químicos nocivos y satura los vertederos en países pobres. Al tiempo, emite gases de invernadero en la producción, transporte y desecho de sus bienes.

Nueve militares murieron en el norte de Colombia en un accidente de helicóptero cuando viajaban al departamento de Bolívar (norte), donde el Ejército se enfrenta contra el mayor cartel de la cocaína, informaron autoridades este lunes. 

«Lamento la muerte de los nueve integrantes del vuelo del helicóptero del ejército que se precipitó a tierra y que estaba abasteciendo de tropas el sur de (departamento de) Bolívar en las operaciones contra el Clan del golfo», indicó el presidente Gustavo Petro en X, antes Twitter. 

El mandatario ni la institución castrense especificaron las razones del accidente. Tampoco indicaron si tuvo relación con el cartel origen paramilitar, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el nombre que reivindican sus más de 4.000 combatientes, según datos de la inteligencia militar.

El helicóptero MI-17 de fabricación rusa «cumplía (una) misión de abastecimiento» en una zona conocida como Santa Rosa cuando se precipitó a tierra. Entre los tripulantes había un coronel y ocho rangos medios.

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Accidente de helicóptero

«No hay sobrevivientes», aseguró el ejército a la AFP.

Además de traficar cocaína hacia Centro y Norteamérica, el Clan del Golfo controla el paso terrestre de migrantes hacia Panamá. La ruta es a través de la peligrosa selva del Tapón del Darién, epicentro de la migración irregular hacia Estados Unidos.

En febrero, cuatro militares colombianos murieron en un accidente de un helicóptero Black Hawk. Se encontraban de camino a una base aérea en la frontera con Panamá. 

Ese mismo mes, cinco policías murieron tras desplomarse otro helicóptero en el departamento de Antioquia (noroccidente).

La Universidad de Columbia, epicentro de las protestas propalestinos en Estados Unidos, empezó a suspender a los estudiantes que desafiaron el ultimátum dado este lunes por las autoridades del centro para que depongan el campamento en la prestigiosa institución.

Más de 350 personas han sido detenidas en las universidades de todo el país este fin de semana, mientras la Casa Blanca pedía a los manifestantes que fueran pacíficas.

La universidad anunció que han empezado a suspender a estudiantes que no han depuesto la protesta.  

Universidad de Columbia

«A los estudiantes que aceptaron marcharse y firmaron un documento comprometiéndose a cumplir las políticas de la universidad se les permitirá completar el semestre», recordó Ben Chang, vicepresidente de comunicaciones del centro en un comunicado.

Los estudiantes se habían negado a acatar «estas tácticas repulsivas de miedo (que) no significan nada comparadas con la muerte de más de 34.000 palestinos», anunciaron en una declaración.

«No nos moveremos hasta que Columbia satisfaga nuestras demandas o (…) nos muevan por la fuerza», dijo la líder estudiantil Sueda Polat, en una rueda de prensa. 

Tras dar por rotas las negociaciones, la rectora de Columbia, en Nueva York, había dado este lunes un ultimátum a los manifestantes para que desalojaran «voluntariamente» el campamento erigido para las 14H00 (18H00 GMT).

También rechazó su principal reivindicación de que la universidad deje de recibir fondos relacionados con Israel o de empresas que se aprovechan de la guerra.

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Desafío

Las protestas contra la guerra de Gaza, con su elevado número de víctimas civiles palestinas, han planteado un reto a las autoridades universitarias de todo el país para equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en el antisemitismo y el odio.

En Columbia, un poco más allá del recinto que alberga las carpas, decenas de pequeñas banderas de Israel ondeaban sobre la hierba y fotos de los rehenes que siguen en manos del grupo palestino Hamás sin que a nadie pareciera importarle.

«Para muchos de nuestros estudiantes judíos y para otros también, el ambiente se ha vuelto intolerable en las últimas semanas. Muchos han abandonado el campus y eso es una tragedia», dijo la rectora de Columbia, Nemat Shafik.

«El lenguaje y los actos antisemitas son inaceptables y los llamamientos a la violencia son sencillamente aborrecibles», afirmó antes de recordar que el «derecho de un grupo a expresar sus opiniones no puede ir en detrimento del derecho de otro grupo a hablar, enseñar y aprender».

En Virginia Tech, más de 90 personas fueron detenidas a última hora del domingo tras negarse a acatar la orden de la policía del campus de dispersarse, mientras que en la Universidad de Texas, policías estatales con equipo antidisturbios se enfrentaron el lunes a manifestantes que intentaban instalar un campamento no autorizado en el campus.

Acusaciones de antisemitismo

«No se permitirán los campamentos», dijo el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en las redes sociales.

Los organizadores de las protestas niegan las acusaciones de antisemitismo, y defienden en cambio que sus acciones apuntan al gobierno de Israel y su manejo del conflicto en Gaza. 

«Estoy absolutamente asqueada y devastada de lo que está ocurriendo y de que el dinero de los contribuyentes estadounidenses lo esté pagando», dijo a la AFP la abogada judía neoyorquina Samantha Kostmayer, que acudió a las protestas.

«Los horrores que se desarrollan (en Gaza) lo hacen más peligroso para mí, pero no estoy preocupada por mí (…) me preocupa la gente que vive sacando a sus bebés de entre los escombros», lamentó esta exalumna de Columbia. 

La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre con un ataque sin precedentes de comandos de Hamás en el sur de Israel, en el que murieron 1.170 personas, sobre todo civiles, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales. 

En represalia, Israel prometió «aniquilar» a Hamás y lanzó una ofensiva que hasta ahora ha dejado 34.488 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

Al menos 25 personas murieron y 13 resultaron heridas por la caída de un autobús a un abismo en un remoto camino rural del norte de Perú, informó este lunes la policía.

«Hasta el momento tenemos registrado 25 fallecidos y 13 heridos por el accidente», dijo a la AFP el jefe de la policía de Celendín, el comandante Hugo Uriarte.

Los primeros reportes señalaban 23 muertos y 15 heridos, dos de los cuales murieron al llegar al hospital por la gravedad de las lesiones. 

Uriarte indicó que entre los fallecidos hay dos menores, uno de seis años y otro de apenas dos meses.

«En los últimos años en la provincia de Celendín no hay reportes de un accidente de esta naturaleza», señaló el oficial.

Caída de autobús

El accidente ocurrió la noche del domingo en un tramo de carretera sinuoso y angosto en el que el vehículo de pasajeros volcó y cayó a un precipicio de más de 200 metros en la provincia de Celendín, en la región andina de Cajamarca, a unos 850 km al norte de Lima.

El autobús transportaba más de 50 pasajeros y se dirigía desde el distrito de Sorochuco a la ciudad de Cajamarca.

El vehículo terminó al borde de las caudalosas aguas del río Sendamal, según imágenes difundidas en las redes sociales. 

Existe «la posibilidad de que haya personas arrastradas por el río porque el caudal es importante», declaró a TV Perú Jaime Herrera, portavoz de la municipalidad de Celendín.

Brigadas de la policía y bomberos trabajan en el lugar del accidente para rescatar los cuerpos de los fallecidos.

Los heridos, entre ellos el conductor de bus, fueron llevados al hospital de Celendín y de Cajamarca.

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Dolor

Escenas de dolor se registraban desde tempranas horas en esa región agrícola, donde viven campesinos en su mayoría. 

Decenas de familiares llegaron a la comisaría de Sorochuco, la más cercana al lugar del accidente, para reconocer y recoger los cuerpos de las víctimas rescatadas.

El alcalde de Celendín, Julio Chávez «pidió a las autoridades una exhaustiva investigación para determinar las causas del accidente».

La municipalidad de Celendín decretó un duelo provincial por 48 horas. 

«Lamento profundamente el fallecimiento de 25 personas en un accidente de tránsito. Se ha dispuesto, a través del ministerio de Salud, se garantice la atención de los pacientes», indicó el jefe de gabinete Gustavo Adrianzén en la red social X.

Según diversos testimonios, el accidente se produjo por una falla del conductor, aseguró Uriarte.

«La municipalidad está indagando la formalidad del bus», señaló Herrera respecto a si éste se encontraba en buen estado de funcionamiento y con permisos de seguridad para trasladar pasajeros.   

Los accidentes en carreteras peruanas son frecuentes debido al exceso de velocidad, el mal estado de las rutas, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades.

Perú registró en 2023 un total de 3.138 muertos por accidentes de tránsito, según el Ministerio de Transportes.

Un 70% de los accidentes se deben a factores humanos por impericia o cansancio del conductor.