La ONU abrió este lunes en Ginebra las negociaciones que buscan alcanzar un tratado que luche contra la biopiratería, la explotación de recursos genéticos que afectan no solo a la naturaleza sino también a los saberes tradicionales de los pueblos indígenas, tras más de dos décadas de conversaciones.

«Las negociaciones no serán fáciles», advirtió Daren Tang, director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo de la ONU. 

Los 193 Estados miembros de la OMPI estarán reunidos en la ciudad suiza de Ginebra hasta el 24 de mayo para intentar encontrar un acuerdo por consenso.

«Podemos mostrar que no hay contradicción entre un régimen de propiedad intelectual sólido y previsible, que alienta la innovación, atrae inversiones y estimula la investigación, y un régimen que responde a las necesidades de todos los países y de todas las comunidades, incluidas las de los pueblos indígenas y de las comunidades locales», añadió. 

Negociaciones

El proyecto de acuerdo estipula que quienes depositen demandas de patentes deberán divulgar el país de origen del que obtuvieron los recursos genéticos empleados para la invención y el pueblo autóctono que les proporcionó los conocimientos tradicionales asociados al invento. 

Más de una treintena de países exigen que se divulgue el origen de las innovaciones. La mayoría de ellos países en desarrollo, como China, Brasil, India y Sudáfrica, pero también países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Suiza. 

Sin embargo, estos procedimientos varían y no siempre son obligatorios.

Kenia, hablando a nombre de los países africanos, señaló que el tratado debe ser más completo e incluir «requisitos de divulgación obligatoria»

«Tenemos claro como nuestras comunidades con frecuencia han sido marginadas y excluidas de los beneficios derivados de la comercialización y el uso de sus conocimientos y recursos», afirmó Kenia.

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«Luchar contra la biopiratería»

«Se trata de luchar contra la biopiratería, es decir el uso de saberes tradicionales o de recursos genéticos sin el acuerdo de quienes los poseían y sin que estos puedan beneficiarse», explicó el jefe de la delegación francesa, Christophe Bigot. 

Estos recursos, como las plantas medicinales, las variedades vegetales y las especies animales, son cada vez más utilizados en numerosos inventos para la investigación y las industrias cosméticas, de medicamentos, de biotecnología o de complementos alimentarios.

Como por el momento no es obligatorio publicar el origen de las innovaciones, a muchos países en vías de desarrollo les preocupa que se concedan patentes sin el conocimiento de los pueblos autóctonos o que se den para inventos que realmente no lo son.

Quienes se oponen al tratado temen que esto ponga trabas a la innovación. 

Para los partidarios «esto contribuirá a garantizar que estos saberes y recursos sean usados con la autorización de los países o de las comunidades de donde proceden; lo que les permitirá beneficiarse de los inventos de una manera o de otra», según Wend Wendland, director de la División de Conocimientos Tradicionales del OMPI.

«Aunque el nuevo instrumento [jurídico] no crea nuevos derechos, su adopción acabaría con más de dos décadas de negociaciones sobre una cuestión de gran importancia para numerosos países», indicó. 

El proyecto de texto encalla principalmente en el establecimiento de sanciones y las condiciones para anular las patentes.

Conferencia

Hace dos años, los países decidieron convocar una conferencia con el fin de concluir un acuerdo, como muy tarde, en 2024. 

Solo Estados Unidos y Japón se «desvincularon oficialmente de la decisión», aunque sin oponerse al consenso.

La embajadora estadounidense Sheba Crocker insistió en que su país «se esforzará por lograr un resultado que mejore la transparencia y que no afecte los objetivos políticos ni los fundamentos del sistema de patentes».

La Administración Biden ha negado este lunes que se esté produciendo un genocidio en la Franja de Gaza, donde cerca de 35.100 palestinos, la mayoría civiles, han muerto por la ofensiva militar lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino a raíz de los ataques ejecutados el pasado 7 de octubre.

«Creemos que Israel puede y debe hacer más para garantizar la protección y el bienestar de civiles inocentes. No creemos que lo que está sucediendo en Gaza sea un genocidio. Hemos dejado constancia de que rechazamos firmemente esa propuesta», ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

En este sentido, ha recordado que es «una guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás, cuya misión es aniquilar a Israel y matar a tantos judíos como puedan». Sullivan ha subrayado que los civiles palestinos están «atrapados» en medio del conflicto y que han sufrido un trauma «inimaginable».

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Genocidio en Gaza

«Seguimos creyendo que sería un error lanzar una operación militar a gran escala en el corazón de Rafah; pondría en riesgo a un gran número de civiles sin una ganancia estratégica clara», ha agregado Sullivan en rueda de prensa.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó en enero a Israel «tomar todas las medidas posibles» para prevenir un genocidio en la Franja de Gaza y garantizar de manera «urgente» que la población palestina reciba la ayuda que necesita. La decisión se produjo tras una denuncia elevada por Sudáfrica ante el tribunal.

Dos meses después, dictó nuevas medidas provisionales por la situación de crisis humanitaria provocada por la ofensiva contra el enclave. Sudáfrica solicitó la pasada semana de manera urgente a la CIJ medidas provisionales adicionales contra Israel por riesgo de genocidio en Gaza, así como una revisión de las anteriores, dada la operación militar sobre la ciudad de Rafah.

Los combates continuaron este lunes en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, donde el ejército ruso lanzó una ofensiva y tomó decenas de kilómetros cuadrados, pero Kiev afirma que está resistiendo y que reforzó la zona.  

Las fuerzas rusas cruzaron la frontera el viernes en una ofensiva hacia Lipsi y Vovchansk, dos localidades situadas respectivamente a unos 20 y unos 50 kilómetros al noreste de Járkov, la segunda ciudad de Ucrania. 

Las autoridades de Kiev llevaban semanas advirtiendo que Moscú podría intentar atacar las regiones fronterizas del noreste, mientras Ucrania sigue esperando la llegada de ayuda occidental y sufre de una escasez de soldados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró en un discurso por la tarde que sus tropas están lanzando «contraataques» y que el sector estaba siendo reforzado. «Estamos destruyendo la infantería y los equipos del ocupante», aseguró. 

Noreste de Ucrania

Zelenski reportó también «grupos de sabotaje» y «ataques» contra las regiones fronterizas de Sumy y Cherniguiv, en el norte de Ucrania.

En una entrevista con la AFP, el jefe de la seguridad nacional ucraniana, Oleksandr Lytvynenko, indicó que «más de 30.000 soldados» rusos participan en la ofensiva en la región de Járkov.

No obstante, aseguró que de momento no pesa ninguna «amenaza» sobre la ciudad de Járkov, situada a unos 30 kilómetros de la zona de combates y que antes de la invasión rusa tenía cerca de un millón y medio de habitantes.

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Ataques «carniceros»

Están llevando a cabo asaltos «carniceros», enviando todo su equipo (…) y sus drones son muy activos», dijo el lunes a la AFP un soldado ucraniano desde la localidad de Ruski Tyshky.

El soldado, que se negó a dar su nombre, se refería a los mortíferos ataques por oleadas ya utilizados por Rusia en el pasado. 

Otro soldado del mismo batallón dijo que las bombas aéreas guiadas rusas estaban cayendo en masa en la zona. 

«La situación está bajo control, pero es muy relativo (…) todo puede cambiar de un minuto a otro», dijo, también sin dar su nombre, haciendo un llamamiento a los aliados occidentales de Kiev para que envíen más armas.

El gobernador de la región, Oleg Sinegubov, aseguró que más de 30 localidades están bajo fuego ruso.

El gobernador de esta región ucraniana precisó que 5.762 habitantes se evacuaron desde el inicio de los combates. 

Según el canal Telegram DeepState, cercano al ejército ucraniano, los rusos lograron ocupar unos 70 km2 en la región de Lipsi y 34 km2 en Vovchansk.

Las autoridades regionales dieron cuenta además de un muerto y tres heridos en un bombardeo en un pueblo en el oeste de Járkov, a unos 30 km de la zona de combates.

«Horrible»

En el pueblo de Ruski Tyshky, a siete kilómetros de Lipsi, se podían sentir repetidas explosiones a lo lejos, constató AFP.

Katerina Stepanova, de 74 años, fue evacuada de Lipsi con su hijo. Varias bombas explotaron en su calle.

«Huí con lo que llevaba puesto, ropa sucia […]. Afortunadamente, al menos estamos vivos», declaró a la AFP, en un primer punto de encuentro para los evacuados.

«Es tan horrible lo que está pasando allí. ¿Qué están haciendo estos idiotas? Las casas están ardiendo», añadió.

Según el canal de Telegram Rybar, cercano al ejército ruso, tras cuatro días de ofensiva, «no se registró ningún avance a gran escala de las defensas enemigas». 

«Después de haber despejado la zona fronteriza ‘gris’, las unidades de asalto rusas se concentraron en penetrar los bastiones y las líneas defensivas de las fuerzas armadas ucranianas», afirmó el canal.

Intensificación de bombardeos en el noreste de Ucrania

Este avance ruso se produce cuando el presidente Vladimir Putin destituyó el domingo a su ministro de Defensa Serguéi Shoigú, tras dos años de conflicto en Ucrania sin un desenlace claro.

El nuevo ministro, Andréi Belóusov, tiene formación de economista y, al igual que Shoigú cuando fue nombrado en 2012, no cuenta con experiencia militar.

Con esta decisión, Putin se prepara para una «guerra de larga duración. […] también contra todo Occidente, una guerra contra la OTAN», afirmó Lytvynenko.

En el interior de Rusia y en las zonas ocupadas de Ucrania, las tropas ucranianas intensificaron los bombardeos, en especial contra las instalaciones energéticas.

Al menos cuatro personas murieron y siete resultaron heridas este lunes, en bombardeos atribuidos a Ucrania en la región ocupada de Lugansk (este) y en la región rusa de Kursk, anunciaron las autoridades rusas.

La defensa ucraniana reivindicó además un bombardeo contra una terminal petrolera en la región rusa de Bélgorod y una subestación eléctrica en Lipetsk. 

No hubo confirmación del ataque de las autoridades rusas en Bélgorod. No obstante, el gobernador en Lipetsk comentó que una subestación había sido incendiada sin dar detalles o culpar directamente a Ucrania. 

La ciudad de Krasnodon está bajo control ruso desde 2014. Es una zona situada cerca de la frontera con Rusia, a unos 45 kilómetros al sureste de Lugansk, la capital regional.

Más de 1.000 delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de los trabajadores del sector público en Argentina, se reunirán este lunes para debatir la posibilidad de celebrar un nuevo paro esta misma semana para reclamar un aumento salarial y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos.

«Esta semana tenemos que seguir movilizados y en la calle para reclamar un aumento salarial y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos», ha defendido el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

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Paro en Argentina

En el pleno de este lunes, los delegados discutirán cómo darle continuidad al plan de acción en el sector público, después de varias movilizaciones en abril y tras sumarse al paro nacional del pasado jueves 9 de mayo, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato del país, y al que se adhirieron trabajadores de todos los sectores.

Según la ATE, este último paro «golpeó fuerte al Gobierno», por lo que ha instado a «profundizar el plan de lucha» para frenar el ajuste. Así como evitar que desmantelen el Estado con despidos, cierre de organismos y privatizaciones.

«En estos días enfrentamos una eutanasia social y si no queremos morir, tenemos que revelernarnos». Eso expresó Aguiar, para mostrar nuevamente su rechazo a la Ley Bases o ley ómnibus. Que está siendo debatida estos días en el Parlamento de Argentina y que incluye, entre otras medidas, la privatización de algunas empresas públicas.

(13/05/2024)

El embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompiz, afirmó que en su país existen dos oposiciones: una que cuenta con representación nacional y local, y otra que no participa de las elecciones, pero que es mediática

El 28 de julio, la población venezolana irá a las urnas para votar por su nuevo presidente, en un momento en que el país enfrenta asuntos importantes que tendrán impacto más allá de sus fronteras.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, afirmó que existen dos oposiciones y que la que no cuenta con personería jurídica tiene una alta cobertura de medios internacionales. “Son gente asociada a hechos delictivos e intento de magnicidio. Están en el ala de la violencia”. 

Explicó que el espectro de la oposición está compuesto por miembros de diferentes partidos, entre ellos la derecha y la derecha radical. “Son 36 partidos, solo cuatro son partidos no electorales”.

Afirmó que la líder oposición, María Corina Machado, pertenece al grupo de los “no electorales”, pero admitió que tiene mucha cobertura por parte de los medios de comunicación.

Machado confió en la fuerza de la oposición en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que pretende derrotar al chavismo. La política insistió en las victorias conseguidas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y pidió a la población no bajar los brazos, solicitando más que nunca al apoyo de Edmundo González Urrutia. 

Trompiz indicó que, entre todo ese “archipiélago” de oposición, hay 10 candidatos postulados para rebatirle el puesto al presidente Nicolás Maduro. “Solo hay una contradicción entre ellos: son los que van (a las elecciones) y los que no”.

Afirmó que, por el contrario, los partidos opositores electorales no tienen cobertura porque —en su criterio— se preparan en el desconocimiento de las elecciones de esta gestión. “Ni de broma aparece la oposición que sí tiene votos. Ellos no tienen cobertura porque se prepara el desconocimiento de las elecciones”.

“Ante ese archipiélago, la oposición no tiene posibilidad matemática de ganar las elecciones”, insistió.

Al ser consultado sobre la credibilidad de la población hacia el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), el diplomático dijo es órgano es una de las instituciones con más respaldo popular.

Recordó que, con ese mismo consejo, el chavismo perdió la Asamblea en 2015 y otros referendos. Respecto a los periodos de los miembros del consejo, aseveró que son largos (cerca a los ocho años), puesto que deben regir elecciones variadas.

“El personal se renueva según el estatuto”, añadió.

Sobre la alternancia de liderazgos en el chavismo, dijo que en 256.000 asambleas seguro que se sugirió la renovación del oficialismo. Sin embargo, —según dijo— todos respaldan el liderazgo del presidente Maduro.

El CNE develó el tarjetón electoral que mostrarán las máquinas el día de la elección, a través del cual la población podrá elegir entre los 10 candidatos un presidente para un período de 6 años que iniciará el 10 de enero de 2025.

Maduro, candidato por el oficialismo y aspirante a su segunda reelección, aparece en 13 tarjetas que representan a igual número de organizaciones políticas que respaldan su candidatura. Mientras, el candidato de la oposición mayoritaria, Urrutia, aparece en tres casillas.

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