La pobreza alcanzó al 55,5% de la población argentina al término del primer trimestre de este año, de acuerdo a un informe académico del Observatorio de la Deuda Social de la privada Universidad Católica Argentina (UCA), lo que representa a unos 25 millones de habitantes.

El último dato oficial disponible corresponde al segundo semestre de 2023, cuando el índice de pobreza se situó en el 41,7%, según el instituto estadístico Indec, que informará en septiembre de los resultados del primer semestre de este año.

La institución católica difundió el informe una semana después de que el Episcopado exhortara al gobierno de Javier Milei a repartir miles de toneladas de alimentos acopiados desde que interrumpió en diciembre la asistencia alimentaria a través de comedores comunitarios para auditarlos.

De acuerdo al Observatorio de la UCA, la indigencia también creció y se ubicó en el 17,5% en el primer trimestre.

En su último informe, correspondiente al tercer trimestre de 2023, la UCA había reportado 44,7% de pobreza y 9,6% de indigencia.

El índice del Indec estima la pobreza en base los ingresos mientras que el de la UCA tiene un enfoque multidimensional que incluye el acceso a servicios esenciales, algo que el Indec sólo mide cada diez años en el censo de población.

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Informe académico

Según el Indec, la pobreza tocó su máximo en 2002 (65,5%) y desde entonces retrocedió hasta 2017 (25,7%).

El ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, está en el ojo de la tormenta luego de que la justicia le ordenara repartir los alimentos acopiados, sentencia que la cartera apeló.

No obstante, este martes comenzó el reparto de aquellos alimentos próximos a vencer. El resto se guardará «para eventuales catástrofes», dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Argentina atraviesa una crisis económica con una fuerte recesión que contribuyó a la desaceleración de la inflación, cuyo último índice de abril la ubicó en 8,8% mensual.

El poder de compra se deterioró mientras los costos de los servicios esenciales aumentaron más del 300% promedio en el último trimestre merced a la desregulación de tarifas y a la política de reducción de subsidios.

En la ciudad de Buenos Aires, el boleto de metro aumentó 450% de mayo a junio. Y los servicios de agua y electricidad se multiplicaron por tres en el mismo lapso.

Según el Indec, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó en abril 828.000 pesos (unos 900 dólares al cambio oficial) para gastos básicos de alimentos, salud. Así como vivienda, lo que representa un aumento del 67% desde enero y del 300% en un año.

El salario mínimo en Argentina es de 234.315 pesos (unos 250 dólares al cambio oficial) en una economía con casi un 50% de informalidad laboral.

(04/06/2024)

El proceso judicial por supuesta posesión ilegal de un arma contra Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, entró este martes en la fase de argumentos iniciales.

Celebrado en un tribunal federal de Wilmington, Delaware, es el primer proceso penal contra un hijo de un presidente de Estados Unidos y ocurre en medio de la campaña en la que Joe Biden busca la reelección.

Hunter Biden, de 54 años, está acusado de mentir sobre su consumo de drogas para comprar un arma de fuego en 2018.

El proceso se inició el lunes con la selección del jurado de 12 miembros y se espera que dure entre una o dos semanas.

La primera dama, Jill Biden, acudió al tribunal el lunes para la selección del jurado y también para la audiencia de este martes. El presidente no compareció, pero dijo que él y su esposa están «orgullosos» de Hunter.

«Como presidente, no puedo ni voy a comentar sobre procesos judiciales en curso, pero como padre tengo un amor infinito por mi hijo, confianza en él y respeto por su fortaleza», afirmó Biden en un comunicado.

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Proceso

Hunter, abogado formado en Yale y lobista convertido en artista, está acusado de declarar falsamente que no estaba consumiendo drogas ilegales en documentos para comprar un revólver Colt Cobra calibre .38 en 2018.

También se le imputa el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, que tuvo durante 11 días en octubre de ese año.

Hunter Biden se declaró inocente en octubre. Antes había llegado a un acuerdo con los fiscales, pero éste fracasó y condujo al juicio.

Los fiscales van a presentar gran cantidad de pruebas, probablemente incómodas, relacionadas con los años de Hunter Biden como adicto.

El hijo del presidente, que ha escrito sin parar sobre su adicción, afirmará que en el momento en que compró el revólver no se consideraba un adicto. Ha afirmado que está sobrio desde 2019.

Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión, aunque se espera una pena más leve, incluso sin  cárcel, por no tener antecedentes penales. 

Junto con otros cargos que Hunter Biden enfrenta en California por evasión de impuestos, este juicio dificulta los intentos de los demócratas de centrar toda la atención en Donald Trump, el rival republicano que acaba de ser condenado penalmente por falsificación de documentos y que tiene pendientes otros procesos judiciales.

Además del impacto político, los problemas judiciales de Hunter han reabierto viejas heridas familiares.

Su hermano Beau murió de cáncer en 2015 y su hermana Naomi murió cuando era niña en un accidente de automóvil en 1972 que también se cobró la vida de Neilia, primera esposa del presidente y madre de los tres.

(04/06/2024)

La elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México mantiene inclinada a la izquierda la balanza ideológica de América Latina, una región fragmentada que requiere consensos frente a sus múltiples desafíos y cooperación, señalan expertos.

Sheinbaum, científica de 61 años, obtuvo una victoria aplastante para dirigir hasta 2030 la segunda economía latinoamericana después de Brasil, donde el también izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva cumple su tercer mandato.

Chile, Colombia, Guatemala y Honduras tienen igualmente mandatarios progresistas, mientras Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela están bajo regímenes radicales que se proclaman socialistas.

Primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales mexicanas, Sheinbaum reemplazará desde octubre al popular Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de izquierda de México.

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Cooperación

Debido a la continuidad del proyecto de AMLO, los contrapesos regionales no variarán.

«Probablemente no haya muchos cambios en el tablero político» regional bajo la presidencia de Sheinbaum, opina Michael Shifter, investigador del centro de análisis Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

Incluso si «estuviera más comprometida que AMLO» con una visión de izquierda, «no es probable que su administración busque ejercer demasiada influencia sobre aliados afines», añadió.

La razón: México mantiene «vínculos más profundos» con Estados Unidos, del que ahora es principal socio comercial tras desplazar a China, apunta Shifter.

Sheinbaum fue elegida con la promesa de preservar el legado de López Obrador, pero hay matices entre ambos que acercan más a la presidenta a una «izquierda progresista», opina el escritor y analista Jorge Zepeda Patterson.

Mientras AMLO, de 70 años, es un «luchador social de extracción rural» con «rasgos tradicionales de la cultura mexicana», Sheinbaum es una administradora pública de «clase media urbana moderna, mucho más cosmopolita», explica.

De hecho, el presidente, que pregona un alto gasto social con austeridad fiscal, admite que su sucesora «se podría correr al centro. Y no habría problema».

Alternancia dominante

América Latina comenzó a transitar hace dos décadas un camino de alternancia de poder marcado más por reclamos sociales que por ideologías. Eso señala Marcela Ríos, directora para América Latina de IDEA Internacional, organización intergubernamental que promueve la democracia.

Salvo casos como el de México, «la alternancia es ahora norma en Latinoamérica», donde «más que una orientación ideológica parece imperar una búsqueda de cambio por la decepción con gobiernos ineficaces en cumplir promesas». Así explica la exministra de Justicia del presidente chileno, Gabriel Boric.

De 22 elecciones presidenciales celebradas en la región desde 2019, solo en cuatro hubo continuidad política. Eso según un análisis de IDEA, en un contexto de bajo crecimiento y déficits sociales acentuados por la pandemia.

«Es positivo porque muestra que las instituciones electorales están cumpliendo su rol», destaca Ríos.

Entre los cambios de signo resalta el de Argentina, con la llegada al poder del ultraliberal Javier Milei en 2023. Todo en medio de una severa crisis económica.

También sobresale la reelección del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de corte conservador, gracias a su guerra contra las pandillas. Que intentan emular otros líderes latinoamericanos, igualmente en medio de dificultades financieras.

Desafío Trump

Al margen de estos movimientos pendulares, América Latina encara grandes desafíos que exigen cooperación. Tales como el cambio climático, la inseguridad y la migración a Estados Unidos, en momentos en que los cruces ilegales alcanzan máximos históricos, advierte la exministra chilena.

Pero la integración se ha visto afectada, entre otras cosas, por la multiplicidad de foros multilaterales, algunos con sesgo ideológico. Que impiden que la región tenga una «voz única», añade Ríos, quien considera que esta tendencia está llegando a su fin.

A su juicio, la cooperación cobra especial relevancia de cara al posible regreso de Donald Trump al poder, con amenazas sobre deportaciones masivas.

«Va a ser un enorme desafío. Creo que va a cambiar nuevamente la configuración de alianzas y puede ser un gran problema para abordar seriamente temas como migración (…) América Latina tiene que estar preparada», advierte Ríos.

(04/06/2024)

El primer ministro nacionalista Narendra Modi reivindicó este martes la victoria que le asegurará un tercer mandato al frente de India, aunque su mayoría parlamentaria se vio mermada y no logró la victoria contundente que vaticinaban los sondeos.

«El pueblo depositó su confianza en la NDA [Alianza Democrática Nacional, por sus siglas en inglés] por tercera vez consecutiva», declaró Modi en la red social X, refiriéndose a su coalición. «Es un hecho histórico en India», destacó.

Tanto los analistas como los sondeos a boca de urna presagiaban una victoria holgada de Modi y su partido, pero todo apunta a que el partido del dirigente, el Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Popular Indio), y sus aliados no lograrán ese resultado aplastante y tendrán que apoyarse en sus socios de alianza, según cifras de la comisión electoral.

Con cerca del 99% de los votos escrutados, el BJP obtiene 36,7% de los sufragios, algo por debajo de las últimas elecciones en 2019.

Victoria

Modi fue reelecto en su circunscripción, la ciudad sagrada del hinduismo Varanasi, también conocida como Benarés. Es la tercera vez que gana y esta vez obtuvo 152.000 votos más que el segundo candidato.

En total, el BJP logra 239 escaños y sus aliados otros 52, lo que lo ubica con 291, por arriba de la mayoría absoluta de 272 diputados en la cámara de 543 curules.

El principal partido opositor, el Congreso Nacional Indio, (que ungió a Nehru, el primer ministro después de la independencia y a Indira Gandhi), parece encaminado a casi duplicar su número de escaños con 99 legisladores, frente a los 52 en el Parlamento saliente.

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‘Castigado’

«Los votantes castigaron al BJP», dijo el líder del Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi, quien fue reelecto en su circunscripción de Wayanad, en el sur. «Estaba seguro que la gente de este país iba a dar la buena respuesta».

Después de una década promoviendo su agenda nacionalista hindú, Modi, de 73 años, se dirige hacia un tercer mandato en esta potencia emergente miembro de los BRICS junto a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Y ello, a pesar de las acusaciones de la oposición y las inquietudes por los derechos de las minorías religiosas.

Un total de 642 millones de personas participaron en estos comicios divididos en siete fases a lo largo de seis semanas, ante el desafío logístico de organizar unas elecciones en la nación más poblada del mundo, con 1.400 millones de habitantes.

Se estima que más de dos tercios de la población india pertenecen a las castas más bajas del milenario sistema de estratificación social en el que se dividen los hindúes.

Políticos de todas las tendencias cortejaron a las castas más bajas con programas de acción social. Así como promesas de empleo y subsidios especiales para luchar contra las discriminaciones.

Pero el BJP de Modi se distinguió del resto, imponiéndose con un discurso distinto: piensa primero en tu religión y luego, en tu casta.

Oposición presionada

Los opositores del primer ministro mejoraron su caudal electoral pese a que debieron enfrentar procesos judiciales. Que ellos denuncian como parte de una campaña política de Modi contra la disidencia.

El centro estadounidense de estudio Freedom House indicó que este año el BJP «usó cada vez más a las instituciones gubernamentales para atacar a sus rivales políticos».

Como ejemplo, los opositores citan el caso de Arvind Kejriwal, ministro principal de la capital, Nueva Delhi. Detenido en marzo por un caso de corrupción, liberado en mayo para la campaña electoral y encarcelado de nuevo el domingo.

La política del primer ministro también despierta recelos en la minoría religiosa musulmana, con más de 200 millones de fieles. Inquietos por su futuro en este país constitucionalmente secular y que fue colonia británica hasta 1947.

Las elecciones representaron un desafío logístico en este enorme país, con innumerables urnas en megaciudades. Como Nueva Delhi y Bombay, pero también en zonas forestales aisladas y en la conflictiva región de Cachemira, a los pies del Himalaya.

Para facilitar el recuento, se recurrió a máquinas de votación electrónica.

Las principales cadenas televisivas indias disponen de reporteros enfrente de cada centro que compiten para anunciar lo antes posible los resultados.

Aunque el jefe de la comisión electoral celebró un «récord mundial» de 642 millones de votos en los comicios, con una participación del 66,3%.

El cerco judicial se estrecha en torno a la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien fue citada a declarar a principios de julio como investigada en un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

Desde que se anunció esta investigación contra Begoña Gómez, el tema se ha convertido en una pesadilla para el socialista Pedro Sánchez, quien llegó a anunciar a finales de abril, para sorpresa general, que consideraba renunciar, algo que finalmente no hizo.

El asunto escaló este martes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que Begoña estaba citada a declarar como investigada el 5 de julio.

En un breve comunicado, la justicia explicó que Begoña Gómez debe comparecer «en calidad de investigada» ese día a las 10.00 (04.00 en Bolivia), por los presuntos «delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias».

El gobierno tiene «absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada» contra Gómez, señaló en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, quien aseveró que la denuncia está basada en «mentiras y bulos».

«Lo que aquí hay es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha», subrayó Alegría.

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La oposición pide la dimisión de Sánchez

De su lado, la oposición de derecha celebró inmediatamente la noticia y pidió la renuncia de Sánchez.

El presidente del Gobierno debe «asumir su responsabilidad política inmediatamente» y «comunicar a la nación cuál es su decisión», escribió en X Alberto Núñez Feijóo, jefe del conservador Partido Popular (PP), principal formación de oposición.

«Cualquier presidente del Gobierno con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo», señaló de su lado a periodistas el portavoz del PP, Borja Sémper.

La decisión de este martes llega después de que la justicia rechazara la semana pasada la solicitud de la Fiscalía que recomendaba cerrar la investigación, al no haber constatado elementos «suficientes» para continuarla.

También se tomó pese a un informe de la Guardia Civil, en el que informaba que no veía delito.

Pero para el tribunal de Madrid «existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo». Que «son algo más que simples sospechas» y «son suficientes» para que la investigación continúe.

Las pesquisas fueron abiertas ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias. Que admitió que se basó únicamente en artículos de prensa.

‘Acoso y derribo’

El tribunal, al desestimar el recurso de la Fiscalía, acotó el alcance de la investigación. Que se centró inicialmente en los vínculos de Gómez con el director general del grupo turístico español Globalia. En el momento en que este último negociaba ayudas públicas para su aerolínea Air Europa durante la pandemia de covid.

Pero el tribunal desestimó esa parte del caso alegando que partía de una base «inverosímil». Limitó las pesquisas a contratos públicos adjudicados a un empresario que tenía relaciones profesionales con Gómez.

A finales de abril, Sánchez enmarcó los señalamientos contra su esposa en una estrategia de «acoso y derribo». Y contra su gobierno de izquierda llevada a cabo por «medios de marcada orientación derechista y ultraderechista», apoyados por la oposición conservadora.

«Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi Gobierno es un gobierno limpio». Eso dijo Sánchez en el Congreso de los Diputados hace dos semanas, dando por sentado que la justicia terminará por archivar las «denuncias falsas».

Las acusaciones contra Gómez provocaron una crisis diplomática con Argentina el mes pasado.

De visita en Madrid para asistir a una convención del partido de extrema derecha Vox, el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, se hizo eco de los ataques de la derecha española contra la esposa de Sánchez. Se refirió a ella como «mujer corrupta».

En respuesta, España retiró «definitivamente» a su embajadora en Argentina.

(04/06/2024)