Pese a no contar con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la facción arcista de del Movimiento Al Socialismo (MAS) insiste en que “sí o sí” inaugurará su congreso este viernes en El Alto. La inauguración será en puertas del Polideportivo “Héroes de Octubre”, en la avenida Juan Pablo Segundo.

En entrevista con La Razón Radio, Milán Berna, de la Comisión Política del Pacto de Unidad, explicó que luego de la inauguración se conformarán las comisiones de poderes y el presídium para abordar temas legales y jurídicos.

Se prevé presentar a la nueva directiva del MAS el 5 de mayo, plazo fatal establecido por el TSE. “Tenemos un equipo legal que hará seguimiento”, afirmó Berna.

Exhortó al TSE, a través de una comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), a supervisar y acompañar el congreso convocado por las organizaciones sociales afines al presidente Luis Arce.

“Si el TSE desconoce estas actividades, estaría (incurriendo) en actos de irresponsabilidad contra miles de personas militantes y organizaciones sociales legalmente constituidas”, advirtió el dirigente.

Asimismo, anunció que agotarán todas las instancias, entre ellas, la jurídica administrativa, para “dar derecho” y decidir sobre el acompañamiento del TSE.

Ratificó que se presentó la documentación con los respaldos correspondientes ante el TSE para que la instancia avale las decisiones del encuentro. “El TSE ya tiene conocimiento de los aspectos legales. No nos puede, debe respeta la democracia interna”.

La Secretaría de Cámara del TSE archivó la solicitud de acompañamiento al congreso debido a que, tanto la facción arcista y evista, incumplen con el artículo 13 del estatuto orgánico del partido.

Dicha norma establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

Sin embargo, en criterio de Berna, su facción cumplió con el artículo, debido a que presentó la convocatoria firmada por algunos miembros de la dirección nacional y en consenso con las organizaciones matrices: confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

“Esta convocatoria es (realizada) por la dirección nacional, por la Comisión Orgánica y otros cuatro miembros en consenso con las organizaciones matrices en el plazo establecido. La expresión mayoritaria está”, añadió.

Recordó que, en cuatro ocasiones, enviaron notas y cartas de invitación al jefe del MAS y expresidente Evo Morales para que firme la convocatoria y participe del encuentro; no obstante, el Pacto de Unidad no obtuvo respuesta.

“Se ha cerrado en sus caprichos y ha hecho caso omiso a esta invitación”, dijo.

El miércoles, el TSE rechazó su supervisión al congreso arcista una vez más. La Sala Plena basó su decisión en un informe de la Secretaría de Cámara, que hizo cuatro observaciones a la convocatoria, entre ellas que la solicitud no fue presentada ante el TSE por los delegados políticos de ese partido acreditados por el Órgano Electoral.

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La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, aseguró que la reforma a la Ley 348, Integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, es una medida “inconstitucional” y violatoria “flagrante” de derechos de las mujeres y niños y, además, plantea la impunidad.

La polémica por la Ley 348 comenzó cuando el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que era una “ley antihombres”, luego de que la senadora evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce dijera que la ley “destruyó familias”.

La legisladora presentó el proyecto de ley (PL) 143-2023-2024 de Modificación y Sistematización de la Ley del Órgano Judicial, que es una reposición del Proyecto de Ley 288 – 2021 y, posteriormente, modificar la Ley 348.

Organizaciones de mujeres consideraron que el proyecto representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia, protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia.

Denunciaron que propone modificar el artículo 94, referido al principio de veracidad, de la Ley 348, eliminando la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema judicial.

Cruz, Paula Estenssoro (responsable de Incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir) y Lucía Vargas (responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer) abordaron el problema en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

La viceministra rechazó las declaraciones de Rodríguez e informó que, desde 2013 a marzo de 2024, se registraron 443.614 denuncias por violencia contra la mujer. Del total, solo 18.459 personas están siendo cauteladas con la Ley 348.

Este número de personas cauteladas es “un 4,16% de la capacidad de respuesta de la ley”, añadió.

Ratificó que es “mentira” que todas las denuncias por parte de mujeres llevan a la cárcel a los hombres. “No es una ley antihombres”, insistió.

Develó que, en 2023, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) ha recibido 3.239 casos, en los cuales las víctimas son varones. “Es mentira que se haya utilizado la norma solo contra varones, cuando ellos también la han utilizado para ir contra mujeres”.

Lamentó que los senadores Rodríguez y Arce “están poniendo en tela de juicio” que hay un sistema patriarcal que busca un retroceso en la ley.

Por su parte, Vargas aseguró que el problema no está en el papel, sino en la implementación de la norma. “La reforma es un retroceso para los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas que denuncias ante un sistema insensible”.

En coincidencia, Estenssoro afirmó que la reforma presupone que las denunciantes mienten sobre los hechos de violencias física y sexual. Aseguró que la ley no es la que acaba con las familias, sino es la violencia machista.

“No podemos encarar esta reforma desde una perspectiva de un retroceso presumiendo que las mujeres son mentirosas”, sentenció.

Vargas afirmó que su despacho registró que del 100% de las denuncias, solo el 5 % tiene sentencia y el 95% restante no tiene un proceso abierto.

Cruz desmintió que se aplica detención preventiva solo con una denuncia interpuesta por una mujer y explicó que el principio de veracidad hace que la víctima no tenga cómo contar su abuso sexual en todas las fases del proceso.

“No necesitamos que lo repita ante la Justicia”, dijo.

Además, aseguró que la Fiscalía y la Policía deberían ser cuestionados por la mala implementación de la ley, debido a que ambas instancias son responsables de hacer las investigaciones. “Ellos deben responder”.

Insistió en que no es un problema entre hombres y mujeres, sino que es un problema estructural del sistema machista y patriarcal en el país. “¿Dónde está el juez de garantías?, que debe estar viendo que se no se apliquen medidas cautelares forzosas”.

La Ley 348 fue aprobada el 9 de marzo de 2013, luego de una serie de reclamos sobre caso de violación de derechos de las mujeres. Y la propuesta de la senadora Arce ahora pasó a revisión de la Comisión de Constitución del Senado.

Este 2024, en los primeros cuatro meses, se registraron 26 feminicidios y 16 infanticidios en el país.

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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, afirmó este martes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) recibirá su primera amonestación o “tarjeta amarilla”, en sus palabras, por el incumplimiento a la renovación de su directiva y actualización de su estatuto.

En entrevista con La Razón Radio, ratificó que el MAS y las 166 organizaciones políticas deben renovar sus directivas y actualizar sus estatutos hasta el 5 de mayo, plazo final. De lo contrario, recibirán una amonestación.

El MAS no pudo concretar su congreso para elegir a su nueva dirección nacional, debido a que atraviesa por una fractura interna. Las dos facciones buscan llevar adelante un congreso; sin embargo, ambas solitudes fueron archivadas por incumplir requisitos.

Ayer, la Secretaría de Cámara del TSE volvió a observar la convocatoria al congreso del MAS que organiza el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

La solicitud de la facción evista también fue archivada, por ello, el expresidente Evo Morales acusó al TSE de intentar proscribir su partido.

En respuesta, el vocal Tahuichi aseguró que no es política del Órgano Electoral proscribir a ningún partido y que muestra de ello son las cuatro ampliaciones para que partidos presenten sus nuevas directivas.

Contó que las organizaciones políticas debieron revocar su directiva desde diciembre de 2021 y no lo hicieron, pese a cuatro ampliaciones más de 180 días. “Hay una dejadez de los partidos políticos”.

“¿Dónde está la política de proscribir? Nosotros estamos pecando, somos muy tolerantes, somos buenitos”, añadió.

Reiteró que cuando se incumple una resolución del TSE, las organizaciones son pasibles a una amonestación. Acumuladas tres “tarjetas amarillas” pierden su personería jurídica.

A su vez, ratificó que el Órgano Electoral no supervisará el congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad porque no se han cumplido los requisitos formales. Dijo que las observaciones a varios trámites de los partidos políticos “son recurrentes” y que cuando los partidos políticos no cumplen con los requisitos exigidos, tienen que subsanarlos en un plazo de dos días.

“Es un círculo rutinario”, reclamó. Reiteró que el Órgano Electoral debe hacer cumplir los estatutos de los partidos políticos de alcance nacional, departamental y municipal.

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El subalcalde de la Zona Sur de La Paz, Vladimir Ávila, informó que la Alcaldía lleva adelante una obra de recapeo que contempla tres tramos: el primero es en la avenida Ballivián desde la Calle 8 hasta la Calle 12 de Calacoto; la segunda, de la Calle 21 a la 23; y la tercera, de la Calle 21 hasta la avenida Costanera.

En entrevista con La Razón Radio, anunció que se prevé concluir con el recapeo hasta el 15 de mayo. Indicó que el trabajo en algunas vías de ese sector tendrá una inversión de Bs 8 millones y su avance está al 33%.

Afirmó que las obras emergieron dentro del plan “De la tormenta a la esperanza”, que prevé la rehabilitación de las vías que fueron afectadas por las intensas lluvias suscitadas entre febrero y marzo de este año.

Los meses pasados, el municipio atravesó la etapa más dura de la época de lluvias.

Entre vías anegadas y desbordes de ríos, la Alcaldía decidió declarar emergencia y habilitó el ingreso del Gobierno con ayuda. Ahora que las lluvias han bajado su intensidad, se piensa en la recuperación, para lo cual, se invirtió Bs 600 millones.

Ávila indicó que la capa asfáltica tiene un grosor de cinco y ocho centímetros, y tendrá una vida útil de cinco años. Contó que el asfalto que se está retirando tiene más de 40 años de antigüedad. “Si retrocedemos (en el tiempo) son más de 30 años (que) no han tocado la refacción de estas vías”.

Aseguró que los trabajos se ejecutan por las noches para no perjudicar el tránsito de vehículos y personas, sin embargo, por razones de la empresa también se debe trabajar durante el día. Por ello, pidió a los vecinos comprensión y tolerancia con los trabajadores.

Aseguró que se refaccionarán cordones, aceras, cunetas y se pintará la señalética para los vehículos.

Finalmente, pidió a la población no botar basura en las calles para evitar que, en tiempos de lluvia, los drenajes de la avenida Ballivián sean tapados y provoquen inundaciones en la zona. “La Ballivián recoge varios caudales y los sistemas de drenajes están tapados por la cantidad de basura”.

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La época del libro y la práctica de la lectura atraviesan por un momento complicado, difícil y desafiante por la invasión de los dispositivos móviles, redes sociales, la crisis económica, abandono del Estado, ausencia de incentivo y nuevas tecnologías y costumbres.

Dichas afirmaciones fueron expuestas por Fernando Barrientos (editor y fundador de Editorial El Cuervo), Claudia Peña (poeta, cuentista y ensayista) y Diego Loayza (escritor, pintor, fotógrafo) en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Barrientos lamentó que “los tiempos han cambiado” para la industria del libro por la incursión de la era digital e Inteligencia Artificial (IA). Reclamó que, en Bolivia, por ejemplo, la industria no ha sido acompañada por el Estado, ni en inversión, ni en legislatura.

“Tenemos un Ley del Libro que lleva 11 años sin aplicarse”, añadió.

Afirmó que, pese a contar con muchos escritores nacionales, el Estado no explota el potencial literario que afecta a la industria. En su criterio, el futuro del libro es incierto; pero si se aplicara la ley habría un fondo de fomento para potenciar la escritura y lectura.

“Debería haber convocatorias públicas para que se lleven las producciones a colegios fiscales como pasa en países de toda la región”, añadió.

Explicó que, en Bolivia, el Estado es editor y, por ende, competidor. “No es una competencia de iguales”. Según Barrientos, un libro subvencionado no es lo mismo que una producción propia en términos económicos.

“Su rol de editor no lo hace bien porque hay errores y se pierde dinero”, señaló.

Develó que la Biblioteca del Bicentenario hizo 50 libros en ocho años. “No tienen claro el tema de costos y no se desarrolló como debería”.

Reclamó que, desde 2020, con el cierre del Ministerio de Culturas bajo la administración de la expresidenta Jeanine Áñez se anularon los premios nacionales, entre ellos el Premio a la Novela. Desde entonces, no se han reanudado los incentivos a las producciones intelectuales en ninguna categoría.

“No hay premio de novela, es algo terrible para los escritores y afecta a la identidad cultural. Es una perdida lamentable”, indicó.

En coincidencia, Peña también lamentó que no se hayan retomado los incentivos, debido a que —según dijo— son maneras de construir una carrera como escritor porque sirve como respaldo de currículum.

A su vez, cuestionó la aplicación de la Ley del Libro, la cual establece el fomento de la lectura para niños y población en general. “Los libros deberían estar a disposición de los niños”, cuyo escenario no se ve en las bibliotecas públicas.

Por su parte, Loayza, quien es escritor, pero vive de la docencia, aseguró que no se puede vivir siendo escritor por las precarias condiciones de la industria y porque el Estado “no se da cuenta” de la importancia del lector y escritor para el acervo cultural y la pedagogía nacional.

“Es un oficio que se ejerce por amor”, aseguró.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrolla desde el 23 de abril al 13 de mayo. Barrientos, quien se encuentra en el evento, lamentó que hubo un 25% de reducción de producción de libros y que los precios son altos por la crisis económica.  

El costo de los libros bordea los $us 25 y $us 30. “Esos precios son pocos competitivos y la gente piensa antes de comprar o, finalmente, se va porque los sueldos son bajos y los costos son altísimos”. 

Explicó que la industria del libro es un negocio complicado porque, bajo su experiencia, la editorial se queda con un 22% de las ganancias y el autor apenas llega a un 10%. “Es una industria difícil en un momento difícil”.

Sin embargo, los tres invitados auguraron un futuro esperanzador. Peña aseguró que, mientras los humanos seamos sensibles a la belleza, el libro tiene el futuro asegurado. Loayza afirmó que el libro va a trascender la era digital porque no es efímero como el contexto actual. Por último, Barrientos dijo que el libro va a sobrevivir a esta época.

“El libro quizá tenga un bajón, pero persistirá y el conocimiento se quedará en el libro más que en una plataforma digital”, puntualizó Loayza.

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