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Wednesday 8 May 2024 | Actualizado a 00:16 AM

Revolución moral del MAS se pone a prueba

CRÍTICA

/ 9 de agosto de 2010 / 05:00

Los últimos escándalos de hombres fuertes ligados al MAS pusieron a prueba la «revolución moral» que propugna el oficialismo y que se constituyó en un postulado con el que nació esta tienda política, según señalaron fundadores de este partido.
Los ahora disidentes masistas criticaron y cuestionaron el accionar del entorno del presidente Evo Morales. Sin embargo, el oficialismo respondió que a pesar de los incidentes que vinculan a personas de los órganos Ejecutivo y Legislativo, el proceso de cambio, moral y ético, está intacto.

Desde el 2006, con la ascensión al poder del MAS, se sucedieron una serie de hechos que vincularon a militantes y personas en función de gobierno con hechos de corrupción, otros reñidos con la moral y ética. Otras ex autoridades confrontaron acusaciones de manejos irregulares y otras actualmente son objeto de investigación por la Fiscalía.

Entre estos casos se puede mencionar el de Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y segundo líder del MAS, que cayó luego de que se vio involucrado en un hecho de corrupción millonario.

Otros casos también conocidos fueron los de Sonia Polo, ex ministra de Salud; del ex candidato a la Gobernación de La Paz, Félix Patzi; del ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico; además del presidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Fidel Surco.

Pero esos no son los únicos casos, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, aseguró hace dos semanas que «hay denuncias para más de 246 servidoras y servidores públicos que están procesándose como tiene que ser y de acuerdo con la norma».
El 6 de julio del 2008, el presidente Evo Morales en Venezuela recordó los valores con los que nació su partido: ama sua, ama llulla y ama quella (no robar, no mentir y no ser flojo), bases para una «revolución moral».

«Si juntamos los dos principios, una parte, una revolución moral y ética, y por otra parte, una revolución moral cultural, ideológica, programática, estoy seguro que nuestros pueblos jamás van a retroceder junto a sus líderes», dijo en esa oportunidad.

El ex vocero gubernamental y ahora disidente del MAS, Álex Contreras, ratificó que estos postulados acompañaron el nacimiento del MAS como instrumento político. Sin embargo, afirmó que existe un «atentado» contra los mismos por parte de los propios integrantes del MAS y por personas ligadas al oficialismo que se encuentran en funciones.

«Esta trilogía (ama sua, ama llulla y ama quella) no se está cumpliendo. Se está atentando contra los pilares fundamentales y de principios del instrumento político. El MAS tuvo la virtud de conquistar el voto ciudadano en base a ser muy duro y crítico con delitos que se cometían en gobiernos neoliberales y que lamentablemente en este gobierno los está cometiendo también. Lo que han cambiado son los actores, pero los delitos se los sigue cometiendo», opinó Contreras.

En la misma línea, Filemón Escóbar, fundador del MAS y mentor del mandatario Evo Morales, afirmó que el MAS está pagando el precio de abandonar los postulados con los cuales nació.

«Abandonaron los principios de la complementariedad de opuestos y de la economía de reciprocidad, y adoptaron el camino de la política de la confrontación. Al abandonar la línea ideológica, abandonan los principios éticos y de moral, y se producen casos como los de (Gustavo) Torrico, el alemán (Dirk) Schmidt o las huevadas que dice Sacha Llorenti vinculando a (René) Joaquino con los problemas en Potosí, y otro ejemplo es el de (Fidel) Surco».

El también fundador del MAS y ahora disidente, Román Loayza, indicó: «Yo he sido fundador (del MAS) y los conozco a todos. Evo se ha rodeado de malditos que no conocen el proceso de cambio y que están engañando a Evo».

En criterio del diputado de oposición Javier Leigue (PPB-CN), el MAS ingresó en un proceso de descomposición porque priman los intereses personales y la «borrachera» de poder. Similar criterio fue expresado por su correligionaria en el Senado, Centa Reck, quien afirmó  que por los últimos sucesos registrados con el ex viceministro Gustavo Torrico y el senador Fidel Surco, «la revolución moral es una mentira».

En el otro frente, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, consideró que el Gobierno está más fortificado que antes. «Seguramente el balance político podrá reencaminar algunas posiciones formales, pero jamás reestructurar la ideología, la filosofía, que es primero pensar en el país», aseguró.

Añadió que «en cinco años de gestión siempre hay bajas en un proceso revolucionario o por corrupción, el caso de (Santos) Ramírez u otros, y por traición. Hay gente que se ha ido porque no cree en los principios del instrumento político».

Asimismo, el presidente interino del Senado, René Martínez, indicó que todos los casos de corrupción o de contravenciones a la revolución moral que se presentaron deben ser analizados por separado y sin generalizaciones.

«En el caso del senador Fidel Surco, es un hecho personal. Su petición de licencia también, la institucionalidad sigue. Todos los casos no se pueden meter a la misma bolsa, hay marcadas diferencias. Continúa la revolución moral y hay nuevas construcciones de institucionalidad. No se puede confundir hechos aislados, de carácter personal, que afecten a una visión integral», afirmó.

Por su lado, la senadora Gabriela Montaño (MAS) recordó que Santos Ramírez se encuentra en la cárcel. «Los corruptos van a ser procesados», concluyó.

Choca ebrio y se niega
El lunes 2 de agosto, el senador Fidel Surco se encontraba en estado de ebriedad y se vio implicado en un accidente de tránsito. Un día después, afirmó que él no conducía el vehículo. Sin embargo, testigos del hecho aseguraron lo contrario. El jueves 5, el juez 4º de Instrucción en lo Penal de El Alto, Rafael Alcón, le aplicó medidas sustitutivas por conducción peligrosa en estado de ebriedad y le fijó una fianza de 20.000 bolivianos. Surco es además dirigente de los colonizadores y presidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalde).

Acusado de extorsión
El 16 de julio de este año, Marcos Farfán reemplazó a Gustavo Torrico como viceministro de Régimen Interior. El 8 de julio, la Policía en Santa Cruz allanó el domicilio del alemán Dirk Schmidt y encontró armamento. El 28 de julio, Torrico admitió que contrató a Schmidt como asesor personal. El viernes 30 de julio, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, denunció que Torrico quería formar un grupo de extorsión a menonitas en el que estaba Schmidt. Torrico lo negó. El último viernes, el Ministerio Público determinó ampliar la investigación, por supuesta extorsión, al ex viceministro y alto dirigente del MAS.

Juegos de azar causan su baja
El 17 de mayo del 2010, Sonia Polo fue relevada de su cargo como ministra de Salud por aprobar irregularmente la renovación por 20 años de los permisos de operación de la empresa de juegos de azar Lotex, que por ahora tiene autorización para operar hasta el 2012. La ex autoridad admitió que otorgó la mencionada renovación, pero se justificó arguyendo que fue mal asesorada. Luego de un proceso judicial, cumple una sentencia preliminar de detención domiciliaria en Sucre. Nila Heredia la reemplazó en el cargo de ministra de Salud.

El alcohol le costó  su candidatura
El jueves 4 de febrero, el entonces candidato a la Gobernación de La Paz por el MAS presentó su renuncia a su postulación luego de que fue sorprendido por una patrulla policial conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. Patzi era reincidente en esta situación. Dijo que se embriagó por la muerte de un familiar. En esa ocasión, Fidel Surco afirmó: «Hasta yo mismo estaba preocupado porque su familiar había fallecido; una prima hermana, pero no fue así. Sólo se dedicó a beber y no se controló». Patzi fue ministro de Educación en el periodo 2006-2008 y precursor de la ley de educación.

Un diputado ebrio fue sorprendido
El 6 de abril del 2009, el diputado suplente del MAS  y dirigente campesino, René Ramos, también fue sorprendido por la Policía conduciendo un vehículo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en estado de ebriedad. El hecho le costó el cargo al representante regional de la citada entidad, Fernando Arana.

El propio presidente Evo Morales envió al parlamentario a la Comisión de Ética de Diputados por «usar mal las movilidades del Estado». Como la mencionada comisión no existía, se derivó a Ramos a ser juzgado en el  MAS La Paz.

Un líder del MAS en la cárcel
El 12 de febrero del 2009, la jueza 10º de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, rechazó las medidas cautelares para el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y ordenó su reclusión, con carácter preventivo, en el penal de San Pedro. Ramírez fue acusado de corrupción pública. El asesinato del empresario Jorge O’Connor puso al descubierto una red de corrupción en YPFB, supuestamente instalada por el entonces segundo hombre del partido gobernante. Ramírez se perfilaba incluso para reemplazar al presidente Evo Morales en las elecciones presidenciales.

Fotografías y semidesnudos
El 27 de noviembre del 2007, el Gobierno decidió el alejamiento del hasta entonces ministro del Agua, Abel Mamani, luego de que se hicieron públicas unas fotografías que mostraban a Mamani en aparente estado de ebriedad, junto a una mujer, ambos semidesnudos. Supuestamente, las fotografías fueron tomadas en Italia, mientras cumplía un viaje de trabajo. Mamani dijo que fue un montaje. El ex ministro también fue dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y miembro del gabinete de ministros de Evo Morales desde el 2006.

Tractores y denuncias
En mayo del 2007, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural halló indicios de responsabilidad penal y administrativa en contra del ex ministro Hugo Salvatierra por la distribución de tractores del Programa Crediticio de Mejoramiento del Agro. Salvatierra aseguró que no cometió delitos. Un año después, una auditoría de la Contraloría confirmó la responsabilidad penal. Se esperaba un juicio de responsabilidades que no se instaló. Salvatierra aseguró que la ex ministra Susana Rivero quería perjudicarlo. La ex autoridad fue uno de los principales operadores políticos del MAS en Santa Cruz.

Sobreprecios por el Mutún
El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Guillermo Dalence, fue detenido el 30 de septiembre del 2009 preventivamente e imputado por la supuesta compra con sobreprecio de 18 predios entregados en abril a la empresa Jindal para la  explotación de hierro del Mutún (Santa Cruz). Actualmente, el proceso continúa en manos del Ministerio Público. Dalence dijo que Comibol y el Ministerio de Minería conocían el sobreprecio existente en la citada compra. Las denuncias en su contra fueron presentadas por el Ministerio de Transparencia.

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Ante fallos sobre las judiciales, el TSJ pide que se respeten las sentencias constitucionales

Jaimes recordó que las decisiones constitucionales son ajenas al Órgano Judicial, pero de cumplimiento obligatorio.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes.

Por Boris Góngora

/ 7 de mayo de 2024 / 23:01

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, señaló que las determinaciones de cada órgano del Estado son independientes y deben ser respetadas, al referirse sobre las decisiones emitidas por las Salas Constitucionales sobre las judiciales.

“Esa aclaración (sobre el fallo de la Sala Constitucional de Pando) es importante, porque el Tribunal Supremo de Justicia, al igual que todo ciudadano o toda autoridad que cumple funciones en el Estado Plurinacional, debe acatar las decisiones del Tribunal Constitucional o, en su caso, las propias Salas Constitucionales que existen en cada departamento, y así lo venimos haciendo diariamente”.

“Si como consecuencia de un auto supremo pronunciado por el Tribunal Supremo o por alguna de sus salas se interpone una acción de defensa, pues el Tribunal Supremo debe acatar la decisión de esa Sala Constitucional o del Tribunal Constitucional Plurinacional como lo viene haciendo diariamente”, recalcó el magistrado.

Sin embargo, Jaimes recordó que las decisiones constitucionales son ajenas al Órgano Judicial, pero de cumplimiento obligatorio. “Esto es en resguardo de la institucionalidad que rige en el país, debe siempre procurarse acatar las decisiones que emiten los tribunales y, en este caso, las Salas Constitucionales de nuestro país”.

Lea más: Fallo ordena a la Asamblea ‘equilibrio’ en la convocatoria para la inclusión de mujeres e indígenas de Pando

La Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Este martes, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural fueron notificadas de manera oficial con el fallo constitucional. La medida fue asumida tras la presentación de una acción popular por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las postulantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones respecto a las del resto de los departamentos.

“Estas resoluciones tienen el fundamento constitucional, seguramente, resuelven las acciones de defensa interpuesta por postulantes, por ciudadanos y en resguardo de los derechos a lo dispuesto, lo que es de conocimiento de la opinión pública”.

Jaimes reiteró que la jurisdicción constitucional es independiente. “Entiéndase que esta no es parte propiamente del Órgano Judicial, y las resoluciones tienen el fundamento constitucional que defiende las acciones interpuestas por los ciudadanos; en resguardo de los derechos asumen sus determinaciones, y aguardemos que sean debidamente analizadas para que los órganos de poder del Estado boliviano acaten estas decisiones y, en su caso, planteen las impugnaciones que puedan corresponder”, manifestó.

La autoridad también defendió la prórroga de funciones de los magistrados, enmarcada en la resolución que asumió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en resguardo de los derechos de los bolivianos y el respeto a la Constitución Política del Estado.

“En el caso de los magistrados del TSJ, existe el cumplimiento de una declaración constitucional de carácter vinculante y obligatorio, consecuentemente el TSJ, al igual que toda autoridad que cumple funciones en el Estado de Bolivia, debe acatar las decisiones del TCP y así lo venimos haciendo diariamente”, concluyó.

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Fallo ordena a la Asamblea ‘equilibrio’ en la convocatoria para la inclusión de mujeres e indígenas de Pando

La Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección la semana pasada, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular.

Audiencia de la acción popular de la Sala Constitucional de Pando.

Por Boris Góngora

/ 7 de mayo de 2024 / 22:07

El fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que dejó “sin efecto” la preselección de postulantes a las judiciales y determinó la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 y el reglamento, ordenó a la Asamblea el “equilibrio” de la convocatoria para la inclusión de mujeres e indígenas, “en base a normas que respeten la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento”.

“Por tanto: se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección…’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento, dictando medidas de acción afirmativa o positiva adecuadas de flexibilización en los requisitos habilitantes y calificación de méritos a los postulantes de Pando, mujeres e indígenas, mediante reglas diferenciadas acordes con la realidad del departamento, valoración de experiencia profesional de la mujer postulante de Pando”, señala parte de la sentencia constitucional.

Añade que se “deberá calificar solo para ese departamento con criterio de inclusión y despatriarcalización, valoración del ejercicio profesional conforme a reglas de integridad del derecho (ejercicio de la profesión del derecho es en todas las áreas), valoración de experiencias indígenas originaria campesinas de justicia como ejercicio de derecho constitucional y cumplimiento de requisitos específicos, valoración de experiencias indígenas originario campesinas con valor puntuable en el proceso de evaluación, regla de cumplimiento de requisitos conforme al principio de favorabilidad y de búsqueda”.

La Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección la semana pasada, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril.

Lea más: Sala Constitucional de Pando notifica a las comisiones mixtas la suspensión de las judiciales

En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos, posterior a ello, tras una audiencia cautelar se dejó sin efecto el proceso de preselección. La resolución fue notificada de manera oficial este martes a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. 

En sus considerandos, la sentencia señala que “el derecho a la igualdad reconocido en la Constitución, no implica tratar a todas las personas de la misma manera, sino garantizar condiciones equitativas que permitan superar situaciones de desventaja y promover la igualdad entre hombres y mujeres; por ello, ante la evidente vulneración de este derecho a partir de la promulgación de Ley 1549 y Reglamento de convocatoria… ninguna de estas normas adopta medidas afirmativas o positivas que promuevan la igualdad real entre hombres y mujeres”.

Agrega que la acción popular “es la vía idónea para tutelar derechos colectivos, sea que se traten de derechos propiamente colectivos o de derechos individuales en su dimensión colectiva como en el presente caso; puesto que si bien la convocatoria ha sido emitida en febrero de 2023, se ha visto la necesidad de revisar el proceso de preselección ya que deben tomarse acciones positivas al evidenciarse en la norma una situación de desventaja en las que se las situó a las mujeres e indígenas del departamento de Pando, lo que se comprobó con la inexistencia de postulantes mujeres habilitadas al Tribunal Constitucional (Plurinacional)”

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Arcistas hacen fuerza para modificar el estatuto orgánico del MAS

Consideran que el estatuto es inconstitucional porque viola derechos políticos y está hecho a medida del expresidente Evo Morales.

Por Daniel Zenteno

/ 7 de mayo de 2024 / 18:25

Con una nueva directiva, el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende ahora modificar el estatuto orgánico del partido. De acuerdo con actores afines al Gobierno, el estatuto vigente tiene elementos inconstitucionales que deben modificarse.

“Hay que cambiar el estatuto, hay que ajustarlo. En realidad, es un estatuto totalmente inconstitucional, porque te pone ciertos cortapicos y te viola tus derechos políticos”, criticó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, en conferencia de prensa.

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Justamente, el congreso arcista que finalizó el domingo y donde se eligió a Grover García, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como nuevo jefe nacional del MAS, se rechazó en varias ocasiones por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TSE observó al congreso por ser contrario a lo que establece el estatuto orgánico del partido. La convocatoria carecía de las firmas de la directiva precedida por el expresidente Evo Morales.

Años de militancia

“Ponerle una antigüedad de 10 años, es deshacerse de la juventud, totalmente, ni Andrónico (Rodríguez) entra. Te deshaces de la juventud, de todo un conglomerado de más de un millón de militantes en el MAS”, cuestionó.

Uno de los elementos que establece el estatuto es que quien quiera ser candidato presidencial debe tener como mínimo 10 años de militancia para ser elegido. El presidente Luis Arce y el propio Torrico, por ejemplo, incumplen con este requisito, de acuerdo con la lista de militancia que fue actualizada en 2018.

El diputado arcista y jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, respaldó las declaraciones de su colega.

“El tema de la militancia creo que también hay que ser más flexibles, porque hay líderes que están surgiendo que no vienen de 20 años, 10 años”, consideró el martes en conferencia de prensa.

‘Liderazgo nato’

“A pesar de que este estatuto fue hecho a medida de cierta persona, se lo ha respetado como correspondía, pero no puede ser que en el estatuto se hable de un jefe de por vida”, cuestionó.

El artículo 6, parágrafo 15, del estatuto orgánico del MAS establece que el expresidente Evo Morales tiene “liderazgo nato” dentro del partido.

“Hay varios aspectos que tienen que ser modificados en el estatuto. Por eso hay que llamar a un nuevo congreso justamente para definir esos temas”, insistió el legislador.

Una vez elegido como jefe nacional, García afirmó que en 90 días se convocaría a un congreso estatuario, para modificar el estatuto vigente.

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Huaytari propone ley corta o anulación de preselección de candidatos para viabilizar las judiciales

El presidente de Diputados considera que las comisiones mixtas son las que tienen la última palabra respecto al destino de las judiciales.

Por Daniel Zenteno

/ 7 de mayo de 2024 / 17:04

Luego de que el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales quedara suspendido, a causa de una acción popular, surgen propuestas para que estos comicios se realicen este año.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dio a conocer dos posibilidades que se están debatiendo en las comisiones.

Judiciales

“Escucharemos el resultado, la solución, si se podría ampliar (los plazos) con una ley corta o si es que se volvería a foja cero (el proceso de preselección). Nosotros seguramente vamos a coadyuvar y a aceptar las decisiones”, afirmó este martes en conferencia de prensa.

El 30 de abril, una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia en Pando aceptó una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury. Argumentó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no contemplaba los derechos de las mujeres indígenas originarias y campesinas.

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A diferencia de un amparo constitucional, que denuncia una violación al derecho del postulante, la acción popular denuncia a la ley en sí, debido a su contenido. De esta manera, la 1549 quedó inaplicable y se debe promulgar una nueva.

Comisiones

“Lo más importante es el presidente de la Comisión Mixta (…), tanto de Justicia como de Constitución (…), esperamos el resultado de la Comisión, de ellos depende”, explicó Huaytari.

A su vez, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, ratificó que se está buscando una solución para continuar con el proceso.

Antes de que el proceso se detenga, las comisiones estaban listas para iniciar con las evaluaciones orales y escritas de los postulantes.

Además, Padilla afirmó que se presentarán denuncias penales contra los jueces y vocales que aprobaron amparos y acciones que imposibilitan seguir con el proceso.

La Asamblea Legislativa tenía hasta el 5 de mayo para remitir la lista de candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral. Con los plazos cumplidos, existe la posibilidad de que las elecciones judiciales coincidan con las elecciones primarias, programadas para fin de año o los primeros meses del 2025, y por tanto no se realicen.

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Sala Constitucional de Pando notifica a las comisiones mixtas la suspensión de las judiciales

La semana pasada, la Sala Constitucional de Pando determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección.

Proceso de preselección en las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa.

Por Boris Góngora

/ 7 de mayo de 2024 / 16:22

La Sala Constitucional Primera de Pando notificó este martes a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa con el fallo constitucional que anula el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

“Por tanto, se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de los personas basadas en la realidad de cada departamento…”, señala la parte resolutiva del fallo de acción popular.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, confirmó la notificación con la resolución de la Sala Constitucional que indica que se debe volver a «foja cero y paralizar» todo el proceso de preselección.

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“(Este fallo) desconoce todo el proceso que hemos realizado hasta este momento, en ese sentido la Comisión va a analizar y evaluar en este momento para presentar este informe al Pleno de la Asamblea por el hecho de que hace momentos y la anterior semana esta Sala Constitucional y sobre todo los vocales han pisoteado la Constitución Política del Estado y los derechos constitucionales de más de 400 postulantes que en este momento están en carrera”.

La semana pasada, la Sala Constitucional de Pando determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló entonces que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

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