Nacional

Wednesday 15 May 2024 | Actualizado a 23:44 PM

Gobierno minimiza lío de Potosí y asegura que no perdió nada

Después de 19 días de medidas de presión en Potosí, para el Gobierno no existió ningún conflicto. El ministro Coca ironizó al decir que se perdió ‘una monedita’

/ 18 de agosto de 2010 / 05:00

«Tal vez alguna monedita o alguna cosa así (se perdió) pero lo demás no», aseguró el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, al hacer una evaluación del conflicto de Potosí, que mantuvo paralizada a esa región por 19 días, con pérdidas económicas millonarias.

Los periodistas le consultaron sobre los efectos para el Gobierno de esas medidas de presión que fueron acatadas por la mayoría de la población. Sin embargo, para el ministro no hubo ningún conflicto real.

«¿Cuál conflicto?, ha habido un falso conficto», afirmó. Luego acotó que hoy demostrará qué ha conseguido Potosí después de toda esta movilización y que la población «verá qué había detrás de todo eso». Las declaraciones de Coca fueron respondidas inmediatamente por representantes potosinos.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, señaló que con esas declaraciones el Gobierno sólo busca generar inestabilidad y convulsión.

«Descalificamos esas aseveraciones, no podemos creer que se atreva a querer incendiar Potosí, él (Coca) seguramente quiere ver sangre».

Según ANF, Condori vinculó los hechos violentos en Potosí a una acción del Gobierno. «Los hechos de violencia han sido planificados por el Gobierno, y eso lo vamos a demostrar; en los momentos de las negociaciones, el Gobierno actuaba en la ciudad de Sucre para que se susciten los enfrentamientos del domingo», indicó Condori.

Durante el paro cívico, transportistas varados en la carretera y bloqueadores (mineros y comunarios de Coroma) se enfrentaron y dejaron un saldo de más de una veintena de heridos y varios vehículos destrozados. Un minero perdió un brazo por un explosivo.

El representante de la Cámara de Industria y Comercio de Potosí, Édgar Maldonado, se sumó a las críticas. «No puedo sentir más que indignación por la falta de respeto a un pueblo estoico. Quieren provocar que se lleguen a extremos como los de Caranavi y no nos prestaremos a eso».

En la misma línea, el presidente del Frente Cívico Potosinista, Gonzalo Barrientos, criticó la posición de Coca y aseguró que «demuestra que el Ministro de la Presidencia está desconectado de la realidad. Me parece que debería darse su destitución».

Entretanto el gobernador de Potosí, Félix Gonzales (MAS), afirmó que por el momento no es conveniente que el presidente Evo Morales visite la Villa Imperial, por los hechos ocurridos recientemente.

«Quizás no es el momento, ni la coyuntura, él no podría llegar a la ciudad de Potosí, pero en el área rural es otra la situación, tampoco podemos vetar la presencia del compañero Presidente a nuestro departamento», señaló Gonzales a la red UNO.

El lunes, el secretario general del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Luis Pastor, aseguró que evitarán el ingreso del presidente Evo Morales a su región, el próximo 10 de noviembre, en el aniversario cívico, «pues Potosí no merecía un trato así».

Posiciones sobre el Conflicto

Vínculo político
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, volvió a responsabilizar al alcalde potosino, René Joaquino, de ser el promotor del paro cívico y arguyó que el líder de Comcipo lo admitió así.
 
Situación
El subjefe de bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, dijo que la situación de los parlamentarios potosinos del MAS que llevaron adelante una huelga de hambre será definida en reunión de la bancada nacional del MAS en próximos días.

Oposición habla de una persecución oficialista

En el MAS existe una persecución interna contra quienes se atreven a pensar distinto, según el diputado de oposición Tomás Monasterios (PPB-CN). «No se puede permitir que se persiga, cuestione y se trate de pedir los curules a gente que asumió una reivindicación de su región», indico el parlamentario.

Entretanto el senador Germán Antelo, del mismo partido, afirmó que existió negligencia por parte de los ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y de Autonomías, Carlos Romero, en la atención a las demandas de Potosí.

Mientras que el ex postulante a la Alcaldía de La Paz, Amilkar Barral, quien protagonizó una huelga de hambre en La Paz en solidaridad con las demandas de Potosí, envió una carta al presidente Evo Morales aclarándole que en «ningún momento» fue candidato a diputado por Alianza Social (AS).  «Es lo que dijo el vocero Iván Canelas. Esperaré la respuesta para ver si tomo algunas medidas de tipo legal», señaló.

MAS ataca a líderes de Potosí, por el conflicto

El diputado potosino Luis Gallego (MAS) afirmó ayer que las dos federaciones de ayllus del Norte de Potosí y la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios de esa región declararon «traidores» a sus colegas y correligionarios Eduardo Maldonado, Juan Carlos Cejas y Hugo García (MAS) por iniciar una huelga de hambre en apoyo a la solución del conflicto potosino.

«En un ampliado de nuestras organizaciones, (los) declaramos enemigos, traidores y personas no gratas», indicó el legislador. Gallego hizo conocer la resolución luego de una reunión entre parlamentarios del MAS con los ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y de Autonomías, Carlos Romero, quienes explicaron los acuerdos con Potosí.

El jefe de bancada del MAS en el Senado, Isaac Ávalos, argumentó que la situación de los asambleístas potosinos debe definirse en la Dirección Nacional del MAS, pero insistió en calificarlos como traidores. 

Uno de los afectados, el senador Maldonado, respondió que no se aferra a su cargo y que la huelga que inició junto a sus correligionarios fue para pacificar su región. «No quiero entrar en esa diatriba barata, he cumplido con mi terruño y con la gente que me ha elegido. No soy alguien que se va a aferrar al cargo ni por el sueldo ni por la dieta». Su colega Juan Carlos Cejas acotó que su región debe definir si piden o no su revocatoria.

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Ante ‘presión’, renuncia la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí

El Tribunal Departamental de Justicia de Potosí informó que el vocal Édgar Jallaza asumió la presidencia. 

Yacira Cardozo, expresidenta del TDJ de Potosí.

Por Boris Góngora

/ 15 de mayo de 2024 / 22:09

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Yacira Cardozo, renunció a su cargo ante “presiones” de autoridades judiciales. 

“No soy marioneta de nadie, la institución no se maneja políticamente. Han sido recurrentes, pese a haber presentado mi denuncia hace dos o tres semanas atrás en la Fiscalía. Creo que la orden está dada. Recientemente se han reunido y un magistrado ha ordenado taxativamente que se pida mi renuncia, hecho que no es necesario porque yo nunca me he agarrado de este cargo, desde que he asumido nos hemos puesto a trabajar”, afirmó al medio digital Libertad Multimedia Sucre.

Cardozo asumió la presidencia el 28 de septiembre de 2023, luego que Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí la designó.

El 3 de mayo, ella formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia, por la presunta comisión del delito de coacción, debido a las presiones ejercidas para que deje el cargo.

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“He tenido presiones muy fuertes por los vocales que han insistido en esa renuncia. Pese a ello, presentaron una nota que exigía que se llama a sala plena extraordinaria para tocar exclusivamente la presidencia”, dijo entonces Cardozo.

En tanto, el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí informó que el vocal Édgar Jallaza asumió la presidencia. 

“En horas de la tarde por decisión de Sala Plena… asume la Presidencia de este ente jurisdiccional, Edgar Jallaza, con una votación unánime de 11 votos a favor y la abstención de dos votos, de un total de 13 autoridades judiciales que participaron en la sesión” (sic), indicó, a través de sus redes sociales.

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Judiciales: el Senado conmina a Choquehuanca para que convoque a sesión en 48 horas

El senador Rejas señaló que está en manos de Vicepresidente reencaminar el proceso de preselección para las judiciales.

Sesión de la Cámara de Senadores.

Por Boris Góngora

/ 15 de mayo de 2024 / 19:46

Por más de dos tercios, el pleno del Senado aprobó una resolución que conmina al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, a convocar una sesión del pleno en un plazo de 48 horas, para definir el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

“Hemos logrado aprobar una resolución que conmina al presidente nato de la Asamblea para que en 48 horas pueda llamar y convocar al pleno de la Asamblea. Nosotros vamos a participar de la reunión (convocada por Choquehuanca para el jueves), pero con esta resolución, conminando que él pueda convocar a sesión”, dijo el senador Miguel Rejas (MAS), presidente de la Comisión Mixta de Constitución.

La Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dejó sin efecto la preselección, luego que la dirigente indígena y abogada Yeny Duri presentará una acción popular el 18 de abril, en la que denunció que la convocatoria no garantiza los derechos de las mujeres originarias de su región.

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La semana pasada, el Legislativo fue notificado con el fallo constitucional que declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Rejas señaló que está en manos de Choquehuanca reencaminar el proceso, porque la semana pasada se remitieron los informes técnicos y jurídicos sobre el estado del trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.   

“(En los informes) al final dijimos que es el presidente nato de la Asamblea que tenga que decidir y convocar al pleno”.

El martes, Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia, señaló que los informes adjuntos a las notas remitidas por los presidentes de las comisiones mixtas a la Vicepresidencia, no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y el debate en el pleno de la Asamblea.

Además, indicó que los informes no cumplieron con ciertas formalidades establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Choquehuanca convocó a las fuerzas políticas de la Asamblea a una reunión este jueves a las 15.00, para hallar una salida a las judiciales.

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Ejecutoriada la sentencia de Áñez en diciembre, abogado indica que tiene seis meses para denuncia internacional

La sentencia fue apelada por su defensa, pero el recurso fue rechazado, obligándola a activar el recurso de casación. Esta acción judicial fue activada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación que ratificó la condena de la exautoridad.

Jeanine Áñez en la cárcel de Miraflores.

Por Boris Góngora

/ 15 de mayo de 2024 / 18:58

El abogado Luis Guillen, defensa de Jeanine Áñez, informó este miércoles que tiene seis meses para presentar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de ser ejecutoriada en diciembre de 2023 la sentencia contra la exmandataria en el caso golpe de Estado II.

“Nos ha notificado el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre (de 2023). En todo caso, tenemos un tiempo de seis meses para presentar la demanda internacional. El recurso de casación fue resuelto en diciembre y ante esta situación, lo único que nos queda es acudir a la justicia internacional y para eso estamos presentando ante la CIDH una demanda internacional”, dijo el jurista

Áñez fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La exmandataria cumple su pena en la cárcel de Miraflores de La Paz.

En primera instancia, la sentencia fue apelada por su defensa, pero el recurso fue rechazado, obligándola a activar el recurso de casación. Esta acción judicial fue activada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación que ratificó la condena de la exautoridad.

La Razón en diciembre de 2023 informó que “la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.1.1 de la LOJ (Ley del Órgano Judicial) y lo previsto por el art. 419 del CPP (Código de Procedimiento Penal), declara infundado el recurso de casación interpuesto por Jeanine Añez Chávez, contra el Auto de Vista 59/2023 de 12 de mayo pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz” (sic), dicta la sentencia.

Con ello, se cerró el capítulo del caso Golpe de Estado II, ya que Áñez no cuenta con otro recurso en los tribunales del país para pedir la anulación de su sentencia. Es uno de los procesos abiertos contra la exmandataria en la vía ordinaria, quien, mediante su defensa legal, demanda un juicio de responsabilidades.

Guillén indicó que la denuncia que se presentará ante instancias internacionales tiene que observar que si en el proceso que se le siguió a la exsenadora hubo un respeto a sus garantías “fundamentales” y a los derechos legales que ella posee.

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“¿Ese juicio fue presencial, se tuvo el derecho a asistir como prensa a ese juicio o no?. Entonces la CIDH dirá efectivamente que se ha llevado este juicio a puerta cerrada, se ha simulado que fue abierto, entonces dirá Bolivia ha vulnerado en el procesamiento de la exmandataria el derecho de publicidad dentro de un proceso”.

El abogado Jorge Nina, que representa a Lidia Patty en el caso Golpe I, indicó que después de conocerse el fallo del TSJ que ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez en el caso Golpe II, la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada formal y no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

“Esto es un elemento que nos demuestra que el comportamiento desplegado por Jeanine Áñez no estaba de acuerdo a las normas y procedimientos de la Asamblea Legislativa, al no haber cumplido mandatos categóricos que tenía en esa condición de senadora”, dijo.

Añadió que “Áñez no ha observado que no podía ser en ningún momento presidenta de la Cámara de Senadores y no podía autoproclamarse, debido a que había dos tercios. No le correspondía asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, más aún cuando existía un reglamento que establece que quien debe presidir esta cámara es quien tenga mayoría. En ese entendido el partido del Movimiento Al Socialismo es quien tenía mayoría absoluta en 2019, en consecuencia, la sentencia demuestra tal extremo”.

El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019. Dos días antes, renunciaba como mandatario Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, las protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado), un motín policial y la presión militar.

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Fiscalía de Santa Cruz señala que proceso penal contra Huaytari continúa en La Paz

El caso por legitimación de ganancias ilícitas contra Haytari fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Por Boris Góngora

/ 15 de mayo de 2024 / 17:45

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que el proceso penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aún continúa en La Paz, esto en razón a que la resolución que emitió la Justica fue apelada.

“No existe una investigación que se lleve y tenga el control jurisdiccional y fiscal en el departamento de Santa Cruz, lo cual quiere decir que el proceso penal continúa en la ciudad de La Paz”, dijo el fiscal.

Mariaca añadió que existe la resolución que emitió la autoridad jurisdiccional de La Paz en el que ordena que el proceso por “un incidente que ha presentado la parte investigada se remita al departamento de Santa Cruz, pero dicha resolución ha sido apelada por las partes, en este caso por el Ministerio Público dependiente por la Fiscalía de La Paz”.

“Considero que se está a la espera de la respuesta que vaya a dar una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a objeto de que se resuelva la apelación presentada por los fiscales anticorrupción de La Paz”.

Lea más: Caso Huaytari genera una nueva pugna en el MAS

El caso por legitimación de ganancias ilícitas contra Haytari fue abierto por el Ministerio Público de La Paz, a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio.

Esta irregularidad está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del año pasado, que fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero.

El informe de la UIF develó que la autoridad parlamentaria recibió 193 depósitos valuados en más de Bs 1,4 millones. Una de las empresas vinculadas en el caso aseguró que compró un equipo de cine 7D por un monto de 83.770 bolivianos y no por 89.050.

Mariaca señaló que esperarán a que llegue de manera formal la resolución para que la Fiscalía de Santa Cruz derive al fiscal de turno y ese funcionario público informe de manera inmediata al juez jurisdiccional de esa región.

“No puedo manifestarme en una investigación que no está dentro de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en este momento”, reiteró.

En tanto, el presidente de Diputados indicó que si “tuviera alguna corrupción del Estado calladito se iría a su casa” y no se metería en ese tipo de situaciones.

“Se ha publicado que tendría 1,4 millones de bolivianos, totalmente falso. De los 193 depósitos, eso cómo viene. Han sacado un extracto bancario del 2007 al 2015 donde mi persona ha tenido depósitos, sí, pero no es tema de 15.000, sino fueron de 1.000, 3.000. Yo tenía en ese momento una tienda en Chuquisaca de máquinas que son de distracción y juegos”.

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Aguilera duda de los tuits de Camacho y dice que ‘alguien’ escribe en sus redes sociales

El gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, afirmó que Luis Fernando Camacho no realiza las publicaciones que figuran en sus redes sociales

Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera, en 2022 cuando eran gobernador y vicegobernador respectivamente.

Por Daniel Zenteno

/ 15 de mayo de 2024 / 15:38

Al ser consultado por los medios por las últimas declaraciones de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, el gobernador en suplencia, Mario Aguilera, dudó de que sea él quien escribe las publicaciones de sus redes sociales.

“Son tuits (publicaciones en X, antes Twitter) que sabemos que él no hace (…); entonces, si alguien escribe un tuit usando el nombre del gobernador, a mí me gustaría que tenga el valor y venir a decirlo de frente. Porque hasta donde yo entiendo, el gobernador desde su secuestro no escribe tuits”, cuestionó Aguilera el miércoles en conferencia de prensa.

Acusación

Es que, la mañana del miércoles, Camacho hizo uso de sus redes sociales para denunciar que “Aguilera entrega la autonomía” de Santa Cruz. En su publicación, el jefe de Creemos señalaba que existe un acuerdo entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Aguilera.

Puede leer: Camacho denuncia que Aguilera ‘entrega la autonomía’ al MAS

“Hay gente a la que le molestará, porque yo lo defiendo al gobernador, pero hasta ahora no me he equivocado en las cosas que he dicho; desde las falsificaciones de firmas, desde el abuso del nombre y del cargo”, afirmó Aguilera, seguro de que Camacho no maneja sus redes sociales.

Caso firma

En las últimas semanas, el gobernador electo se vio implicado en un caso de falsificación de firmas e incumplimiento de deberes. La notaria de Gobernación debe declarar el jueves ante la Fiscalía de Santa Cruz, pues dio fe de una firma de Camacho sin haber estado presente. Así lo confirmó Efraín Suarez, vicepresidente de Creemos y asesor del gobernador electo, por lo que no hay constancia de que sea su firma.

El miércoles, en su publicación, Camacho criticó que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz ahora tenga cuatro comisiones presididas por el MAS. En su criterio, esto se dio por el ‘acuerdo entre el masismo y Aguilera’.

En tanto, el gobernador suplente negó que tal acuerdo exista.

“Si se trata de llevarlo a la arena de la construcción de acuerdos, de convenios (…), alguien les ofreció (a Creemos) más comisiones y eso también es público. Seis comisiones”, cuestionó, pero aseguró que trabajará con todas las bancadas de la Asamblea y con las 15 provincias.

El lunes, la Asamblea Departamental de Santa Cruz eligió a las nuevas directivas de las comisiones legislativas. De las 11, cuatro estarán presididas por el MAS, cuatro por Creemos, dos por pueblos originarios y una por Alianza Solidaria Popular (ASIP).

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