Inscripción electoral se amplía hasta las 18.00
Problemas. Una vocal informó que en los puntos había hasta 300 personas en espera
La vocal electoral Wilma Velasco informó que la decisión fue tomada en sala plena, no sólo por la masiva concurrencia de la población a los centros de empadronamiento, sino también porque se verificó que se registraron problemas en el sistema informático.
«Hace algunos minutos hemos aprobado la ampliación hasta las 18 horas del día de hoy», informó la vocal, contactada a las 00.10.
Centros de empadronamiento como los ubicados en Cotahuma y la avenida Perú presentaron a lo largo del día de ayer largas filas de gente interesada en registrarse. En Cotahuma, incluso bloquearon la avenida Buenos Aires exigiendo celeridad en la inscripción.
Similar situación se registró en el Tribunal Electoral de La Paz, ubicado en la avenida 16 de Julio. El cierre del proceso estaba previsto para las 00.00, sin embargo las protestas y la demanda obligaron a ampliar excepcionalmente el período de inscripción masiva, que se inició el 3 de julio.
A las 01.07 de la madrugada, varios ciudadanos demandaron a los registradores que continúen con su labor de inscripción, según comprobó este medio en los centros de empadronamiento de la calle Boquerón y la avenida Perú.
El TSE contrató un bus y tres minibuses para trasladar a ciudadanos de las avenidas Periférica y Perú, además de puntos de El Alto a registrarse en el Tribunal Electoral de la avenida 16 de Julio.
Medios televisivos mostraron imágenes de similar situación en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Un sondeo de la red PAT, en horas de la mañana, mostró la molestia de los ciudadanos en puntos de empadronamiento ubicados en inmediaciones del estadio Hernando Siles.
«Estoy acá desde las ocho de la mañana», afirmó una ciudadana, pasado el mediodía. «Hay coladores, por eso no está avanzando la gente», protestó otra persona. «En cada punto de empadronamiento tenemos más de 300 personas y obviamente no vamos a poder llegar a cubrir a toda esa cantidad de gente (en esta jornada de martes)», informó Velasco.
El TSE habilitó al menos 1.100 centros de empadronamiento. Entre los principales problemas que se registraron en los centros de empadronamiento, según ANF, están la tardanza en el registro de las huellas dactilares y cortes esporádicos de energía eléctrica. El registro, por persona, demoró al menos 10 minutos.
En la calle Boquerón y la 17 de Obrajes, Villa Armonía, Villa Fátima, los ciudadanos literalmente obligaron a los registradores a permanecer en sus puestos de trabajo hasta concluir con el registro de todos de la fila.
Los ciudadanos que no se registren al padrón biométrico no podrán acceder dentro de los 90 días siguientes a la elección a cargos públicos, hacer trámites bancarios ni obtener pasaporte.
Paredes informó que hasta las 18.00 de ayer se anotó a más de 240 mil ciudadanos. Uno de los registradores expresó su molestia por la presión, porque están registrando —dijo— por más de doce horas continuas, sin comer.
TSE no fiscalizará campañas por el voto nulo
Cualquier ciudadano u organización política puede denunciar ante la Fiscalía cualquier campaña por el voto consigna o nulo para que se inicie una investigación y se sustente un proceso judicial, ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sólo ve faltas electorales, explicó el vocal Ramiro Paredes.
La autoridad electoral afirmó que la justicia ordinaria es la instancia para tramitar sanciones por delitos electorales como la inducción al voto o el impulso de campañas a favor del voto nulo, blanco o en contra o a favor de un candidato.
La norma electoral establece que los delitos electorales corresponden a la justicia penal ordinaria. «Su trámite se sujetará al Código de Procedimiento Penal. Las autoridades electorales que tengan conocimiento de la comisión de un delito remitirán los antecedentes al Ministerio Público», refiere el artículo 239 de la Ley del Régimen Electoral.
El analista político Jorge Lazarte explicó que por la complejidad del proceso eleccionario se «inventó» figuras delictivas. «Nunca la campaña por voto nulo o a favor fue un delito».
La socióloga María Teresa Zegada afirmó que existe una «batalla política» que no puede ser resuelta con la normativa legal. «La rigidez jurídica no entra al caso. No existe marco legal que castigue el voto nulo, y la campaña no debería ser sancionada», opinó.
El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, informó que su partido promoverá la inscripción de un NO en la papeleta de sufragio, para anular el voto y constituir un plebiscito contra el proceso electoral del 16 de octubre.
Convergencia Nacional, Unidad Nacional y Alianza Social, partidos con representación parlamentaria, también optaron por alentar el voto nulo.
La Ley del Régimen Electoral prevé 16 delitos electorales, entre ellos la inducción del voto con sanción de uno a tres años de cárcel, y la alteración de resultados con dos a cinco años de cárcel. Las faltas electorales se castigan con multas y trabajo comunitario.
UN y MSM apuntan Santa Cruz
Los líderes del MSM, Juan del Granado, y de UN, Samuel Doria Medina, lanzaron ayer en Santa Cruz, por separado, la campaña por el voto nulo en las elecciones judiciales del 16 de octubre.
Del Granado se reunió con el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Andrés Peñafiel, y con dirigentes vecinales, mientras que Doria Medina lo hizo con el alcalde, Percy Fernández, con la dirigencia cívica y el sector gremial cruceño.
El exalcalde paceño inició la campaña el lunes, llamando a inscribir NO en la papeleta de sufragio para anular el voto. Del Granado, jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), acusó ayer al MAS de replicar las viejas prácticas políticas del cuoteo
Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), indicó que la campaña por el voto nulo se realizará en las rotondas, calles y espacios públicos de los nueve departamentos del país.
Ambos líderes políticos cuestionan el proceso de preselección legislativa de los 118 candidatos judiciales. Denuncian que se aplicó el voto consigna en el plenario y que se seleccionó a gente afín al oficialismo. El MAS, a través del vicepresidente Álvaro García, defendió el proceso.