Tras un calendario electoral de 120 días, las y los bolivianos volvemos hoy a las urnas. Esta vez para elegir gobernantes y representantes locales, regionales y departamentales. Con este proceso concluye el ciclo que nos ocupó varios años en medio de una fuerte crisis político-institucional. Se espera una jornada tranquila y participativa, con resultados aceptados por todos.

Postergados durante cerca de un año con prórroga de mandato de las autoridades electas el año 2015, los comicios subnacionales 2021 completan la conformación del tablero político-institucional en el país. Más de 7,1 millones de personas están habilitadas para votar este domingo. 122 organizaciones y alianzas políticas, nada menos, compiten por casi cinco mil cargos (entre titulares y suplentes) en todo el país. Se han impreso para ello 14 millones y medio de papeletas. Es la hora de la decisión ciudadana.

La elección directa de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y algunas autoridades regionales es resultado de un doble proceso de democratización y distribución del poder. Por un lado, la ampliación de la democracia representativa, que más allá de la elección del binomio presidencial y de los representantes nacionales, ahora llega a los territorios. Por otro lado, el proceso autonómico en el marco del nuevo modelo de Estado asumido en la Constitución Política.

Los comicios de esta jornada, pues, son importantes por varias razones. Primero porque reafirman la voluntad ciudadana expresada en las urnas como fuente de legitimidad del ejercicio del poder político. Segundo, pues amplían el escenario de la representación política más allá de los partidos, con la inclusión de agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas. Y tercero, entre otras cuestiones, porque configuran la división vertical del poder, en tanto contrapeso del nivel central del Estado.

¿Qué podemos esperar hoy? Con apego a nuestra tradición electoral, que haya una jornada de votación tranquila y ordenada. Es deseable también una amplia participación ciudadana, seguramente menor que la registrada el año pasado. En el actual contexto, se espera el cumplimiento de todas las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad implementado por el TSE. Al final del día, es necesario un cómputo transparente de los votos. Y, como principio democrático, que los resultados se respeten.

Hoy estamos convocados a las urnas. Más de 200 mil ciudadanas y ciudadanos como nosotros, seleccionados por sorteo, tendrán la responsabilidad de garantizar el proceso en las mesas de votación. Habrá observación electoral nacional (la “misión” de la deslegitimada OEA no cuenta). Y, lamentablemente, no tendremos un sistema oficial de resultados preliminares. Pensemos bien en los cinco votos que debemos emitir. Y cuidemos, entre todas y todos, la competitividad del proceso, que es cuidar la democracia.   

Aparecen señales contradictorias en los escenarios financieros globales, mientras la pandemia sigue sembrando incertidumbre sobre el futuro de la recuperación de la economía mundial. Hay que estar atentos a esos movimientos debido a la necesidad que tiene Bolivia de financiamiento en divisas para reforzar su estabilidad macroeconómica.

A comienzos de año, parecía que se perfilaba un escenario de lenta pero robusta recuperación de la actividad en la mayoría de las economías centrales. En casi todos los países desarrollados se ejecutaron desde el año pasado agresivas políticas monetarias expansivas para mitigar los impactos de la crisis pandémica, que abarataron el crédito, inundaron con liquidez la economía y alimentaron una notable efervescencia en los mercados bursátiles.

Para los países en desarrollo, como Bolivia, esta situación auguraba, por ejemplo, buenas posibilidades para emitir deuda a tasas de interés razonables o acceder a crédito de organismos multilaterales que fortalecieran el financiamiento de las políticas de reactivación productiva y de cobertura de los gastos adicionales que implica la vacunación masiva y la mitigación de la pandemia.

Sin embargo, en los últimos días, el temor por un rebrote inflacionario por exceso de liquidez y la perspectiva de un endurecimiento de las políticas monetarias hasta fines de este año, han puesto paños fríos al optimismo de los mercados financieros. Las tasas de interés han aumentado levemente, las bolsas han retrocedido y los indicadores de riesgo se han deteriorado.

Es decir, las opciones de financiamiento externo se han complicado para todos los países. Obviamente, esta situación es aún volátil, varios especialistas sugieren que es un movimiento coyuntural y que el contexto de “dinero barato” se extenderá hasta bien entrado 2022. Pero, claramente hay más consciencia que en algún momento del mediano plazo, todas las economías tendrán que mejorar poco a poco sus balances fiscales y externos.

Aunque Bolivia es una economía pequeña y poco sofisticada, bastante desvinculada de los mercados bursátiles y de activos financieros, debe tomar muy en cuenta estas variaciones en el contexto mundial, sobre todo en un momento en el que tiene que completar el financiamiento de su déficit fiscal y fortalecer sus reservas de divisas.

La estrategia del Gobierno para dialogar con las entidades multilaterales que podrían ampliar sus líneas de crédito para el país o con los operadores externos de mercados de deuda pública que podrían comprar nuevas emisiones de bonos soberanos, tiene que considerar estas nuevas incertidumbres de manera que el país pueda aprovechar algunas oportunidades, pero también protegerse de los riesgos que empiezan a emerger.

El martes, una asamblea estudiantil realizada en el edificio de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) terminó en tragedia cuando la baranda del pasillo del quinto piso se rompió, dejando caer a 11 personas, de las cuales siete murieron. La tragedia no es solo la muerte de esos jóvenes, sino las condiciones en las que el accidente se produjo.

 Minutos después de ocurrida la tragedia, las redes sociales se inundaron de fotos y videos del accidente, y diversos noticiarios televisivos pasaron repetidamente las imágenes en las que se ve el momento en que la baranda cede y las y los jóvenes caen al vacío; no hubo el menor intento de ahorrarle al espectador la macabra escena en que los cuerpos llegan al piso de la planta baja. Las reacciones de indignación por esta forma de “periodismo” no fueron pocas, pero es difícil pensar en que esta forma de hacer noticia vaya a cambiar pronto.

Inmediatamente después de ocurrido el trágico suceso, la Policía y el Ministerio Público comenzaron su labor investigativa; la consigna, expresada por el Comandante General policial es que “no se puede dejar sin sanción la muerte de estos jóvenes estudiantes”, y entre las primeras personas aprehendidas con fines de investigación están los porteros del campus y al menos siete de los ocho dirigentes estudiantiles que convocaron a la reunión, que aparentemente estaba prohibida por las autoridades universitarias debido al contexto de la pandemia.

Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía permitieron saber que el mitin había sido convocado a causa de un interminable conflicto por acceder a los puestos de la dirigencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, cuyo nuevo Decano debe ser elegido este mes. También se sabe que la calidad del material y de la ejecución de la obra eran garantía de un accidente como el sucedido, pues la baranda estaba fijada con masilla y soldaduras deficientes.

Las autoridades de la UPEA trataron de deslindar toda responsabilidad y anunciaron que la universidad se constituirá en parte demandante. Sin embargo, más pronto que tarde se multiplicaron las voces que no solo exigen la renuncia del actual Rector, sino que acusan a las autoridades universitarias de promover actividades políticas como la que dio paso al accidente.

En los hechos, el accidente del martes iba a suceder tarde o temprano. No solo por la defectuosa calidad de la construcción de la infraestructura, sino sobre todo por el modo de hacer política que tienen tanto los dirigentes estudiantiles como las autoridades, que implica tratar al estudiantado como un rebaño dócil que se lleva a mítines, votaciones o peleas callejeras. Mientras sigan esas prácticas, que alejan a la universidad de su función principal, que es producir y brindar conocimiento, solo queda esperar malas noticias y riesgos para la población estudiantil.  

En medio de la persistente pandemia por el coronavirus, cuya segunda ola en el país parece haber ingresado en fase de meseta, predominan diferentes lógicas, unas complementarias, otra contradictoria. Las complementarias son el esfuerzo por el autocuidado y la esperanzadora —aunque todavía incierta— vacunación. La lógica contradictoria es el paro médico en plena emergencia sanitaria.

Tras varias semanas de rebrote de contagios por COVID-19, que desnudaron nuevamente las precarias condiciones de nuestro sistema de salud, marzo llegó con menos casos y con centro en el arribo parcial de vacunas y el anuncio del inicio de la “vacunación masiva”. Si el optimismo gubernamental deviene en gestión exitosa, a fines de año toda la población boliviana estaría vacunada. Es la apuesta mayor, digamos estructural, a nivel global, para enfrentar la pandemia en sus siguientes olas y sus nuevas cepas.

Más allá del insuficiente esfuerzo del gobierno de Arce por mejorar las condiciones de salud pública en la renovada emergencia sanitaria, y del disímil acompañamiento de las entidades territoriales autónomas, la invocación principal tiene que ver con la responsabilidad ciudadana del autocuidado. Con pocas y deplorables excepciones, incluidos algunos actos de campaña electoral, las hoy elementales medidas de uso de barbijo, distanciamiento social e higiene de manos han sido asumidas por la población.

La necesaria, aunque limitada, voluntad estatal; la apuesta por la vacunación masiva, cuya gestión logística es compleja; y la responsabilidad asumida del autocuidado, configuran en lógica complementaria un núcleo de esperanza en el país ante la violenta pandemia. Y contribuyen a sustentar en democracia la “nueva normalidad” en un contexto de delicada crisis socioeconómica. Que sea sin cuarentenas rígidas, sin militares en las calles, sin compras con sobreprecio, sin vuelos de helicóptero con agua bendita.

A contramano, en lógica contradictoria, la dirigencia médica y sus organizaciones optaron por el paro, hoy prolongado por otros 15 días. ¡En plena emergencia sanitaria! Es evidente que algunas de sus observaciones a la vigente Ley de Emergencia Sanitaria son atendibles y pueden ser moduladas en la reglamentación correspondiente, pero resulta innegable que también están defendiendo prebendas corporativas e intereses privados, como lucrar con la salud y cuidar sus privilegios excluyentes de gremio.

A favor de los médicos, que están en primera línea en la lucha contra la pandemia, puede decirse que, en su más reciente comunicado, decidieron apoyar el proceso de vacunación ( faltaría que no lo hagan, tras haber recibido la vacuna). Optaron también por reforzar los servicios de emergencia y atención de COVID-19. Pero insisten en el paro, en convocar marchas, en dejar sin personal los servicios de salud pública. No es la primera vez. Ojalá pronto converjan en el compromiso de cuidar el derecho a la vida.

Como se ha mencionado en varias ocasiones en este mismo espacio, uno de los temas principales en el debate de cara a la elección de las y los gobernadores es el referido al pacto fiscal, imperativo constitucional y legal que no halla cauce desde hace más de un lustro, y que en gran medida determina la posibilidad de avanzar en la senda autonómica, el resto es voluntad política.

Tres candidatos y una candidata a la gobernación de su respectivo departamento se avinieron a responder algunas preguntas relacionadas con su mirada sobre el rumbo que este trámite debe tomar. Sus respuestas, variadas como su perspectiva y su posición en el tablero ideológico, hacen poco énfasis en la necesidad de alcanzar acuerdos, tarea que demanda diálogo y negociación, pero también y sobre todo, profunda vocación autonómica.

Así, los candidatos a gobernador por el gobernante MAS en La Paz y Cochabamba coinciden en la necesidad de coordinar con el nivel central del Estado para asegurar fuentes de ingreso a sus respectivas gobernaciones; el de Cochabamba además asume que los tiempos no están para aventuras en materia de impuestos o empresas públicas y que conviene asegurar el financiamiento de fuentes nacionales.

Más inclinación al modelo autonómico muestran la candidata por Unidad Nacional a la Gobernación de La Paz y el candidato de Creemos al gobierno departamental de Santa Cruz. Ambos coinciden en subrayar el hecho de que más de ocho de cada 10 dólares de los recursos públicos son administrados por el Gobierno nacional, dejando muy poco para la gestión de gobernaciones, gobiernos municipales y universidades.

La candidata paceña señala las profundas inequidades que produce el estado actual de cosas, no solo entre departamentos y con relación al nivel central, sino también entre municipios de un mismo departamento a causa de las diferencias en población. Para también el excandidato a la presidencia, el pacto fiscal debe asignar el 60% de los recursos a los gobiernos subnacionales y solo el 40% al nacional. Estos candidatos tampoco muestran inclinación a desarrollar vocación y capacidades para la generación de ingresos propios.

Es posible que por la dificultad inherente a lograr acuerdos que dejen contenta a la mayoría, o que produzcan descontento entre los menos, la posibilidad de reinstalar un consejo autonómico como el que no logró grandes avances en 2018 sea todavía remota y no esté en agenda de nadie, particularmente por la debilidad estructural que acompañará, siquiera al principio de su mandato, a los nuevos gobernantes subnacionales.

Sin embargo es un tema pendiente desde hace mucho, y urgente, pues solo cuando haya acuerdo en el modo en que los recursos deben ser distribuidos, pero además producidos, será posible vislumbrar el modo en que la autonomía puede hacerse realidad. Mientras tanto, el Gobierno central controla los recursos y gran parte de las decisiones, y los subnacionales tienen a quién culpar de sus defectos.