Nacional

viernes 17 sep 2021 | Actualizado a 20:54

El 26 empieza la capacitación de los jurados electorales

Los memorándums de los jurados electorales in-dicarán dónde y cuándo

Por La Razón

/ 20 de septiembre de 2011 / 05:00

Desde este 26 de septiembre empezará la capacitación de los más de 150.000 jurados electorales que fueron designados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el viernes, mediante un sorteo computarizado.

«Estamos movilizando a un poco más de 700 personas entre capacitadores y facilitadores que van a trabajar para explicarles cómo va a ser el día de la votación (16 de octubre), para las elecciones de las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Van a saber desde qué hora y cuál será el procedimiento que se va a llevar adelante en las mesas», explicó la vocal del TSE, Dina Chuquimia.

Dijo que toda esta organización se la está realizando a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), a nivel nacional, y de los Tribunales Electorales Departamentales de todo el país, aunque con los cronogramas de cada departamento se ha adelantado.

Para que un jurado pueda saber cómo, cuándo y dónde se va a realizar su reunión de capacitación, el Órgano Electoral va a detallar esos datos en el mismo memorándum oficial, documento que será entregado en el transcurso de los próximos días.

De los más de 150 mil jurados (entre hombres y mujeres) designados, se nombrarán tres titulares y tres suplentes para cada mesa electoral. Para el día de la votación, en todo el país se destinarán un total de 25.500 mesas en 3.960 recintos electorales, especialmente en unidades educativas.

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Marcha indígena

Será triste constatar que hay una evidente instrumentalización de las identidades y demandas indígenas.

Por La Razón

/ 17 de septiembre de 2021 / 01:23

Casi a fines de agosto partió de Trinidad hacia Santa Cruz de la Sierra una marcha compuesta por decenas de indígenas de diversas etnias. Aunque el argumento de origen es respeto a su identidad y su reconocimiento pleno para acceder a la titulación de tierras, en el Gobierno afirman que la demanda no queda clara y reclaman un pliego petitorio que todavía no se ha presentado.

A la cabeza de la marcha iniciada en la capital beniana el 25 de agosto está Marcial Fabricano, que lideró la marcha que llegó a La Paz en 1990, y dio inicio a un proceso que 16 años después se convertiría en la Asamblea Constituyente. Mucha agua ha corrido desde entonces, tanto en la emergencia y los posicionamientos de los liderazgos indígenas de tierras bajas, como en la relación del Estado con ellas.

A pesar de la nueva Constitución Política del Estado, o tal vez debido a ella y su ambicioso catálogo de derechos, la relación entre pueblos indígenas y Estado nunca ha dejado de ser conflictiva, siendo hasta ahora el epítome la larga campaña contra la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en nombre de la protección del Territorio Integrado y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y su larga cadena de consecuencias y efectos.

La marcha que aquí se comenta parece no tener la dimensión ni la trascendencia de aquellas movilizaciones que conmovieron al país; aunque a más de tres semanas de caminata las y los marchistas suman un par de centenas, hasta ahora solo ha servido para evidenciar la profundidad del quiebre entre las organizaciones indígenas de tierras bajas y para que el Gobernador de Santa Cruz y el Comité Cívico cruceño se muestren partidarios de la marcha y anuncien generosa bienvenida.

Mientras tanto, la seguridad de la marcha, su alimentación y otros apoyos necesarios corren por cuenta del Gobierno, temeroso de dar argumentos a quienes desde la ciudad apoyan la movilización indígena, como sucedió días atrás cuando un presunto grupo de campesinos interculturales intentó impedir el avance de la columna humana. Al mismo tiempo, los viceministros de Autonomías y de Régimen Interior coinciden en señalar que no hay un pliego de demandas sobre el cual discutir.

Finalmente, la dirigencia de la Central de Pueblos Indígenas del Beni ha afirmado que se trata de una marcha sin mandato orgánico y que está compuesta por antiguos líderes que apenas se representan a sí mismos; “es una total aventura, es ir a darles la mano a los patrones que estos compañeros tienen”, afirmó el vicepresidente de la CPIB.

Se espera que la marcha arribe a la capital cruceña el 24 de septiembre, efeméride departamental. Es previsible que el momento tenga amplia cobertura y esté llena de mensajes a favor de unos y en contra de otros; será triste constatar que, una vez más, hay una evidente instrumentalización de las identidades y demandas indígenas.

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¿Referéndum 2022?

Es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación.

Por La Razón

/ 15 de septiembre de 2021 / 01:59

En medio del malogrado debate sobre la imprescindible reforma de la justicia en el país, se plantea realizar un referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. El objetivo principal, entre otros, es modificar la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales. El tema no es nuevo (se discute desde hace una década), pero resulta impostergable.

Un tema de coincidencia entre oficialismo y oposición, además por supuesto de la ciudadanía, es que la administración de justicia en el país afronta una crisis severa, de larga data. Se requiere, por tanto, una reforma estructural. Ello no se limita a la forma de elegir y distribuir magistrados y jueces, sino también a cuestiones normativas, de transparencia, presupuestarias. Claro que el tema de fondo es garantizar la independencia del Órgano Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional.

La última reforma sustantiva de la administración de justicia en Bolivia se produjo en el ámbito de la Asamblea Constituyente. Entre otras importantes innovaciones, la nueva Constitución Política, en su Título III, estableció la elección directa de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. La votación popular está precedida de una fase de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Luego de dos experiencias de elecciones judiciales (2011 y 2017), cuestionadas por la oposición que alentó la nulidad del voto, uno de los temas de discusión tiene que ver precisamente con la modalidad de elección de los magistrados. ¿Se mantiene la elección popular en dos fases, vistos sus malos resultados? ¿O se la cambia por otra fórmula, que no implique volver al cuoteo partidario? Este último camino requiere la reforma parcial de la Constitución Política, que debe ser aprobada en referéndum constitucional.

Al inicio de la gestión del actual Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, propuso realizar dicho referéndum junto con las elecciones subnacionales. La idea fue rápidamente desechada por varias razones, empezando por los plazos. Ahora el camino del referéndum es planteado por un grupo de juristas de la oposición, que están diseñando una propuesta de reforma. Y plantean hacerlo por iniciativa popular, esto es, con la firma de al menos el 20% del padrón electoral. Parece complicado.

Más allá de la decisión que se tome sobre la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales, y de si ello implica o no un referéndum constitucional, es fundamental que la reforma de la administración de justicia sea resultado de un amplio proceso de participación y deliberación, que conduzca a un acuerdo nacional. Cualquier camino de imposición o atajo decisorio, sin consensos, nacerá con la legitimidad magullada. El desafío es demasiado complejo como para dejarlo librado a la voluntad de unos pocos.

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Porvenir en la memoria

El gobierno transitorio instruyó a la Justicia otorgar libertad pura y simple al exprefecto.

Por La Razón

/ 13 de septiembre de 2021 / 01:32

El 11 de septiembre es una fecha cargada de recuerdos, y los medios de comunicación del mundo la asocian con los ataques perpetrados en 2001 en Estados Unido; otros, con mejor memoria, con el ataque al Palacio de la Moneda y el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile en 1973. Los menos recuerdan que ese día en 2008 hubo una balacera fatal en Pando.

El 11 de septiembre de 2008 fue un día de tragedia motivada por un odio desatado a propósito de la resistencia de las élites al gobierno instalado en 2006, el que por primera vez en la historia había obtenido más del 50% de los votos, que había resultado fortalecido en un referéndum revocatorio meses antes y que impulsaba contra viento y marea una nueva Constitución Política del Estado.

Entonces, identificados con el nombre de “media luna”, los prefectos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, apoyados por sus respectivos comités cívicos, articulaban medidas de resistencia contra las decisiones gubernamentales empleando como acicate de la movilización ciudadana el regionalismo y el racismo. En Pando, particularmente, se había creado las condiciones para rechazar en la capital a los campesinos, asociados con una supuesta ola migratoria de colonizadores “de occidente”.

Ese día trágico, los campesinos de varias regiones del departamento tenían planeado llegar hasta la capital, Cobija, para tomar las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, supuestamente amenazadas; los ánimos se habían ido caldeando durante los días previos a la movilización y el entonces prefecto, Leopoldo Lopez dispuso el uso de maquinaria del gobierno departamental para cavar zanjas que impidiesen el paso de los movilizados; a uno de los puntos llegó un grupo armado, que fue el que luego disparó contra la columna de campesinos y terminó causando 13 muertes.

Días después, el Prefecto fue arrestado en la puerta de su oficina y trasladado hasta La Paz para ser sometido a juicio, acusado de haber sido el autor intelectual de lo que desde entonces se conoce como Masacre de Provenir. El proceso duró casi nueve años, al cabo de los cuales el imputado ya había logrado el beneficio de la prisión domiciliaria; la sentencia lo condenó a 15 años de prisión. En diciembre de 2019, a pocos meses de cumplirse la sentencia, el gobierno transitorio instruyó a la Justicia otorgar libertad pura y simple al exprefecto.

La abogada de las víctimas sostiene que el caso no solo ha terminado sin brindar verdadera justicia, sino que, lo que es peor, cada vez menos gente lo recuerda, y es posible que para las nuevas generaciones nunca haya existido. El problema no es solo que las víctimas terminarán en el olvido, lo cual ya es inaceptable, sino que en el futuro serán pocos quienes recuerden esta tragedia y puedan alertar de su posible repetición. Las causas que produjeron la matanza están todavía presentes entre la población.

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CC a la deriva

El caso Barrientos, pues, constituye una interpelación a todo el sistema político.

Por La Razón

/ 12 de septiembre de 2021 / 00:20

El caso de la senadora Andrea Barrientos, hasta el viernes pasado jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), muestra en vitrina pública lo que era evidente puertas adentro: una “alianza” a la deriva. En este caso se castiga no solo el derecho a la disidencia, sino también la libertad de opinión. Se trata de una práctica autoritaria presente en todas las organizaciones políticas.

En una intervención en el marco del debate legislativo, dirigiéndose al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la senadora opositora afirmó: “Yo le he dicho, mil veces, que nosotros tenemos más coincidencias con el MAS que con Creemos”. Si lo dijo mil veces, ciertamente no se trata de un desliz verbal o de un “error”, sino de una convicción. Barrientos fue más lejos al declarar que quiere que “al presidente Luis Arce le vaya superbién”, y que el ministro de Justicia, Iván Lima, le cae muy bien.

Lo que pudo pasar como una expresión democrática propia del intercambio entre actores políticos, pronto se convirtió en una feroz campaña de condena en redes sociales y en algunos medios de la oposición. Hubo reprobación y censura también de dirigentes políticos, como Luis Fernando Camacho, que dedicó un largo hilo en Twitter “sobre las coincidencias entre CC y el MAS” (sic). Incluso algún diputado de CC, de manera airada y vulgar, descalificó a su colega de bancada. Se trató de un asedio en forma.

En lugar de reafirmar su derecho a expresarse libremente y, en su caso, a plantear una posición no necesariamente compartida por la cúpula de su organización política, la senadora Barrientos cedió a la presión y pasó a desdecirse: señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto, difundió mensajes de ataque contra el MAS y, asumiendo que había cometido “errores”, renunció a la jefatura de bancada. Vaya autosanción, consagrada pronto por CC en un comunicado apartándose de las declaraciones de Barrientos.

Más allá del revelador episodio, surgen al menos dos cuestiones para el debate. La primera es que la “alianza” Comunidad Ciudadana (en realidad hoy el grupo de Mesa con la sigla del FRI) está a la deriva, sin presencia territorial en gobernaciones y municipios, sin proyección como partido político, sin liderazgo y restringida al activismo en la Asamblea Legislativa. Es una mala noticia para la oposición y para la competencia democrática. Más aún con estas muestras de intolerancia y autoritarismo.

La otra cuestión es que, por supuesto, la ausencia de democratización y de debate interno marca no solo a CC, sino en general a todas las organizaciones políticas, empezando por el gobernante MAS-IPSP y la alianza Creemos. Todos ellos han demostrado que cualquier expresión contraria a la línea oficial del patriarca o de la cúpula dirigencial es rápidamente descalificada, condenada e incluso penalizada por “traición”. El caso Barrientos, pues, constituye una interpelación a todo el sistema político.

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Retiro de aportes a las AFP

La ley aprobada en Bolivia contiene limitaciones prudenciales positivas. Es una acción razonable.

Por La Razón

/ 11 de septiembre de 2021 / 02:08

El Gobierno está trabajando en la reglamentación de la devolución total o parcial de aportes a las AFP. Esta es una medida justificada por las urgencias económicas que muchas personas tienen debido a la contracción provocada por la crisis sanitaria. Sin embargo, se recomienda mucha prudencia en su aplicación por sus impactos futuros en la estabilidad financiera del Estado y de los propios ciudadanos.

Hace unos días se ha promulgado la ley que establece una devolución total o parcial de aportes que las personas habrían realizado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La norma ha establecido ciertas limitaciones prudenciales que impiden que esos retiros desestabilicen el sistema de jubilaciones. No se trata, por lo tanto, de un retiro indiscriminado de fondos.

El objetivo de esta decisión es aliviar las necesidades financieras de los que habrían sido afectados por la disminución de actividades económicas o pérdida de empleo debido a la crisis del COVID-19. La idea básica es que esos recursos frescos podrían ser utilizados para reactivar emprendimientos o cubrir algunos gastos urgentes de los ciudadanos. Aunque estas justificaciones son entendibles, se trata de una medida de emergencia que no debería repetirse debido a sus posibles impactos en la estabilidad macroeconómica y en la sostenibilidad de largo plazo de las jubilaciones de las personas.

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que cualquier disminución de los montos ahorrados en las cuentas individuales de los aportantes a las AFP repercutirán en el mediano o largo plazo en jubilaciones más bajas para esos ciudadanos. Es decir, alivio financiero en el corto plazo, pero posibles problemas en el futuro.

Por otra parte, tampoco se debe olvidar que esos recursos están siendo utilizados para financiar a algunas empresas en la bolsa de valores y al propio Estado mediante la compra de bonos de deuda pública. Es decir, disminuirlos drásticamente podría complicar la disponibilidad de financiamiento que es indispensable para la reactivación o para solventar el gasto público contra la pandemia.

Por tanto, excederse en esta política únicamente para responder a las demandas de apoyo de algunos sectores podría tener costos elevados ahora y en el futuro. Es el caso de Chile, donde ya están discutiendo un cuarto retiro de aportes que podría dejar a millones de personas sin jubilación y afectar negativamente todo el mercado de capitales en el vecino país. Varios economistas, de diversas orientaciones políticas, han alertado ante esa posibilidad.

En resumen, la ley aprobada en Bolivia contiene limitaciones prudenciales positivas. Es una acción razonable. Sin embargo, no parece recomendable que se prolongue por mucho tiempo ni que se amplíe sin una evaluación muy seria de sus implicaciones. De igual manera, es crucial que los propios ciudadanos reflexionen más de una vez antes de decidir retirar sus fondos. Lo aconsejable es que solo se lo haga si existe una verdadera emergencia o una posibilidad de inversión productiva viable.

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