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Monday 13 May 2024 | Actualizado a 03:12 AM

43% de los reos de Chonchocoro dice que vive con miedo e inseguro

La muerte violenta de algunos reclusos y la escasa presencia policial al interior del recinto de máxima seguridad del país son considerados como factores para una vida intranquila, según los internos

/ 25 de noviembre de 2012 / 04:01

El 33% de los reos de Chonchocoro vive con miedo y el 10% con alguna susceptibilidad, según una encuesta realizada por la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP). Una de las causas para que se dé esa situación de inseguridad sería la muerte violenta de algunos reclusos.

Chonchocoro fue abierto en 1992 y a la fecha fue escenario de al menos 22 muertes violentas, según la DGRP. La encuesta fue hecha a principios de este mes. Entre los hechos más recientes en el penal está el deceso de Franz Reynaldo Gonzales Gonzales, alias Vinchita, quien recibió 115 puñaladas. Su cuerpo fue encontrado en el patio del pabellón F de ese recinto. Meses después, a finales de octubre, uno de los acusados de su muerte, Álvaro Hurtado, alias El Negro, apareció sin vida, aparentemente por una intoxicación con sustancias controladas.

La DGRP, entre otras interrogantes, consultó a los internos si estaban al tanto de la cantidad de personas que fallecieron de manera violenta en el penal. Uno de los reos dijo conocer de nueve muertes, ocho indicaron que se dieron más de diez casos, el resto citó por lo menos un hecho.

En seguida se presentó otra consulta: ¿Podría indicar si usted vive con miedo y por qué? El tabulado de las respuestas entre los 138 privados de libertad evidenció que el 57% vive “tranquilo”, frente al 33% que “sí tiene miedo” y 10% que “vive susceptible”.

Denuncias. El representante de la Defensoría del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, señaló que en Chonchocoro hay varios antecedentes negativos, entre ellos fallecimientos con armas blancas y de fuego, que evidencian que el citado recinto “no es seguro” y que “los controles que la Policía debería    realizar carecen de rigurosidad”.

La Defensoría del Pueblo, según Hidalgo, en lo que va del año recibió seis denuncias por parte de los propios internos y también de sus familiares, respecto a que éstos son objeto de algún tipo de amenaza contra su integridad y su vida. La evaluación que hace esta oficina es que la Policía “sólo cumple una labor de vigilancia” que muchas veces se circunscribe al perímetro del penal.

De hecho, el cuestionario realizado por la DRGP da cuenta de que el 29% de los consultados no advierte la presencia policial en ese recinto penitenciario. “No ingresa”, “de vez en cuando” o “sólo para llamar lista”, fue la respuesta de los internos cuando se les preguntó cuántas veces al día los uniformados entran a ver a la población penal. Un porcentaje similar, sin embargo, afirmó que los policías ingresan entre tres a cuatro veces por día al sector.

Además, un alto porcentaje de los reclusos no advierte la entrada del director del recinto penal. Cuando se consultó a 61 personas sobre la cantidad de veces que ingresó el gobernador en una semana, 30 dijeron que no lo hace, 16 afirmaron que en una oportunidad y cuatro reclusos aseguraron que fue visto más de diez veces, el resto lo vio entre tres a cinco veces o en caso de urgencia o reuniones.

Control. En el último semestre la ausencia de un control policial riguroso se tradujo en la detección de alcohol y drogas en Chonchocoro en al menos cinco oportunidades y llevó al director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, a asumir que “ciertos poderes ocultos” controlan ese negocio en el penal de máxima seguridad.

Toda vez que las visitas de los reos afirman que son sometidos a controles estrictos, Llanos incluso se animó a plantear la posibilidad de que haya policías involucrados. “La relación policía-recluido en algunas ocasiones demostró que se dan situaciones que generan mayor empoderamiento de algunos internos y contribuyen a la protección desde afuera a grupos o redes delincuenciales”, señaló Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

De acuerdo con esta institución, el sistema penitenciario presenta un problema estructural, por lo que las cárceles son los espacios donde más se vulneran los derechos humanos.

Se anuncia cambio de directores

Norma

Debido a la muerte de un reo por sustancias controladas en Chonchocoro (29/10/12), la DGRP anunció que analiza el cambio de gobernadores en todos los penales del país. El tema lo define la Policía, a través de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, aunque la Ley 2298 (art. 48, num.14) indica que es atribución del Director de Régimen Penitenciario.

DDHH ve que falta clasificar

La inseguridad en centros penitenciarios es un tema de constante denuncia por parte de los privados de libertad, según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que atribuye la situación a la diferenciación surgida entre detenidos preventivos y sentenciados.

“Mientras el sistema de administración penitenciaria esté como está a la fecha, es inevitable el nivel de riesgo”, indicó Yolanda Herrera, presidenta de la APDHB. El hecho de que no haya una división por edad y por delito en las cárceles es uno de los factores que contribuyen a que el nivel de violencia y agresividad vaya creciendo en los recintos penales, según esa oficina.

La APDHB identificó principalmente la tasa de detenidos preventivos (84%) como factor para que alguna gente aproveche esa situación para generar espacios de inseguridad. En el caso específico de Chonchocoro, el centro fue creado para sentenciados y a la fecha, de 138 internos que alberga, 51 son preventivos.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, hizo notar que las autoridades a cargo de la seguridad penitenciaria deberían tener formación en el tema. “Un gobernador, por ejemplo, debería tener el perfil adecuado y conocimiento sobre los privados de libertad, pero a veces el cargo les llega sólo en función del cambio de destinos, como a oficiales y clases”, sostuvo José Luis Hidalgo, representante del Defensor del Pueblo en la ciudad de El Alto.

La Ley 2298 señala que el Régimen Penitenciario tiene potestad para nombrar a los gobernadores de penales, pero actualmente lo hace la Policía.

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Hijo del general René Sanabria pasea en las calles sin escolta pese a tener detención domiciliaria

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

/ 7 de febrero de 2013 / 16:01

El juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó en horas de la mañana de hoy la detención domiciliaria de Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria Oropeza, quien fungía como director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) cuando fue detenido en Panamá, acusado de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

A minutos de haberse dictado el fallo, La Razón pudo advertir que Sanabria Nava se encontraba en la calle, sin escoltas, cuando la resolución judicial indica que antes de gozar del beneficio se debe cumplir con los trámites de ley y los requisitos en un plazo de hasta 72 horas.

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

“Después de un año que estuve injustamente detenido, hoy el juez ha determinado darme arresto domiciliario. Después de un año han podido creer que tengo un domicilio fijo y una familia”, indicó Sanabria Nava, tras argüir que desde su detención —el 1 de febrero de 2012— y posterior remisión a una audiencia cautelar —5 de febrero de 2012— el Ministerio Público y la acusación particular asumida por el Ministerio de Gobierno postularon esos extremos para impedir que el juez cambie la detención domiciliaria que cumplía en la sección Posta de la cárcel de San Pedro por una detención domiciliaria.

En exclusiva, contó a La Razón que tras más de un año  preso se encuentra “psicológica y físicamente  cansado”, no obstante estará más tranquilo  porque podrá reunirse con su familia, tíos, primos y hermanos, pues su padre está preso en Estados Unidos y su madre considerada prófuga desde el 25 de febrero de 2011, un día después de que detuvieron a René Sanabria.

“Me acusan de que yo he sustraído documentos (de la oficina del Cigein) pero el hecho de que yo he acompañado a mi madre, no quiere decir que yo haya traficado (con drogas) en ningún momento”, manifestó Sanabria Nava.

Las medidas sustitutivas que le otorgaron consisten en detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000. No se le impuso escolta policial para que cumpla la medida, pero sí la obligatoriedad de presentarse a firmar un libro ante el juez, todos lunes.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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