Sin aval oficial, Rivera y Rodas abrieron al menos 36 casos
Un reporte de la Fiscalía de La Paz apunta 40 procesos iniciados por quienes serían cabecillas de una red de extorsión. En 36 no sería parte el Ministerio de Gobierno
Fernando Rivera y Denis Rodas, exapoderados jurídicos del Ministerio de Gobierno y acusados de ser líderes de una red de extorsión, figuran como denunciantes en al menos 36 juicios a nombre de esa cartera de Estado, sin aval oficial ni que los casos sean de competencia de la repartición.
La lista de procesos en que ambos abogados se apersonaron en algunos casos no especifica el número de los documentos de identificación con que se presentaron y no determina que sea el total de casos en los que realizaron alguna diligencia, debido a que el sistema permite únicamente un reporte de las primeras 20 coincidencias con relación a nombres y apellidos.
Los dos documentos, de 40 juicios, a los que tuvo acceso La Razón, signan 18 procesos en los que Rivera tiene el rol de denunciante y uno en que es “representante de denunciante”. De ellos, 11 fueron a la División de Corrupción Pública, dos a la de Operaciones Especiales, dos a Homicidios, dos a la División Anticorrupción, uno a Personas y otro a Plataforma de Análisis.
Los reportes no dan cuenta de la situación procesal en que se encuentran estos casos ni la fecha en que se presentaron. No obstante, fuentes del Ministerio de Gobierno informaron a este diario que una primera evaluación denota que no son casos en los que intervino esa cartera de Estado.
Del primer documento, de los primeros 19 casos que cursan en la Fiscalía paceña, sólo tres tendrían algún vínculo con el Ministerio de Gobierno, el caratulado como LPZ1102069, contra el senador opositor Róger Pinto; LPZ0908150, un caso contra los autores que versa sobre una denuncia de María René Quiroga (directora de Migración que renunció a su cargo con el argumento de que no aceptaba la represión a los indígenas del TIPNIS, en septiembre de 2011), y la denuncia por desacato que instauró al abogado Jorge Quiroz, quien patrocina a los familiares de los dos fallecidos en el operativo policial del 7 y 8 de mayo de 2010, en Caranavi.
Arbitrariedad. En cuanto a Rodas, se conoció que se apersonó en al menos una veintena de casos, en ocho de ellos como representante de denunciante y en el resto se apersonó como denunciante, aunque también se advierte que juega ambos roles en el caso LPZ1102069, contra el senador Róger Pinto.
En otras causas su nombre aparece junto al de Rivera o en casos derivados a las divisiones Económico-Financiera o Corrupción Pública. También salta una denuncia con asiento en la Fiscalía de Chuquisaca, el caso FIS0902690, por malversación, cohecho pasivo, uso indebido de influencias y otros.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció el fin de semana que se realizará una auditoría a los procesos que impulsaron Rivera y Rodas a nombre de ese despacho. Ayer, en conferencia de prensa, reiteró esa determinación. También develó que se detectó que otras personas actuaron a su nombre y al de otros ministros. En uno de esos casos se envió a la cárcel a una abogada.
“Quien se presente a nuestro nombre debe ser inmediatamente aprehendido para que nos querellemos”, indicó Romero. Se cursó comunicados a instancias judiciales en ese sentido. Al referirse al tema, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo que los procesos judiciales que tengan o hayan tenido relación con la red de extorsionadores serán sometidos a una auditoría jurídica. “Ya estamos recibiendo informes, he conformado un equipo en la Fiscalía General para revisar todos estos procesos”, afirmó.
Hay nueve casos ‘clave’
Poder
Como representantes del Ministerio de Gobierno, realizaron diligencias en los casos Terrorismo I y II; Gastos Reservados I y II; Dirk Schmidt; Sanabria; René Navía; Franz Gonzales y Ostreicher.
Fernández y Melgar se suman a las denuncias
Dos nuevas denuncias contra la red de extorsionadores se hicieron públicas ayer, una de ellas fue presentada por los abogados del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la otra por Jorge Melgar, acusado de terrorismo, alzamiento armado y sedición, entre otros delitos.
El abogado Karlo Brito, que patrocina a Fernández, denunció que funcionarios de la Fiscalía participaron de la red de extorsión, y que Denis Rodas y Fernando Rivera pidieron $us 60 mil para que el caso de su cliente sea enviado a Cobija, Pando. Sin embargo, dijo, no hicieron pago alguno.
Melgar, a través de una nota dirigida al Ministerio de Gobierno y que lleva el sello de recepción del 3 de diciembre, denuncia que Rivera y Rodas le pidieron $us 10 mil para dar curso a la cesación de su detención preventiva en San Pedro. Melgar fue liberado ayer después de cuatro años, un mes y 20 días preso.
En la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno las denuncias recibidas superan las 30. Nueve están documentadas y deben ser evaluadas. “El momento que definamos que tienen sustento, vamos —junto con los denunciantes— a ser parte coadyuvante ante el Ministerio Público”, señaló Miguel Albarracín, responsable de esa instancia. También garantizó que no se asumirá acción contra los denunciantes y que se mantendrá en reserva sus nombres.
Suxo y Romero coordinarán tareas
Los ministros de Transparencia, Nardi Suxo, y de Gobierno, Carlos Romero, coincidieron en anunciar que coordinarán acciones en el marco de la investigación sobre la red de extorsionadores que involucra, entre otros, a exfuncionarios del Ejecutivo.
Suxo pidió a la Fiscalía iniciar procesos a quienes denuncien haber sido víctimas de esa red y entregaron dádivas a cambio de favores judiciales, en tanto que Romero ofreció garantías con tal de descubrir los nexos. En medio de esas posiciones, el ministro Romero, en conferencia de prensa, indicó ayer que no entrará en una polémica mediática “por la complejidad del caso” y para no desviar las investigaciones.
También señaló que de requerir el Ministerio de Transparencia algún informe para dar seguimiento a ese caso, no se pondrá trabas. “Siempre existió disposición para enviar cualquier documentación o información solicitada por Transparencia (…) y lo vamos a seguir haciendo”, aseveró. Suxo accedió a un paréntesis durante una entrevista coordinada anteriormente con este diario y concedida ayer.
“Éste es un tema que lo ha denunciado el Ministro de Gobierno, le brindamos todo nuestro apoyo (…) haremos el seguimiento correspondiente y coadyuvaremos en todo lo que nos soliciten”, sostuvo. Aclaró que no existe la figura de “testigo protegido” y también respondió a Santos Ramírez: “No sólo tendrá 45 minutos (como lo pidió), sino toda su vida para explicar lo que quiera explicar”.
